México, D. F., a 20 de marzo de 2013

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DEL DIPUTADO FELIPE CAMARENA GARCÍA, RESPECTO AL DICTAMEN QUE EXHORTA A LA SEGOB Y GOBERNADORES DE DIVERSOS ESTADOS A DISUADIR A GRUPOS DE AUTODEFENSA CIVIL

Con su venia, presidente.

La administración Ejecutiva anterior, decidió combatir el problema de la delincuencia organizada, en específico el narcotráfico; sin embargo a lo largo de los anteriores seis años, no se apreció un planteamiento estructurado para cumplir tal objetivo, lo cual generó inseguridad y proliferación de grupos delincuenciales con un amplio margen de actividad.

No importó nunca cuántos delincuentes, mafiosos o narcotraficantes  cayeran,  gracias a la acción de los cuerpos de seguridad. Finalmente, siempre surgió un líder quien asumía el espacio que quedaba vacante y lamentablemente y de modo invariable, resultaba más agresivo y despiadado que el anterior.

En este sentido, fuimos testigos todos los mexicanos de una ascendencia de narcotraficantes, violadores, asesinos, entre otras especies de delincuencia, lo anterior gestó en la sociedad la creencia de la necesidad de procurarse, de modo próximo, un sistema de vigilancia y cuidado a sus grupos más cercanos, así se puede explicar hasta este momento los llamados “grupos de autodefensa”.

Sin embargo, esa postura adoptada por algunas comunidades, no debe verse como la expresión única o necesaria para afrontar la delincuencia, pues en muchos casos puede resultar, como se dice coloquialmente, más caro el remedio que la enfermedad, ya que la seguridad pública es una labor exclusiva del estado, ello implica un ámbito competencial exclusivo.

De este modo, nadie que no sea el Estado, debe realizar labores de supervisión pública en las calles, pues entonces se estaría autorizando que los individuos en general, sin una envestidura pública y mucho menos preparación ante sucesos tan graves como los descritos ya, realicen actos transgresores de la generalidad de los individuos.

De este modo, sería muy sencillo culpar a alguien quien en el plano fáctico, no tendría nada que ver con el asunto en cuestión; además, se estaría trasgrediendo  la  Constitución, pues se haría justicia por propia mano, lo cual es muy grave, no sólo por la vulneración al texto supremo del orden jurídico mexicano, sino también porque los cuerpos civiles no serían objetivos ante los hechos, en virtud de ser ellos mismos los propios afectados, en este contexto es conveniente recordar cuánto daño se ha propiciado en pos de la justicia.

Empero, debe quedar bien claro que no hacemos oídos sordos ante los reclamos y no estamos alejados de la comprensión de los problemas aquejantes a la sociedad, pero consideramos que la conformación de grupos armados de choque no es la valida.

En este mismo sentido, debemos ser cautos y suspicaces, y preguntarnos, de dónde se nutren de armas los llamados grupos de autodefensa, acaso la sociedad civil en general tiene capacidad para detentar armas de asalto en sus domicilios, ¿en verdad todos estamos instruidos en el manejo de dichos artefactos?

Nosotros creemos que no es así, y por ende es probable que algunas de estas células solamente buscan aprovecharse de las  realidades  descritas  para imponer su voluntad y obtener beneficios mezquinos y particulares o incluso, generar una desestabilidad amplia en el estado, lo cual sería en perjuicio de la sociedad en general.

En la bancada del Partido Verde, creemos firmemente que la opción para buscar la solución a los problemas de seguridad, es colaborar con las autoridades institucionales, coadyuvar cuando así se requiera, denunciar los ilícitos y respetar el cauce de las investigaciones llevadas a cabo por los ministerios y la estructura judicial del país.

Recordemos que el establecimiento de un estado liberal de plena seguridad costó a la humanidad muchas vidas y en México, el establecimiento de autoridades reconocidas se generó después de una revolución y de muchos años de esfuerzo y sacrificio.

Derivado de todo lo anterior, el Partido Verde  Ecologista apoya la propuesta con Punto de Acuerdo, haciendo un llamamiento a la sociedad civil en general y no sólo a las entidades federativas enunciadas en dicho documento, sino a la totalidad de las administraciones locales en nuestro país, es necesario que todos asumamos responsabilidad en este delicado tema.

Es cuanto, señor presidente.