Senado (1113)
Children categories
PIDE PARTIDO VERDE GARANTIZAR SEGURIDAD JURÍDICA EN JUICIOS ADMINISTRATIVOS
PVEMMéxico D.F. a 12 de marzo del 2013
Bol 33/13
• La autoridad fiscal cuenta con tiempo excesivo para solicitar la revocación de un acto administrativo perjudicial para el fisco: Sen. Ninfa Salinas Tras considerar que el tiempo con el que cuenta la Administración Pública Federal, con respecto a las resoluciones administrativas a particulares, es imprudente y excesivo, la senadora Ninfa Salinas Sada presentó una iniciativa para disminuir el tiempo de interposición del juicio de lesividad de cinco a un año.
El juicio de lesividad procede cuando la autoridad considera que la resolución administrativa de un particular es contraria a la ley y causa perjuicio al fisco, para lo cual cuenta con cinco años para iniciarlo, contrariamente al tiempo con el que cuenta el particular, que es de 45 días.
Estimó que esta situación es indebida y contraria a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional. Además es contradictoria al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual marca que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.
En ese sentido, resaltó que en el plazo de cinco años, el particular tendrá incertidumbre de que la autoridad cambie de criterio interpretativo o incluso aplique jurisprudencia que en el momento de la decisión no existía, contraviniendo adicionalmente el principio constitucional de irretroactividad.
Comentó que un Estado constitucional de derecho está sometido a la Ley, a su Constitución y sus principios, por lo que alegar exceso de trabajo no tiene mayor peso, para continuar con un plazo de cinco años.
“No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa una lesión o perjuicio al fisco, sin embargo tampoco debe ser un instrumento para que las autoridades fiscales puedan impugnar en cualquier tiempo”, destacó.
Con esta iniciativa se salvaguarda los principios de seguridad jurídica, certeza, igualdad e irretroactividad en el plazo que tiene la administración pública para ejercer acción legal para solicitar que se revoque un acto administrativo.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
PIDE PARTIDO VERDE EVITAR QUE OLIGOPOLIOS AFECTEN A CAFETALEROS MEXICANOS
PVEMMéxico, DF, a 12 de marzo de 2012
Boletín 34/12
• La producción y la calidad del café descendió por la falta de apoyos al sector: Melgar Bravo
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEN. NINFA SALINAS SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PVEMMéxico, D. F., a 12 de Marzo de 2013
La seguridad jurídica es de vital importancia para cualquier intento de reinstalar al país en la senda del progreso y el crecimiento.
Los Estados de Derecho constitucionales, además de perseguir la seguridad jurídica, mediante normas formales; también deben elaborar un derecho material justo. El Derecho Tributario de los Estado de Derecho no puede constituir un orden con un contenido cualquiera.
El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El particular, así como la Administración Pública Federal pueden iniciar un juicio cuando estimen que una resolución administrativa, es contraria a la ley.
En el caso de la autoridad, se trata del llamado juicio de lesividad, que tiene por objeto revocar o nulificar un acto administrativo que la propio autoridad emitió pero, de un análisis posterior, considera se causa daño al fisco y además es ilegal.
La problemática que motiva esta iniciativa, surge en la distinción de plazos concedidos por ley, para interponer el juicio.
El particular que acude ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por considerar ilegal una resolución de la Administración, cuenta con 45 (cuarenta y cinco) días para presentar su demanda, no así la autoridad quien tiene, hasta 1866 (mil ochocientos sesenta y seis) días para iniciar un juicio.
En efecto, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, el plazo de interposición de la demanda es de cinco años.
Esta disparidad, representa una vulneración inminente a varios principios jurídicos. Debe mencionarse que el juicio de lesividad tiene como finalidad inmediata revisar la legalidad de las resoluciones fiscales favorables a los particulares, pero esta finalidad está limitada por el bien jurídicamente tutelado: la seguridad jurídica de los particulares, que como principio constitucional, contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna está por encima de cualquier otra consideración.
No debemos perder de vista que los 5 años que nos ocupan, son el plazo con que cuentan las autoridades fiscales únicamente para iniciar el juicio de lesividad, lo que significa que la definición de la situación jurídica del particular, necesariamente se alargará durante algunos años más, esto es, hasta que tal juicio haya concluido, sin considerar el tiempo que ya transcurrió antes de obtener la resolución que la autoridad ahora impugna.
Imaginemos, el particular se ha sometido a un procedimiento administrativo del que obtuvo respuesta o resolución favorable de la Administración. No obstante, tendrá que esperar cinco largos años para tener certeza de que la respuesta a su favor queda firme.
