México, D. F., a de 18 julio de 2013

Boletín 173/13

 

• La nueva legislación penal perseguirá y sancionará delitos como el secuestro y la trata de personas: Dip. Arturo Escobar

 

Los cambios constitucionales para elaborar un Código Único de Procedimientos Penales, representan uno de los grandes avances que el país necesita para crear un marco normativo mucho más moderno, aseguró el diputado Arturo Escobar y Vega.

Dijo que estas modificaciones dotarán de herramientas para fortalecer la capacidad jurídica del Gobierno federal, para responder con eficacia a las necesidades sociales y políticas de los mexicanos

El coordinador parlamentario del Partido Verde sostuvo que las reformas aprobadas en materia de legislación penal procesal única, contemplan dotar de elementos a las autoridades encargadas de la procuración e investigación de los delitos y a quienes se encargarán de castigarlos y sancionarlos.

“Se deja a salvo la posibilidad que el Congreso también identifique y emita, a través de leyes con valor nacional, los tipos penales y las sanciones para delitos comunes,  que a todos nos aquejan como es el delito de secuestro o la trata de personas”, precisó.

Escobar y Vega señaló que el Legislativo está poniendo todo de su parte para debatir, consensuar y aprobar los grandes temas que interesan a la nación y continuará concentrando su esfuerzo para concretar las reformas pendientes en materia hacendaria y energética, “que nos conviertan en un país verdaderamente competitivo”.

Aseguró que las reformas al 73 Constitucional, son el primer paso firme, de muchos que se tienen que dar, para abolir la impunidad y establecer un auténtico Estado de Derecho. “De esta forma México contará realmente con los elementos necesarios que permitan construir el camino hacia un país moderno y próspero”.

     

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 17 de julio de 2013

 

Con su venia, presidente.

Qué bueno que ya comenzamos el debate, antes de que comience el periodo ordinario. He escuchado las diferentes participaciones de algunos compañeros, me parecen muy interesantes porque pareciera que confundimos las cosas. No somos los vengadores justicieros para señalar quienes están bien y quienes están mal y en todo caso, nosotros decidir lo que es bueno y lo que es malo, compañeros

 

Nosotros, en este caso con los gobernadores de los estados, tenemos que ser justos también y no es por defender a alguien en particular, no es PRD, PAN o PRI. Todos gobiernan en los estados de la República y sin embargo en todos los estados ha habido problemas, que no necesariamente -y eso lo quiero remarcar- se derivan de la corrupción, en este caso del endeudamiento.

El endeudamiento tiene puntos fundamentales por los que se ha fomentado en cada estado y cada municipio, no es solamente la corrupción, minimizarlo a la corrupción y minimizarlo a un asunto de que nosotros vamos a ser los justicieros y vamos a hacer que se rindan cuentas por parte de los estados y  municipios, es no reconocer que también en los estados de la República hay un desarrollo democrático, más lento quizás que en el ámbito federal, pero también se están desarrollando los esquemas de equilibrios y contrapesos dentro del ámbito estatal.

Quiero ilustrar la magnitud del problema, repitiendo algunas cifras que los compañeros han dado, pero también fundamentarlas con los orígenes. El endeudamiento subnacional creció aceleradamente, como efectivamente lo han dicho, desde el 2008 al 2011, de 203 mil 70 millones de pesos a 390 mil 777.

Sin embargo, compañeros y compañeras legisladoras, tenemos que hacer énfasis en que la mayor deuda no la tienen los estados de la República sino la federación y es ahí también donde esta Soberanía tiene que poner atención, en la rendición de cuentas.

Por otra parte, entre el cierre del 2011 y el primer semestre de 2012, la deuda de los estados pasó de 390 mil 777 millones a 404 mil 409 millones, como ya lo han mencionado otros compañeros que me antecedieron; respecto de la deuda municipal la Auditoría Superior de la Federación reportó que entre el cierre del 2011 y junio de 2012 se incrementó de 44 mil 124 millones de pesos a 44 mil 859 millones de pesos, una diferencia de 734 millones de pesos.

Los problemas -como lo mencioné al principio- solamente los podremos resolver y en este caso, creo que así se tomó en cuenta en la comisión de Puntos Constitucionales, sí conocemos las causas, el primer factor es la vulnerabilidad de los ingresos vinculados con las participaciones fiscales, este problema se ha identificado por tres factores: el descenso de los ingresos petroleros, gracias a la extracción decreciente; la crisis económica internacional que se ha vivido desde el 2009 y el carácter incremental e inercial de la mayoría de los componentes del gasto.

A lo anterior también se debe tomar en cuenta la incidencia de las contingencias naturales y otras discreciones como las celebraciones sin impacto social y económico que los justifiquen.

Otra razón del incremento del saldo de la deuda pública es la diversificación de fuentes de financiamiento. Otro más, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha reportado que el monto de préstamos bancarios a estados y municipios se incrementó en un 88 por ciento, en los últimos tres años. Es decir, hubo más oportunidades de que tuvieran financiamiento los municipios y los estados.

Compañeros y compañeras, ante esta circunstancia esta Soberanía, y en particular la Comisión de Puntos Constitucionales escuchó los diversos puntos de vista. También quiero hacer mención a que nosotros, dentro de esa comisión, pusimos mucha atención y énfasis en reafirmar las funciones que nos otorga el artículo 74 de la Concitación Política. Reformar este artículo y darnos las facultades para logar una mejor rendición de cuentas y transparencia, de los recursos económicos que gastan los estados y los municipios, fue fundamental para nosotros.

Hago mención y énfasis en esta ocasión por las discrepancias que se pudieran dar en el Senado de la República. He visto con mucha tristeza y desencanto los desencuentros que hemos tenido con los señores senadores, lo digo realmente porque me parece que esta Soberanía tiene que poner atención en que no solamente podemos sacar las normas nosotros, de una manera autónoma.

Tenemos que tener una coordinación adecuada con los senadores y que el Congreso de la Unión funcione también de una manera equilibrada. Esto que nos sucede a nosotros, de desencuentros, seguramente también los tienen en los estados de la República.

Por eso, quiero retomar el debate que el compañero del PRD vino a proponer hace un rato, en el punto anterior que votamos. El compañero empezó a debatir el problema del federalismo en el aspecto del Instituto Federal Electoral, es un debate que vamos a dar en el futuro seguramente. Si embargo, no caigamos en la tentación compañeros, no caigamos en la tentación del conservadurismo ni de centralizar las funciones que le corresponden a los estados y a sus soberanías, y en este caso tratemos mejor de fortalecer el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo de los estados de la República.

No ganamos nada, con disminuirles sus funciones, al contrario estamos disminuyendo la posibilidad de fortalecer la democracia de nuestro país.

Yo los invito compañeros a que tratemos de rescatar nuestra relación por lo menos coordinada con el Senado pero también que impongamos una posibilidad de coordinarnos con los estados de la República, por medio de los congresos locales.

Cuántas veces no se discuten aquí, leyes y normas que ni siquiera les informamos a los congresos de los estados. Cómo quieren que los compañeros diputados de los congresos locales participen de un equilibrio de poderes, si nosotros no estamos ni siquiera contemplándolos en las discusiones importantes del país.

Yo invito a esta Soberanía, a que reflexionemos antes de que nos gane la tentación en seguir centralizando y siendo conservadores con las reformas que estamos haciendo, para disminuir poderes a los estados.

Reflexionemos en cómo podemos fortalecer a los municipios y a los estados de la República para que tengan un adecuado equilibrio de poderes y con ello, pueda haber una justa rendición de cuentas, una transparencia del uso de los recursos públicos, pero también un justo desarrollo igual para todos los ciudadanos de esos estados.

Es cuanto compañeros.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 17 de julio de 2013

   

Con su venia, diputada presidenta.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hemos asumido con absoluta vocación patriótica y una responsabilidad histórica, los compromisos que han derivado de los análisis, discusión y aprobación de las distintas iniciativas que han venido presentándose a lo largo de los últimos meses, con el objeto de reformar leyes diversas que inciden en múltiples materias, con incidencia económica desde luego, que tienen como único propósito, como objetivo final, el mejorar las condiciones de vida de la población y estamos concientes de ello.

 

Pero lo hemos dicho desde el principio y lo reiteramos esta vez, difícilmente creemos que eso se llegue a consolidar en la medida en la que no podamos establecer definitivamente un autentico Estado de Derecho, y nosotros entendemos por Estado de Derecho la observancia plena de la legalidad por parte de todos aquellos órganos de Gobierno a quienes les corresponde bien sea expedirlas, interpretarlas o aplicarlas; y es el caso que México ha venido sufriendo a lo largo de los últimos años, desafortunadamente un estado de creciente inseguridad pública que mantiene en la zozobra a la nación.

Esta zozobra deriva de la impunidad que nosotros repudiamos, impunidad que no se traduce en otra cosa sino en la falta de aplicación de las leyes para castigar a todos aquellos que incurren en conductas antisociales, claramente identificadas en la ley como delitos.

Tenemos que darle los elementos a las autoridades encargadas de la procuración y de la investigación de los delitos, como también a las autoridades encargadas de castigarlos y sancionarlos para que cumplan las funciones.

No basta ya con que se mantenga en el discurso cotidiano esta frase reiterativa de que ‘se va a buscar el fortalecimiento del Estado de Derecho’ si no es con un ejercicio vigoroso y eficaz de las funciones que la Constitución le otorga a las autoridades, eso es persiguiendo a los delitos y castigándolos en los términos que realmente sean los oportunos, los prudentes,  los correctos y vemos nosotros múltiples discusiones legislativas en torno del endurecimiento de las penas.

Pero consideramos también que existen otros mecanismos, a través de los cuales las legislaturas, cada una en su soberanía, decidirá -quizá también- cómo, mediante la persecución eficaz y el castigo, quizá con penas menos duras podría lograrse el reestablecimiento de las cosas y el reencauzamiento de las actividades fuera de estos esquemas de inseguridad.

Vamos a buscar por consiguiente, a través de la aprobación de las reformas conducentes, la abolición de la impunidad y el establecimiento de un auténtico Estado de Derecho.

Desde el año 2008, nuestro constituyente identificó un nuevo mecanismo y un cambio en el paradigma de la defensa de los derechos humanos, para funcionar un nuevo sistema procedimental penal que logre erradicar, de alguna manera, esta preocupación que vengo mencionando.

Desde luego, tan repudiable es la impunidad en la que quedan los delincuentes, muchas veces cobijados por la falta de pericia o por la falta de ejercicio de las facultades que la Ley le otorga a quienes se encargan de perseguir los delitos. Como tan bien lo es, el abuso por parte de las autoridades judiciales, tratándose del respeto de los derechos de todas aquellas personas que se les procesa por la comisión de algún delito.

La Constitución, como ya se ha mencionado antes, establece en el artículo 14 un derecho fundamental de debido proceso y de audiencia, que tiene que respetarse por parte de las autoridades sin distingo, particularmente desde luego por parte de las autoridades judiciales.

¿Qué es lo que sucede en el artículo tercero transitorio a las reformas a la Constitución del 2008?, se establecen plazos fatales para la expedición de las normas procesales. Las nuevas normas procedimentales establecerán la conducción de los procedimientos por parte de los jueces penales, para el cumplimiento de este nuevo paradigma y de esta nueva función respetuosa y garante de los derechos humanos, a fin de erradicar la impunidad.

Nosotros hemos estudiado y nos percatamos de que a pesar de que existen grandes esfuerzos, que han venido materializándose por parte de entidades federativas para concretar leyes procesales, que den respuesta a este mandato constitucional, sin embargo, existe hoy un retraso de la misma, pero no nada más eso.

Existe también el riesgo de que por virtud de la implementación de la reforma constitucional se aprueben leyes procedimentales diversas, con términos, con derechos y obligaciones, facultades diversas para todos los actores dentro del procedimiento penal que vendrían a causar una incertidumbre jurídica para todos los que participan, llámense víctimas, procesados, autoridades encargadas de la persecución y de la investigación de los delitos y desde luego, de los jueces.

Dentro de lo que nosotros identificamos como un claro compromiso dentro del federalismo, que reconoce a la Constitución, podemos ver dentro de la iniciativa que hoy se presenta, y que en su caso tendrá que aprobarse por parte de esta Legislatura, la ventaja y la convivencia de logar establecer dentro de esta nueva facultad, el camino para que el Congreso de la Unión, el día de mañana emita una ley procedimental única en materia penal para toda la República, que vendrá a dar certidumbre jurídica a todos los que participan en esta actividad, que es de fundamental importancia, para el desarrollo y progreso del país.

Entonces, identificamos, desde luego, la conveniencia de aproar este mecanismo que es congruente con al Pacto federal, es congruente con el compromiso que asume la federación con los estados, porque respeta su soberanía en cuanto a la identificación de las conductas antisociales que deben castigarse como delitos.

Exclusivamente atañe a los aspectos procedimentales con el objeto de armonizar a nivel nacional la forma en que los abogados habrán de cumplir sus funciones como acusadores, defensores o juzgadores.

Desde luego, a pesar que nosotros sólo discutimos y valoramos esta conveniencia de aprobar esta nueva facultad constitucional de Código de Procedimientos Penal Único, no dejamos de ver la conveniencia que esto pudiera tener lugar también en otro tipo de actividades, porque finalmente acaban traduciéndose en lo mismo, en materia contenciosa administrativa, por ejemplo podemos encontrar legislaciones a lo largo la republica que contemplan términos distintos, obligaciones y recursos distintos, medidas cautelares y providenciales distintas que lo único que causan es incertidumbre jurídica.

Sí, con motivo de la complejidad con la que se vienen llevando a cabo las actividades delincuenciales, hoy en día y con motivo de la intercomunicación obligada, que además seguirá progresando en el país entre entidades federativas, podemos ver que las conductas empiezan cometiéndose en una entidad y en un estado, pero continúan en otras, entonces es conveniente darle a los abogados instrumentos armónicos únicos a través de los cuales, con conciencia plena de sus obligaciones, de las facultades que la ley le conceda a las autoridades, estos puedan atajar el cumplimiento de aquello que la ley establezca, a fin de haber cumplido sus propósitos en cualquiera de los sentidos que esto pueda llegar a darse.

Es por esta razón que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México desde luego suscribe con decisión esta iniciativa de reforma al artículo 73, fracción 21 de la Constitución que no afecta a la cláusula federal que contempla el pacto de la unión, sino todo lo contrario un fortalecimiento a favor de la mayor vinculación entre las entidades federativas con respeto de aquellas decisiones que en su esfera soberna han de llevar a cabo, implementar en la identificación de conductas antisociales que se identifiquen como delitos y su penalización.

Desde luego sin dejar de ver que en la misma reforma constitucional que estamos discutiendo se reconoce, se contempla y se deja a salvo la posibilidad que el Congreso también identifique y emita, a través de leyes con valor nacional los tipos penales y las sanciones para delitos comunes y que nos aquejan a todos como es el delito de secuestro, o el delito de trata de personas.

De ahí que encontramos en la reforma constitucional que se propone plena congruencia y desde luego un fortalecimiento de aquello que queremos llevar a cabo con el objeto de lograr el establecimiento de un Estado Derecho y el cumplimiento de la legalidad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto diputada.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 16 de mayo de 2013 Boletín 172/13

   

Es un golpe brutal para el crimen organizado, que ayudará a generar confianza en las investigaciones de inteligencia implementadas por el Gobierno federal: Dip. Arturo Escobar

El diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, reconoció la labor de la Fuerza Armada de México en la detención del líder del cartel de Los Zetas y consideró que esto es muestra de que se puede dar un debilitamiento a los grupos del crimen organizado.

Señaló que es un golpe brutal para el crimen, que ayudará a generar confianza en las investigaciones de inteligencia implementadas por el Gobierno federal y puede considerarse como un ejemplo de que vienen cosas positivas en el tema de combate a la inseguridad.

“La detención de Miguel Ángel Treviño Morales se logró después de siete meses de arduo trabajo, además es el líder del grupo delictivo que creo yo, es el más sanguinario que tenemos en el país”, indicó.

Escobar y Vega recordó que el cartel de Los Zetas está involucrado en delitos como delincuencia organizada, homicidio, secuestro de migrantes, tortura, lavado de dinero, extorsión, robo de combustible, entre muchos otros y opera dentro y fuera del país.

Consideró que el criminal, también conocido como ‘El Z-40’, debe ser extraditado a la brevedad a Estados Unidos, para responder ante la justicia de ese país por los crímenes que se le imputan, y confió en que “pasará el resto de su vida en la cárcel”.

Finalmente, pidió a las autoridades reforzar la seguridad en los estados donde tiene mayor actividad este grupo delictivo, con la finalidad de evitar daños ante cualquier represalia y estar alertas para impedir cualquier posible reacción que pueda afectar a la ciudadanía.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO