HONORABLE ASAMBLEA:

La libertad constituye uno de los bienes más apreciados por el ser humano. Pero no solo eso, la libertad es inherente a su naturaleza y debe ser objeto de protección por parte del estado y las leyes que lo rigen, de tal suerte que la privación de la libertad solo debe suceder cuando las propias leyes así lo establecen, pero siempre en búsqueda de un bien superior: el bienestar de la sociedad.

Sin embargo, esto no siempre es así y la libertad de las personas se convierte en un objeto de lucro e intercambio con fines perversos por parte de delincuentes sin escrúpulos que encuentran en ella la manera de obtener ganancias ilícitas a través del secuestro.

En el caso particular de México, la década pasada se caracterizó por un terrible aumento de este delito. Entre 2001 y mayo de 2007, la agencia Federal de Investigaciones registró 149 casos de secuestro de niños y adolescentes menores de edad en todo el país. El Distrito Federal encabezó la lista con 70 casos.

Ya desde el 2008 se habían encontrado casos en que los mismos policías (federales o locales), eran los que comandan las mayores bandas de secuestradores y más aún, también se demostró que en algunas ocasiones los elementos policíacos protegían a estas bandas de secuestradores.

En el caso del Distrito Federal, según datos del Sistema Nacional de Seguridad, de julio a diciembre de 2010 se registraron mil 4 denuncias por secuestro, mientras que en el mismo lapso de 2011, la cifra creció a mil 239. Esto nos colocaba ya en una de las entidades que concentra la mitad de los secuestros de la República junto con el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

En el Estado de Tamaulipas se recibió 145 denuncias; Veracruz, 112; Guerrero, 99; Michoacán, 96, y el Distrito Federal, 74 (datos del 2011 del Consejo Nacional de Seguridad Pública).

A principios del año 2013, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, informó que según el Reporte de Índice Delictivo (RINDE), hasta noviembre de 2012 se habían registraron 59 secuestros en la Ciudad de México, es decir, 7 más que en el 2011 cuando se contabilizaron 52.

Al respecto, aunque existe una diferencia en las cifras, lo que se mantiene constante es el aumento de casos hasta el 2012, principalmente entre comerciantes.

Por lo que se refiere al 2013, en el mes de Septiembre, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Ciudad de México presenta una de las estadísticas más altas respecto al número de secuestros con mil 670 casos denunciados durante el periodo comprendido entre 1997 y julio de 2013, seguida del Estado de Michoacán, mil 121; Guerrero, 689, y Jalisco, con 566. Por su parte, el Procurador general de Justicia capitalino habló de un promedio de 5 secuestros cometidos por mes, lo que daría al final un total de 60 secuestros al año 2013.

Entre enero y octubre de 2013, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nueve entidades se experimentó un incremento en el número de personas privadas ilegalmente de la libertad que va de 21%, en el mejor de los casos (Hidalgo), hasta 71%, en el peor (Morelos). Si bien el aumento general de 19% en la incidencia o actuar de las bandas delictivas dedicadas al secuestro se ha incrementado a nivel nacional en el año pasado, este delito sí ha logrado ser inhibido en algunas entidades de la república.

Tal es el caso de Nuevo León, Durango, y el Distrito Federal, donde pese a que se ha detectado la presunta participación de policías en secuestros recientes, la disminución fue de 18%.

 

En lo que se refiere a la Ciudad de México, aunque las cifras están a la baja, los Estados vecinos reportan alarmantes números a la alza (como Morelos e Hidalgo), por lo que resulta necesario redoblar los esfuerzos con la intención de que la delincuencia de aquellas entidades no encuentre un terreno fértil en el territorio del Distrito Federal. De esta manera surge la presente propuesta, como una herramienta más para continuar abatiendo  los índices que están a la baja en la Ciudad de México e inhibir la intención de bandas dedicadas al secuestro de ampliar sus redes delincuenciales a nuestro territorio.

Es una realidad que la anterior estrategia de combate al narcotráfico ocasionó que las bandas delictivas dedicadas a este ilícito buscaron nuevas formas de mantener sus ganancias, por lo que vieron en el secuestro una gran oportunidad. De ahí nuestra intención de fortalecer las herramientas con las que cuenta la autoridad para combatir este delito, reconociendo los grandes esfuerzos que en la presente administración capitalina se han dado.

 

En tal virtud, la presente iniciativa tiene como objetivo la creación de un Fideicomiso Público Mixto llamado Fondo para el Combate del Secuestro en el Distrito Federal, apoyar a las víctimas del delito de secuestro mediante el otorgamiento de incentivos económicos a los particulares que proporcionen información útil y fidedigna para la solución, esclarecimiento y persecución de este delito. Todo esto se realizará por conducto de un Comité Técnico que, en coordinación con las autoridades correspondientes, buscará reducir sustancialmente el delito de secuestro en nuestro país mediante la participación activa de la sociedad.

El patrimonio del Fondo se tendrá diversos orígenes: por un lado, las aportaciones que se otorguen al mismo a través del Presupuesto de Egresos; y por otro lado, las contribuciones de los particulares. Las operaciones y la inversión de los recursos propios también incrementarán el patrimonio del mismo.

El fondo será dirigido por un Comité Técnico que estará integrado por 6 representantes gubernamentales y por 6 representantes de la sociedad civil. También se podrá invitar a participar en las labores que le son propias, a los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal, a las Universidades públicas y privadas y a los representantes de otras organizaciones civiles dedicadas a combatir la inseguridad en nuestro país.

La Secretaría Técnica de su Comité Técnico recibirá de los ciudadanos información que tenga por objeto aportar elementos para la persecución del delito de secuestro, asegurando en todo momento la confidencialidad del informante. Finalmente, el Comité Técnico determinará la procedencia del pago del incentivo económico y su monto con base en la información que le proporcione la autoridad competente que conozca del delito respecto de la veracidad de los datos aportados por el ciudadano y de la utilidad que haya tenido para para las investigaciones. Para tal efecto, dicha autoridad deberá remitir en todo momento los informes que el Comité le requiera.

Igualmente establece que se deberá remitir un informe semestral de sus actividades a la ALDF, el cual será presentado por su Director General en Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Es preciso determinar que toda la información en posesión del Fondo será pública y sólo podrá ser reservada por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.

Compañeras y compañeros diputados:

El secuestro, como sucede con muchos otros crímenes, da pauta a la comisión de otros delitos como el tráfico de menores, lesiones, asociación delictiva y homicidio, principalmente. Por ello, víctimas, sociedad y autoridades debemos unirnos para enfrentar en todas las formas posibles, con todos los medios y recursos disponibles a estos delincuentes para darles la paz y tranquilidad a nuestras familias.

En tal virtud, esta es sólo una aportación más que se une a las propuestas que han surgido de otras esferas de la comunidad. Estamos seguros de que todas unidas lograrán construir un sistema cuya implementación permita a todos los capitalinos vivir sin miedo y desarrollarse plenamente.

ES CUANTO.