Y si después de más de cuatro años de intranquilidad, la autoridad detectara un error que ella misma cometió, y se le sometiera de nueva cuenta a un procedimiento administrativo, debemos considerar que un juicio de nulidad tarda, entre dos a tres años, lo que representará que la situación jurídica del particular se estará definiendo en un plazo que en promedio, será de siete a ocho años, siendo evidente que en muchos casos estos plazos son incluso, mucho mayores.
Esto se estima indebido, pues si bien es cierto que las resoluciones favorables a los particulares deben ser objeto de revisión por parte de los tribunales, también lo es que el plazo de más de cinco años, en el que se determinarán los derechos y obligaciones de los particulares resulta imprudente, excesivo y, por ende, contrario a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 Constitucional.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es instrumento internacional que se encuentra a la par de la Constitución. Su artículo 8, párrafo 1, dispone:
"8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable […].”
Es por tanto que la autoridad tiene el deber de determinar los derechos y obligaciones de orden fiscal dentro de un plazo razonable, por parte de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
El plazo excesivo con el que cuenta la autoridad para interponer el juicio de lesividad, quebranta el principio de seguridad y certeza jurídica.
Durante el plazo mencionado, de cinco años, el particular tendrá incertidumbre de que, la propia Administración cambie de criterio interpretativo o incluso, aplique jurisprudencia que, en el momento de la decisión no existía, contraviniendo adicionalmente, el principio constitucional de irretroactividad.
Los cinco años concedidos a la Administración Pública, no se pueden justificar en el cúmulo de trabajo bajo su responsabilidad, ni en afirmar que se pretende equiparar con el plazo de prescripción de las facultades fiscales (que también es de cinco años).
Invocar un exceso de trabajo no tiene mayor peso que el argumento de un Estado constitucional de derecho, del que somos parte; donde particulares así como autoridades estamos sometidos a la ley, su Constitución, y los principios que de ella derivan.
No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa una lesión o perjuicio al fisco. Sin embargo, tampoco debe ser un instrumento para que las autoridades fiscales puedan impugnar en cualquier tiempo, una resolución favorable a un particular, máxime que fue la propia autoridad quien la emitió.
Esta iniciativa expone la necesidad de reducir los plazos, para la autoridad, en la interposición del juicio de lesividad.
No obstante, establecer un plazo de 45 días, igual al que posee el particular, también atentaría con la equidad procesal, toda vez que es acertado considerar en su justa medida, el cúmulo de trabajo que tienen las autoridades, razón por la cual, 45 días no son suficientes para que la Administración detecte error o ilegalidad en alguna resolución por ella misma emitida.
Por tanto, con el objetivo de salvaguardar los principios de seguridad jurídica, certeza jurídica, igualdad e irretroactividad, proponemos reducir a un año, el plazo que tiene la Administración Pública para ejercer acción legal que pretenda revocar o nulificar un acto administrativo, que considere es ilegal y causa perjuicio al fisco.
La ley no debe secundar situaciones arbitrarias, los Estados de Derecho deben caracterizarse por un Derecho tributario justo, y mencionó, las palabras del filósofo y político griego Séneca ´:
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, permitir plazos excesivos contribuiría a permitirlo.
Por su atención, muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
URGEN ACCIONES PARA COMBATIR Y PREVENIR LA INFECCIÓN DEL VIRUS VIH: SEN. BARRERA TAPIA
PVEMMéxico D.F. a 8 de marzo del 2013
Bol 32/13
En México, la tasa de infecciones por VIH sigue superando la de su tratamiento: Sen. Barrera Tapia
La senadora mexiquense María Elena Barrera Tapia, a nombre de la Comisión de Salud, posicionó un dictamen por el que se solicitan diversas acciones para atender la problemática del VIH Sida.
Desde la tribuna resaltó que la Comisión de Salud unió esfuerzos, sin distinción ideológica, para evitar y disminuir las muertes ocasionadas por el VIH, así como controlar y erradicar su propagación.
En ese sentido recordó que la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la ONU, para el 2010, fue lograr el acceso universal al tratamiento de esta enfermedad para todas las personas infectadas.
Aseguró que este fenómeno requiere de acciones legislativas urgentes y que como senadores están comprometidos en dar continuidad al trabajo legislativo en beneficio de toda la población, principalmente de los más necesitados, toda vez que en México la tasa de nuevas infecciones por VIH sigue superando la de su tratamiento.
El dictamen contiene siete exhortos al Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud a impulsar acciones para combatir el virus del Sida.
El primero solicita impulsar trabajos que integren los servicios de salud portables para asegurar la atención de la población de riesgo, portadores y paciente. Segundo, fomentar campañas de prevención para evitar propagación y promover diagnóstico temprano.
Tercero, que se verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana sobre la prevención y control de la infección por virus por parte del Sistema Nacional de Salud, garantizando la atención adecuada.
En el cuarto punto se solicita vigilar y promover el ejercicio de los recursos económicos asignados al Programa de Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Así como mantener la cobertura universal de medicamentos a los pacientes con el virus y den continuidad a su tratamiento.
En el sexto punto se requiere acciones y estrategias para que los portadores cuenten con tratamientos antirretrovirales y se realicen pruebas de detección en mujeres embarazadas.
Como última solicitud, se pide incrementar sustancialmente, año con año, los recursos asignados a los programas referentes a ese mal.
Barrera Tapia comentó que según el Registro Nacional de casos de SIDA, dependiente de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, del 2011 al 2012 aumentó el número de casos de infectados, al pasar de 147 mil 137 a 159 mil 411.
Sin embargo, destacó que a pesar de ello, cada vez más se detectan casos en temprana etapa, que de progresión tardía, derivado de los esfuerzos realizados a nivel nacional por incrementar las detecciones oportunas.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
TODAVÍA SE REQUIERE SEGUIR TRABAJANDO EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO: SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
PVEMMéxico D.F. a 7 de marzo del 2013
Bol 30/13
Reconoció y felicitó a las mujeres por seguir luchando por la igualdad de todos los seres humanos
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la senadora mexiquense María Elena Barrera Tapia exclamó desde la tribuna “hoy, en este día, hay que trabajar, y hay que decirlo fuerte, hay que gritarlo a los cuatro vientos, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, tendremos que ir ganando terreno”.
Al tiempo que expresó “tendremos que seguir trabajando para seguir cosechando avances significativos, hoy por hoy todavía tenemos mucho que trabajar, hoy por hoy todavía no tenemos los espacios correspondientes, simplemente si aplicáramos proporcionalidad en la vida económica, en la vida social, en la vida productiva de nuestro país a los espacios que les corresponderían a las mujeres”.
Desde la tribuna, señaló que la celebración de este día, es un exhorto que busca la igualdad entre mujeres y hombres, así como para enfocar todos los esfuerzos en terminar con la violencia a la que son sujetas las mujeres.
Este año, el Día Internacional de la Mujer está enfocado a salvaguardar la justicia, imparcialidad e igualdad social de las mujeres, así como poner fin a la violencia.
“Paso a paso y con altibajos, pero con aplomo, fuerza y constancia, la mujer ha dado vida y sentido a la misma, y hoy más que nunca la mujer es protagonista, señera del presente y futuro prometedor de todos los rincones del planeta”, destacó.
Barrera Tapia resaltó que como personas, las mujeres y los hombres deben dejar constancia de la obligación que tiene de contribuir con hechos más que con palabras, a propiciar y difundir la igualdad de la mujer.
Sin embargo, exhortó, “dicho compromiso, no deberá estar basado en fomentar la llamada discriminación positiva a favor de las mujeres y en perjuicio de los hombres o en contra de la discriminación negativa sino más bien, deberá estar basado en su propio desempeño, funciones y responsabilidades”.
Finalmente, hizo un reconocimiento y felicitación a todas las mujeres por luchar y seguir luchando por la igualdad entre todos los seres humanos.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA MARÍA ELENA BARRERA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
PVEMMéxico, D. F., a 07 de marzo de 2013
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA SENADORA MARÍA ELENA BARRERA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Muchas gracias, Señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
Hoy más que una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio es un exhorto que busca la igualdad entre mujeres y hombres, y sobre todo para enfocar todos los esfuerzos para acabar con la violencia a la que somos sujetas; este día no es tan solo una celebración.
Podemos reconocer el gran trabajo que se realiza por parte de las organizaciones de todo el mundo para lograr la igualdad y respeto hacia todas las mujeres del planeta.
La Carta de Naciones Unidas firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó la igualdad de género como un derecho fundamental.
En este sentido, la ONU ha contribuido a que la conmemoración sea también un punto de convergencia de las actividades coordinadas a favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.
Este año, el Día Internacional de la Mujer está enfocado a salvaguardar la justicia, imparcialidad e igualdad social de las mujeres, así como poner fin a la violencia.
Está por demás decir que hemos estado trabajando de manera incesante para poder avanzar en este tema, paso a paso y con altibajos, pero con aplomo fuerza y constancia la mujer ha dado vida y sentido a la vida misma y hoy más que nunca, la mujer es protagonista, señera del presente y futuro prometedor de todos los rincones del planeta.
En México, las mujeres representamos más de la mitad de la población, y en ese México donde todos queremos avanzar en materia de equidad y de igualdad, tendremos que seguir trabajando para seguir cosechando avances significativos, hoy por hoy todavía tenemos mucho que trabajar, hoy por hoy todavía no tenemos los espacios correspondientes, simplemente si aplicáramos proporcionalidad en la vida económica, en la vida social, en la vida productiva de nuestro país a los espacios que les corresponderían a nosotras las mujeres.
Hoy, en este día, hay que trabajar y hay que decirlo fuerte, hay que gritarlo a los cuatro vientos: la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer tendremos que ir ganando terreno.
Hay que dejar constancia que hombres y mujeres como personas que somos, estamos en la obligación de contribuir con hechos más que con palabras; a propiciar y difundir, hoy más que nunca, la igualdad entre nosotros.
Pero dicho compromiso no deberá estar basado en fomentar la llamada "discriminación positiva" a favor de las mujeres y en perjuicio de los hombres o en contra de la "discriminación negativa", sino más bien, deberá estar basado en sus propios merecimientos, así como, en el desempeño de las funciones que tenemos las mujeres y nuestras propias responsabilidades.
Hagamos verdaderos votos y compromisos para que en el real sitial y total reconocimiento de los derechos de la mujer se den también en las mentes y en los corazones de las personas.
Finalmente, compañeros senadoras y senadores, hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer, desde esta tribuna, expresamos nuestra solidaridad, saludo, reconocimiento y felicitación a todas las mujeres anónimas o no, presentes o no, de todas la latitudes no sólo de México, sino de todo el mundo por luchar y seguir luchando por la igualdad entre todos los seres humanos.
Es cuanto señor Presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
México D.F. a 7 de marzo de 2013
El bajo número de patentes solicitadas y concebidas a mexicanos es un indicador del rezago tecnológico: Puente Salas.
Uno de los indicadores que muestran con mayor crudeza el rezago de México en ciencia, tecnología e innovación es el bajo número de patentes solicitadas y concedidas a mexicanos.
Bajo esta premisa, el Senador Carlos Alberto Puente Salas presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del CONACYT y a la Ley de la Propiedad Industrial para fortalecer los mecanismos de divulgación científica y tecnológica, fomentar la aplicación del conocimiento en la solución de problemas concretos, así como estimular el desarrollo de nuevos bienes y servicios capaces de generar beneficios económicos a sus creadores y a la sociedad en general.
Durante la presentación de su propuesta resaltó que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en México en el año 2010 apenas se solicitaron 14 mil patentes, mientras que en países como Estados Unidos el número de solicitudes llegó a más de 490 mil.
Peor aún, del total de solicitudes de patentes realizadas en nuestro país, el 90 por ciento correspondieron a extranjeros y el restante a inventores mexicanos, señaló.
Para el legislador por Zacatecas, este bajo nivel de producción de patentes nacionales tiene serias repercusiones pues constituye un obstáculo para mejorar el desempeño económico de México, sus regiones y comunidades, además de que limita la capacidad del Estado mexicano para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia.
En la iniciativa, apoyada por el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, senador Alejandro Tello Cristerna, y por senadores de diversos grupos parlamentarios, se destaca que los problemas de México en materia de innovación y creación de patentes hunden sus raíces en aspectos como la falta de una estrategia integral de divulgación del conocimiento científico y tecnológico, además de la ausencia de mecanismos que apuntalen el trabajo de las instituciones que deben apoyar y estimular el registro de invenciones de científicos mexicanos.
A través de las reformas a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en el documento, se propone que el CONACYT establezca anualmente una estrategia nacional de divulgación científica y tecnológica, que destaque la utilidad del conocimiento para la solución de problemas concretos. Dicha estrategia, se señala, deberá establecer metas específicas e indicadores que permitan evaluar su desempeño.
Destacó que se propone que el CONACYT y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se coordinen para que las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento existentes en instituciones de educación pública superior y Centros de Investigación apoyen y estimulen la aplicación de avances científicos y tecnológicos, su aprovechamiento comercial, así como la formación de capacidades en propiedad intelectual.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICOPROPUESTA PARA CREAR UN NUEVO CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ES UN TRABAJO DE VARIOS AÑOS
PVEMMéxico D.F. a 6 de marzo del 2013
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, DURANTE LA PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
(Inaudible), la verdad de las cosas es que la iniciativa que he presentado también la han suscrito otros senadores, es un trabajo que se realizó en la Cámara de Diputados apoyado por muchas de las organizaciones, Alejandro Martí y algunos otros, es decir, esta iniciativa no es propiamente mía, yo la he presentado porque para mí es una prioridad que sigamos con la reforma constitucional que se aprobó en 2012.
Me parece que vamos muy tarde, hemos hecho algunas modificaciones pero es una iniciativa que se ha trabajado durante tres años con diferentes autoridades, con diferentes organizaciones civiles y que creo que debería ser la columna vertebral de este Código Federal de Procedimientos Penales, sin duda después de esto tendremos que ir a las modificaciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley Penitenciaria, la Regulación de Jueces de Ejecuciones de Sentencias, es decir hay un arduo trabajo por hacer una vez que se apruebe este Código Federal de Procedimientos Penales.
Por eso es indispensable, celebro y agradezco al presidente Hicks que dé inicio a estos foros.
Bienvenidos y es un placer tener a todos los expertos con nosotros y esperemos que llegue pronto a buen puerto esta iniciativa que requiere el país.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ SOBRE LA INICIATIVA DE LEY PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA AMBIENTAL
PVEMMéxico, D. F., a 05 de Marzo de 2013
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ SOBRE LA INICIATIVA DE LEY PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA AMBIENTAL
Con su permiso Senador Presidente,
Compañeras y compañeros Senadores.
Nuestro país cuenta con una serie de características de las que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, de todas las riquezas de México sin duda alguna, destaca su diversidad biológica, distinguida a nivel mundial por la variedad de ecosistemas y de especies de animales y plantas que se desarrollan en el territorio nacional.
Esta riqueza no sólo implica un gran privilegio contar con un capital natural invaluable, sino también una gran responsabilidad de los mexicanos con el mundo entero, incluso con las generaciones futuras, pues dichos recursos constituyen patrimonio de toda la humanidad.
En atención a dicha responsabilidad, resulta fundamental que quienes integramos el Poder Legislativo Federal asumamos el compromiso de expedir normas adecuadas para el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a fin de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar previsto en el Artículo 4º de nuestra Constitución.
Las conductas que atentan contra el ambiente han sido objeto de diversas regulaciones tanto administrativas como civiles. Con el paso de los años estas medidas han sido superadas por la realidad que impera en nuestros días al grado de ser insuficientes, por lo cual resulta necesario recurrir a las sanciones penales, no sólo como una medida para que los recursos naturales tengan el nivel más alto de protección jurídica, sino como un medio para convertir a la responsabilidad por el daño ambiental en un ejercicio efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país.
Por lo anterior, el día de hoy me permito presentarles ante esta Honorable Asamblea una iniciativa de reformas a los artículos 60 y 420 Código Penal Federal, este último relativo a los “delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en materia de biodiversidad”.
Lo anterior, a fin de combatir el fenómeno que en los últimos años se ha popularizado, no sólo frente a la tentación de disfrutar de bienes exclusivos, sino también por la falta de sanciones ejemplares para impedirlo. El consumo ilícito de vida silvestre materializado en la adquisición de ejemplares y sus derivados con fines ornamentales y para su ingesta.
Ejemplo de estas conductas lo constituye el consumo ilícito de animales disecados, pieles, huevos de tortuga y aleta de tiburón, entre otras carnes y aceites de animales exóticos, en prejuicio del equilibrio de los ecosistemas y de las poblaciones de dichas especies.
Lo anterior, cobra especial relevancia si se considera que en la mayoría de los casos el consumo constituye el último eslabón del mercado ilegal de especies, de plantas y animales, de tal manera que con esta iniciativa se busca dar un golpe a su consumo ilícito desincentivando la demanda de dichos bienes a partir de la amenaza de una sanción penal a sus consumidores a fin de que las actividades destinadas a satisfacer este mercado dejen de representar un negocio.
De esta forma, la presente iniciativa tiene dos objetivos fundamentales:
La primera es fortalecer la protección penal de la flora y fauna del país, estableciendo como delito el consumo ilícito de especies, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos
Y la segunda, aprovechando la oportunidad de esta reforma, se propone un replanteamiento del Artículo 420 del Código Penal Federal, recogiendo el espíritu del texto vigente pero mejorando su redacción mediante el establecimiento de una fórmula general que prevea todas las conductas penalmente relevantes a fin de proteger la biodiversidad con una técnica legislativa mas adecuada.
Por su atención muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
PROPONE PARTIDO VERDE PENALIZAR CONSUMO DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE
PVEMMéxico D.F. a 5 de marzo del 2013
Bol 29/13
- Se pretende combatir un fenómeno que se ha popularizado: Jorge Emilio González Martínez
El senador Jorge Emilio González Martínez, coordinador del Partido Verde, presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal Federal, con el fin de incluir como delito el consumo ilícito de especies de vida silvestre, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos.
La propuesta presentada ante el pleno del Senado de la República destaca que las sanciones administrativas y civiles con respecto a la protección del medio ambiente han sido superadas por la realidad que se vive en México, por lo que es necesario incluir sanciones penales.
Ejemplo de esas conductas lo constituye el consumo ilícito de animales disecados, pieles, huevos de tortuga y aleta de tiburón entre otras carnes y aceites de animales exóticos en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas, hasta poner en riesgo su existencia.
La iniciativa también plantea mejorar la técnica legislativa empleada en la redacción del artículo 420 del Código Penal Federal, ya que es omiso en observar las características de generalidad y abstracción que debe revestir toda norma jurídica, por lo que la reforma subsanará las deficiencias.
González Martínez señaló que con esa medida los recursos naturales no sólo tendrán el nivel más alto de protección jurídica, también la responsabilidad por el daño ambiental se convertirá en un ejercicio efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental del país.
Tiene el “fin de combatir un fenómeno que en los últimos años se ha popularizado, no sólo frente a la tentación de disfrutar de bienes exclusivos, sino también por la falta de sanciones ejemplares para impedirlo”, destacó el líder ecologista.
Comentó que se busca dar un golpe al consumo ilícito de vida silvestre, desincentivarlo y que este mercado deje de representar un negocio.
Mencionó que México destaca por su diversidad biológica, de ecosistemas y especies de animales y plantas, que implica un capital natural invaluable y constituyen patrimonio de toda la humanidad.
El país de ubica en el lugar 7 del selecto grupo de 17, como naciones megadiversas. Además, alberga el 12 por ciento de las especies terrestres conocidas en el planeta.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
More...
PROMUEVE PARTIDO VERDE GARANTIZAR MEDIO AMBIENTE SANO EN LEYES SECUNDARIAS
PVEMMéxico, DF, a 1 de marzo de 2013
Boletín 28/13
- La reforma Constitucional al respecto requería de esta modificación
El senador Jorge Emilio González Martínez, coordinador del Partido Verde presentó una iniciativa de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el fin de hacerlas compatibles al derecho a un medio ambiente sano.
Explicó que hace un poco más de un año se aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, la cual establecía que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Sin embargo, las leyes secundarias no cuentan con esta importante disposición, por lo que el legislador presentó esta propuesta.
En el documento se argumenta que los derechos humanos de tercera generación empiezan a promoverse, como es el caso de la categoría del derecho a un ambiente sano.
Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la cual exhorta a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Así también, la Declaración Universal de Derechos humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948, que proclama que es un derecho garantizar las necesidades humanas de protección y mejoramiento de la salud, educación, vivienda, servicios públicos y a un medio ambiente sano, con el fin de desarrollarse conforme a la dignidad humana.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SENADORA NINFA SALINAS SADA RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TEPJF
PVEMMéxico, D. F., a 28 de febrero de 2013
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SENADORA NINFA SALINAS SADA RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TEPJF
Compañeros Senadores:
La justicia electoral desempeña un papel fundamental en los sistemas de gobiernos democráticos, pues es la garante de que la voluntad ciudadana expresada en las urnas se materialice de forma efectiva en la conformación de instituciones y poderes. Ello permite, a su vez, generar condiciones de legitimidad y estabilidad que resultan fundamentales para la consolidación de la propia democracia.
En este contexto adquiere especial relevancia el nombramiento de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lo cierto es que México necesita magistrados electorales que concilien entre legalidad, razón y justicia. Personas que interpreten con argumentos claros y apegados a derecho; que establezcan soluciones viendo en todo momento por el respeto a la dignidad humana, en un contexto nacional donde los derechos humanos se han convertido en un referente y una guía.
Expresamos nuestra satisfacción porque llegamos a una conclusión en un proceso fundamentado en criterios de objetividad, eficiencia y transparencia. En unos momentos, votaremos el dictamen de la Comisión de Justicia relativo al nombramiento de magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estamos seguros que el resultado final será el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia electoral y de nuestro estado de derecho en su conjunto.
Resulta importante señalar que el proceso que se ha logrado después de un análisis metódico y riguroso, altamente técnico, basado en la realización de audiencias públicas que han probado ser un instrumento fundamental para el buen desempeño de las facultades y responsabilidades del Senado de la República.
En dichas comparecencias, los integrantes de la Comisión de Justicia hemos conocido y debatido aspectos sobre los que van desde la idoneidad de los perfiles académicos y profesionales de los candidatos a magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral, hasta los retos y perspectivas de nuestro sistema de justicia electoral.
Asimismo, las audiencias públicas realizadas por la Comisión de Justicia han permitido conocer los valores y principios que aquellos que aspiran a servir a México ejerciendo el cargo de magistrado.
Debemos reconocer que a lo largo de todo el proceso siempre hubo claridad para las senadoras y los senadores el alto nivel de preparación y conocimiento de cada uno de los participantes de las ternas.
Desde esta tribuna reconocemos su profesionalismo y esfuerzo, éstos serán indispensables para responder con oportunidad a los retos que enfrenta nuestro sistema de justicia electoral
Uno de los retos más importantes que deberán afrontar quienes sean nombrados magistrados electorales será el cambio de paradigma de control jurisdiccional que realizan las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No debemos perder de vista que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y del análisis que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Rosendo Radilla Pacheco, todas las autoridades jurisdiccionales del país deberán, de oficio, ejercer el llamado control difuso de convencionalidad en la materia y resolver en todo tiempo atendiendo al principio pro persona o pro homine, esto es, favoreciendo a la persona con la protección más amplia. En el ejercicio de dicho control los jueces, federales o locales, podrán incluso determinar la inaplicación de una norma por considerarla contraria a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución o en los tratados internacionales en la materia.
Otro reto importante será el relativo al cumplimiento de los derechos político - electorales de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos por nuestra Carta Magna.
Finalmente, quienes sean nombrados Magistrados electorales tienen el reto de acercar la justicia electoral a todos los ciudadanos, incorporando un lenguaje más claro y preciso a sus sentencias.
El Partido Verde Ecologista, respetuoso del estado de derecho, promotor de la cultura de legalidad y comprometido con México, celebramos la conclusión de un proceso tan relevante para la vida institucional de nuestro país.
Muchas Gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
México D.F. a 28 de febrero del 2013
Boletín 27/13
La falta de un tabulador para la retención de la pensión alimenticia provoca confusión constante: Ninfa Salinas
Con el fin de propiciar un sistema de pensiones alimentarias que brinde certeza y seguridad jurídica, la senadora Ninfa Salinas Sada, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa de reformas al artículo 311 del Código Civil Federal.
El problema de los juicios de separación y divorcio recae en el cumplimiento de la sentencia, ya que actualmente queda al criterio del patrón la base del salario sobre el cual se deberá de aplicar la reducción, sobre el salario neto o bruto.
Tal ambigüedad en la legislación provoca que los jueces de lo familiar no cuenten con las herramientas necesarias para asignar una sentencia o convenio justo.
Comentó que la falta de un tabulador para la deducción y retención de la pensión alimenticia provoca una constante confusión, que a su vez puede causar una violación al principio de economía procesal, el cual compromete el bienestar económico de los actores y el desarrollo mental de los menores.
“Habrá que recordar que en este caso no sólo se debe de cuidar al acreedor, sino el deudor que debe de quedar con los recursos suficientes para su sustento”, comentó la legisladora.
Por ello, Salinas Sada presentó esta propuesta de reformas la cual establece que “para realizar la retención se tomará como base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal”.
Tal es el caso que la Suprema Corte, en materia de pensiones, alimenticias, dice que los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y la necesidad del que debe de recibirlos.
“Debatir sobre el tema de las pensiones alimenticias, exige un tratamiento donde se llegue a acuerdos objetivos, si bien es cierto que se debe procurar el bienestar del menor, no podemos propiciar que padres y madres sean víctimas de pensiones excesivas” resaltó.
Y es que alguna falta por el pago de la pensión es considerada un delito penal que puede llevar a la cárcel al deudor o al encargado de la empresa que tiene que retener el porcentaje del salario de su empleado.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 15 de cada 100 matrimonios termina en divorcio, por lo que, dijo, es “nuestra obligación velar por un proceso justo y expedito a favor de los más vulnerables”.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SENADORA NINFA SALINAS SADA SOBRE LA REFORMA AL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS.
PVEMMéxico, D. F., a 28 de febrero de 2013
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INICIATIVA QUE PRESENTÓ LA SENADORA NINFA SALINAS SADA SOBRE LA REFORMA AL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS.
Compañeros Senadores y Senadoras,
En esta ocasión me presento ante ustedes para presentar una reforma al artículo 311 del Código Civil Federal en materia de pensiones alimenticias.
Es una dura realidad la que se vive en México en términos de separaciones y divorcios. Actualmente el 15% de todos los matrimonios terminan en divorcio y cada una de estas separaciones llevan de la mano juicios exhaustivos para las parejas y en su caso para los hijos.
Como parte esencial de la mayoría de los trámites de separación y divorcio, está el de fijar una cantidad de recursos suficientes para un adecuado sustento tanto de la pareja que haya obtenido menores ingresos durante el matrimonio o concubinato, como de los hijos; a esto se le denomina pensión alimenticia.
Aunque por lo regular las pensiones alimenticias son solicitadas por las mujeres, existen algunos casos en que es el hombre el que también solicita su derecho a recibir este apoyo. Aunque estos últimos representan un mínimo porcentaje, reflejan el cinco por ciento de los juicios.
El obligado a fijar el monto a pagar por pensión alimenticia es un juez de lo familiar. Este juez, por medio de una sentencia, indica al deudor la cuantía de este monto, o en su defecto el porcentaje que deberá ser retenido de su salario, el cual la empresa, con la que el deudor tenga una relación laboral, deberá de retener a favor del acreedor alimenticio. Esto crea una relación de solidaridad entre el deudor alimenticio y el patrón, ya que la falta de pago de dicha pensión puede originar una sanción del tipo penal.
El verdadero problema reside en el momento del cumplimiento de la sentencia, ya que queda a criterio del patrón la base del salario sobre la cual se deberá de aplicar la reducción, si es sobre el salario neto o bruto, es decir antes o después de reducciones fiscales, pago de cuota obrero patronales, entre otras. Esto es causado por la ambigüedad de la legislación al hablar sobre pago de pensiones alimenticias y de la falta de herramientas necesarias que requiere el juez de lo familiar para lograr una asignación justa dentro de la sentencia o convenio.
La constante confusión que provoca la falta de un tabulador para la deducción y retención de la pensión alimenticia puede causar una violación al principio de economía procesal ya que muchas veces, por falta de legislación se tiene que recurrir a un incidente dentro del juicio para resolver esta cuestión, comprometiendo el bienestar económico de los actores e incluso el desarrollo mental de los menores, ya que estudios han demostrado que entre más largo sea el proceso de separación mas afectaciones puede tener sobre el o los menores.
Además se crea incertidumbre jurídica para cada una de las partes involucradas. Por un lado, el deudor alimenticio no sabe cuál será el monto final que percibirá de su salario después de las retenciones, ya que al realizar la deducción sobre el salario neto o realizarla sobre el salario bruto deja para el sustento del deudor dos cantidades que son completamente distintas, y habrá que recordar que en este caso no solo se debe de cuidar al acreedor, sino el deudor debe de quedar con recursos suficientes para su sustento.
El patrón por su parte, no conoce con exactitud cuál es la base en la que debe realizar esta retención y viene el caso de los más afectados, los más vulnerables, me refiero en su mayoría a niños, niñas, jóvenes en edad escolar y responsables de familia que viven en la incertidumbre de no saber a cuánto ascenderá esta pensión alimenticia y por consiguiente, al desconocimiento de si podrán o no cubrir sus necesidades básicas con este monto.
Existe una cantidad importe de jurisprudencias en este tema, todas y cada una concuerdan en que se debe de tomar como base la totalidad de las percepciones que el obligado alimentario perciba, disminuyendo las deducciones de carácter legal que no sean derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como impuestos al ingreso por trabajo realizado.
La postura de la Suprema Corte en materia de pensiones alimenticias es tajante, los alimentos deben de ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y la necesidad del que debe de recibirlos. Además de la importancia de velar por los intereses generales por encima de los particulares.
Es importante retomar que alguna falta dentro del pago de la pensión alimenticia es considerada una falta penal y puede llevar a la cárcel tanto al deudor como al obligado a retenerla y aunque actualmente la base de la reducción se encuentra estipulada en jurisprudencia de la Corte, es indispensable y urgente introducirla al marco legal para brindar de una vez por todas certeza jurídica a las partes un país, en el que según cifras del INEGI 15 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, y esto sin contar con las parejas que ya formaron familias en sociedad conyugal. Es nuestra obligación velar por un proceso justo y expedito a favor de los más vulnerables.
La justicia, como valor supremo y absoluto hace imposible conceptualizaciones parciales. Debatir sobre el tema de las pensiones alimenticias, exige un tratamiento donde se llegue a los acuerdos objetivos, si bien es cierto que se debe procurar el bienestar del menor, no podemos propiciar que padres y madres sean víctimas de pensiones excesivas.
La reforma que someto a discusión pretende propiciar un sistema de pensiones que brinde certeza y seguridad jurídica, principios del derecho que no encuentra polaridades y que busquenn ser base de orientación para el sistema de impartición de justicia.
De esta forma, buscamos que dichos principios jurídicos, operen para todos los que intervienen: el deudor, el acreedor, el patrón, así como para el juez, a quien buscamos dotarle de herramientas que faciliten su actuar, pues finalmente será él quien materialice los valores de los que dotemos al sistema y que con esto los términos de pensión alimenticia y justicia sean partes de un mismo concepto para todos los hogares mexicanos.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO