Displaying items by tag: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a  11 de diciembre de 2012.

    DIP. MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E   Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS ,  bajo la siguiente    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

 

La historia de Cuajimalpa se remonta hasta el año de 1342 cuando llegaron los primeros habitantes tepanecas llegaron a lo que hoy es su territorio. De esta manera, Cuajimalpa  fue considerada como Municipio hasta el año 1928, y que a partir del 1 de enero de 1929 se convirtió en una Delegación del Distrito Federal. Finalmente, en 1970 se le denominó Cuajimalpa de Morelos.   Según datos del INEGI, su población es de casi 190,000 personas que ocupan casi 50,000 viviendas. La delegación ocupa el 4.7% de la superficie del Distrito Federal.   Su uso de suelo está dividido de la siguiente manera: zona urbana (47%), agricultura (4%), bosque (47%) y pastizal (2%).   Actualmente, el desarrollo de la zona de Santa Fe ha traído un interés especial en la región, por lo que se ha consolidado como uno de los nodos de actividad más importante al interior de la demarcación y para la Ciudad de México, conjuntamente con el Corporativo Arcos Bosques, entre otros tantos puntos en los que confluye un gran número de personas que generan fuerte movilidad en un ámbito metropolitano.   Su presupuesto para el año 2012 ascendió a 769.2 millones de pesos, que finalmente llegó a 803.1 millones de pesos, como resultado de las ampliaciones líquidas necesarias para cubrir obligaciones laborales.   La Delegación Cuajimalpa, al igual que la mayoría de las delegaciones del Distrito Federal, atraviesa por una situación complicada en materia financiera debido al poco margen de maniobra con el que cuenta para operar su presupuesto, ello sin dejar de mencionar los recursos tan limitados que año con año le son asignados por esta Soberanía.   Entre los principales problemas presupuestales por los que atraviesa, para afrontar el techo presupuestal asignado para el año 2013, encontramos los siguientes:   En primer término encontramos los “recursos etiquetados”, mismos que no pueden ser destinados a ningún otro rubro más que al que están destinados de origen, lo que disminuye significativamente el margen para elaborar una estrategia financiera de prioridades de acuerdo a las políticas delegacionales.   Los recursos etiquetados para Cuajimalpa en el 2012 fueron del orden del 15% de su techo presupuestal, mismo que se incrementará para el 2013 a un 17%.   En segundo lugar tenemos al “gasto centralizado”, concepto bajo el cual diversas dependencias del Gobierno Central realizan cargos en el presupuesto de las demarcaciones. Entre los conceptos a destacar se encuentran las partidas asociadas a la nómina, papel bond, toners, vestuario, prendas de protección, combustibles, material asfáltico, renta de equipo de fotocopiado, seguros y servicios de vigilancia.   El gasto centralizado de igual forma reduce el margen de maniobra a las delegaciones, se ha venido incrementando año con año. En el presupuesto aprobado para 2012 se ubicó en 173.9 millones de pesos y para el Anteproyecto 2013 se presupuestaron 181.2 millones de pesos, es decir, un incremento de 7.3 millones que representa el 4.2%.   En tercer lugar se ubican los “servicios personales”, ya que la política laboral implementada por el Gobierno Central de la Ciudad ha generado actualmente una carga financiera muy importante para las Delegaciones, ya que más de la mitad de la plantilla de personal está constituida por personas de la tercera edad, que por el nivel salarial en que se ubican no encuentran ningún aliciente para poder retirarse del servicio público con una pensión digna, acorde al tiempo de labores que han brindado al Gobierno.   Como consecuencia de ello, los Gobiernos Delegacionales tienen que recurrir cada año a la contratación de personal bajo el esquema de honorarios y a programas de personal eventual que incrementan sustancialmente el gasto corriente, contrataciones que además tienen que ser sometidos a la autorización de las instancias centrales.   En este contexto, el gasto del capítulo 1000 Servicios Personales representa un rubro que absorbe gran parte de los recursos asignados. En el caso de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, con cifras al cierre de noviembre de 2012, dicho capítulo de gasto representa un porcentaje del 66.6 del total del presupuesto. Para el techo 2013, el porcentaje destinado al capítulo 1000 representa el 70.3%.   El porcentaje destinado al pago de servicios personales, viene a agravar la situación del ya de por sí reducido margen de operación, afectado por los recursos etiquetados y por el gasto centralizado.   Finalmente, las “fuentes de financiamiento” también constituyen un obstáculo más para el buen desempeño de las funciones de las autoridades delegacionales. Al respecto, para el año 2013, del total de 780 millones de pesos que las autoridades delegacionales nos han hecho saber le serán asignados, 633.2 provienen de recursos fiscales, 13.9 provienen de recursos autogenerados; 89 provienen del FORTAMUN; 31.2 del FAFEF y 13.5 provienen de deuda (crédito).   De la anterior conformación, los recursos fiscales que son la fuente con la que se puede financiar de manera más significativa el gasto operativo delegacional, se encuentran etiquetados en su mayoría para cubrir el costo de la nómina. Así, de los 633.2 millones de recursos fiscales, 549 se han tenido que destinar a partidas del Capítulo 1000 (servicios personales), aunado a otros 8.6 millones que se destinaron a cubrir sueldos del personal de honorarios, totalizando 557.6 MP   Como consecuencia de lo descrito, del monto de recursos fiscales, a la Delegación tan solo le restan 75.6 millones para repartirlo prioritariamente entre las partidas del Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), que para 2013 alcanzará 17.4 millones de pesos.   Los 58.2 millones de recursos fiscales restantes, que podrían destinarse al gasto de operación, nuevamente se ven afectados en razón que la Secretaría de Finanzas ha dispuesto que sea con esta fuente de financiamiento con la que se cubra el Presupuesto participativo 2013, que de acuerdo con el techo 2013 notificado, representa un importe de 23.4 millones. Con ello el margen de operación con recursos fiscales quedaría tan solo en 34.8 millones con en el que se tienen que cubrir, además, gasto centralizado como seguros, responsabilidad patrimonial y energía eléctrica, entre otros, disminuyendo aún más la capacidad para afrontar los gastos de operación indispensables para el funcionamiento mínimo de la Delegación.   En conclusión, de acuerdo con la información de las Cuentas Publicas de 2007 a 2011 y al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en los últimos seis años, el presupuesto destinado a las Delegaciones pasó de representar el 20.7% del presupuesto total del GDF en 2007 al 17.0% en 2012, es decir, una reducción de 3.7 puntos porcentuales.   Lo anterior representa que, en términos reales, las delegaciones dejaron de recibir recursos en 2012 por alrededor de 5,107.6 millones de pesos (el 3.7% del presupuesto total autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal), que el GDF redirigió para cubrir otras necesidades de la ciudad, a través del engrosamiento del aparato burocrático, mediante la creación de nuevas dependencias, órganos desconcentrados y organismos, que le han venido a restar funciones a los órganos político administrativos o que incluso han venido a duplicarlas.   Derivado de todo lo anterior es que es urgente destinar mayores recursos a esta Delegación del Distrito Federal, con el objeto de que pueda hacer frente a los requerimientos que la sociedad le exige día con día. No olvidemos que la calidad de los servicios que presten las demarcaciones, siempre estarán de la mano de un presupuesto acorde a las necesidades reales de operación.   En tal virtud, un elemento que en primer término deseamos abordar por las implicaciones medioambientales y ecológicas que implica, es el relativo a la renovación de su parque vehicular, el cual contiene unidades que datan del año 1981.   Al respecto, cabe hacer mención que la última vez que el presupuesto asignado a la Delegación Cuajimalpa le permitió hacer una inversión considerable en esta materia, fue en el año 2002, cuando se adquirieron 60 unidades (en su mayoría camiones de volteo, de redilas y pipas de agua). Lo anterior da cuenta de la necesidad de realizar un fuerte inversión es este rubro, con la intención de mejorar las condiciones en las que opera el parque vehicular y abonar para reducir fuentes de contaminación importante.         Aunado a lo anterior, las reparaciones de estos vehículos resultan ser ya cotidianas y muy costosas, debido a que las refacciones son muy antiguas y en algunos casos son difíciles de encontrar en el mercado nacional, debiendo permanecer varias semanas en el taller autorizado, reduciendo la capacidad operativa de la demarcación y por ende, incrementando el número de quejas de la ciudadanía. Además, estos vehículos generan una mayor cantidad de bióxido de carbono y partículas suspendidas al medio ambiente, lo que provoca que se contribuya a la contaminación atmosférica de la demarcación y de la Ciudad de México, por ello es necesario y urgente la renovación de los vehículos de que prestan los diversos servicios públicos, con la finalidad de estar en condiciones de brindar un servicio de calidad y con seguridad para los habitantes de la demarcación y los operadores de los mismos.   El objetivo es renovar y sustituir la cuarta parte del parque vehicular para la prestación de servicios públicos de la Delegación Cuajimalpa de Morelos como la recolección de residuos sólidos, mantenimiento de la red de agua potable y de drenaje, sustitución de luminarias del alumbrado público, así como de bacheo y repavimentación de vialidades secundarias, con objeto de brindar mejores servicios y de mayor calidad, optimizar el gasto de combustible, economizar en el mantenimiento y rendimiento del parque vehicular, atender las demandas ciudadanas, ampliar la cobertura de rutas, logrando una reducción en la emisión de contaminantes a través de la adquisición de equipo de transporte con tecnologías modernas más amigables con el medio ambiente para el bienestar de los Cuajimalpenses.   Ello implica que en el capítulo 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles), se requieren 34.0 MP para renovar el 25% del parque vehicular operativo. Con ello se podrían adquirir los siguientes vehículos:  
RECOLECTORES

1,930,000.00

5

9,650,000.00

BARREDORA

1,050,000.00

2

2,100,000.00

AMBULANCIA

810,000.00

2

1,620,000.00

CAMIONETAS MEDIA TON.

499,000.00

6

2,994,000.00

CAMIÓN DE 2 TON.

1,450,000.00

4

5,800,000.00

CAMIONETA PICK UP 8 CIL 4x2

370,000.00

7

2,590,000.00

CAMIONETA PICK UP 8 CIL 4x4

474,000.00

5

2,370,000.00

CAMIÓN C/CAJA TRASERA

815,000.00

1

815,000.00

CAMIÓN DE VOLETO

1,040,000.00

3

3,120,000.00

CAMIÓN PIPA

1,450,000.00

1

1,450,000.00

CAMIÓN PETROLIZADOR

1,490,000.00

1

1,490,000.00

   

33,999,000.00

        En materia de sustentabilidad, otro aspecto en el que consideramos se debe apoyar a esta Delegación, es el relativo a las áreas verdes. Se contempla reforzar más de 20,000 m2 a través de la reforestación en el campo de fútbol de San Pablo Chimalpa, zona protegida que se encuentra dentro de la reserva de los mantos acuíferos de dicho lugar, el cual mide 120 m x 80 m lo que nos da un total de 9,600 m2, así como en los camellones y parques de la zona de Santa Fe, Bosques y Bosques de las Lomas, lo cual nos da un aproximado de 10,400 m2, vital zona de importancia para la preservación de las áreas verdes.   En este sentido, los recursos que se requieren oscilan alrededor del 1% del Presupuesto asignado actualmente a la Delegación, es decir, 8 millones de pesos.   Por otro lado pero también en materia de sustentabilidad, un asunto que merece toda nuestra atención es el relativo al suelo de conservación. En términos generales, el Suelo de Conservación absorbe el 79.96% del total del territorio Delegacional y se encuentra integrado por los usos: Rescate Ecológico (RE), Producción Rural Agroindustrial (PRA), Preservación Ecológica (PE); y el de los Poblados Rurales, por los usos: Habitacional Rural de Baja Densidad (HRB), Habitacional Rural (HR), Habitacional Rural con Comercio y Servicios (HRC) y Equipamiento Rural (ER).   El cuidado del suelo de conservación constituye un proyecto estratégico de largo alcance regional ya que el rescate de barrancas en la Delegación Cuajimalpa evitará los asentamientos humanos irregulares y la recuperación de la superficie verde de la delegación. No perdamos de vista los siguientes aspectos:  
  • Valoración de los recursos naturales de la zona, como las especies de flora endémica.
  • Respeto y cuidado del medio ambiente.
  • Aprovechamiento racional de los recursos naturales.
  • Demostración de valores de respeto  al medio ambiente.
  • Difusión y multiplicación de conocimientos de preservación y mejora del medio ambiente.
  En este rubro, los recursos que se requieren también alcanzan el 1% del presupuesto de la Delegación: 8 millones de pesos.           En este sentido y en lo que respecta también a la sustentabilidad, es necesario contribuir con acciones de mitigación al fenómeno global de cambio climático.   Lo anterior se puede lograr si se sustituye el equipamiento de alumbrado público en vialidades de la Delegación Cuajimalpa, como serían postes, balastros y lámparas, para generar un ahorro en el consumo de energía, y por lo tanto contribuir a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, así como lograr ahorros por el pago del suministro de energía eléctrica.   Mediante este recurso se podrá contribuir a suministrar un mejor servicio de alumbrado público en la totalidad de las avenidas, calles principales, y calles secundarias de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Se estima que con este cambio, se podría apoyar a la economía local, permitiendo la ampliación de los horarios de apertura de los negocios ubicados en las calles y avenidas beneficiadas,  por cuestiones de inseguridad en el último año, así como reducir el índice de asaltos.   Con la mejora de la calidad de los servicios de iluminación en la Delegación, no sólo se podrá fortalecer la infraestructura social, sino que se reducirán los costos operativos en un 5 % lo cual se traducirá en aproximadamente un promedio de 25 proyectos de beneficio social; además de reducir la emisión de contaminantes aeróbicos y abatir la generación de materiales sólidos altamente contaminantes generados por el reemplazo periódico y mantenimiento de las luminarias.   La proyección del presente proyecto es de 5 años en su vida útil sustituyendo 323 Postes y 323 lámparas del alumbrado público, para generar un ahorro en el consumo de energía, mantenimiento y reemplazos, beneficiando a 173,625 personas beneficiadas.   En este renglón, la propuesta consiste en otorgarle un presupuesto adicional a su techo presupuestal para el próximo año, correspondiente al 2% del actual presupuesto delegacional, equivalente a 16 millones de pesos,   Finalmente, consideramos que existen una serie de proyectos prioritarios y para cuya realización la Delegación Cuajimalpa requiere un mayor presupuesto para canalizarlo a inversión. Entre ellos se encuentran los siguientes:
  • Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas, en el Anteproyecto tan solo se presupuestaron 9.0 millones de pesos, se requieren 27.0 millones de pesos adicionales para brindar un mantenimiento conforme a las necesidades de los 52 planteles que se ubican en la demarcación. Total requerido: 36.0 millones de pesos.
  • Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario, se plantearon recursos por 3.2 millones de pesos y no se requieren recursos adicionales. Total requerido: 3.2 millones de pesos.
  • Estabilización del Talud en la Col. Las Tinajas, solamente se logró aportar 2.0 millones de pesos para iniciar con trabajos previos, se requieren 13.0 millones de pesos extras para ejecutar los trabajos en su totalidad. Con recursos de este ejercicio se financió el proyecto ejecutivo. Total requerido: 15.0 millones de pesos.
  • Repavimentación de vialidades, se presupuestaron para 2013 tan solo 11.2 millones de pesos, se requieren recursos adicionales del orden de 48.8 millones de pesos para atender una importante superficie de rodamiento que se encuentra en un mal estado. Total requerido: 60.0 millones de pesos.
  • Rescate de espacios públicos, se programaron recursos por 4.8 millones de pesos que se espera que se dupliquen con recursos federales del Ramo 20 Desarrollo Social del Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP). Se requerirían de 25.0 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para atender y rescatar del hampa y malvivientes, a parques, jardines, glorietas, camellones y módulos deportivos. Total requerido: 29.8 millones de pesos.
  • Rehabilitación de la red secundaria de agua potable, se logró presupuestar un importe de 4.0 millones de pesos para 2013, se necesitarían recursos adicionales por más de 21.0 millones de pesos para atender las demandas de la ciudadanía. Total requerido: 25.0 millones de pesos.
  • En el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado se presupuestaron para el próximo ejercicio un importe de 6.0 millones de pesos millones de pesos. Para atender la mayor parte de la demanda ciudadana, se necesitan recursos extras por 19.0 millones de pesos. Total requerido: 25.0 millones de pesos.
  • En cuanto al mantenimiento de mercados públicos, se programaron recursos por 4.4 millones de pesos. No se requieren recursos adicionales puesto que en los últimos años se nos han etiquetado cifras parecidas. Total requerido: 4.4 millones de pesos.
    En suma, en el Capítulo 6000 Inversión Pública se requerirían cubrir, en primera instancia recursos por 44.7 millones de pesos.     Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

