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México, D. F., a 12 de febrero 2013

Con su venia señor presidente.

El haber tenido la oportunidad de presentar estas reservas, que es en los mismos términos de la compañera diputada que me ha antecedido, quisiera comentar que la gran preocupación, que creo que varios de los diputados que aquí nos encontramos presentes el día de hoy, en relación no solamente a esta iniciativa sino algunas otras de la Ley de Amparo.

Quisiera preguntarles a todos y cada uno de los diputados aquí presentes porque como veo, lamentablemente siempre en cada sesión falta un número muy importante, en discusiones tan importantes para nuestro país, de compañeros diputados.

Con todo respeto ¿cuántos de los aquí presentes somos abogados?, ¿cuántos sabemos perfectamente de la trascendencia y de la importancia de una nueva Ley de Amparo para todos los mexicanos?

Y no solamente es este artículo en reserva al que también me referiré. Es importante reconocer que no sólo por el hecho de que hay organismos y entidades públicas con personalidad jurídica propia y que tienen esa calidad de autoridad, puedan ser señalados en nuestra nueva Ley de Amparo, como particulares.

Es evidente y es claro que los particulares estaremos dándole un trabajo innecesario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda determinar en su momento, a través de jurisprudencia y señalar claramente quienes son o no los particulares, para que se pueda iniciar el juicio de amparo.

He recibido de muchos de los ciudadanos que me toca representar en esta Cámara de Diputados a nivel nacional y en mi distrito, de la gran preocupación que se tiene al señalar que los particulares y hay una confusión enorme, en donde se señala que si un patrón despide a su trabajador, ¿qué pasará?, ¿qué sucederá cuando lo despida?

Simple y sencillamente como es un particular, está violando la Constitución, me voy a un juicio de amparo. Cuando para eso existe la Ley Laboral, y entonces estamos dando lamentablemente elementos que no son necesarios para crear una confusión a la Corte, y hasta que no se pueda pronunciar para determinar si los particulares o no, contemplados en esta Ley de Amparo. Como todos sabemos, el artículo 103 y 107 de nuestra Carta Magna jamás contempla la palabra particulares.

Es por ello, que proponemos que desaparezca en la fracción segunda, de este artículo quinto, el segundo párrafo que señala que los particulares tendrán la calidad y la autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten los derechos de los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

No perdamos de vista que el artículo 103 y 107, como lo acabo de señalar, no son contemplados y esta reforma al artículo quinto, en su fracción segunda, sería inconstitucional.

Es todo señor presidente, muchas gracias.

México, D. F., a 12 de febrero de 2013

       

Gracias ciudadano presidente.

 

Yo les anticipo colegas, mi gratitud por su atención y también la paciencia que es casi obligada a la dinámica en la discusión en este Congreso, su valor intrínseco es justamente el debate.

Le he pedido al ciudadano presidente que me otorgue el uso de la voz porque el texto del dictamen aprobado en el Senado de la República, la comisión y aquí se ha dicho con el consenso de las fuerzas políticas aquí representadas, han aceptado modificaciones, modificaciones que registro y que tienen que ver con aspectos necesarios y obvios, léase la facultad del Procurador General de la República para -como puede hacerlo la Corte- plantear la solicitud a este alto tribunal de justicia para que asuntos que son competencia originaria de los jueces de distrito y de los tribunales colegiados en la vía de amparo directo o indirecto, los asuntos se los lleve la Corte y sea éste el máximo tribunal de justicia, el que dirima la controversia constitucional, es evidente que debe proceder.

Es también necesario y evidente que el amparo directo no sólo proceda contra sentencias definitivas o laudos, de tribunales o juntas de trabajo en el caso de los laudos o tribunales civiles o administrativos; y es evidente que se agregue la procedencia de tribunales agrarios.

Hay otros aspectos que tocan la cuestión del procedimiento en cuanto a su trámite, veo sin embargo –colegas- necesario, hacer una reflexión en la que cuando menos, se antepongan dos argumentos.

El que ahora les habla, formó parte orgullosa y dignamente de un altísimo honor de ser senador de la República y parte de quien dictaminó esta minuta, su valor es trascendente sin duda, en este instrumento de control que dispone los gobernados frente a los actos de autoridad, sin duda más por la reforma del artículo primero en la Constitución Política del país o por la ampliación en la materia de tutela, instrumentos internacionales.

Y alguien me ha dicho, “Tomás Torres, tú votaste a favor en el Senado, tienes autorización política y moral para hacerlo en otros términos’”. Y parece que argumentaría y diría, el eje del juicio de amparo mexicano y de labias corpus en el mundo, es de acuerdo con la tutela de los valores más preciados de las personas humanas, cuál es, la vida, la vida por encima de la libertad y si ésta no se tiene, la libertad y en un tercer rango los bienes tangibles, las posesiones, las propiedades.

Y debo decirles estimados colegas, que la minuta se está modificando, si observan ustedes, el artículo 165 y siguiente ‘se condiciona los plazos de la suspensión en materia penal’, en el 166, qué dice, ‘plazo de 48 horas cuando se trate de delitos no graves y que el Ministerio Público decrete una detención’, se va  a legitimar la detención formal decretada por el Ministerio Público, no corresponde a las reglas del amparo en esa disciplina, la suspensión tiene por objeto poner en salvaguarda la integridad de las personas, si no entonces para qué o para darle plazo de actuación a la autoridad.

Que no se le incomunique, que no se coaccione, si no se desnaturaliza este juicio -que es sin duda y aquí se ha dicho- un aporte jurídico-político, el más trascendente en este país.

Esa virtud me obliga a replantear mi posición política con relación a un instrumento político, digo dos cosas con su venia señor presidente, en el tiempo.

La dinámica en un proceso bicameral obliga a esta discusión, yo tengo que ir señalando, me parece política y éticamente necesario, nuestro grupo parlamentario, como otros grupos parlamentarios, reconoce como derecho, el más alto de todos, la posibilidad de disentir, el derecho a discutir, sin abandonar la esencia de nuestra tarea, por eso debo decirlo, mi reconocimiento no es ahora, es perenne, para el coordinador del grupo parlamentario, para el diputado Arturo Escobar y Vega, al abrir esta discusión.

Pero también tengo que agregar, ojalá y en materia de amparo, en civil, en mercantil, en agrario y administrativo, en este país los órganos que resuelven respetaran los plazos, si en amparo indirecto la sentencia que se dictara en los 30 días que mandata la Ley de Amparo para la celebración de la audiencia constitucional, saben ustedes, no estaría hoy implorando ningún gobernado la suspensión, porque se estaría cumpliendo con el mandato de justicia pronta y expedita, ese es un problema en este país, en todas las disciplinas, no hay asunto que no pare en este país en el Poder Judicial Federal.

Concluyo solamente presidente, y usted conoce de esta disciplina y va a compartir conmigo estoy seguro, la virtud de la ley es general, abstracta e impersonal, cuando la ley tiene legítimos o ilegítimos destinatarios, me reservaré otros elementos, pero diré es más grave que el poder público se convierta en poder de hecho.

Gracias por su atención.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 12 de febrero de 2013

 

 

 

 

Compañeras y compañeros diputados,

 

Nos corresponde hoy la obligación constitucional de discutir y votar la Ley de Amparo. Una norma reglamentaria que resulta fundamental para la estabilidad del país y para la seguridad de todos los mexicanos.

Como en el resto de las ocasiones, una pregunta debemos formularnos, que tiene que ver con la naturaleza y el alcance de la función que venimos desempeñando: ¿somos los arquitectos de la ley y, por consiguiente, los que diseñamos y decidimos el destino de todos aquellos que se verán sometidos al imperio del andamiaje normativo que aquí aprobamos?

O más bien, ¿somos los ingenieros a quienes se les ha encomendado la trascendente tarea de construir la ley, de entender los mecanismos para resolver los problemas que derivan de nuestra realidad cotidiana y para satisfacer las necesidades de quienes hemos recibido dicho encargo, o sea, de los mexicanos.

De acuerdo con nuestra Constitución, todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Conservemos siempre en nuestra razón, la auténtica posición de la potestad constitucional que nos ha sido confiada, del servicio que venimos a prestar, y evitemos caer en la arrogante idea de suponer que somos nosotros los que decidimos el destino del país.

Nuestro pueblo ha decidido otorgarse un gobierno republicano. Es concomitante a la república el ejercicio plural y equilibrado de la función gubernativa, para lo que ésta se divide en tres: la labor legislativa, la administrativa y la judicial.

Corresponde a los jueces la importantísima responsabilidad de interpretar y aplicar el derecho. Son sus sentencias las que aseguran la eficacia de la ley. Son sus resoluciones las que dan sustento a nuestro Estado de Derecho.

En la relación entre gobernantes y gobernados, las garantías constitucionales conforman la protección elemental de la que depende la subsistencia e imperio de los derechos fundamentales que todos los mexicanos nos hemos reservado.

Es de vital importancia que, en el ejercicio de su función constitucional, los jueces tengan para sí los instrumentos legales idóneos que les permitan interceder con toda prontitud y certeza para lograr la conservación de las garantías y normas constitucionales para la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Un objetivo primordial es aquél del que depende la subsistencia del sistema: en su calidad de intérpretes del derecho y de calificadores de los actos de autoridad y de las normas que emanan de los otros dos poderes, los jueces no deben superponer su posición originaria, ni absorber, por medio de la función jurisdiccional, la que por mandato constitucional le ha sido encomendada a otro.

La protección de los derechos humanos, se garantiza en la misma medida en que el equilibrio de la República se conserva.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México festeja que, una vez más, esta legislatura haya identificado un tema de urgente atención y se disponga a discutirlo y votarlo sin cortapisas, el concerniente a la actualización de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución: la Ley de Amparo.

El reclamo más sentido de todos los mexicanos es por la seguridad. No podremos construir jamás un país próspero y un futuro sólido si no logramos erradicar la incertidumbre y la zozobra en la que los mexicanos permanecemos  inmersos.

Es consistente entonces, con el resto de las actividades que en esta Cámara venimos emprendiendo, que se apruebe el marco normativo del que depende la conservación de la Constitución, de los derechos humanos que ésta reconoce y las garantías que otorga para su protección.

Con las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos de junio de 2011, se plasmó en nuestra Carta Magna el más moderno y garantista entendimiento sobre el fundamento de legitimidad que hoy encuentran los estados democráticos.

Muestra de estos cambios sustanciales, es que dos principios elementales conforme los cuales se ha regido el amparo a lo largo del tiempo han evolucionado un estado que permite una mayor participación del Poder Judicial en la la valoración de la constitucionalidad de los actos de la autoridad y las normas generales. Me refiero a la iniciativa de parte agraviada y al de relatividad de la sentencia.

Desde la aprobación de la reforma constitucional de junio del 2011, hemos sido testigos y partes de una prolongada discusión y deliberación en comisiones, en las que se ha emprendido la vital tarea de darle contorno al mandato constitucional.

En ese lapso, el Poder Judicial de la Federación, ha llevado a cabo una adaptación de sus propios criterios de interpretación de las normas procesales con el objeto de dar cabida a los nuevos principios rectores del amparo.

No obstante ese esfuerzo ningún criterio judicial es sustitutivo de la ley. La ausencia de las normas adecuadas, ha dado lugar a resoluciones insostenibles, como lo es el desechamiento de amparos por haberse promovido por personas morales con apoyo en la tesis de que el amparo tutelar de los derechos humanos sólo protege a los individuos.

Ante ese estado de cosas que ha generado la inoperancia y desnaturalización del juicio de amparo, resulta apremiante que el Poder Judicial tenga los instrumentos normativos para satisfacer las obligaciones y cumplir con la responsabilidad que la Constitución le manda.

Entrarán en vigor las normas de tutela del interés legítimo, como aquel que permite a cualquier persona, aun no siendo titular de un derecho subjetivo, acceder al amparo y ver logrado el cumplimiento de los imperativos previstos en la ley, en la medida en la que se ve situado en una posición especial frente al derecho similar a la que corresponde a un grupo determinado o determinable de personas, con las cuales se equipara y a favor de las cuales existe una norma tutelar.

Siendo todo y sentencia y los actos de cumplimiento de aquella que naturalmente vienen aparejados, el objetivo primario por el que cualquier justicial ejerce la acción de amparo, destaca en la nueva ley, la existencia de mecanismos coactivos más accesibles para el juzgador que le permitirán resolver de la manera más pronta y más eficiente, las etapas procesales e incidencias correspondientes a la ejecución de los fallos de protección que se pronuncian en el amparo.

Las formalidades esenciales que han caracterizado al amparo se conservan, se actualiza nuestro juicio por cuanto su objeto de tutela y legitimación para hacerlo valer. Se garantiza la subsistencia del proceso de control constitucional con más arraigo en la sociedad mexicana.

Es importante que tomemos en consideración una circunstancia, nuestras facultades legislativas permanecen vivas, siempre perennes. La ley de Amparo y la minuta que hemos de discutir en lo sucesivo fue aprobada con un marco constitucional a partir de la reforma de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

Cuando se discutió la Ley de Amparo en la Cámara de Senadores no existía una reforma que es mucho más trascendente al artículo 1° constitucional y que marca un nuevo paradigma tratándose de la defensa de los derechos humanos.

Esta Ley de Amparo que habremos de aprobar en su caso, no va a estar a la par ni a la zaga de lo que es el marco constitucional en materia de derechos humanos. Tendremos que discutir muy pronto, otra vez, ya sea, o una reforma a esta Ley de Amparo, o si no, en su defecto, una ley reglamentaria al artículo 1° constitucional.

Por su atención muchas gracias.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

R.- Nos puede hablar sobre las modificaciones que se le hicieron a la Ley de Amparo

 

Dip. Tomás Torres Mercado (TTM).- La minuta que tiene su origen en el Senado de la República, prácticamente será discutido intocado, las modificaciones son menores.

En tres temas pudiera puntualizar uno, la regulación de la suspensión en materia penal, ya hay una prevención que establece plazo para que el Ministerio Público ponga a disposición de la autoridad judicial a un detenido en delincuencia organizada, pero ahora comprende una modalidad para cuando no se trate de esa forma de comisión del delito, lo cual por cierto es un tema delicado, porque es regular una detención ante autoridades policiacas o Ministerio Público, en donde pueden permanecer 48 horas o más, esto no nos alienta mucho, no es precisamente un avance.

Hay otra parte obvia, darle facultad a la Procuraduría General de la  República para que al igual que los ministros de la Corte, la Procuraduría pueda plantear la facultad de atracción ante la propia Suprema Corte, es decir asuntos que por su importancia y relevancia se encuentre conociendo un juez de distrito o un Tribunal Colegiado de Distrito que son inferiores a la Corte, la Corte se los lleve para resolverlos ella. Se agrega entonces en la minuta esa facultad a la Procuraduría.

Se aborda también algo que es obvio, que era necesario, establecer la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o laudos, laudos de Tribunales laborales y sentencias de tribunales administrativos, civiles o mercantiles. Se agrega la procedencia en materia agraria.

Las propuestas son realmente, digamos que no sustantivas, salvo esa en materia penal y evidentemente la discusión está centrada -en mi perspectiva- en el tema de la suspensión en materia penal, porque desnaturaliza la esencia del amparo mexicano.

Y el tema de la discusión del control directo del Estado mexicano sobre bienes de la Nación en el 129, particularmente fracciones décimo primera y décimo tercera, en donde yo creo que hay un debate erróneo, equivocado, diciendo que el asunto tiene que ver con la suspensión en materia de telecomunicaciones me parece que es errónea porque el control directo de la Nación sobre otros bienes, no está referido sólo a la versión telecomunicaciones, también habla de transportes, y transportes se refiere a espacio aéreo, marítimo y terrestre.

Yo creo que sobre todo la Ley de Amparo debe legislarse, no para una elección o para varias elecciones sino para varias generaciones. Este país ha tenido un medio de control contra los actos de autoridad eficaz que es el juicio de amparo. El debate no va a quedarse aquí, en esta votación.

R.- Entonces, con estos cambios que usted nos comenta del dictamen en lo general, ¿ya se asegura que esta iniciativa se va a ir al Senado?

(TTM).- Sí, con estos cambios se va a ir al Senado de la República, va a regresar.

R.- Diputado, ¿quieren modificar el artículo 129?

(TTM).- Yo digo que la correlación de fuerzas no es necesariamente la mayoritaria para la supresión de esas fracciones. Es un asunto que me parece debería premiar el acuerdo político en su discusión para no trasladarle esa facultad a la Suprema Corte, lo que no resuelva el Congreso, lo va a resolver el Poder Judicial Federal y eso rompe un concepto fundamental de equilibrio.

R.- ¿Hay garantías de que el Senado ratifique los cambios que se aprueben aquí, hay cierta negociación?

(TTM).- Supongo que hay alguna negociación preliminar y que puede reproducirse en el sentido de la discusión en este Pleno para con el Senado de la República, pero la discusión no se agota, insisto.

El amparo es el único medio de control en este país, auténtico y eficaz, y todos los actos de autoridad desde un modesto acto de policía municipal, del más modesto de los municipios del país, hasta los actos del Senado, de la Cámara de Diputados o del propio Presidente de la República.

Es un instrumento no jurídico, es un instrumento político que ha dado estabilidad en la convivencia en México.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 10 de febrero de 2013 Boletín 037/13

     

Titular de la SRE debe establecer un diálogo con su homólogo estadounidense para atender la repatriación segura de connacionales: Dip. Pérez Tejada

El Partido Verde advirtió que miles de connacionales y extranjeros están siendo repatriados a México en condiciones que violan sus derechos fundamentales, por lo cual presentó un Punto de Acuerdo ante el Pleno de la Cámara de Diputados para atender este problema.

El diputado David Pérez Tejada, se congratuló por la aprobación unánime del Punto de Acuerdo, y señaló que la finalidad es exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a establecer un diálogo con su homólogo estadounidense, para revisar el “Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de mexicanos”.

El diputado promovente señaló que las personas repatriadas, llegan a altas horas de la noche, a veces a las tres, cuatro, o cinco de la mañana y no reciben ningún tipo de asistencia, ya sea médica o por parte del Gobierno, para contactar a sus familias.

“Además, el año pasado se deportaron -únicamente por Tijuana y Mexicali- a 125 mil personas, cantidad equiparable a la población del munipio de Tecate, por lo cual el problema se ha convertido también en una carga para los municipios fronterizos”, agregó Pérez Tejada.

Aunado a esto, dijo que durante el 2011 se deportó al mayor número de personas con antecedentes penales en la historia, es decir 144 mil 745, aproximadamente el 50 por ciento del total, con sentencias por diversos tipos de delitos, desde violaciones a leyes migratorias, hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.

El diputado por Baja California recalcó que no se trata de criminalizar al migrante, pero sí debe encenderse una alerta con las cifras, por lo cual pidió a las autoridades ejercer la facultad que tienen para revisar la calidad migratoria y los antecedentes penales de quienes ingresan al país, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución.

Finalmente, dijo que su propuesta también exhorta al Instituto Nacional de Migración a crear una Base de datos binacionales  e intercambio de información, como parte de la implementación de la llamada plataforma “México”.

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México, D. F., a 08 de febrero de 2013

Boletín 034/13

   

Felicitamos a Fernando y le hacemos saber nuestro apoyo por el bien de Baja California: Arturo Escobar

 

El Partido Verde en la Cámara de Diputados, felicitó la decisión del Diputado Fernando Castro Trenti, al registrarse como precandidato al gobierno de Baja California y solicitar licencia a su encargo como legislador, declaró el Coordinador del Grupo Parlamentario del Verde, Arturo Escobar y Vega.

En entrevista, Escobar y Vega sostuvo que la contienda electoral que se encuentra en puerta, será una gran oportunidad para que un buen gobierno llegue al Estado de Baja California.

“El Diputado Castro Trenti, es, sin lugar a dudas, un extraordinario político que ha realizado un gran papel en aquellos encargos que se le han conferido y que, sin lugar a dudas, estará acompañado por nosotros en el proceso que se avecina”, explicó.

Luego de reconocer su trayectoria y la urgencia de la población de Baja California por recibir mejores oportunidades y servicios, Escobar y Vega manifestó que serán los electores los que con su voto, dejarán clara su necesidad por un nuevo gobierno en el Estado.

“Seremos respetuosos del proceso electoral y de los procesos internos de cada partido, sin embargo, felicitamos a Fernando por su decisión y le hacemos saber nuestro apoyo por el bien de Baja California y de sus electores”, concluyó.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 7 de febrero de 2013 Boletín 033/13

 

Durante el 2011 se deportó al mayor número de personas con antecedentes penales en la historia: Dip. Pérez Tejada

El Partido Verde se congratuló por la aprobación de un Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a crear una Base de datos binacionales  e intercambio de información, como parte de la implementación de la llamada plataforma “México”.

El diputado promovente, David Pérez Tejada, señaló que la finalidad de su propuesta es atender los efectos ocasionados por los fenómenos migratorios de la frontera y mejorar la coordinación entre los actores involucrados en la recepción de los migrantes.

“Hablar de la frontera México-Estados Unidos es hablar de violencia, violaciones a los derechos humanos, discriminación, sufrimiento y muerte”, señaló el legislador, por lo que también exhortó respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a establecer un diálogo con su homólogo estadounidense, para revisar el “Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de mexicanos”.

Lo anterior, con la finalidad de mejorar los mecanismos de traslado, que garanticen la llegada segura de los connacionales a su lugar de origen y con base en sus perfiles, también puedan ser reinsertados al ámbito laboral.

Además, Pérez Tejada recordó que existen 26 puntos oficiales para llevar a cabo deportaciones, sin embargo cuatro de cada 10 ocurre por las garitas de Mexicali y Tijuana, lo cual se ha convertido en un problema tanto de seguridad pública como de protección a los derechos humanos, toda vez que la mayoría de los migrantes son presa de bandas criminales o se quedan en dichos lugares para cruzar la frontera nuevamente.

Asimismo, el diputado señaló que durante el 2011 se deportó al mayor número de personas con antecedentes penales en la historia, es decir, 144 mil 745, aproximadamente el 50 por ciento del total, con sentencias por diversos tipos de delitos, desde violaciones a leyes migratorias, hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 7 de febrero de 2013

     

El turismo en México ha sido un factor de estabilidad macroeconómica en los últimos 40 años, de hecho la Secretaría de Turismo declara que ha habido 11 mil millones de dólares como flujo de efectivo en México para este año.

Por esto, en el Partido Verde nos preocupa que en México sigan presentándose situaciónes que afectan la imagen de México como destino turístico, repito, el turismo ha sido un factor clave para nuestro desarrollo económico y social como nación moderna.

La imagen de lo que pasa en Acapulco se replica en automático en la mente de turistas en otras partes del mundo y afecta al resto de nuestros destinos turísticos, llámese Cancún, Acapulco, Zihuatanejo.

Lamentamos profundamente el ultraje de que fueron víctimas el lunes pasado en este puerto un grupo de turistas españoles y exhortamos a las autoridades judiciales que a la brevedad encuentren y procesen a los responsables.

Sin embargo, es lamentable que una supuesta sensibilidad llevó a autoridades locales a caer en la frivolidad, al declarar que estas violaciones en perjuicio de turistas ‘puede suceder tanto en Acapulco como en cualquier otro lugar’.

Nos parece que estas declaraciones serán percibidas negativamente por televidentes en todo el mundo, todos potenciales turistas, que habiendo escuchado directamente en boca de la autoridad, “puede pasar en Acapulco o en cualquier otra parte”, dudarán o de plano no vendrán a México.

En el Partido Verde queremos que las desafortunadas declaraciones no se repitan, pues insisto, lo que pasa en el turismo pasa en todo el país, nos afecta a todos.

Qué turista desea vacacionar en un lugar cuyas autoridades no ofrecen certeza de su seguridad. El grupo parlamentario del Partido Verde se adhiere a la propuesta de nuestros compañeros del Revolucionario Institucional, de nuestra amiga Miriam Cárdenas Cantú y nos sumamos a la indignación de mujeres ante expresiones inadmisibles como las del alcalde de Acapulco, Luis Walton.

La respuesta del alcalde Walton no fue precisamente la que esperaban  cientos de familias que dependen del turismo, las alertas que emiten otros países,  en el caso de Estados Unidos, las famosas “travel alert”, para que sus ciudadanos no viajen a México por la inseguridad se han multiplicado y la mayoría de los turistas vienen de esos países.

Declaraciones temerarias como la mencionada no ayudan mucho, la noticia de la violación de las seis turistas españolas ya ocupa los portales de noticias en España y otros países.

Empresarios del sector turístico afirman que los nueve millones de visitantes anuales en Acapulco serán una huella que dejen marca.

En el Partido Verde sabemos que las autoridades locales de los principales destinos turísticos del país tendrán que emprender esfuerzos para reconstruir los daños ya hechos.

En el futuro, esperamos que otras autoridades tengan una mayor conciencia de que una declaración desatinada puede dar al traste con a estrategia dinámica que el Gobierno de la República está realizando ya, para mejorar la imagen de México en el mundo.

Condenamos el ataque sexual a los turistas de España, mujeres violadas u hombres violados, porque la violencia sexual no tiene género.

Convocamos al estado de Guerrero y a su gobierno a que dé resultados de inmediato y capturen a los responsables.

Las diputadas y diputados de nuestro grupo parlamentario estamos dispuestos  a coadyuvar en todas las denuncias que se deban presentar por las victimas, nos solidarizamos y por supuesto, con la propuesta de nuestra diputada compañera Miriam Cárdenas.

Gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 07 de febrero de 2013

Boletín 032/13

       

PROFEPA actualmente no cuenta con recursos materiales, humanos y financieros suficientes, que garanticen la protección y conservación de los recursos naturales del país: Lourdes López

 

Cumpliendo con uno de los compromisos más relevantes surgidos en su pasada Plenaria, el Partido Verde presentó una iniciativa de ley para crear la Ley Orgánica de la  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de esta forma la institución adquiera autonomía de gestión e independencia, y pueda actuar como verdadero garante del cumplimiento de la ley ambiental.

Al hacer la propuesta, la diputada Lourdes López Moreno refirió que con el paso del tiempo se han detectado fallas en la eficiencia de la gestión de PROFEPA, de las más preocupantes resaltan: fungir como juez y parte, toda vez que al ser órgano desconcentrado de la SEMARNAT, la procuración de justicia ambiental se presenta como un conflicto de interés, además la institución no cuenta con recursos materiales, humanos y financieros suficientes que le permitan desempeñar óptimamente sus funciones.

“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un órgano desconcentrado de SEMARNAT, es decir, no tiene personalidad jurídica propia ni tampoco patrimonio” recalcó la legisladora chiapaneca, al tiempo de subrayar que resulta imprescindible dotar de las herramientas necesarias a los funcionarios que ocupen los diferentes cargos al interior de la institución.

En el mismo sentido, la diputada del Partido Verde reiteró que la carencia de autonomía financiera de PROFEPA, ha incidido negativamente en sus recursos materiales y humanos, provocado deficiencias técnicas y estructurales, lo que ha limitado sus facultades para hacer cumplir los objetivos por lo que fue creada.

Por lo anterior, aseguró que al adquirir la autonomía jurídica y financiera mediante la expedición de una Ley Orgánica que establezca, su naturaleza, objeto, organización y atribuciones, PROFEPA otorgará mayor certeza jurídica a las partes en el desarrollo de los procedimientos que se sigue ante la Procuraduría.

“PROFEPA debe convertirse en un ente fundamental de la República, cuyo mandato, permanencia, estructura, objetivos, mecanismos de profesionalización de su personal e instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, sean conferidos por una ley federal”, concluyó.

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México, D. F., a 7 de febrero de 2013 Boletín 031/13

   

 

Endurecer la normatividad, evitará que quienes envisten una posición jerárquica abusen de los estudiantes y padres de familia: Dip. Tomás Torres

 

El Partido Verde propuso castigar a aquellos docentes o servidores públicos que condicionen o impidan el acceso de cualquier alumno a los planteles educativos a cambio alguna cantidad monetaria o cuota.

El diputado Tomás Torres Mercado, señaló que su iniciativa propone adicionar un artículo 215 bis al Código Penal Federal, para equiparar como delito de abuso de autoridad con sanciones de 3 días hasta tres años de prisión y multa de hasta 300 días, a quienes condicionen el ingreso o permanencia de los educandos a las escuelas del estado de nivel básico y medio superior, a cambio de contraprestaciones económicas en efectivo o en especie.

El legislador dijo que la falta de medidas coercitivas hace que en muchas ocasiones al no existir una sanción ejemplar, quien está a cargo del desarrollo del aseguramiento de la escuela, como profesores o administradores de la educación, son los primeros en infringir las leyes.

“En el Partido Verde consideramos que endurecer la normatividad para hacer de esta conducta un tipo penal, evitará que quienes envisten una posición jerárquica abusen de los estudiantes y padres de familia, sin embargo, no se debe imponer una carga a quienes libremente otorgan a las escuelas alguna aportación económica, toda vez que las escuelas, en más de un caso  tienen muchas necesidades”.

Torres Mercado señaló que el Partido Verde está a favor de una política de gestión integral con la colaboración de los padres de familia, alumnos, autoridades y la sociedad en general, para resolver la problemática de infraestructura física y didáctica en todos y cada uno de los planteles educativos nacionales.

Finalmente, el ecologista se congratuló de que el grupo parlamentario del PRI, a través del diputado Héctor Gutiérrez De la Garza, se adhiriera a su propuesta y recordó que éste es uno de los temas que se acordó impulsar durante la Segunda Reunión Plenaria que celebraron el PRI y el Verde recientemente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO