Diputados

Diputados (1317)

México, D. F., a 17 de octubre de 2013

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA RUTH ZAVALETA SALGADO, DURANTE LA SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 60 ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO FEMENINO EN MÉXICO

 

Estimados legisladores y legisladoras, distinguidos invitados e invitadas.

Es de gran importancia para mi, expresarme ante Ustedes en esta memorable sesión solemne a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en donde sí existe la paridad de integración de mujeres en este momento.

Y es de mayor relevancia cuando el motivo es conmemorar el 60 aniversario del derecho a votar y ser electa de las mujeres mexicanas.

Estimado auditorio, en la vida hay seres humanos que se ocupan por ciertos sectores de la sociedad, por ejemplo atender al sector de la niñez, al de la tercera edad o a las personas con alguna discapacidad; hay otros que se ocupan  por defender ciertos derechos humanos, por ejemplo el derecho a la libertad de expresión o el derecho a una vida digna de los indígenas o incluso, hay un sector de personas que se ocupan por defender los derechos plenos de otras personas de su mismo género como por ejemplo, las mujeres por otras mujeres.

La trascendencia de esta actitud motivada, la gran mayoría de veces, por un alto sentido de justicia, es sin lugar a dudas, fundamental para que la sociedad en su conjunto se transforme pero hay personas que encontrándose en el ejercicio del poder público, toman decisiones que cambian de forma radical la vida de una sociedad.

Este es el caso del hecho histórico de hace 60 años que inició con una solicitud acompañada -en ese momento- de 500 mil firmas para que se reformaran los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no solamente para otorgarnos el derecho al sufragio en lo general, sino para garantizar nuestros derechos plenos como ciudadanas.

Es de esta forma que, al menos en la Carta Magna, los derechos políticos de las mujeres se vieron beneficiados y fortalecieron la posibilidad de que nosotras, las mujeres, pudiéramos aspirar a los cargos públicos de elección popular.

Pero, la cultura democrática de un país no se cambia de la noche a la mañana con discursos o decretos, el camino de las mujeres para ejercer estos derechos está lleno de obstáculos, y estos 60 años se ha tenido que seguir luchando, primero, por las feministas, a ellas se les suman las que sin identificarse ideológicamente como tales, luchan incansablemente desde cualquier espacio para defender los derechos políticos de las mujeres y a estos dos grupos, se le suma un sector de hombres, que han hecho suya la lucha de género, porque consideran que no hay justicia sin igualdad entre hombres y mujeres.

Y es en este caso, tengo que hacer un alto en mi discurso para decir: Gracias a todas y todos los que se incluyen en los arriba mencionados, pero sobre todo un gracias al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la iniciativa que tuvo a bien presentar en días pasados en el Senado de la República sobre la cuota de paridad de género de las candidaturas de los partidos políticos por la vía de mayoría relativa y representación proporcional.

En los últimos ocho años de mi vida, he sido una testigo privilegiada de la lucha por la igualdad -y en especial por la cuota de género, incrédula en algunas ocasiones de que pudiera lograrse, vi como un grupo de mujeres en noviembre del 2011, conmovió y razonó jurídicamente ante los magistrados electorales de la Sala Superior el por qué tenía que dictarse la sentencia que finalmente permitió que hoy, esta honorable Cámara de Diputados, cuente con una integración histórica de mujeres.

Pero no basta la sentencia de género, por lo que desde diversas voces se había solicitado que se modificara el Código Electoral, hoy que se presentó esta iniciativa, la utopía para nosotras se vuelve una realidad.

Pero Honorable Asamblea, como ya lo dije anteriormente, no es suficiente reformar o hacer nuevas leyes, tenemos grandes retos que enfrentar, el primero tiene que ver con lograr que los estados de la República también reformen sus Códigos e impulsen la presencia de las mujeres en sus Congresos, pero sin lugar a dudas el reto mayor lo tenemos en lograr esa amplia participación femenina por los espacios de poder, no por las cuotas de género sino por lo que representa su presencia en las decisiones de poder en esta Honorable Cámara de Diputados.

Que haya más mujeres en el Poder Legislativo ya significa por sí mismo que habrá mayor desarrollo de sus capacidades y adquirirán experiencia  para tomar decisiones de poder, pero además, está demostrado a nivel internacional, por estudios científicos presentados por la ONU, que cuando hay mayor presencia de las mujeres, hay mayores reformas en los temas que se refieren a la no violencia de género, a la salud preventiva, al empleo y a la justicia en todas su expresiones.

Por eso, señoras y señores, la propuesta presidencial de reconocer le derecho paritario en el quehacer político para conmemorar estos 60 años del voto de la mujer, es la mejor noticia que ha tenido nuestro país y es la mejor noticia que ha tenido este Congreso de la Unión.

Muchas gracias compañeros, de antemano, porque sabemos que vamos a contar con su voto mayoritario para que esa utopía, ese sueño que tenemos las mujeres se haga realidad.

Muchas gracias a todos.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 16 de octubre  de 2013

 

 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DEL DIPUTADO FELIPE CAMARENA GARCÍA, SOBRE LA REFORMA AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Con la venia de la Presidencia,

Aunque en este momento somos pocos, espero que la atención sea, al contrario, bastante en virtud que es un tema muy importante para la seguridad nacional, la participación ciudadana. Como Partido Verde apoyaremos esta iniciativa que ha presentado nuestro compañero diputado del Partido Nueva Alianza, Fernando Viviesca Según.

 

De acuerdo a los tratadistas que se ocupan del estudio relativo al funcionamiento del Estado, corresponde al Poder Ejecutivo, como una de sus funciones primordiales, garantizar la seguridad pública en todo el territorio nacional.

Esta seguridad es aquella de la cual deben disfrutar todos y cada uno de los miembros de la sociedad para el ejercicio de sus libertades públicas, y de todas las actividades ciudadanas que, en el marco de la ley, tienen lugar en el ámbito privado.

La garantía de estos derechos está expuesta claramente en las constituciones, no sólo en la general de la República sino la de las entidades federativas, cuando se refieren a la protección de la vida, con todos sus atributos, así como los bienes de índole patrimonial.

Si bien queda claro que la tarea de garantizar la seguridad pública es una función que corresponde esencialmente al Poder Ejecutivo, lo cierto es que los otros dos poderes del Estado también juegan un papel fundamental en la materia, principalmente como garantes del respeto al Estado de Derecho, ejerciendo de esta manera un control sobre los cuerpos de seguridad de los que dispone el Estado y en los cuales se asienta la capacidad coercitiva del mismo.

En México, sin embargo, durante mucho tiempo no existió la posibilidad de llevar a cabo un control democrático sobre los aparatos estatales de seguridad, que garantizara el respeto irrestricto a los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna en virtud de que la cultura republicana y de pluralismo que hoy impera en nuestro régimen político, no se instauró sino hasta fechas relativamente recientes.

La transición democrática ha hecho posible poner en la mesa del debate, temas como la conveniencia de la participación del Poder Legislativo en asuntos relacionados con el control de las agencias de seguridad, del mismo modo que se ha propuesto una mayor colaboración con el Poder Ejecutivo Federal y con los demás niveles de gobierno, es decir, las entidades federativas y los municipios.

Más aún, a la luz de los buenos resultados que han conducido los procesos de ciudadanía, de los cuales han sido objeto los modelos de seguridad pública en varios países, lo que se discute hoy es la pertinencia de incluir a la sociedad civil en cada vez más espacios donde se toman decisiones encaminadas a preservar la vida, la familia y las posesiones de los ciudadanos.

Uno de estos espacios es precisamente el Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano encargado de funciones como: establecer los instrumentos y políticas públicas tendientes a cumplir los objetivos y fines del Estado en materia de seguridad; promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el sistema y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito; así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas del sector.

No obstante, la relevancia de las atribuciones que la ley establece a favor del Consejo, hasta ahora, a pesar de haberse promovido en más de una ocasión, se ha mantenido al margen del proceso decisorio en materia de seguridad pública tanto al Poder Legislativo como a la sociedad civil, pues ninguno de sus representantes tiene la posibilidad de incidir realmente en las decisiones adoptadas por el pleno de la entidad referida.

El decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene la finalidad de que el Consejo cuente con cinco representantes de la sociedad civil, pero además el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en calidad de invitados permanentes, representa un avance importante en el esfuerzo de adecuar nuestro marco jurídico para consolidar la participación ciudadana en las tareas de planeación y supervisión de las acciones relacionadas con la seguridad pública.

Con ello, se pretende que en el Consejo se vea reflejada más fielmente la nueva dinámica del sistema político mexicano que hoy cuenta con una auténtica división de poderes, y con una sociedad crecientemente participativa.

No se puede soslayar el hecho de que todos los días aparecen nuevas formas de criminalidad, cada vez más organizadas y sofisticadas, lo cual exige una mayor coordinación entre el gobierno y la sociedad para preservar la vida, la integridad y el patrimonio de la población.

Aumentar el número de efectivos policíacos e imponer penas más severas ya no es suficiente para alcanzar niveles de seguridad aceptables, ello sólo puede lograrse si se avanza en la consolidación de un sistema nacional de seguridad pública incluyente al mismo tiempo que participativo.

Por su atención, muchas gracias,

Es cuanto señor Presidente.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 16 de octubre  de 2013

   

Con su venia, señor presidente.

Con su permiso compañeras diputadas, compañeros diputados.

Nuestro orden jurídico establece como un derecho humano a la propiedad, sistemáticamente también lo hacen diversas convenciones internacionales, las refiere y respetan, pero en este espacio subrayamos, como bien lo dice la teoría de lo social, que ningún Derecho es absoluto, en este caso, la propiedad debe respetarse en atención a la dignidad de las personas, siempre y cuando con él no se trastoque ni al orden público, ni al interés social.

En este sentido, el dictamen puesto a discusión en esta ocasión tiende, con su redacción, a armonizar las ideas mencionadas; es decir, preservar los derechos de propiedad de las personas sin demeritar al orden público.

En concreto, se pretende concederle beneficios a las autoridades administrativas, perteneciente al rubro de los transportes, en concreto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para proveer a las autoridades administrativas los procesos de ley, cuya finalidad sea facilitar la disposición de los vehículos no reclamados y por ende, abandonados por los particulares en los espacios de los permisionarios.

Los llamados corralones son depósitos vehiculares para retener los vehículos automotores por faltas a los dispositivos de tránsito. Estos generan costos por los servicios prestados, como el cuidado de los vehículos ante posibles asaltos de grupos delincuenciales que trafican con autotransportes, el acomodo de autos, el valor por la pensión efectuada del automóvil, entre otros.

Todo lo anterior, en suma, en muchas ocasiones, sobrepasa el valor del vehículo, provocando con ello que el propietario no reclame su propiedad, sobre todo porque también son modelos viejos, lo cual hace menos atractivo su retorno al patrimonio de las personas.

En este entorno, si un particular decidiera optar por acudir por su propiedad, éste deberá considerar el aumento del gasto por concepto de arrendamiento, y en general, el costo financiero no recuperado.

Lo anterior, sin reflexionar demasiado en los focos de contaminación ambiental derivada de los óxidos ferrosos, y de los escurrimientos de aceites, ácidos y combustibles y del hacinamiento que pueda provocar la carrocería de vehículo; y de ser un lugar propicio para roedores, insectos reptiles, entre otros múltiples factores como la pérdida de elementos reciclables, que bien podrían ser aprovechados.

La solución propuesta a los problemas mencionados es establecer por escrito un sistema de notificación personal y excepcionalmente por edictos o instructivos a los propietarios, con ello se pretende asegurar el derecho de audiencia y el debido proceso.

Con este dictamen proveemos una solución jurídica sin afectar a los particulares, elevando así el nivel de vida de los vecinos de los depósitos vehiculares, se mejora el ambiente también, se utiliza el reciclaje y podrá, de ser el caso, contribuirse de modo eficiente y adecuado a las arcas municipales, ya que actualmente se generan costos por los arrendamientos de los corralones, pero incluso pueden ser motivo para que con la venta de estos coches -que ya no son reclamados- las arcas municipales se puedan fortalecer enormemente.

Por eso, la fracción del Partido Verde Ecologista de México estamos  a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor presidente.

Muchas gracias.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 15 de noviembre de 2013

Boletín  252/13

    Dichos exámenes son parte de la estrategia del Gobierno federal para formar policías con un alto grado de profesionalización y confianza en el desempeño de sus funciones: Dip. Arturo Camarena

 

“En el Partido Verde respaldamos las acciones legislativas a favor de los derechos humanos, especialmente ante la necesidad de garantizar que estos se respeten durante todos los procesos de depuración de las policías y ministerios públicos”, aseguró el diputado Felipe Arturo Camarena García, secretario de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

El legislador explicó que el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos en todo el país ha expuesto diversos casos en los que se ha denunciado la violación de la intimidad y dignidad de quienes son sometidos a éste, por lo que Camarena García aseguró que todas estas inquietudes deben ser revisadas.

El ecologista reconoció el enorme avance que representó para el país la implementación de dichos exámenes, toda vez que son parte de la estrategia del Gobierno federal para formar policías con un alto grado de profesionalización y confianza en el desempeño de sus funciones, “además de los conocimientos y la ética necesarios que garanticen la atención adecuada a los ciudadanos”.

En este sentido, Camarena García recordó que México tiene el enorme reto de garantizar la seguridad pública, ya que todos los días aparecen nuevas formas de criminalidad, “cada vez más organizadas, sofisticadas, violentas y con mayor capacidad de hacer llegar sus tentáculos de poder a casi cualquier ámbito de la sociedad”.

Finalmente, el diputado federal por el estado de Guanajuato subrayó la importancia de revisar los exámenes de control de confianza para garantizar que se obtengan los perfiles adecuados para esa labor y por otro lado, que estos sean realizados en estricto apego a los derechos más elementales de cualquier ciudadano.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 14 de octubre de 2013

Boletín  231/13

  El resultado de esta nueva mecánica tributaria se debe considerar como un trabajo inacabado, y a partir de enero, se deberá abrir la discusión nuevamente, para incluir a quienes no han sido cooptados: Dip. Arturo Escobar

 

Arturo Escobar y Vega, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, aseguró que ningún sector de la sociedad debe sentirse amenazado, porque tanto el IVA en colegiaturas como en operaciones inmobiliarias, quedaron fuera del dictamen del paquete de Ley de Ingresos.

Adelantó que a partir del miércoles de esta semana, será posible votar en el Pleno el dictamen de las reformas financiera y el paquete económico 2014, que actualmente se discuten en la comisión de Hacienda y Crédito Público.

“Mañana en la tarde se estarán votando en la comisión de Hacienda los temas que faltan, entre los que destacan la coordinación fiscal, el IVA y el ISR, con esto tendremos un mapa más completo de lo que se aprobará”, reiteró.

En entrevista, consideró que el único mecanismo que realmente permitirá ampliar la base fiscal es el  impuesto al consumo. “En México el único régimen especial que realmente podría acumular ingresos es el IVA en alimentos, por lo que le pediría a la Secretaría de Hacienda que mantenga abierta la discusión respecto a este tema”.

Finalmente, Escobar y Vega señaló que el resultado de esta nueva mecánica tributaria se debe considerar como un trabajo inacabado, y a partir de enero, se deberá abrir la discusión nuevamente, para buscar incluir a quienes no han sido cooptados y trabajar para lograr que quienes están en la informalidad, entren a un esquema de formalidad, en el que reciban prestaciones y se conviertan en causantes.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 22 de octubre de 2013

  POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA CARLA ALICIA PADILLA RAMOS, RELATIVO AL DICTAMEN QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD

Con la venia de la presidencia.

 

Honorable Asamblea.

 

El programa del Seguro Popular, se introdujo en 2004 con el objetivo de prestar atención médica, servicios preventivos y protección financiera a las personas que carecen de cobertura de salud.

 

A finales de 2011, ofrecía servicios de salud gratuitos a más de 50 millones de personas, este seguro ha contribuido a reducir gradualmente las grandes disparidades regionales en el acceso a los servicios de salud.

 

El país ha logrado grandes avances en el aumento a la cobertura de la salud, sin embargo, aún persisten importantes problemas.

 

El sistema de protección social mexicano enfrenta retos críticos como son, proporcionar mejor acceso a los instrumentos de manejo de riesgo a los principales grupos vulnerables.

 

México debe garantizar y mejorar el acceso a la atención, ampliando la gama de servicios cubiertos por el programa, facilitando su accesibilidad en todos los estados y mejorando la calidad de la atención.

  

La iniciativa que hoy se somete a votación, trae consigo la obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para que el derecho a la salud lo promuevan, respeten, protejan y garanticen de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Para ello, la iniciativa que nos ocupa, establece como principales cambios, que la transferencia de los recursos federales podrá hacerse en numerario en especie.

Asimismo, desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud.

De igual manera se fortalece la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud, toda vez que se da mayor certeza respecto del pago por prestación de servicios de salud que se brinde entre entidades federativas y los que se otorguen por las instituciones federales.

En el mismo sentido, se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos.

En el artículo 77 bis 16 de la Ley General de Salud, se establece que en caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación, tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción.

Se establece un delito específico en materia de desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie.

Por último, el dictamen de la Comisión de Salud consideró la iniciativa en estudio como viable, aunque realizó una modificación respecto de la propuesta original en la que el artículo 469 Bis, que proponía  sancionar  con una pena de dos a siete años de prisión a cualquier persona que desviara el objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, la pena mínima, nosotros decidimos al interior de la comisión, aumentará de dos a cuatro años.

Por todo lo anterior, sabemos que el problema no radica en la determinación del derecho en sí, sino en los mecanismos que las autoridades deben implementar para que se garantice el cumplimiento de este derecho fundamental, sin distinción alguna.

Por ello, las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos manifestamos a favor de las reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, ya que lo consideramos de vital importancia para su inmediata implementación.

Es cuanto, señor presidente.

     

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Fotos del Primer informe de actividades del Dip. Ricardo Astudillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

11 de Octubre de 2013.

Cámara de Diputados LXII Legislatura, Partido Verde Ecologista de México.

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México, D. F., a 11 de octubre  de 2013

Boletín  228/13

 

Una botella de PET tarda hasta 500 años en degradarse, lo que representa un severo problema ambiental, si consideramos que en México se consumen alrededor de 800 mil toneladas al año: Carlos Castellanos

 

Debido a que en México se producen alrededor de nueve mil millones de botellas de PET cada año, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares presentará la próxima semana una iniciativa, para implementar nuevos derechos tributarios ambientales que ayuden a resarcir los daños que se genera al desechar envases de PET, y los recursos se destinen para los municipios más pobres del país.

“Con estos recursos adicionales los ayuntamientos tendrán un adecuado manejo de los residuos sólidos y mejorarán los rellenos sanitarios, además de contar con plantas de reciclamiento de PET y con ello generar mayores recursos,”, aseguró.

El legislador del Partido Verde precisó que esta cuota no se aplicará cuando la producción de dichos envases se realice con material reciclado; es decir, que dicha botella provenga del reciclamiento de una previa.

Explicó que un envase de PET tarda hasta 500 años en degradarse, lo que representa un severo problema ambiental, si consideramos que cada año se producen en México alrededor de nueve mil millones de botellas de este material, lo que representa casi una tercera parte de la basura doméstica.

Castellanos Mijares subrayó que la Semarnat en coordinación con la Secretaría de Hacienda serán las encargadas de supervisar la producción y reciclamiento de estos envases, a fin de realizar la fiscalización correspondiente.

“Es necesario promover el reciclaje del PET en nuestro país no sólo como una medida urgente para evitar que se acumule en los basureros o se tiren en las calles y ríos, sino también para transitar hacia una economía sustentable que ahorre materia prima y recursos energéticos”, enfatizó.

 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 10 de octubre  de 2013

   

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DEL DIPUTADO CARLOS CASTELLANOS MIJARES, SOBRE EL DICTAMEN RELATIVO A LAS COMISIONES INVESTIGADORAS

 

Con la venia de la presidencia.

Compañeras y compañeros diputados.

La rendición de cuentas y la división de poderes, son tradicionalmente ideas originadas a partir del liberalismo francés de la Revolución Francesa y que se consumaron en el constitucionalismo que dio origen a los  Estados Unidos de Norteamérica

Con ello, nunca más se depositaría el poder en un solo hombre y se dividirían las funciones, a fin de que hubiera pesos y contrapesos. En estos pesos y contrapesos, al Poder Legislativo le correspondería hacer las leyes, al Poder Judicial aplicarla y juzgar los casos que le fueran presentados y al Poder Ejecutivo, aplicar las leyes y llevar la administración.

Con un sistema de contrapesos en el cual el propio Poder Legislativo podía fiscalizar el uso de los recursos públicos, la actuación de las autoridades administrativas, así como también el Poder Judicial controlar la constitucionalidad de los actos que llevaran a cabo los otros órganos del Estado.

Así pues, se delinearon órganos públicos, que desde entonces tuvieron competencias separadas en las labores ejecutiva, legislativa y judicial.

Debía ser de este modo, ya que así correspondería a los servidores públicos cumplir con los mandatos del pueblo, y de las decisiones políticas fundamentales, establecidas en la norma constitucional.

Desde entonces, se acordó en todas las latitudes del orbe un sistema de control para conseguir que nadie abuse del área de la responsabilidad que le fue atribuida.

La fórmula tradicional para obtener tal objetivo es que, como ya lo había mencionado, el Poder Legislativo acuda al cumplimiento de las normas que él mismo emitió, por ello, quienes forman parte de los otros órganos del Estado puedan, en cualquier momento, ser llamados por el Poder Legislativo a comparecer y a poder informar el estado que guardan las carteras que ellos están administrando y las funciones que estos órganos del Estado están llevando a cabo

En este orden de ideas, con la finalidad de establecer reglas ciertas al comportamiento y a la Constitución de las comisiones de investigación, es que la bancada del Partido Verde apoya el dictamen sujeto en esta iniciativa y que hoy discutimos.

Sobre todo porque si es el Poder Legislativo de donde emanan las normas y leyes es muy impropio que tenga que guiarse por acuerdos parlamentario cada vez que tenga que constituirse una comisión investigadora.

Nosotros los diputados requerimos reglas ciertas e inamovibles, las cuales deberán ser preferidas sobre cualquier otro acuerdo por la ventaja de la seguridad jurídica.

El dictamen que hoy se comenta provee beneficios a la sociedad y a la rendición de cuentas, ahora ninguna de las fuerzas políticas podrá escudarse en una votación de la Asamblea para ampliar una investigación sin contenido o bien, ninguna autoridad podrá dilatarse en proveer los elementos objetivos para que esta Cámara pueda tener los elementos necesarios, a fin de conocer el estado que guardan las cosas que están a cargo de la administración.

Compañeros, por ser un dictamen muy bien elaborado como todos los emitidos por la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, los invito a emitir su voto a favor, lo creemos justo para solidificar más el régimen de rendición de cuentas a través de la investigación y la certeza que da la razón.

México necesita certeza, démosela compañeros, y cómo se la vamos a dar, iniciando por la casa.

Es cuanto, señor presidente.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 10 de Octubre  2013

  

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA RUTH ZAVALETA SALGADO, RELATIVO A LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO

Con su permiso señor presidente,

En el peligro de las palabras, Vaclav Havel escribió “extraños destinos pueden tener las palabras, el mismo tipo de hombres valerosos y pensamiento libre, puede ser echado a la cárcel, una vez porque cierta palabra tiene algún significado para ellos, y otra porque la misma palabra ya nada significa, ya que de símbolo de un mundo mejor se degrada a conjuro verbal de un estúpido dictador”

 El decreto del dictador Victoriano Huerta utilizó las suyas para justificar, en 1913, sus fechorías, considerando que las Cámaras de la actual legislatura de la Unión, ya bajo el gobierno anterior, se habían demostrado inquietas y desorganizadas al grado de que en vez de contribuir a la obra propia del estado político constituían un poderoso elemento disolvente en todo orden social, bajo el gobierno que la actualidad rige los destinos de la república han llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo hostilizándolo en todos sus actos.

 ¿Cuántas veces, a nombre de la democracia, los dictadores han justificado los ríos de sangre y la disolución de la representación popular? El decreto de disolución del Congreso de la Unión y la convocatoria para elecciones acordaba con el embajador norteamericano zanjar dos entuertos  donde Huerta se había metido: responder por la muerte del senador Belisario Domínguez quien solicitara su destitución y romper con la representación popular que el sufragio efectivo construyó con la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia de la República.

Escriba el historiador Friedrich Katz “bajo Madero las elecciones fueron más libres y limpias que nunca. El Congreso de la Unión se convirtió en un verdadero foro en el que se debatía puntos de vista contrarios, la prensa era libre y algunos grupos que pedían reformas sociales eran tolerados”

Pocos meses antes de su muerte, Belisario Domínguez subió a la tribuna del Senado de la República para votar en contra del nombramiento del General Juvencio Robles, a quien el Ejecutivo, bajo el mando de Victoriano Huerta, buscaba nombrar gobernador del estado de Morelos, “se acaba de enviar presos a esta capital sin ningún fundamento legal a los ciudadanos que representan los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Morelos y al mismo funcionario que acaba de cometer tal atropello se le van a confiar los destinos de dicho estado; es decir, se le va a nombrar gobernador.”

 En la sociedad abierta y en otros escritos de Karl Popper afirmó que “existen únicamente dos formas de gobierno, uno en el que era posible derrocar al gobierno sin derramar sangre por medio de la votación; es decir, la democracia; y otro en el que eso es imposible, la dictadura o la tiranía.

El golpe artero de Victoriano Huerta, cobro la sangre de Francisco y Madero y José María Pino Suarez, por cierto asesinados a unos metros de esta Cámara de Diputados en el Palacio Negro de Lecumberri, hoy archivo general de la Nación.

A cien años de la disolución del Congreso esta Honorable Asamblea tiene que hacer un alto en el camino y reflexionar, como queremos ser recordados dentro de 100 años los legisladores que ahora nos encontramos aquí.

Esta Honorable Asamblea tiene la gran oportunidad de ser el Congreso de la consolidación formal de la democracia, con leyes y acciones que antepongan los intereses de las mayorías, que combata verdaderamente la pobreza, que disminuya las brechas de desigualdad social, económica y sobre todo la política y es ahí donde quiero hacer énfasis en dos puntos.

El primero tiene que ver con la justicia electoral para el sector de las mujeres a 60 años del aniversario del voto de la mujer, es indispensable reflexionar si verdaderamente está pensando en la justicia electoral para ellas.

El segundo punto con el fortalecimiento del poder legislativo en el ámbito local, esta soberanía está obligada a preservar y fortalecer el Estado Federal para completar el proceso democrático de nuestros país, fortalezcamos los congresos locales, no actuemos con autoritarismo desde el Congreso de la Unión, construyamos acuerdos con ellos para que su función de control y equilibrio ante los gobernadores sea efectivo como lo es en el ámbito federal

A cien años de la disolución del Congreso, desde esta Cámara de Diputados alzamos la voz y decimos nunca más decisiones autoritarias, nunca más derramamiento de sangre, nunca más una dictadura, ni ningún tirano podrá socavar ni disminuir el avance de la democracia que emana desde este honorable Poder Legislativo

Muchas gracias compañeras y compañeros.

   

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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