  ÚNICO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de esta Soberanía, se le asignen a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 111 millones de pesos correspondientes a recursos adicionales a lo establecido en el techo presupuestal que actualmente se le está considerando para el año 2013, de la siguiente manera:  
  • 34 millones de pesos para la renovación del 25% de su parque vehicular, mismo que cuenta con unidades que datan del año 1981 y que no cuenta con unidades nuevas para dar servicio a la comunidad desde hace 10 años.
  • 8 millones de pesos para la reforestación de áreas verdes, con el objetivo de proveer reservas ecológicas en zonas estratégicas de la Delegación, al implementar la plantación de árboles, pastos y recursos asociados mediante la utilización de especies apropiadas a las condiciones ambientales de la región.
  • 8 millones de pesos para el suelo de conservación en el territorio de la Delegación, con el fin de realizar acciones de saneamiento de la vegetación, control de erosión y limpieza, y para la elaboración del proyecto ejecutivo de restauración de los recursos hídricos de la barranca, el cual es complementario a las acciones antes mencionadas.
  • 16 millones de pesos para la aplicación de medidas de mitigación al cambio climático, consistente en la sustitución de 323 Postes y 323 lámparas del alumbrado público.
  • 45 millones de pesos para destinarse a inversión pública en proyectos prioritarios de diversa índole, tales como mantenimiento de escuelas, repavimentación de vialidades, rescate de espacios públicos y la rehabilitación de la red secundaria de agua potable, entre otros.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:  

       DIP. JESÚS SESMA  SUÁREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ

                     COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Published in gaceta

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 11 de diciembre de 2012.

  DIP. MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL COMBATE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de  la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

“La libertad consiste en hacer lo que tú quieres, sin perjuicio de nadie.

El libertinaje consiste en hacer lo que te obligan a hacer, en tu propio perjuicio.”

Francesca Gualdini de Lusitania

  El Protocolo de Palermo declara que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino para que se incluyan:   a)    Medidas de prevención de la trata; b)    Sanciones a los traficantes; y, c)    Protección a las víctimas.   La trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil y de mujeres; el tráfico de órganos y, el tráfico de personas con fines de explotación laboral, vulneran gravemente los derechos humanos de quien la padece con dramáticas consecuencias para su salud y desarrollo psicoemocional como la pérdida del proyecto de vida, la inhabilidad de crear lazos con personas de su edad y la presencia de agudas depresiones. Sobre este punto, la expansión de las redes de tratantes en todo el mundo y de las millonarias ganancias que genera la trata de personas en sus diversas modalidades, se debe en buena parte a la practicidad y eficiencia de las nuevas tecnologías como el Internet y la transferencia de archivos vía electrónica.   Ejemplo de ello es la producción y distribución de las imágenes pornográficas por internet que representan un negocio de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares, según datos de UNICEF- México.   De acuerdo al Informe Mundial sobre la Trata de Personas realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito[1] del año 2009, se establece que la explotación sexual es, con gran diferencia, la forma de trata de personas detectada con más frecuencia con un 79%, seguida del trabajo forzado con 18%, lo que podría obedecer a un sesgo estadístico.   En ese sentido, el Informe establece que la explotación de la mujer suele ser visible y ocurre en los centros urbanos o al lado de las carreteras, por lo que es objeto de denuncias más frecuentes. La explotación sexual ha pasado a ser el tipo de trata más documentado en las estadísticas globales.   En cambio, otras formas de explotación no son notificadas suficientemente como el trabajo forzado o en condiciones de servidumbre -entre la que se encuentra la servidumbre doméstica y el matrimonio forzado-, la extracción de órganos y la explotación de los niños en la mendicidad, la industria del sexo y la guerra.   Adicionalmente, el Informe de referencia establece que la mayoría de los delitos de trata de personas, revisten un carácter nacional o regional y los cometen personas cuya nacionalidad es la misma que sus víctimas, estableciendo que se dan algunos casos notables de trata de personas sobre largas distancias.   Así, Europa es el destino de víctimas de los más variados puntos de origen, mientras que las víctimas procedentes de Asia son objeto de trata a la más amplia variedad de destinos, Por su parte, el continente americano destaca como origen y destino de las víctimas de trata de seres humanos.   En el marco del Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil, en el pasado mes de noviembre, UNICEF advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad.   Por ello, no podemos perder de vista que, además del aumento en el número de víctimas, el nivel de organización y estructura que han alcanzado las redes de delincuencia organizada dedicadas a la trata y explotación de personas en nuestro país también se ha incrementado, así como las gigantescas ganancias que este mercado ilícito genera.   Como botón de muestra, nuestro país no sólo se ha convertido en un destacado destino para el turismo sexual, sino que además ocupa el segundo lugar a nivel mundial de producción de pornografía infantil, adolescente y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.   Datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, arrojaron en promedio que a diario se denuncian dos casos de abuso sexual contra infantes -muchos de ellos cometidos por familiares o amigos-, siendo tan solo en el año 2010 recibidas por esa Institución 18 mil 12 denuncias de maltrato infantil, de las cuales alrededor del 5% correspondieron a denuncias referentes al abuso sexual infantil -equivalente a 900 denuncias en ese año-.   A mayor abundamiento, México cuenta con el Diagnóstico de Human Trafficking Assesment Tool, realizado por la American Bar Association (ABA), que señala que se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas con fines sexuales y laboral.   También se documentó que las Entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, entre otras.   En cuanto al Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propicia la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dado a conocer el año 2011, se establece que en nuestro país cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales:   a)     79% son para explotación sexual, b)     3% son para extracción de órganos y, c)     18% son para explotación laboral. Respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual, datos de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, señalan que de 2005 a 2008 se detectaron más de 300 casos de trata.   Sobre el particular, la Procuraduría General de la República informó a la Cámara de Diputados que del 2008 al 2010, diversas Entidades le han reportado averiguaciones previas por trata de personas en agravio de 271 víctimas, 167 mujeres, 30 hombres y 74 cuyo sexo no se especificó.   Por su parte, el INEGI señala que de 3.6 millones de personas que sufren trata, 31% son menores de edad, -entre 5 y 17 años-, y 69% son personas migrantes e indígenas que se explotan para realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral.   Ahora bien, en el Distrito Federal, el trabajo realizado por la Procuraduría General de Justicia, señala que se han detenido por la comisión de dicho delito a 200 personas, desmantelado 14 organizaciones y rescatado 323 víctimas[2].   Sin embargo, no podemos pasar por alto que en zonas como la Merced, Buenavista por citar dos casos, son espacios donde se tiene identificado no solo las cabezas de las bandas organizadas, sino los espacios públicos y establecimientos en donde se ejerce la Trata de Personas, tema que ha derivado en diversas Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.   De igual forma, gracias al Informe Especial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2006, se dio notoriedad a la grave situación que tenemos en nuestra Capital frente a la trata de personas y el abuso sexual.   Por ello, la Asamblea Legislativa ha reformado el Código Penal del Distrito Federal, introduciendo los tipos penales que castigan severamente las conductas lesivas que constituyen las diversas modalidades de explotación sexual comercial, así como la tipificación de la explotación sexual.   De igual forma, se reformó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, a fin de crear refugios especializados, específicamente para víctimas de trata de personas.   Por ello, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2011, se estableció en el Transitorio Cuadragésimo Sexto, lo siguiente:   “Artículo Cuadragésimo Sexto.- En el presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se destina 10,000,000 de pesos, para la adquisición de un inmueble del refugio para mujeres, niñas y niños sobrevivientes de trata de personas.”[3]   Adicionalmente, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en el Título Quinto “Del Presupuesto para la Instrumentación de esta Ley”, en su artículo 76, establece textualmente en lo conducente:   TÍTULO QUINTO DEL PRESUPUESTO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTA LEY   Artículo 76. El Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual deberá incluir como prioritarios, con base en los presupuestos operativos anuales enviados por las dependencias, las partidas y recursos necesarios para la aplicación y cumplimiento de la presente Ley.   En este punto, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que tiene rango de Ley, en su Capítulo 30, relativo a los Derechos de las víctimas de Trata y Explotación Sexual Comercial, establece entre otras cuestiones lo siguiente:   30.1 Legislación y Políticas públicas integrales para las víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial, cuyo objetivo es diseñar, instrumentar y evaluar, con enfoque de derechos humanos, leyes, políticas públicas y presupuesto para las víctimas de trata de personas, que habitan y transitan en el Distrito Federal, con base a procesos de consulta y participación amplia con organizaciones de la sociedad civil y las y los integrantes del grupo de población, trabajo que se encuentra propuesto desde el Protocolo de Estambul (Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacionales).   Por ello, en el Partido Verde, compartimos la visión de las Organizaciones No Gubernamentales que señalan que en materia de combate y erradicación de la Trata de Personas, no todo se reduce a dinero.   Sin duda, la prevención a través de campañas masivas en hoteles, zonas turísticas, información en medios masivos de comunicación sobre las señales de alerta para saber cuando nos enfrentamos a una persona que sufre trata o es un tratante de personas, son fundamentales.   De igual forma, la capacitación a las autoridades encargadas de la seguridad pública y Ministerios Públicos, resulta fundamental para la atención de las víctimas de Trata, pues en muchas ocasiones se re-victimiza a las personas cuando son rescatadas, incluso se les fincan responsabilidades de tipo penal, razón por la cual las personas SOBREVIVIENTES DE LA TRATA, prefieren seguir siendo esclavas, antes de ser atendidas por alguna autoridad.   Por ello, a través de este punto de acuerdo los Diputados del Partido Verde, como parte de los compromisos en materia de Derechos Humanos que signamos y porque es nuestra convicción el trabajar para erradicar este problema que nos lacera como sociedad, presentamos este día la siguiente propuesta que contiene varios ejes de acción:   a)           Se está solicitando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destine y etiquete una partida presupuestal adicional de 60 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Económico, para que la misma sea utilizada única y exclusivamente para apoyar a personas sobrevivientes de Trata de personas en la creación de micros, pequeñas y medianas empresas, con el fin de que puedan tener un trabajo estable.   No podemos olvidar que a las personas sobrevivientes de trata, derivado de la explotación a la que han sido sometidas, se encuentran sumamente sexualizadas, no sólo en su lenguaje, sino también en su comportamiento, razón por la cual es complicado que puedan permanecer en un trabajo de manera permanente, pues su comportamiento es visto como acoso.   En ese sentido, el trabajo que realizan las ONG´s, además de rescate, es de acompañamiento y rehabilitación hasta que logran las víctimas de trata recuperar su seguridad, siendo parte del proceso de sanación el contar con un trabajo, y que mejor que ese trabajo sea a través de la  creación  de sus propias empresas.   b)           Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que etiquete una partida presupuestal adicional de 25 millones de pesos, al Sistema Integral de la Familia (DIF-DF), para la atención y cuidado de niñas, niños y jóvenes menores de edad, rescatados y que hayan sido víctimas de mendicidad forzada, misma que también está considerada como una forma de trata.   Sobre el particular, resulta relevante que no se cuenta con datos por parte de las autoridades de la Ciudad, sobre este grave problema que a la vista de todos está presente.   c)         Se está solicitando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que también destine una partida de 10 millones de pesos adicional al presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el fin de actualizar los datos del Informe Especial sobre la Trata de Personas en el Distrito Federal, y para que además se incluyan los temas la explotación laboral y de trata con motivo del tráfico de órganos.   Lo anterior habida cuenta de que la trata no solamente es con fines sexuales, sino también con fines de explotación laboral y de tráfico de órganos.   d)        También se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que destine un partida de 10 millones de pesos adicionales de manera equitativa a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de dar capacitación en materia de derechos humanos y atención a víctimas de Trata de Personas.   Esto porque es de vital importancia que con la actuación de la autoridad no se re-victimice  a las personas sobrevivientes de esta actividad ilegal.   e)         Por otro lado, se está solicitando al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que durante el tiempo oficial  que tiene asignado  en medios de comunicación, se destine un bloque en el que se den a conocer las formas de Trata y las acciones para que como sociedad distingamos las señales que son utilizadas por el crimen organizado en esta materia, dirigidas principalmente a los grupos vulnerables para la comisión de este delito, como lo son mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas indígenas.   f) También se está solicitando al Secretario de Gobernación, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que celebren convenios necesarios en materia de Turismo, con el fin de realizar campañas masivas en hoteles, restaurantes y zonas turísticas en general de la Ciudad de México, que contenga información relativa a la prevención y denuncia de las actividades ilícitas de trata.   g) Por lo que se refiere a lo establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, relativo a los refugios especializados para víctimas de trata de personas, como espacios donde se brindan a las víctimas alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica especializada, jurídica, psiquiátrica y psicológica, para la reintegración social y laboral de las mismas, se solicitan 33 millones de pesos.   Este refugio está a cargo de la Procuraduría General del Justicia del Distrito Federal y según los informes de esta instancia y de algunas ONG´s en México, la atención integral para niñas, niños, jóvenes y mujeres sobrevivientes de la Trata de personas, tiene un costo promedio mensual que va de los 10 mil a los 11 mil pesos, y el internamiento en los refugios es en promedio de 6 meses. En ese orden de ideas, lo solicitado alcanzaría para un aproximado de 500 personas en ese mismo periodo de tiempo.   h) En otro orden de ideas, un problema que tienen que ver con la trata de personas es el relativo a desaparición de niños, niñas y jóvenes con fines de explotación y comercio sexual, de ahí que sea necesario que dentro del Programa de Recompensas Económicas que tiene la Procuraduría del Distrito Federal, se destine un presupuesto específico para que se pueda otorgar una recompensa a toda aquella persona que proporcione información sobre este delito.[4]   Sobre este punto, datos del año 2010 del Programa de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, registraron 346 personas desaparecidas.   i) Finalmente, a través de este punto de acuerdo se está solicitando al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, cree la Fiscalía Especializada en el combate al delito de trata de personas, ya que actualmente solamente está constituida como una Agencia Especializada, por lo que no cuenta con el personal ni con los elementos e instrumentos para la persecución y detención de tratantes y rescate de las víctimas. Esta Fiscalía es indispensable, tal y como desde el año 2011, lo reconoció el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal siendo entonces Procurador de Justicia de la Ciudad de México.   Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO

 

PRIMERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destine y etiquete una partida presupuestal adicional de 60 millones de pesos en el Presupuesto de egresos del 2013, a la Secretaría de Desarrollo Económico, para apoyar a personas sobrevivientes de Trata de Personas en la creación de micros, pequeñas y medianas empresas, con el fin de que puedan tener un trabajo estable y acorde a sus necesidades en el presupuesto de egresos del 2013.   SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, que etiquete una partida presupuestal adicional de 25 millones de pesos en el Presupuesto de egresos del 2013, para el Sistema Integral de la Familia (DIF-DF), para la atención y cuidado de niñas, niños y jóvenes menores de edad, rescatados y que hayan sido víctimas de mendicidad forzada.   TERCERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, destine una partida de 10 millones de pesos adicional en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que se avoque a la realización de la actualización de los datos del Informe Especial sobre la Trata de Personas en el Distrito Federal, incluyendo además de la explotación sexual, la explotación laboral y la que se realiza con fines de tráfico de órganos.   CUARTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, destine y etiquete recursos por 10 millones de pesos adicionales en el Presupuesto de Egresos 2013, de manera equitativa entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de dar capacitación a su personal en materia de derechos humanos y atención a víctimas de Trata de personas, con el fin de no re-victimizar a las personas sobrevivientes de esta actividad ilícita.   QUINTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que durante el tiempo que tiene asignado como del Estado en medios de comunicación, se destine un bloque en donde se den a conocer las formas de Trata con fines de explotación sexual, laboral y de tráfico de órganos, en una campaña dirigida a identificar las acciones que utiliza la delincuencia organizada para involucrar a las mujeres, niñas, niños, jóvenes y personas indígenas en las distintas formas de Trata de personas y medidas para su prevención y denuncia.   SEXTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia, todas del Distrito Federal, para que analicen de manera conjunta la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada, con el fin de realizar campañas masivas de información en hoteles, restaurantes y zonas turísticas de la Ciudad de México, relativa a la Trata de personas, su prevención y denuncia.   SÉPTIMO .- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, destine y etiquete una partida presupuestal adicional a su techo presupuestal, equivalente a 33 millones de pesos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para la atención integral de niñas, niños, jóvenes y mujeres víctimas de Trata de personas con fines de explotación sexual y comercial, en el refugio especializado a su cargo.   OCTAVO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, destine y etiquete una partida suficiente al Programa de Recompensas Económicas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, especialmente para los informantes sobre personas desaparecidas víctimas de Trata de personas.   NOVENO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a que de manera inmediata y mediante los procedimientos conducentes, cree la Fiscalía Especializada en el combate al delito de trata de personas, y en caso de ser necesario, solicite a esta Soberanía que se destinen los recursos presupuestarios necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.   Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

 

       DIP. JESUS SESMA  SUÁREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ

                     COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR


[1] www.unodc.org. Resumen Ejecutivo Informe Mundial sobre la Trata de Personas UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Febrero de 2009.
[2] 6º. Informe Procurador General de Justicia del Distrito Federal 2012. Glosa del Sexto Informe de Gobierno del Distrito Federal.
[3] Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, Gaceta Oficial del Distrito Federal. 31 de diciembre 2010. www.consejeria.df.gob.mx/gacetas
[4] http://www.youtube.com/watch?v=Nwx7s1OQF6o
Published in gaceta
Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL OFICIAL MAYOR DE ESTE ORGÁNO LEGISLATIVO LA COMPRA DE CONTENEDORES DIFERENCIADOS A FIN DE COLOCARLOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA, bajo la siguiente:

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 06 de noviembre de 2012.

  DIP. MARÍA ANGELINA HERNÁNDEZ SOLÍS. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E  

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL OFICIAL MAYOR DE ESTE ORGÁNO LEGISLATIVO LA COMPRA DE CONTENEDORES DIFERENCIADOS A FIN DE COLOCARLOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA, bajo la siguiente:

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

Actualmente se generan entre 12,000 y 13,000 toneladas de basura al día en la Ciudad de México, de las cuales 5,000 son desechos orgánicos que pueden ser transformados en composta para aprovecharse en actividades sustentables.

Para disminuir esta cantidad de desechos es importante que las autoridades sigan fomentando la clasificación de los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, a fin de obtener una mayor calidad y cantidad de residuos aprovechables, así como para fomentar el reciclaje.

Es importante recordar que esta Asamblea Legislativa es el Órgano de gobierno encargado de hacer y reformar leyes para solventar las necesidades de la sociedad. Pero no solo eso, también debemos ser los primeros en poner el ejemplo en cuanto a cumplimiento de la Ley se refiere.

El proceso de separar los residuos está regulado en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, así como en su Reglamento y en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Esta legislación es la base para que las autoridades implementen medidas que garanticen la cultura de la separación de los residuos. Esto, por supuesto, tiene que ir a la par de la voluntad y la participación ciudadana.

La separación de los residuos es de suma importancia en el Distrito Federal, pues con el cierre del Bordo Poniente es indispensable implementar acciones eficaces que permitan disminuir la cantidad de residuos que se generan en la Ciudad. Por ello, el Partido Verde propone que esta cultura se siga impulsando desde todos los ámbitos, por lo que es necesario que la Asamblea Legislativa, al igual que todas las instancias de Gobierno, también coloque contenedores diferenciados en cada una de las oficinas que ocupan sus instalaciones.

Los contenedores diferenciados para depositar los residuos orgánicos y los inorgánicos permiten, por un lado, dar cumplimiento a la legislación en materia de residuos sólidos que aquí aprobamos en su momento y, por otro, desarrollar la conciencia, los hábitos y educación ambiental.

La legislación es muy clara en este sentido. La Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal[1], contempla en sus artículos 33 y 33 bis, la separación de los residuos de la siguiente manera:

Artículo 33. Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos y dependencias gubernamentales y similares.

Estos residuos sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su aprovechamiento, tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos residuos sólidos valorizables directamente a los establecimientos de reutilización y reciclaje.

El Reglamento definirá la subclasificación que deberá aplicar para la separación obligatoria de residuos sólidos, con base a las disposiciones del presente artículo para cada una de las clasificaciones establecidas, así como para los distintos tipos de generadores.

Artículo 33 Bis.- La Secretaría y las delegaciones deberán aplicar el método de separación de residuos en orgánicos e inorgánicos para el servicio de recolección, la cual será diferenciada conforme a los criterios señalados por las autoridades.

Asimismo, en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal[2], se menciona la obligación de separar la basura; esto en su artículo 32 el cual señala:

Artículo 32. Los residuos sólidos urbanos deberán separarse en orgánicos e inorgánicos.

La subclasificación de los residuos orgánicos podrá efectuarse conforme a lo siguiente:

I. Residuos de jardinería y los provenientes de poda de árboles y áreas verdes;

II. Residuos provenientes de la preparación y consumo de alimentos;

III. Residuos susceptibles de ser utilizados como insumo en la producción de composta;

IV. Los demás que establezcan en forma conjunta la Secretaría y la Secretaría de Obras.

 

Los residuos inorgánicos se subclasifican en:

I. Vidrio;

II. Papel y cartón;

III Plásticos;

IV. Aluminio y otros metales no peligrosos y laminados de materiales reciclables;

V. Cerámicas;

VI. Artículos de oficina y utensilios de cocina;

VII. Equipos eléctricos y electrónicos;

VIII. Ropa y textiles;

IX. Sanitarios y pañales desechables;

X. Otros no considerados como de manejo especial; y

XI. Los demás que establezcan en forma conjunta la Secretaría y la Secretaría de Obras.

Finalmente, el Programa de gestión integral de los residuos sólidos para el Distrito Federal[3], el cual también contempla una debida separación de residuos sólidos, desde el hogar, los establecimientos comerciales, educativos y laborales, contribuye igualmente a que puntualmente se aprovechen toneladas de basura, así como al manejo integral de los desechos que se generan en el Distrito Federal.

En este sentido es que la Asamblea Legislativa no puede quedar en un régimen de excepción al respecto. Al contrario, debe ser el ejemplo ante toda la sociedad, por lo que es necesario que tomemos las medidas necesarias para que a la brevedad contemos con contenedores de residuos diferenciados en orgánicos e inorgánicos en todas nuestra instalaciones y con ello contribuyamos a la sustentabilidad de nuestra Ciudad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

 

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Gobierno que instruya a la Oficialía Mayor de este Órgano Legislativo, a fin de que se coloquen contenedores de residuos diferenciados en cada una de las oficinas de los edificios de la Asamblea, con el objeto de cumplir con la normatividad vigente en materia de residuos sólidos.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

   

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

                     COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR


[1] Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 22 de marzo del 2003.

[2] Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 7 de octubre del 2008.

[3] Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de septiembre del 2010.

Published in gaceta
Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL OFICIAL MAYOR DE ESTE ORGÁNO LEGISLATIVO LA COMPRA DE CONTENEDORES DIFERENCIADOS A FIN DE COLOCARLOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA, bajo la siguiente:

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 06 de noviembre de 2012.

  DIP. MARÍA ANGELINA HERNÁNDEZ SOLÍS. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E  

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL OFICIAL MAYOR DE ESTE ORGÁNO LEGISLATIVO LA COMPRA DE CONTENEDORES DIFERENCIADOS A FIN DE COLOCARLOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA, bajo la siguiente:

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

Actualmente se generan entre 12,000 y 13,000 toneladas de basura al día en la Ciudad de México, de las cuales 5,000 son desechos orgánicos que pueden ser transformados en composta para aprovecharse en actividades sustentables.

Para disminuir esta cantidad de desechos es importante que las autoridades sigan fomentando la clasificación de los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, a fin de obtener una mayor calidad y cantidad de residuos aprovechables, así como para fomentar el reciclaje.

Es importante recordar que esta Asamblea Legislativa es el Órgano de gobierno encargado de hacer y reformar leyes para solventar las necesidades de la sociedad. Pero no solo eso, también debemos ser los primeros en poner el ejemplo en cuanto a cumplimiento de la Ley se refiere.

El proceso de separar los residuos está regulado en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, así como en su Reglamento y en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Esta legislación es la base para que las autoridades implementen medidas que garanticen la cultura de la separación de los residuos. Esto, por supuesto, tiene que ir a la par de la voluntad y la participación ciudadana.

La separación de los residuos es de suma importancia en el Distrito Federal, pues con el cierre del Bordo Poniente es indispensable implementar acciones eficaces que permitan disminuir la cantidad de residuos que se generan en la Ciudad. Por ello, el Partido Verde propone que esta cultura se siga impulsando desde todos los ámbitos, por lo que es necesario que la Asamblea Legislativa, al igual que todas las instancias de Gobierno, también coloque contenedores diferenciados en cada una de las oficinas que ocupan sus instalaciones.

Los contenedores diferenciados para depositar los residuos orgánicos y los inorgánicos permiten, por un lado, dar cumplimiento a la legislación en materia de residuos sólidos que aquí aprobamos en su momento y, por otro, desarrollar la conciencia, los hábitos y educación ambiental.

La legislación es muy clara en este sentido. La Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal[1], contempla en sus artículos 33 y 33 bis, la separación de los residuos de la siguiente manera:

Artículo 33. Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos y dependencias gubernamentales y similares.

Estos residuos sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su aprovechamiento, tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos residuos sólidos valorizables directamente a los establecimientos de reutilización y reciclaje.

El Reglamento definirá la subclasificación que deberá aplicar para la separación obligatoria de residuos sólidos, con base a las disposiciones del presente artículo para cada una de las clasificaciones establecidas, así como para los distintos tipos de generadores.

Artículo 33 Bis.- La Secretaría y las delegaciones deberán aplicar el método de separación de residuos en orgánicos e inorgánicos para el servicio de recolección, la cual será diferenciada conforme a los criterios señalados por las autoridades.

Asimismo, en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal[2], se menciona la obligación de separar la basura; esto en su artículo 32 el cual señala:

Artículo 32. Los residuos sólidos urbanos deberán separarse en orgánicos e inorgánicos.

La subclasificación de los residuos orgánicos podrá efectuarse conforme a lo siguiente:

I. Residuos de jardinería y los provenientes de poda de árboles y áreas verdes;

II. Residuos provenientes de la preparación y consumo de alimentos;

III. Residuos susceptibles de ser utilizados como insumo en la producción de composta;

IV. Los demás que establezcan en forma conjunta la Secretaría y la Secretaría de Obras.

 

Los residuos inorgánicos se subclasifican en:

I. Vidrio;

II. Papel y cartón;

III Plásticos;

IV. Aluminio y otros metales no peligrosos y laminados de materiales reciclables;

V. Cerámicas;

VI. Artículos de oficina y utensilios de cocina;

VII. Equipos eléctricos y electrónicos;

VIII. Ropa y textiles;

IX. Sanitarios y pañales desechables;

X. Otros no considerados como de manejo especial; y

XI. Los demás que establezcan en forma conjunta la Secretaría y la Secretaría de Obras.

Finalmente, el Programa de gestión integral de los residuos sólidos para el Distrito Federal[3], el cual también contempla una debida separación de residuos sólidos, desde el hogar, los establecimientos comerciales, educativos y laborales, contribuye igualmente a que puntualmente se aprovechen toneladas de basura, así como al manejo integral de los desechos que se generan en el Distrito Federal.

En este sentido es que la Asamblea Legislativa no puede quedar en un régimen de excepción al respecto. Al contrario, debe ser el ejemplo ante toda la sociedad, por lo que es necesario que tomemos las medidas necesarias para que a la brevedad contemos con contenedores de residuos diferenciados en orgánicos e inorgánicos en todas nuestra instalaciones y con ello contribuyamos a la sustentabilidad de nuestra Ciudad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

 

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Gobierno que instruya a la Oficialía Mayor de este Órgano Legislativo, a fin de que se coloquen contenedores de residuos diferenciados en cada una de las oficinas de los edificios de la Asamblea, con el objeto de cumplir con la normatividad vigente en materia de residuos sólidos.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

   

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

                     COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR



[1] Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 22 de marzo del 2003.

[2] Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 7 de octubre del 2008.

[3] Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de septiembre del 2010.

Published in gaceta
Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ Y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CEDA), bajo la siguiente:

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 18 de octubre de 2012.

  DIP. MARÍA ANGELINA HERNÁNDEZ SOLÍS. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E    

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ Y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CEDA), bajo la siguiente:

   

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),  Sr. Yuri Fedotov,  señaló ante la Asamblea General  de la ONU al presentar el Informe Mundial sobre las Drogas 2012 que las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad, al tiempo que socavan los derechos humanos y plantean riesgos considerables para la salud pública: "La heroína, la cocaína y otras drogas siguen matando a unas 200.000 personas al año, destruyen familias y causan sufrimiento a otros miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH".

Dentro del World Drougs Report de la UNODC se publica el cálculo de que unos 230 millones de personas consumieron una droga ilícita por lo menos una vez en 2010, es decir, el 5% de la población adulta mundial (de 15 a 64 años). Otro dato relevante obtenido de este informe indicó que las personas dependientes de la heroína y la cocaína, a nivel mundial son una de cada 200 habitantes del planeta.

El Informe sobre el Consumo de las Drogas en Las Américas, 2011 de la Organización de Estados Americanos(OEA) para el continente ubica a países como EUA, Guyana, Panamá, Bolivia, Haití, Chile y Argentina con mayores índices de uso de cocaína.

En cuanto al uso de marihuana los países caribeños, exceptuando Cuba y Puerto Rico tienen índices de uso de marihuana que superan al consumo en tabaco para el total de su población.  Países como Canadá reportan que el 17% de su población masculina consume marihuana y 10% de la población femenina en forma regular.  Para México el consumo de marihuana reporta una tasa de 1.03% de la población entre 12 y 64 años donde la tasa de uso es de 1.73 para los hombres y .038 para las mujeres.

México tiene un índice de consumo de 0.48% del total poblacional; donde el 0.67 de los hombres la han consumido y 0.28 de las mujeres recurren a ella.  Esto quiere decir que uno de cada doscientos mexicanos la ha usado el último mes.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA), la más reciente, reporta que uno de cada 40 varones mexicanos ha consumido algún tipo de droga  y uno de cada 43 alguna droga ilegal. En el caso de las mujeres una de cada 70 había hecho uso de alguna droga ilegal  y una de cada 63 de alguna legal.

Cuando pasamos a las tasas de exposición por sexo se encontró que el 28% de los hombres estuvo expuesto a cualquier tipo de droga regalada y sólo 7% de las mujeres enfrentaron la misma situación. Cuando la droga era comprada las tasas cambiaron a 11.5% para los hombres y 2.6% para las mujeres.

Del estudio 2008 de la ENA para el DF (último disponible), a nivel nacional el DF se encuentra por encima de la media en el consumo de estupefacientes, siendo Quintana Roo el de mayores tasas.  Mariguana, cocaína y metanfetaminas son las drogas de mayor consumo. Las cifras dicen que 12% de los hombres del DF consumen o han consumido algún tipo de droga ilegal, y el porcentaje es cercano al 7% en el caso de las mujeres.

En las conclusiones de esta encuesta se muestra que hay una mayor exposición a la oportunidad de consumo en el Distrito Federal que en el resto del país, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la proporción con relación a los datos nacionales, es más elevada en mujeres que en hombres. Así como la población más joven, quienes ya no estudian o que viven sólo con su papá, son quienes están más expuestos y consumen drogas en mayor proporción.

Otras cifras más alarmantes para el Distrito Federal son los datos de la Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la Ciudad de México, que elaboran el Instituto Nacional de Siquiatría y la Secretaría de Educación Pública en jóvenes matriculados. Reportaron que en el DF el consumo de alguna droga ilegal por los jóvenes educandos pasó de 14 por ciento en 2006 a 18.3 por ciento en 2009. Además que 18.25%de los estudiantes de nivel medio y medio superior del DF han consumido algún estupefaciente, lo que equivale a 176 mil adolescentes, considerando que la matrícula total de ambos niveles era de 964 mil jóvenes en 2009.

El dato más reciente lo aporta el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas, en un estudio dirigido por Alma Delia Gutiérrez López titulado “Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil” con datos al primer semestre de 2011. En este el DF atendió 3,459 (alrededor de mil casos más que el semestre anterior cuando atendió a 2,174 casos) en los Centros de Integración Juvenil de su demarcación. Esta cifra representa el 30% de los casos nacionales atendidos por estos centros. Sólo seguido por el Estado de México con el 12% de los casos. Ambos, en conjunto concentran el 42% de los casos de alguna dependencia que recurrieron los Centros de Integración Juvenil[1],[2].

Para organismos internacionales, así como instituciones académicas, no gubernamentales, de salud y justicia, es claro que se trata de un problema social cuya principal arista es la salud pública.  Para los habitantes del Distrito Federal es de especial atención, ya que las tasas de consumo son de las más altas del país y las de  exposición a las drogas ilegales la mayor a nivel nacional.  Mismas que se incrementan cuando se focalizan en los grupos poblacionales en edad escolar.

El problema tiene repercusiones en el tejido social, en la cultura de su ciudadanía y no hablar de las finanzas de los servicios de salud y de las instituciones justicia locales y nacionales.

En términos de las disposiciones jurídicas correspondiente,s el 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales. En esencia dichas reformas tienen por objeto que la Federación se hará cargo del fenómeno de narcotráfico y las entidades federativas del narcomenudeo.

Un estudio del INACPE encabezado por Álvaro Vizcaíno Zamora aporta la siguiente tabla para interpretar las reformas en comento y sus respectivas competencias.

 
Sustancia Consumo personal (hasta) Narcomenudeo estatal (hasta) Narcotráfico Competencia federal
Marihuana 5 gr. 4.9 Kgs. Desde 5 Kgs.
Cocaína 500 mg. 499 gramos Desde 500 gramos
Opio 2 gr. 1.9 Kgs. Desde 2 Kgs.
Heroína 50 mg. 49.9 gramos Desde 50 gramos
LSD 0.015 mg. 14.9 mg. Desde 15 mg.
MDA, MDMA y Metanfetaminas 40 mgs. polvo/ 200 mgs. Tabletas 39.9 grs. polvo/ 199.9 grs. Tabletas Desde 40 grs. polvo/200 grs. tableta

Fuente: INACIPE

En el mes de  de abril de 2011 la ALDF aprobó las reformas correspondientes en materia de narcomenudeo al incluir modificaciones al Código Penal y Ley Orgánica del Tribunal de Justicia. En estas se facultó a los juzgados penales y de justicia para adolescentes de la capital a conocer los delitos en materia de narcomenudeo, y obliga al gobierno local a impulsar medidas para combatir las adicciones y los daños provocados por estas, entre otras disposiciones relacionadas.

De ahí nuestra preocupación por el siguiente tema.

El 8 de octubre del 2012 el periódico Reforma presentó un reportaje titulado “Controla crimen Central de Abasto” en el que da cuenta de la Venta de drogas, secuestros, robos, extorsiones y prostitución, que operan y controlan grupos organizados, azotan la Central de Abasto del DF (Ceda). En dicho reportaje, comerciantes, funcionarios y bodegueros que solicitaron anonimato reportaban diversas actividades delictivas dentro de la Central de Abastos.

Un comerciante citado en dicho reportaje mencionó lo siguiente:

“La droga la meten camuflada con la fruta, en las flores, legumbres o entre costales. En la zona de bodegas llegan los cargamentos más duros"

 

De acuerdo a datos de la propia página electrónica de la Central, en ella se comercializa el 30% de la producción hortofrutícola de la República Mexicana.  Ahí se comercializan productos de 24 estados de la República Mexicana, por lo que en ella también se determina y fija el precio de los hortofrutícolas a nivel nacional.

El valor de su operación comercial de compra y venta asciende aproximadamente a 9 mil millones de dólares anuales, cifra que sólo es superada por el mercado bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores.

Diariamente llegan 2 mil tráileres, 150 camiones torton y 57 mil vehículos para el abasto y desabasto de productos y acuden 350 mil visitantes a realizar transacciones comerciales; en épocas especiales (Romerías de Semana Santa, Día de Muertos y Navidad), se reciben hasta 500 mil visitantes al día.

Para su operación cotidiana y para el cumplimiento de su objeto, la Central cuenta con todas las autoridades del Distrito Federal en materia de seguridad, además del área federal antinarcóticos,  la Procuraduría General de la República,  un sector completo de la Policía Preventiva y elementos de la Policía Auxiliar. Todos son coordinados por un General del Ejército Mexicano.

Derivado de ello es que los reportes periodísticos, así como las declaraciones de particulares, relativos a actividades de narcomenudeo al interior de sus instalaciones, cobran una especial relevancia.

 

La Central de Abastos está constituida como un fideicomiso desde el 7 de julio de 1981 con una vigencia de 99 años con base en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Económico, así como los Participantes adheridos al Fideicomiso tienen carácter de fideicomitente y fideicomisario y, como institución fiduciaria, el Banco Santander Mexicano. Fue inaugurada en 1982.

La estructura administrativa de la Central de Abasto se enmarca en lo siguiente. De acuerdo a la página electrónica del FICEDA el órgano de gobierno de la Central de Abasto lo constituye el Comité Técnico y de Distribución de Fondos integrado, paritariamente, por representantes del Sector Privado y del Sector Público de los gobiernos local y federal. El Presidente es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal quien cuenta con voto de calidad.

Para 1985 se creó de manera complementaria la Dirección General por un dictamen de la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal. Algunas de sus funciones principales consisten en: vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas del Distrito Federal, aplicables en la Central de Abasto del Distrito Federal, así como ordenar las visitas de verificación, determinando las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones jurídicas administrativas aplicables.

Por ello es necesario entablar un diálogo con el Director General de la CEDA que nos permita contar con información y elementos suficientes relacionados con la situación de inseguridad y reportes de embarques de estupefacientes que funcionarios y comerciantes de la central de Abastos del Distrito Federal manifiestan en diversos medios de comunicación,  así como con diversas inquietudes que en materia de seguridad y administración de recursos del la Central tienen los miembros de esta Soberanía.

En este orden de ideas, no debemos perder de vista las siguientes consideraciones:

1)    El consumo de drogas es un problema de salud pública que no sólo impacta la salud de quien la consume, impacta en el entorno familia, el tejido social y hasta en las finanzas públicas de las instituciones dedicadas a la provisión de servicios de salud y justicia locales y de orden federal

2)    Que a nivel nacional el DF y la zona metropolitana de la Ciudad de México, por su densidad poblacional, concentran la mayor cantidad de consumidores de estupefacientes en términos absolutos y en el caso de la exposición a las drogas el primer lugar a nivel nacional.

3)    La Central de Abasto del DF es el mercado más importante de introducción de mercancías hortofrutícolas del país y la de mayor influencia al mercado nacional.

4)    A pesar de los operativos y reportes oficiales sobre delitos en la zona continúan las quejas ciudadanas sobre la inseguridad y el narcomenudeo dentro de las instalaciones de la central de Abasto del Distrito Federal.

5)    Las reformas correspondientes a la persecución del narcomenudeo facultan y obligan a las autoridades locales a hacer de su atención y conocimiento dicho problema.

6)    Esta Soberanía considera que es responsabilidad de las autoridades locales hacer su máximo esfuerzo para que se cumpla la Ley vigente en materia de narcomenudeo. Las Autoridades de la Central de Abasto del Distrito Federal, en el marco de su mandato y atribuciones tienen una importante tarea en materia de narcomenudeo que de acuerdo a las quejas públicas de la ciudadanía por la inseguridad en dicha central.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

   

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cita a comparecer ante la Comisión de Fomento Económico de esta Soberanía, al Ing. Raymundo Collins Flores, Director General de la Central de Abastos del Distrito Federal, para el día 5 de noviembre del 2012, a las 11:00 horas, en el Salón Heberto Castillo del Recinto Legislativo de Donceles, a efecto que rinda un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas del Distrito Federal, aplicables en la Central de Abasto del Distrito Federal, visitas de verificación y  determinación de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones jurídicas administrativas aplicables. Lo anterior ante la situación de inseguridad y reportes de embarques de estupefacientes que funcionarios y comerciantes de la central de Abastos del Distrito Federal manifiestan en diversos medios de comunicación,  así como diversas inquietudes que en materia de seguridad y administración de recursos del la Ceda tienen los miembros de esta Soberanía.

El Director General de la Central de Abasto del D.F., deberá enviar a esta Soberanía en un término no menor de 72 horas previo a su comparecencia, la información relativa al objeto de la misma.

La comparecencia del Director General de la Central de Abastos, se hará en los siguientes términos:

1.- Bienvenida por parte del Presidenta de la Comisión de Fomento Económico de la VI Legislatura del Distrito Federal, al Ing. Raymundo Collins Flores, Director General de la Central de Abastos.

2.- Posicionamiento de un Diputado por cada grupo parlamentario, incluido el Partido Nuevo Alianza, aunque no cuenten con representación ante la Comisión por un lapso no mayor de 5 minutos, en el siguiente orden:

Partido Nueva Alianza

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento ciudadano

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3.- Concluida la ronda de posicionamientos la Presidenta de la Comisión de Fomento Económico, dará el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Ing. Raymundo Collins Flores Director General de la Central de Abastos del Distrito Federal para que rinda su informe a esta Soberanía.

4.- Concluida la intervención Director General de la Central de Abastos se refiere el punto 3 del presente resolutivo, se concederá el uso de la palabra a los diputados mencionados en el punto 2 de este mismo resolutivo,  para que en un término máximo de 5 minutos realice los cuestionamientos que a su Derecho convenga al servidor público, contando este último con un tiempo máximo de hasta 5 minutos para dar respuesta de manera inmediata de acuerdo al orden establecido de las preguntas formuladas. Inmediatamente después, el mismo Diputado podrá hacer uso de su derecho de réplica hasta por tres minutos.

5.- Concluida la ronda de preguntas y respuestas, se tendrá por concluida la Comparecencia del Director General de la Central de Abastos

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

   

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ                  DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

COORDINADOR                                                VICECOORDINADOR


[1] Con datos de los Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2012.
[2] La autora sugiere tomar con cautela los datos, porque provienen de una encuesta de ingreso a los CIJ a la que se le modificó el formato.
Published in gaceta
Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ Y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CEDA), bajo la siguiente:

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 18 de octubre de 2012.

  DIP. MARÍA ANGELINA HERNÁNDEZ SOLÍS. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E    

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ Y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CEDA), bajo la siguiente:

   

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),  Sr. Yuri Fedotov,  señaló ante la Asamblea General  de la ONU al presentar el Informe Mundial sobre las Drogas 2012 que las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad, al tiempo que socavan los derechos humanos y plantean riesgos considerables para la salud pública: "La heroína, la cocaína y otras drogas siguen matando a unas 200.000 personas al año, destruyen familias y causan sufrimiento a otros miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH".

Dentro del World Drougs Report de la UNODC se publica el cálculo de que unos 230 millones de personas consumieron una droga ilícita por lo menos una vez en 2010, es decir, el 5% de la población adulta mundial (de 15 a 64 años). Otro dato relevante obtenido de este informe indicó que las personas dependientes de la heroína y la cocaína, a nivel mundial son una de cada 200 habitantes del planeta.

El Informe sobre el Consumo de las Drogas en Las Américas, 2011 de la Organización de Estados Americanos(OEA) para el continente ubica a países como EUA, Guyana, Panamá, Bolivia, Haití, Chile y Argentina con mayores índices de uso de cocaína.

En cuanto al uso de marihuana los países caribeños, exceptuando Cuba y Puerto Rico tienen índices de uso de marihuana que superan al consumo en tabaco para el total de su población.  Países como Canadá reportan que el 17% de su población masculina consume marihuana y 10% de la población femenina en forma regular.  Para México el consumo de marihuana reporta una tasa de 1.03% de la población entre 12 y 64 años donde la tasa de uso es de 1.73 para los hombres y .038 para las mujeres.

México tiene un índice de consumo de 0.48% del total poblacional; donde el 0.67 de los hombres la han consumido y 0.28 de las mujeres recurren a ella.  Esto quiere decir que uno de cada doscientos mexicanos la ha usado el último mes.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA), la más reciente, reporta que uno de cada 40 varones mexicanos ha consumido algún tipo de droga  y uno de cada 43 alguna droga ilegal. En el caso de las mujeres una de cada 70 había hecho uso de alguna droga ilegal  y una de cada 63 de alguna legal.

Cuando pasamos a las tasas de exposición por sexo se encontró que el 28% de los hombres estuvo expuesto a cualquier tipo de droga regalada y sólo 7% de las mujeres enfrentaron la misma situación. Cuando la droga era comprada las tasas cambiaron a 11.5% para los hombres y 2.6% para las mujeres.

Del estudio 2008 de la ENA para el DF (último disponible), a nivel nacional el DF se encuentra por encima de la media en el consumo de estupefacientes, siendo Quintana Roo el de mayores tasas.  Mariguana, cocaína y metanfetaminas son las drogas de mayor consumo. Las cifras dicen que 12% de los hombres del DF consumen o han consumido algún tipo de droga ilegal, y el porcentaje es cercano al 7% en el caso de las mujeres.

En las conclusiones de esta encuesta se muestra que hay una mayor exposición a la oportunidad de consumo en el Distrito Federal que en el resto del país, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la proporción con relación a los datos nacionales, es más elevada en mujeres que en hombres. Así como la población más joven, quienes ya no estudian o que viven sólo con su papá, son quienes están más expuestos y consumen drogas en mayor proporción.

Otras cifras más alarmantes para el Distrito Federal son los datos de la Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la Ciudad de México, que elaboran el Instituto Nacional de Siquiatría y la Secretaría de Educación Pública en jóvenes matriculados. Reportaron que en el DF el consumo de alguna droga ilegal por los jóvenes educandos pasó de 14 por ciento en 2006 a 18.3 por ciento en 2009. Además que 18.25%de los estudiantes de nivel medio y medio superior del DF han consumido algún estupefaciente, lo que equivale a 176 mil adolescentes, considerando que la matrícula total de ambos niveles era de 964 mil jóvenes en 2009.

El dato más reciente lo aporta el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas, en un estudio dirigido por Alma Delia Gutiérrez López titulado “Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil” con datos al primer semestre de 2011. En este el DF atendió 3,459 (alrededor de mil casos más que el semestre anterior cuando atendió a 2,174 casos) en los Centros de Integración Juvenil de su demarcación. Esta cifra representa el 30% de los casos nacionales atendidos por estos centros. Sólo seguido por el Estado de México con el 12% de los casos. Ambos, en conjunto concentran el 42% de los casos de alguna dependencia que recurrieron los Centros de Integración Juvenil[1],[2].

Para organismos internacionales, así como instituciones académicas, no gubernamentales, de salud y justicia, es claro que se trata de un problema social cuya principal arista es la salud pública.  Para los habitantes del Distrito Federal es de especial atención, ya que las tasas de consumo son de las más altas del país y las de  exposición a las drogas ilegales la mayor a nivel nacional.  Mismas que se incrementan cuando se focalizan en los grupos poblacionales en edad escolar.

El problema tiene repercusiones en el tejido social, en la cultura de su ciudadanía y no hablar de las finanzas de los servicios de salud y de las instituciones justicia locales y nacionales.

En términos de las disposiciones jurídicas correspondiente,s el 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales. En esencia dichas reformas tienen por objeto que la Federación se hará cargo del fenómeno de narcotráfico y las entidades federativas del narcomenudeo.

Un estudio del INACPE encabezado por Álvaro Vizcaíno Zamora aporta la siguiente tabla para interpretar las reformas en comento y sus respectivas competencias.

 
Sustancia Consumo personal (hasta) Narcomenudeo estatal (hasta) Narcotráfico Competencia federal
Marihuana 5 gr. 4.9 Kgs. Desde 5 Kgs.
Cocaína 500 mg. 499 gramos Desde 500 gramos
Opio 2 gr. 1.9 Kgs. Desde 2 Kgs.
Heroína 50 mg. 49.9 gramos Desde 50 gramos
LSD 0.015 mg.

14.9 mg.

Desde 15 mg.
MDA, MDMA y Metanfetaminas 40 mgs. polvo/ 200 mgs. Tabletas 39.9 grs. polvo/ 199.9 grs. Tabletas Desde 40 grs. polvo/200 grs. tableta

Fuente: INACIPE

En el mes de  de abril de 2011 la ALDF aprobó las reformas correspondientes en materia de narcomenudeo al incluir modificaciones al Código Penal y Ley Orgánica del Tribunal de Justicia. En estas se facultó a los juzgados penales y de justicia para adolescentes de la capital a conocer los delitos en materia de narcomenudeo, y obliga al gobierno local a impulsar medidas para combatir las adicciones y los daños provocados por estas, entre otras disposiciones relacionadas.

De ahí nuestra preocupación por el siguiente tema.

El 8 de octubre del 2012 el periódico Reforma presentó un reportaje titulado “Controla crimen Central de Abasto” en el que da cuenta de la Venta de drogas, secuestros, robos, extorsiones y prostitución, que operan y controlan grupos organizados, azotan la Central de Abasto del DF (Ceda). En dicho reportaje, comerciantes, funcionarios y bodegueros que solicitaron anonimato reportaban diversas actividades delictivas dentro de la Central de Abastos.

Un comerciante citado en dicho reportaje mencionó lo siguiente:

“La droga la meten camuflada con la fruta, en las flores, legumbres o entre costales. En la zona de bodegas llegan los cargamentos más duros"

 

De acuerdo a datos de la propia página electrónica de la Central, en ella se comercializa el 30% de la producción hortofrutícola de la República Mexicana.  Ahí se comercializan productos de 24 estados de la República Mexicana, por lo que en ella también se determina y fija el precio de los hortofrutícolas a nivel nacional.

El valor de su operación comercial de compra y venta asciende aproximadamente a 9 mil millones de dólares anuales, cifra que sólo es superada por el mercado bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores.

Diariamente llegan 2 mil tráileres, 150 camiones torton y 57 mil vehículos para el abasto y desabasto de productos y acuden 350 mil visitantes a realizar transacciones comerciales; en épocas especiales (Romerías de Semana Santa, Día de Muertos y Navidad), se reciben hasta 500 mil visitantes al día.

Para su operación cotidiana y para el cumplimiento de su objeto, la Central cuenta con todas las autoridades del Distrito Federal en materia de seguridad, además del área federal antinarcóticos,  la Procuraduría General de la República,  un sector completo de la Policía Preventiva y elementos de la Policía Auxiliar. Todos son coordinados por un General del Ejército Mexicano.

Derivado de ello es que los reportes periodísticos, así como las declaraciones de particulares, relativos a actividades de narcomenudeo al interior de sus instalaciones, cobran una especial relevancia.

 

La Central de Abastos está constituida como un fideicomiso desde el 7 de julio de 1981 con una vigencia de 99 años con base en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Económico, así como los Participantes adheridos al Fideicomiso tienen carácter de fideicomitente y fideicomisario y, como institución fiduciaria, el Banco Santander Mexicano. Fue inaugurada en 1982.

La estructura administrativa de la Central de Abasto se enmarca en lo siguiente. De acuerdo a la página electrónica del FICEDA el órgano de gobierno de la Central de Abasto lo constituye el Comité Técnico y de Distribución de Fondos integrado, paritariamente, por representantes del Sector Privado y del Sector Público de los gobiernos local y federal. El Presidente es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal quien cuenta con voto de calidad.

Para 1985 se creó de manera complementaria la Dirección General por un dictamen de la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal. Algunas de sus funciones principales consisten en: vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas del Distrito Federal, aplicables en la Central de Abasto del Distrito Federal, así como ordenar las visitas de verificación, determinando las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones jurídicas administrativas aplicables.

Por ello es necesario entablar un diálogo con el Director General de la CEDA que nos permita contar con información y elementos suficientes relacionados con la situación de inseguridad y reportes de embarques de estupefacientes que funcionarios y comerciantes de la central de Abastos del Distrito Federal manifiestan en diversos medios de comunicación,  así como con diversas inquietudes que en materia de seguridad y administración de recursos del la Central tienen los miembros de esta Soberanía.

En este orden de ideas, no debemos perder de vista las siguientes consideraciones:

1)    El consumo de drogas es un problema de salud pública que no sólo impacta la salud de quien la consume, impacta en el entorno familia, el tejido social y hasta en las finanzas públicas de las instituciones dedicadas a la provisión de servicios de salud y justicia locales y de orden federal

2)    Que a nivel nacional el DF y la zona metropolitana de la Ciudad de México, por su densidad poblacional, concentran la mayor cantidad de consumidores de estupefacientes en términos absolutos y en el caso de la exposición a las drogas el primer lugar a nivel nacional.

3)    La Central de Abasto del DF es el mercado más importante de introducción de mercancías hortofrutícolas del país y la de mayor influencia al mercado nacional.

4)    A pesar de los operativos y reportes oficiales sobre delitos en la zona continúan las quejas ciudadanas sobre la inseguridad y el narcomenudeo dentro de las instalaciones de la central de Abasto del Distrito Federal.

5)    Las reformas correspondientes a la persecución del narcomenudeo facultan y obligan a las autoridades locales a hacer de su atención y conocimiento dicho problema.

6)    Esta Soberanía considera que es responsabilidad de las autoridades locales hacer su máximo esfuerzo para que se cumpla la Ley vigente en materia de narcomenudeo. Las Autoridades de la Central de Abasto del Distrito Federal, en el marco de su mandato y atribuciones tienen una importante tarea en materia de narcomenudeo que de acuerdo a las quejas públicas de la ciudadanía por la inseguridad en dicha central.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

   

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cita a comparecer ante la Comisión de Fomento Económico de esta Soberanía, al Ing. Raymundo Collins Flores, Director General de la Central de Abastos del Distrito Federal, para el día 5 de noviembre del 2012, a las 11:00 horas, en el Salón Heberto Castillo del Recinto Legislativo de Donceles, a efecto que rinda un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas del Distrito Federal, aplicables en la Central de Abasto del Distrito Federal, visitas de verificación y  determinación de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones jurídicas administrativas aplicables. Lo anterior ante la situación de inseguridad y reportes de embarques de estupefacientes que funcionarios y comerciantes de la central de Abastos del Distrito Federal manifiestan en diversos medios de comunicación,  así como diversas inquietudes que en materia de seguridad y administración de recursos del la Ceda tienen los miembros de esta Soberanía.

El Director General de la Central de Abasto del D.F., deberá enviar a esta Soberanía en un término no menor de 72 horas previo a su comparecencia, la información relativa al objeto de la misma.

La comparecencia del Director General de la Central de Abastos, se hará en los siguientes términos:

1.- Bienvenida por parte del Presidenta de la Comisión de Fomento Económico de la VI Legislatura del Distrito Federal, al Ing. Raymundo Collins Flores, Director General de la Central de Abastos.

2.- Posicionamiento de un Diputado por cada grupo parlamentario, incluido el Partido Nuevo Alianza, aunque no cuenten con representación ante la Comisión por un lapso no mayor de 5 minutos, en el siguiente orden:

Partido Nueva Alianza

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento ciudadano

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3.- Concluida la ronda de posicionamientos la Presidenta de la Comisión de Fomento Económico, dará el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Ing. Raymundo Collins Flores Director General de la Central de Abastos del Distrito Federal para que rinda su informe a esta Soberanía.

4.- Concluida la intervención Director General de la Central de Abastos se refiere el punto 3 del presente resolutivo, se concederá el uso de la palabra a los diputados mencionados en el punto 2 de este mismo resolutivo,  para que en un término máximo de 5 minutos realice los cuestionamientos que a su Derecho convenga al servidor público, contando este último con un tiempo máximo de hasta 5 minutos para dar respuesta de manera inmediata de acuerdo al orden establecido de las preguntas formuladas. Inmediatamente después, el mismo Diputado podrá hacer uso de su derecho de réplica hasta por tres minutos.

5.- Concluida la ronda de preguntas y respuestas, se tendrá por concluida la Comparecencia del Director General de la Central de Abastos

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

   

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ                  DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

COORDINADOR                                                VICECOORDINADOR



[1] Con datos de los Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2012.

[2] La autora sugiere tomar con cautela los datos, porque provienen de una encuesta de ingreso a los CIJ a la que se le modificó el formato.

Published in gaceta
Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO, bajo la siguiente:

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 13 de noviembre de 2012.

  DIP. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E      

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO, bajo la siguiente:

   

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

En días pasados, en el Pleno de esta Asamblea Legislativa durante la discusión de dictámenes relativos a las modificaciones de los usos de suelo a solicitud de particulares, se analizaron varios en los que claramente se podía evidenciar un actuar deficiente por parte de la autoridad al momento de otorgar permisos y verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los particulares.

Señalamos que más allá de aprobar o desechar un asunto, lo importante era conocer las causas que originaron las solicitudes para estar en oportunidad también de señalar el incurrimiento en responsabilidades por parte de las mismas autoridades.  Tal es el caso de varios dictámenes aprobados por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la V Legislatura.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122, Base Primera, Fracción V, inciso j), de manera categórica establece que esta Soberanía se encuentra facultada para legislar en materia de desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo.

En este sentido, la palabra legislar hace referencia a que como Legisladores podamos adicionar, reformar, modificar, derogar y abrogar Leyes. Por ello, no podemos estar supeditados a tiempos y sanciones de carácter netamente administrativas y aplicarse la afirmativa ficta, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y especialmente en lo que tiene que ver con temas de aprobación de Programas Delegacionales, Parciales, Modificaciones de Uso de suelo y Áreas de Gestión Estratégica.

Sin embargo, si bien es cierto que como Órgano Legislativo tenemos esa encomienda, para llevarla a cabo debemos contar con las herramientas que nos permitan hacerla de manera clara, transparente y eficiente y sobre todo, atendiendo a los principios que establece nuestra Constitución Política en sus artículo 14 y 16, relativos a la certeza y seguridad jurídica. Así también lo dispone la propia Ley Orgánica de la ALDF:

“ARTÍCULO 11.- La Asamblea está facultada para expedir normas de observancia general y obligatoria en el Distrito Federal con el carácter de leyes o decretos en las materias expresamente determinadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Asimismo podrá realizar foros de consulta pública, promoción, gestión, evaluación de las políticas públicas y supervisión de las acciones administrativas y de gobierno encaminadas a satisfacer las necesidades sociales de la población de la entidad. Además vigilar la asignación, aplicación y transparencia de los recursos presupuestales disponibles de la hacienda pública local.”

Lo anterior resulta de gran relevancia para los efectos de la presente proposición, ya que no es posible legislar y atender al mandato constitucional de hacerlo, cuando la legislación secundaria que hay que atender para realizar tal tarea, viola los mismos principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, al contener normas obscuras, contradictorias y sin reglamentación.

A continuación nos permitiremos hacer mención de algunas.

a)    En la Ley de Desarrollo Urbano vigente, no se establecen tiempos de vigencia de los Programas General, Delegacional y Parciales del Distrito Federal, y su artículo 35 solo establece que los programas y sus modificaciones serán formulados con base en los resultados que arroje el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano.

Sin embargo, el Reglamento de la Ley establece en el Artículo 9 que la revisión de los programas se hará en función de las determinaciones del sistema de información y evaluación, la cual se realizará por lo menos cada 3 años.

b)    No se establece de manera clara el reconocimiento y participación de los Comités Vecinales y Consejos de Pueblos durante el proceso de formulación y modificaciones a los Programas General, Delegacionales, Parciales y modificaciones a los usos de suelo realizados por particulares.

Sobre este punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha resuelto a través de diversas Tesis Jurisprudenciales. 9ª. Época, Pleno, diciembre de 1995, Página 206.

 

“CONSEJOS DE CIUDADANOS. SON ORGANOS DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

De lo dispuesto en el artículo 122 constitucional, parte inicial, se advierte que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes de la Unión, que lo ejercerán por sí y a través de los órganos de gobierno representativos y democráticos, caracteres estos que no pueden negarse a los Consejos de Ciudadanos, ya que dentro de las funciones que la ley les encomienda, fundamentalmente en los artículos 120, 121 y 123 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 35 de la Ley de Participación Ciudadana, destaca, como característica indiscutible de poder público, la de aprobación de los programas operativos anuales que los delegados deben someter necesariamente a su consideración, atribución a través de la cual, los Consejos de Ciudadanos pueden aplazar los programas anuales delegacionales o hacer que se modifiquen; y aun en su aparentemente inocua función de gestión, pueden afectar intereses particulares como cualquier autoridad con iniciativa de acción administrativa, pues al tomar participación en ella, influyen sobre la autoridad correspondiente, sea ordenadora o ejecutora, para actuar en aspectos que pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados.”

 

Más aún, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, no son reconocidos los mismos como autoridades en la materia y en cuanto a su intervención y participación en la formulación de los programas General, Delegacionales  y Parciales, así como en lo que tiene que ver con la modificación a los usos de suelo, ésta se reduce a una invitación que el Jefe Delegacional realiza (no la SEDUVI) para que emitan su opinión. Este disposición implica que los comités vecinales y consejos de pueblos son considerados como apéndices de las Delegaciones, cuando su integración se realiza a través de votación directa, libre y secreta.

c)           Se establece para el caso de la Asamblea Legislativa, solo la facultad de aprobar los Programas General, Delegacional y Parciales de desarrollo urbano que envía el Jefe de Gobierno a  esta Soberanía, tal y como lo establece el artículo 5 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano, lo cual muestra una clara incongruencia con lo que establece la fracción I del precepto legal invocado.

La fracción I establece  la facultad que tiene este Órgano Legislativo de legislar en materia de planeación del desarrollo, en desarrollo urbano, particularmente en uso de suelo. No obstante, derivado de lo que dispone la fracción II, no se le reconoce a la ALDF la atribución de desechar la propuesta o modificarla.

Es decir, esta Soberanía realiza sobre el particular un mero trámite de oficialía de partes de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, siendo vista como parte de la Administración Pública de la Ciudad, lo cual es erróneo e inconstitucional.

d)    Adicionalmente a los puntos anteriores, los cuales se han señalado como botones de muestra, resulta impostergable realizar una revisión exhaustiva de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad, toda vez que en los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley vigente, se establece lo siguiente:

“TERCERO. Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicadas el 29 de enero de 1996, continuarán en vigor, en lo que no contradigan a las disposiciones de esta Ley, hasta en tanto no se expidan otras nuevas.

 

CUARTO.- Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, Recursos Administrativos, y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la ley anterior.”

Sin embargo, el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano fue reformado por última vez en el año 2004, por lo que las figuras jurídicas que regula así como los procedimientos que establece, forman parte de la Ley anterior (1996), en donde existen figuras anacrónicas que ya han sido rebasadas como el Juicio de Lesividad (forma de control ciudadano a las violaciones de uso de suelo y las modificaciones ilegales al mismo).

e)    De igual forma, en la Ley anterior (1996), se establecían claramente las facultades tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como de la Secretaría de Medio Ambiente, en lo relativo a la zonificación del uso de suelo en suelo urbano y de conservación. Es decir, las autoridades en materia de uso de suelo eran ambas dependencias, situación que beneficiaba la sustentabilidad de la Ciudad al darle un cariz ecológico a los usos de suelo.

La Ley de Desarrollo Urbano vigente solo reconoce como autoridad a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como la única que realiza como Dependencia la formulación de los Programas General, Delegacionales y Parciales, lo cual resulta un contrasentido, toda vez que en el Distrito Federal, 9 Delegaciones cuentan con suelo de conservación. Por ello es necesario el reconocimiento como autoridad en la materia a la Secretaria de Medio Ambiente, pues debe participar del desarrollo de la ciudad para que los usos de suelo y las estrategias de desarrollo sean sustentables

f)     Otro ejemplo de lo rebasada que ha quedado la ley lo tuvimos el pasado día jueves cuando la Asamblea no aprobó modificaciones de uso de suelo realizado por particulares, lo mismo para construir conjuntos habitacionales, como deportivos y oficinas. Sin embargo, más allá de aprobar o no cambios de uso de suelo, existe una realidad que la ley tampoco contempla, que es el relativo a las sanciones que debe haber para las personas o servidores públicos que en su momento incurrieron en una responsabilidad al otorgar permios o no verificar el cumplimiento de requisitos.

Sobre el particular, no debemos perder de vista que para dar de alta un establecimiento mercantil es necesario exhibir el certificado de uso de suelo que expide la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda ante la Secretaría de Desarrollo Económico, o en el caso de construcción o modificación en materia de obras, es necesario para la Licencia o Manifestación de construcción ante la Delegación correspondiente.

En este aspecto es importante destacar que de acuerdo al Artículo 343 Bis del Código Penal vigente, quien hace un uso distinto al permitido u obtenga un beneficio económico derivado de dicha conducta, se le impone de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa, pero la ley es omisa al respecto. Lo anterior quiere decir que se permite el ingreso de solicitudes para modificar usos de suelo, por actos que actualmente son considerados como delito.

g)    El caso de la afirmativa ficta es otra grave inconsistencia que presenta la Ley de Desarrollo urbano. Por virtud de ésta, si la ALDF no se pronuncia  respecto de la aprobación de Programas o modificaciones de uso de suelo, estas se entiende como aprobadas una vez que ha trascurrido el tiempo que la ley marca: 20 días para modificaciones de particulares y 40 para modificaciones por parte de la autoridad.

h)   El procedimiento legislativo es otro asunto donde la actual Ley de desarrollo urbano viola la esfera de facultades del esta Soberanía, ya que para legislar en la materia se le acotan los plazos que según la normatividad interna de la Asamblea deben existir para analizar las iniciativas que son puestas a su consideración.

i)     Por otro lado, el artículo 41 de la misma Ley de desarrollo urbano menciona que el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, podrá enviar iniciativas en materia de Programas de desarrollo y modificación de usos de suelo, en clara contravención a lo establecido por la Constitución General que de manera contundente establece quienes son facultados para ejercer el derecho de iniciativa, es decir, el Jefe de Gobierno, los Diputados a la Asamblea Legislativa y los ciudadanos a través de las Iniciativas populares.

Todo lo anterior son solo algunas de las razones por las que concluimos que la actual ley debe revisarse a profundidad, de tal suerte que se convierta en una legislación reguladora y facilitadora, que otorgue certeza jurídica a todos los involucrados en el tema, y deje de ser oscura, contradictoria e inconstitucional.

Si no damos prioridad a estas consideraciones, el desarrollo urbano de la Ciudad estará basado en lineamientos y criterios anacrónicos y obsoletos que impedirán darle rumbo al crecimiento y a la sustentabilidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

   

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta Soberanía, que de manera inmediata organice, convoque y realice Mesas de Trabajo en donde participen las Comisiones Ordinarias de esta Soberanía, las Dependencias y Entidades del Gobierno local, Colegios y Barras de Arquitectos, Ingenieros y Urbanistas; Instituciones Educativas Públicas y Privadas y a las organizaciones de la sociedad civil involucradas,  con el fin de crear una nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal.

SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, que mediante el procedimiento interno que corresponda, suspenda el inicio de los trámites a que se refieren los artículos 38 (formulación y aprobación de Programas), 41 (modificación de usos de suelo solicitados por particulares) y 46 (áreas de gestión estratégica), todos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el hasta en tanto no se publique una nueva Ley de la materia y su correlativo Reglamento.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

 

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

                        COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Published in gaceta
Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO, bajo la siguiente:

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 13 de noviembre de 2012.

  DIP. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E      

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO, bajo la siguiente:

   

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

En días pasados, en el Pleno de esta Asamblea Legislativa durante la discusión de dictámenes relativos a las modificaciones de los usos de suelo a solicitud de particulares, se analizaron varios en los que claramente se podía evidenciar un actuar deficiente por parte de la autoridad al momento de otorgar permisos y verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los particulares.

Señalamos que más allá de aprobar o desechar un asunto, lo importante era conocer las causas que originaron las solicitudes para estar en oportunidad también de señalar el incurrimiento en responsabilidades por parte de las mismas autoridades.  Tal es el caso de varios dictámenes aprobados por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la V Legislatura.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122, Base Primera, Fracción V, inciso j), de manera categórica establece que esta Soberanía se encuentra facultada para legislar en materia de desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo.

En este sentido, la palabra legislar hace referencia a que como Legisladores podamos adicionar, reformar, modificar, derogar y abrogar Leyes. Por ello, no podemos estar supeditados a tiempos y sanciones de carácter netamente administrativas y aplicarse la afirmativa ficta, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y especialmente en lo que tiene que ver con temas de aprobación de Programas Delegacionales, Parciales, Modificaciones de Uso de suelo y Áreas de Gestión Estratégica.

Sin embargo, si bien es cierto que como Órgano Legislativo tenemos esa encomienda, para llevarla a cabo debemos contar con las herramientas que nos permitan hacerla de manera clara, transparente y eficiente y sobre todo, atendiendo a los principios que establece nuestra Constitución Política en sus artículo 14 y 16, relativos a la certeza y seguridad jurídica. Así también lo dispone la propia Ley Orgánica de la ALDF:

“ARTÍCULO 11.- La Asamblea está facultada para expedir normas de observancia general y obligatoria en el Distrito Federal con el carácter de leyes o decretos en las materias expresamente determinadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Asimismo podrá realizar foros de consulta pública, promoción, gestión, evaluación de las políticas públicas y supervisión de las acciones administrativas y de gobierno encaminadas a satisfacer las necesidades sociales de la población de la entidad. Además vigilar la asignación, aplicación y transparencia de los recursos presupuestales disponibles de la hacienda pública local.”

Lo anterior resulta de gran relevancia para los efectos de la presente proposición, ya que no es posible legislar y atender al mandato constitucional de hacerlo, cuando la legislación secundaria que hay que atender para realizar tal tarea, viola los mismos principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, al contener normas obscuras, contradictorias y sin reglamentación.

A continuación nos permitiremos hacer mención de algunas.

a)    En la Ley de Desarrollo Urbano vigente, no se establecen tiempos de vigencia de los Programas General, Delegacional y Parciales del Distrito Federal, y su artículo 35 solo establece que los programas y sus modificaciones serán formulados con base en los resultados que arroje el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano.

Sin embargo, el Reglamento de la Ley establece en el Artículo 9 que la revisión de los programas se hará en función de las determinaciones del sistema de información y evaluación, la cual se realizará por lo menos cada 3 años.

b)    No se establece de manera clara el reconocimiento y participación de los Comités Vecinales y Consejos de Pueblos durante el proceso de formulación y modificaciones a los Programas General, Delegacionales, Parciales y modificaciones a los usos de suelo realizados por particulares.

Sobre este punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha resuelto a través de diversas Tesis Jurisprudenciales. 9ª. Época, Pleno, diciembre de 1995, Página 206.

 

“CONSEJOS DE CIUDADANOS. SON ORGANOS DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

De lo dispuesto en el artículo 122 constitucional, parte inicial, se advierte que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes de la Unión, que lo ejercerán por sí y a través de los órganos de gobierno representativos y democráticos, caracteres estos que no pueden negarse a los Consejos de Ciudadanos, ya que dentro de las funciones que la ley les encomienda, fundamentalmente en los artículos 120, 121 y 123 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 35 de la Ley de Participación Ciudadana, destaca, como característica indiscutible de poder público, la de aprobación de los programas operativos anuales que los delegados deben someter necesariamente a su consideración, atribución a través de la cual, los Consejos de Ciudadanos pueden aplazar los programas anuales delegacionales o hacer que se modifiquen; y aun en su aparentemente inocua función de gestión, pueden afectar intereses particulares como cualquier autoridad con iniciativa de acción administrativa, pues al tomar participación en ella, influyen sobre la autoridad correspondiente, sea ordenadora o ejecutora, para actuar en aspectos que pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados.”

 

Más aún, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, no son reconocidos los mismos como autoridades en la materia y en cuanto a su intervención y participación en la formulación de los programas General, Delegacionales  y Parciales, así como en lo que tiene que ver con la modificación a los usos de suelo, ésta se reduce a una invitación que el Jefe Delegacional realiza (no la SEDUVI) para que emitan su opinión. Este disposición implica que los comités vecinales y consejos de pueblos son considerados como apéndices de las Delegaciones, cuando su integración se realiza a través de votación directa, libre y secreta.

c)           Se establece para el caso de la Asamblea Legislativa, solo la facultad de aprobar los Programas General, Delegacional y Parciales de desarrollo urbano que envía el Jefe de Gobierno a  esta Soberanía, tal y como lo establece el artículo 5 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano, lo cual muestra una clara incongruencia con lo que establece la fracción I del precepto legal invocado.

La fracción I establece  la facultad que tiene este Órgano Legislativo de legislar en materia de planeación del desarrollo, en desarrollo urbano, particularmente en uso de suelo. No obstante, derivado de lo que dispone la fracción II, no se le reconoce a la ALDF la atribución de desechar la propuesta o modificarla.

Es decir, esta Soberanía realiza sobre el particular un mero trámite de oficialía de partes de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, siendo vista como parte de la Administración Pública de la Ciudad, lo cual es erróneo e inconstitucional.

d)    Adicionalmente a los puntos anteriores, los cuales se han señalado como botones de muestra, resulta impostergable realizar una revisión exhaustiva de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad, toda vez que en los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley vigente, se establece lo siguiente:

“TERCERO. Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicadas el 29 de enero de 1996, continuarán en vigor, en lo que no contradigan a las disposiciones de esta Ley, hasta en tanto no se expidan otras nuevas.

 

CUARTO.- Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, Recursos Administrativos, y las Acciones Públicas que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán hasta su total solución en términos de la ley anterior.”

Sin embargo, el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano fue reformado por última vez en el año 2004, por lo que las figuras jurídicas que regula así como los procedimientos que establece, forman parte de la Ley anterior (1996), en donde existen figuras anacrónicas que ya han sido rebasadas como el Juicio de Lesividad (forma de control ciudadano a las violaciones de uso de suelo y las modificaciones ilegales al mismo).

e)    De igual forma, en la Ley anterior (1996), se establecían claramente las facultades tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como de la Secretaría de Medio Ambiente, en lo relativo a la zonificación del uso de suelo en suelo urbano y de conservación. Es decir, las autoridades en materia de uso de suelo eran ambas dependencias, situación que beneficiaba la sustentabilidad de la Ciudad al darle un cariz ecológico a los usos de suelo.

La Ley de Desarrollo Urbano vigente solo reconoce como autoridad a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como la única que realiza como Dependencia la formulación de los Programas General, Delegacionales y Parciales, lo cual resulta un contrasentido, toda vez que en el Distrito Federal, 9 Delegaciones cuentan con suelo de conservación. Por ello es necesario el reconocimiento como autoridad en la materia a la Secretaria de Medio Ambiente, pues debe participar del desarrollo de la ciudad para que los usos de suelo y las estrategias de desarrollo sean sustentables

f)     Otro ejemplo de lo rebasada que ha quedado la ley lo tuvimos el pasado día jueves cuando la Asamblea no aprobó modificaciones de uso de suelo realizado por particulares, lo mismo para construir conjuntos habitacionales, como deportivos y oficinas. Sin embargo, más allá de aprobar o no cambios de uso de suelo, existe una realidad que la ley tampoco contempla, que es el relativo a las sanciones que debe haber para las personas o servidores públicos que en su momento incurrieron en una responsabilidad al otorgar permios o no verificar el cumplimiento de requisitos.

Sobre el particular, no debemos perder de vista que para dar de alta un establecimiento mercantil es necesario exhibir el certificado de uso de suelo que expide la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda ante la Secretaría de Desarrollo Económico, o en el caso de construcción o modificación en materia de obras, es necesario para la Licencia o Manifestación de construcción ante la Delegación correspondiente.

En este aspecto es importante destacar que de acuerdo al Artículo 343 Bis del Código Penal vigente, quien hace un uso distinto al permitido u obtenga un beneficio económico derivado de dicha conducta, se le impone de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa, pero la ley es omisa al respecto. Lo anterior quiere decir que se permite el ingreso de solicitudes para modificar usos de suelo, por actos que actualmente son considerados como delito.

g)    El caso de la afirmativa ficta es otra grave inconsistencia que presenta la Ley de Desarrollo urbano. Por virtud de ésta, si la ALDF no se pronuncia  respecto de la aprobación de Programas o modificaciones de uso de suelo, estas se entiende como aprobadas una vez que ha trascurrido el tiempo que la ley marca: 20 días para modificaciones de particulares y 40 para modificaciones por parte de la autoridad.

h)   El procedimiento legislativo es otro asunto donde la actual Ley de desarrollo urbano viola la esfera de facultades del esta Soberanía, ya que para legislar en la materia se le acotan los plazos que según la normatividad interna de la Asamblea deben existir para analizar las iniciativas que son puestas a su consideración.

i)     Por otro lado, el artículo 41 de la misma Ley de desarrollo urbano menciona que el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, podrá enviar iniciativas en materia de Programas de desarrollo y modificación de usos de suelo, en clara contravención a lo establecido por la Constitución General que de manera contundente establece quienes son facultados para ejercer el derecho de iniciativa, es decir, el Jefe de Gobierno, los Diputados a la Asamblea Legislativa y los ciudadanos a través de las Iniciativas populares.

Todo lo anterior son solo algunas de las razones por las que concluimos que la actual ley debe revisarse a profundidad, de tal suerte que se convierta en una legislación reguladora y facilitadora, que otorgue certeza jurídica a todos los involucrados en el tema, y deje de ser oscura, contradictoria e inconstitucional.

Si no damos prioridad a estas consideraciones, el desarrollo urbano de la Ciudad estará basado en lineamientos y criterios anacrónicos y obsoletos que impedirán darle rumbo al crecimiento y a la sustentabilidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

   

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta Soberanía, que de manera inmediata organice, convoque y realice Mesas de Trabajo en donde participen las Comisiones Ordinarias de esta Soberanía, las Dependencias y Entidades del Gobierno local, Colegios y Barras de Arquitectos, Ingenieros y Urbanistas; Instituciones Educativas Públicas y Privadas y a las organizaciones de la sociedad civil involucradas,  con el fin de crear una nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal.

SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, que mediante el procedimiento interno que corresponda, suspenda el inicio de los trámites a que se refieren los artículos 38 (formulación y aprobación de Programas), 41 (modificación de usos de suelo solicitados por particulares) y 46 (áreas de gestión estratégica), todos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el hasta en tanto no se publique una nueva Ley de la materia y su correlativo Reglamento.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

 

 

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

                        COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Published in gaceta
Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL, , bajo la siguiente:

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 25 de octubre de 2012.

  DIP. MARÍA ANGELINA HERNÁNDEZ SOLÍS. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E    

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL, , bajo la siguiente:

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

“El político se convierte en estadista cuando

comienza a pensar en las próximas generaciones

y no en las próximas elecciones.

Winston Churchill

   

El Distrito Federal es la sede de los Poderes de la Unión y por ello es una Entidad sui generis sujeta aun régimen constitucional especial. La naturaleza jurídica del mismo y sus distintos Órganos de gobierno, a través de la historia, ha sido objeto de diversas modificaciones a nivel Constitucional y legal que constituyen los antecedentes de este nuevo procedimiento de Reforma Política del Distrito Federal en el que nos hayamos inmersos.

El quehacer político del Distrito Federal, desde la época prehispánica como sede del Imperio Mexica, en donde se centralizaron los poderes Estatales e Religiosos, son mostrados por las crónicas de Cortés y de manera mas profunda a través de Bernal Díaz del Castillo, a través de su obra “La Verdadera Historia”, en donde hace referencia a la organización político-mistisista de los mexicas.

De igual forma, durante los 300 años en que nuestro país fue parte del Reino de España, es en la Ciudad de México donde se establecen los Poderes de la Corona y de la Iglesia, historia que ha sido reiterada a lo largo del México Independiente, en donde solo en algunos casos, la residencia de los Poderes ha sido ubicada en otras ciudades, como Juárez y Veracruz.

Durante las discusiones del Constituyente de 1917, se estableció que el Distrito Federal tendría un régimen centralizado y la legislación y gobierno quedaban depositados en los Órganos Federales respectivamente, es decir, el Honorable Congreso de la Unión y el Presidente de la República, quien ejerció el poder ejecutivo de la Ciudad a través de un Regente.

Ya en los años 20´s del siglo pasado, se establece al Distrito Federal como un Departamento Administrativo, dependiente del Ejecutivo y con competencia territorial específica, delegando en sus funciones en los entonces Departamentos Delegacionales, que actualmente son la Demarcaciones Territoriales.

Sin duda, el primer gran paso democrático en la Ciudad de México se dio en el año de 1986, en donde después de los terribles acontecimientos de septiembre del año 85, se levantaron las conciencias de ciudadanos del Distrito Federal derivando en la modificación Constitucional para crear la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Esta creación fue el resultado de las demandas ciudadanas inaplazables, en donde de igual forma participaron diversos sectores políticos y sociales y donde principalmente existió la voluntad política para lograr esos cambios.

Sin embargo, los tiempos y la toma de conciencia y participación ciudadana en los temas de la Ciudad, hicieron impostergable que en el año de 1993 nuevamente se reconocieran los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal, aunque de manera limitada, logrando de manera parcial una autonomía legislativa y del Ejecutivo local. Con en esta modificación a la Constitución se le otorgó a la Asamblea  facultades para legislar específicas.

En el año de 1996, el Congreso de la Unión, concedió mayores facultades a la Asamblea Legislativa y se reconoció el derecho de los ciudadanos de elegir, por primera vez, mediante voto directo, la Jefe de Gobierno del Distrito Federal, creándose los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales electos por los ciudadanos del Distrito Federal.

Toda vez que esta Soberanía ya contaba con atribuciones para Legislar con limitantes en el Distrito Federal, y en materia federal, solo en aquello que sea atribución de la Asamblea, es cuando la entonces II Legislatura, presentó una Iniciativa de reformas constitucionales ante la Cámara de Diputados, en donde se proponían al Congreso de la Unión que la Asamblea Legislativa tuviera atribuciones como la autorización del endeudamiento de la Ciudad; el Jefe de Gobierno fuera el que designara al Procurador de Justicia y Secretario de Seguridad Pública, entre otras.

Así, en el año 2001, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto de la Iniciativa de reforma al Artículo 122 Constitucional, y en el año 2002, el Senado de la República, desechó la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con lo que el avance democrático de la Ciudad fue detenido.

Han pasado 10 años desde que esta Soberanía hizo un primer intento por avanzar por la igualdad de los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad, obteniendo como respuesta el desechar el trabajo consensado y que enmarcaba la realidad jurídica de ese entonces para la gobernabilidad de la Ciudad.

Ahora bien, durante la V Legislatura de la Asamblea Legislativa, los Diputados y Diputadas, decidieron constituir una Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, integrada por todos los coordinadores los Grupo Parlamentarios que formaron parte de dicha Legislatura. Los objetivos de la Comisión fueron, entre otros, el redefinir la naturaleza jurídica del Distrito Federal; rediseñar el esquema de distribución de competencias entre los Poderes Federales y los Órganos de Gobierno del Distrito Federal; de igual forma se propuso la abrogación del Estatuto de Gobierno, con el fin de crear una Constitución para el Distrito Federal, en el caso de aprobarse la creación de una nueva Entidad Federativa, o el crear un Estatuto Constitucional, en el caso que la Ciudad conservara su status vigente, como sede de los Poderes Federales; adicionalmente se proponía la modificación de la legislación secundaria, es decir, leyes, códigos y reglamentos de conformidad con las modificaciones aprobadas.

El documento de referencia que fue denominado como “Acuerdos de la Mesa para la Reforma Política del Distrito Federal”. [1]fue presentado por los integrantes de la Comisión de Gobierno el 9 de agosto del año 2010, a la Mesa Directiva del Senado de la República en la LXI Legislatura.

No obstante, a más de dos años de distancia, tristemente la reforma política del Distrito Federal no ha avanzado. Ello motivó a la actual Legislatura a proponer y aprobar la creación de una Comisión Especial para la Reforma Política de la Ciudad de México.

Derivado de ello es que el día 19 de octubre de este 2012, se instaló en esta Honorable Asamblea la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. En ella concurrieron todos los integrantes de la Comisión Especial, así como los Diputados Federales y Senadores relacionados e interesados en el tema.

Al respecto el Diputado Döring[2] estableció necesidad de trabajar por las 17 autoridades electas de la Ciudad. Por su parte, la Senadora Padierna señaló: “Si realmente queremos que la ciudad avance, si queremos entrar a un nuevo estadio superior de desarrollo, si queremos una evolución de todas las cosas de la forma de vida en nuestra ciudad, necesitamos esta Reforma Política… pero sí tiene que ser tricameral, la Asamblea, la Cámara, el Senado en este tema.”[3]

También la Senadora Alejandra Barrales, señaló: “Concluyo haciendo un planteamiento, que bueno que llega el Presidente, porque estoy convencida que al igual que mi compañera senadora Dolores Padierna, nos podemos comprometer abiertamente a tomarle la palabra al Presidente Agustín Torres y yo diría a reserva de formalizarlo que podemos contar ya con una mesa de trabajo establecida para atender de una vez el tema de reforma política, que nos llevemos esa encomienda, que le demos la formalidad que se requiere, pero que se establezca ya este compromiso para que se le de celeridad al trabajo y que le podamos dar una pronta repuesta a la ciudadanía.”[4]

Coincidiendo, con lo anterior, el Diputado Federal, Roberto López, comentó: “Yo llamaría en todo caso al Presidente de la Comisión que pudiera delimitar una serie de reuniones periódicas más nutridas todavía, hacen falta actores en esta reunión, y creo yo que podríamos intercambiar muchos puntos de vista y empujar conjuntamente no solamente, repito, para el tema de la reforma política, hay otros temas. En el ámbito de la competencia de esta Comisión, que sea la iniciativa política del Presidente de la misma quien nos convoque para seguir teniendo esfuerzos conjuntos.”

Es de destacar que durante esta sesión de instalación, el Presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, Sen. Mario Delgado, señaló que: “Entonces vamos a esperar a terminar con la reforma laboral, la siguiente semana que vamos a tener la discusión y votación, y en la primera semana de noviembre vamos a presentar ya en la Comisión del Distrito Federal el documento, la iniciativa que se presentó por todos los grupos parlamentarios en la Legislatura pasada, la vamos a pasar para dictamen ya nuevamente en al Comisión del Distrito Federal, nos interesa darle celeridad a este asunto. Creo que no tenemos tiempo que perder…”.

“Entonces no creo que habiendo además un documento que generó consensos, creo que ese debe de ser el documento base y lo vamos a pasar a dictamen en la Comisión en la primera semana de noviembre.[5]…”

“De tal manera que como señala la senadora Barrales, sería muy bueno que estableciéramos una mesa permanente con esta Comisión, invitar también a los diputados, ya se constituyó allá también la Comisión del Distrito Federal y también pues empezar a hacer una comunicación con ellos para lograr la durante muchos años, por más de 200 años pospuesta esta reforma política.”

Por nuestra parte señalamos que “esta es una oportunidad para todo nuestro país de que si cambiamos las cosas en una entidad federativa, llámese como se llame, pero que tenga una autonomía propia, con los cambios que se requieren hacer en los demás Estados, esto puede ser un efecto dominó y creo que es de gran valor decirlo y es una necesidad como miembro de los partidos políticos, como ciudadano también.”.[6]

Ahora bien, dado el compromiso que mostraron todas las partes involucradas por sacar adelante esta reforma a la brevedad, es importante que aprovechemos la coyuntura para que de manera coordinada entre la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, participen en los trabajos de dictaminación, con el objeto de aportar la experiencia, el trabajo y la visión de los legisladores federales y  locales en tan importante tema.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

   

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente al Presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, Senador Mario Delegado Carrillo, a que antes de que se ponga a consideración de los integrantes de ese cuerpo colegiado, el proyecto de dictamen sobre la Reforma Política del Distrito Federal, se realice una mesa de trabajo con los Diputados Integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de esta Honorable Asamblea, con el fin de estar en posibilidades de emitir una opinión al respecto y poder aportar la experiencia, el trabajo y la visión de los legisladores locales en tan importante tema para la Ciudad de México.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

   

DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR


[1] Informe de Actividades de la Presidencia de la Comisión de gobierno de la ALDF, V Legislatura, Dip. Alejandra Barrales Magdaleno, pág. 33
[2] Diputado Federico Döring Casar. Coordinador Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, VI Legislatura. ALDF Integrante de la Comisión Especial para la Reforma Política. Versión Estenográfica sesión de instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. Coordinación de Servicios Parlamentarios, VI Legislatura de la ALDF.
[3] Palabras de la Senadora Dolores Padierna Luna. Versión estenográfica de la sesión de Instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política. Coordinación Servicios Parlamentarios ALDF, VI Legislatura
[4] Senadora Ma. Alejandra Barrales Magdaleno, versión estenográfica sesión de instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política. Coordinación Servicios Parlamentarios ALDF, VI Legislatura.
[5] Senador Mario Delgado Carrillo. Versión estenográfica sesión de instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política, Coordinación Servicios Parlamentarios ALDF, VI Legislatura.
[6] Diputado Jesús Sesma Suárez. Coordinador Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, VI Legislatura. ALDF Integrante de la Comisión Especial para la Reforma Política. Versión Estenográfica sesión de instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. Coordinación de Servicios Parlamentarios, VI Legislatura.  
Published in gaceta
Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL, , bajo la siguiente:

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 25 de octubre de 2012.

  DIP. MARÍA ANGELINA HERNÁNDEZ SOLÍS. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E    

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL, , bajo la siguiente:

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

“El político se convierte en estadista cuando

comienza a pensar en las próximas generaciones

y no en las próximas elecciones.

Winston Churchill

   

El Distrito Federal es la sede de los Poderes de la Unión y por ello es una Entidad sui generis sujeta aun régimen constitucional especial. La naturaleza jurídica del mismo y sus distintos Órganos de gobierno, a través de la historia, ha sido objeto de diversas modificaciones a nivel Constitucional y legal que constituyen los antecedentes de este nuevo procedimiento de Reforma Política del Distrito Federal en el que nos hayamos inmersos.

El quehacer político del Distrito Federal, desde la época prehispánica como sede del Imperio Mexica, en donde se centralizaron los poderes Estatales e Religiosos, son mostrados por las crónicas de Cortés y de manera mas profunda a través de Bernal Díaz del Castillo, a través de su obra “La Verdadera Historia”, en donde hace referencia a la organización político-mistisista de los mexicas.

De igual forma, durante los 300 años en que nuestro país fue parte del Reino de España, es en la Ciudad de México donde se establecen los Poderes de la Corona y de la Iglesia, historia que ha sido reiterada a lo largo del México Independiente, en donde solo en algunos casos, la residencia de los Poderes ha sido ubicada en otras ciudades, como Juárez y Veracruz.

Durante las discusiones del Constituyente de 1917, se estableció que el Distrito Federal tendría un régimen centralizado y la legislación y gobierno quedaban depositados en los Órganos Federales respectivamente, es decir, el Honorable Congreso de la Unión y el Presidente de la República, quien ejerció el poder ejecutivo de la Ciudad a través de un Regente.

Ya en los años 20´s del siglo pasado, se establece al Distrito Federal como un Departamento Administrativo, dependiente del Ejecutivo y con competencia territorial específica, delegando en sus funciones en los entonces Departamentos Delegacionales, que actualmente son la Demarcaciones Territoriales.

Sin duda, el primer gran paso democrático en la Ciudad de México se dio en el año de 1986, en donde después de los terribles acontecimientos de septiembre del año 85, se levantaron las conciencias de ciudadanos del Distrito Federal derivando en la modificación Constitucional para crear la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Esta creación fue el resultado de las demandas ciudadanas inaplazables, en donde de igual forma participaron diversos sectores políticos y sociales y donde principalmente existió la voluntad política para lograr esos cambios.

Sin embargo, los tiempos y la toma de conciencia y participación ciudadana en los temas de la Ciudad, hicieron impostergable que en el año de 1993 nuevamente se reconocieran los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal, aunque de manera limitada, logrando de manera parcial una autonomía legislativa y del Ejecutivo local. Con en esta modificación a la Constitución se le otorgó a la Asamblea  facultades para legislar específicas.

En el año de 1996, el Congreso de la Unión, concedió mayores facultades a la Asamblea Legislativa y se reconoció el derecho de los ciudadanos de elegir, por primera vez, mediante voto directo, la Jefe de Gobierno del Distrito Federal, creándose los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales electos por los ciudadanos del Distrito Federal.

Toda vez que esta Soberanía ya contaba con atribuciones para Legislar con limitantes en el Distrito Federal, y en materia federal, solo en aquello que sea atribución de la Asamblea, es cuando la entonces II Legislatura, presentó una Iniciativa de reformas constitucionales ante la Cámara de Diputados, en donde se proponían al Congreso de la Unión que la Asamblea Legislativa tuviera atribuciones como la autorización del endeudamiento de la Ciudad; el Jefe de Gobierno fuera el que designara al Procurador de Justicia y Secretario de Seguridad Pública, entre otras.

Así, en el año 2001, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto de la Iniciativa de reforma al Artículo 122 Constitucional, y en el año 2002, el Senado de la República, desechó la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con lo que el avance democrático de la Ciudad fue detenido.

Han pasado 10 años desde que esta Soberanía hizo un primer intento por avanzar por la igualdad de los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad, obteniendo como respuesta el desechar el trabajo consensado y que enmarcaba la realidad jurídica de ese entonces para la gobernabilidad de la Ciudad.

Ahora bien, durante la V Legislatura de la Asamblea Legislativa, los Diputados y Diputadas, decidieron constituir una Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, integrada por todos los coordinadores los Grupo Parlamentarios que formaron parte de dicha Legislatura. Los objetivos de la Comisión fueron, entre otros, el redefinir la naturaleza jurídica del Distrito Federal; rediseñar el esquema de distribución de competencias entre los Poderes Federales y los Órganos de Gobierno del Distrito Federal; de igual forma se propuso la abrogación del Estatuto de Gobierno, con el fin de crear una Constitución para el Distrito Federal, en el caso de aprobarse la creación de una nueva Entidad Federativa, o el crear un Estatuto Constitucional, en el caso que la Ciudad conservara su status vigente, como sede de los Poderes Federales; adicionalmente se proponía la modificación de la legislación secundaria, es decir, leyes, códigos y reglamentos de conformidad con las modificaciones aprobadas.

El documento de referencia que fue denominado como “Acuerdos de la Mesa para la Reforma Política del Distrito Federal”. [1]fue presentado por los integrantes de la Comisión de Gobierno el 9 de agosto del año 2010, a la Mesa Directiva del Senado de la República en la LXI Legislatura.

 

No obstante, a más de dos años de distancia, tristemente la reforma política del Distrito Federal no ha avanzado. Ello motivó a la actual Legislatura a proponer y aprobar la creación de una Comisión Especial para la Reforma Política de la Ciudad de México.

Derivado de ello es que el día 19 de octubre de este 2012, se instaló en esta Honorable Asamblea la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. En ella concurrieron todos los integrantes de la Comisión Especial, así como los Diputados Federales y Senadores relacionados e interesados en el tema.

Al respecto el Diputado Döring[2] estableció necesidad de trabajar por las 17 autoridades electas de la Ciudad. Por su parte, la Senadora Padierna señaló: “Si realmente queremos que la ciudad avance, si queremos entrar a un nuevo estadio superior de desarrollo, si queremos una evolución de todas las cosas de la forma de vida en nuestra ciudad, necesitamos esta Reforma Política… pero sí tiene que ser tricameral, la Asamblea, la Cámara, el Senado en este tema.”[3]

También la Senadora Alejandra Barrales, señaló: “Concluyo haciendo un planteamiento, que bueno que llega el Presidente, porque estoy convencida que al igual que mi compañera senadora Dolores Padierna, nos podemos comprometer abiertamente a tomarle la palabra al Presidente Agustín Torres y yo diría a reserva de formalizarlo que podemos contar ya con una mesa de trabajo establecida para atender de una vez el tema de reforma política, que nos llevemos esa encomienda, que le demos la formalidad que se requiere, pero que se establezca ya este compromiso para que se le de celeridad al trabajo y que le podamos dar una pronta repuesta a la ciudadanía.”[4]

Coincidiendo, con lo anterior, el Diputado Federal, Roberto López, comentó: “Yo llamaría en todo caso al Presidente de la Comisión que pudiera delimitar una serie de reuniones periódicas más nutridas todavía, hacen falta actores en esta reunión, y creo yo que podríamos intercambiar muchos puntos de vista y empujar conjuntamente no solamente, repito, para el tema de la reforma política, hay otros temas. En el ámbito de la competencia de esta Comisión, que sea la iniciativa política del Presidente de la misma quien nos convoque para seguir teniendo esfuerzos conjuntos.”

Es de destacar que durante esta sesión de instalación, el Presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, Sen. Mario Delgado, señaló que: “Entonces vamos a esperar a terminar con la reforma laboral, la siguiente semana que vamos a tener la discusión y votación, y en la primera semana de noviembre vamos a presentar ya en la Comisión del Distrito Federal el documento, la iniciativa que se presentó por todos los grupos parlamentarios en la Legislatura pasada, la vamos a pasar para dictamen ya nuevamente en al Comisión del Distrito Federal, nos interesa darle celeridad a este asunto. Creo que no tenemos tiempo que perder…”.

“Entonces no creo que habiendo además un documento que generó consensos, creo que ese debe de ser el documento base y lo vamos a pasar a dictamen en la Comisión en la primera semana de noviembre.[5]…”

“De tal manera que como señala la senadora Barrales, sería muy bueno que estableciéramos una mesa permanente con esta Comisión, invitar también a los diputados, ya se constituyó allá también la Comisión del Distrito Federal y también pues empezar a hacer una comunicación con ellos para lograr la durante muchos años, por más de 200 años pospuesta esta reforma política.”

Por nuestra parte señalamos que “esta es una oportunidad para todo nuestro país de que si cambiamos las cosas en una entidad federativa, llámese como se llame, pero que tenga una autonomía propia, con los cambios que se requieren hacer en los demás Estados, esto puede ser un efecto dominó y creo que es de gran valor decirlo y es una necesidad como miembro de los partidos políticos, como ciudadano también.”.[6]

Ahora bien, dado el compromiso que mostraron todas las partes involucradas por sacar adelante esta reforma a la brevedad, es importante que aprovechemos la coyuntura para que de manera coordinada entre la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, participen en los trabajos de dictaminación, con el objeto de aportar la experiencia, el trabajo y la visión de los legisladores federales y  locales en tan importante tema.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

   

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente al Presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, Senador Mario Delegado Carrillo, a que antes de que se ponga a consideración de los integrantes de ese cuerpo colegiado, el proyecto de dictamen sobre la Reforma Política del Distrito Federal, se realice una mesa de trabajo con los Diputados Integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de esta Honorable Asamblea, con el fin de estar en posibilidades de emitir una opinión al respecto y poder aportar la experiencia, el trabajo y la visión de los legisladores locales en tan importante tema para la Ciudad de México.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

   

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

                     COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR


[1] Informe de Actividades de la Presidencia de la Comisión de gobierno de la ALDF, V Legislatura, Dip. Alejandra Barrales Magdaleno, pág. 33

[2] Diputado Federico Döring Casar. Coordinador Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, VI Legislatura. ALDF Integrante de la Comisión Especial para la Reforma Política. Versión Estenográfica sesión de instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. Coordinación de Servicios Parlamentarios, VI Legislatura de la ALDF.
[3] Palabras de la Senadora Dolores Padierna Luna. Versión estenográfica de la sesión de Instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política. Coordinación Servicios Parlamentarios ALDF, VI Legislatura
[4] Senadora Ma. Alejandra Barrales Magdaleno, versión estenográfica sesión de instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política. Coordinación Servicios Parlamentarios ALDF, VI Legislatura.
[5] Senador Mario Delgado Carrillo. Versión estenográfica sesión de instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política, Coordinación Servicios Parlamentarios ALDF, VI Legislatura.

[6] Diputado Jesús Sesma Suárez. Coordinador Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, VI Legislatura. ALDF Integrante de la Comisión Especial para la Reforma Política. Versión Estenográfica sesión de instalación de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. Coordinación de Servicios Parlamentarios, VI Legislatura.

Published in gaceta
Página 33 de 34