*Empresas son las que mayor daño ecológico ocasionan a nivel nacional por estas prácticas

La diputada del Partido Verde, Janine Patricia Quijano Tapia, propuso una iniciativa para incrementar sanciones a quien, de forma ilícita, descargue aguas residuales o desechos provenientes de granjas y rastros animales en zonas naturales protegidas, aumentando tres años más a la pena de cárcel y la sanción económica con mil días de multa.

La legisladora ecologista, señaló que son las personas morales, es decir, las empresas, las que incurren en mayores daños ecológicos con efectos irreversibles, como en el caso de Yucatán, aún y cuando la Ciudad de Mérida encabeza el índice de ciudades con mejor calidad de vida, según el Índice de Ciudades Prósperas de la Organización de las Naciones Unidas.

"Resulta imperante la necesidad de fortalecer la legislación nacional, de brindarles a los estados y municipios las herramientas necesarias para una eficaz aplicación del marco normativo que permita la protección del medio ambiente, es decir, fortalecer el andamiaje legal e institucional para proteger este elemento vital para todos los mexicanos, que es nuestro medio ambiente, de lo contrario, los daños ocasionados, son irreversibles", subrayó la legisladora ecologista.

Quijano tapia añadió que la propuesta busca que, si bien cualquier lesión o alteración al medio ambiente resulta incalculable, porque se puede hablar de pérdida de especies, recursos naturales, flora, e incluso afectación a la salud de las personas, es necesario el establecimiento de sanciones económicas y las medidas de reparación o compensación por el daño ocasionado, mismas que deberán servir para mitigar la afectación y/o evitar que se siga propagando.

"Los daños ambientales son autónomos y diferentes de los daños personales, por lo que, en ocasiones, es posible que una conducta produzca, además de daños al ambiente, lesiones a particulares. En estos casos es necesario hacer una distinción, ya que la reparación de los elementos ambientales beneficia a toda la sociedad, mientras que la reparación de las lesiones a particulares podrá darse a través de indemnización, tomando en cuenta el daño ocasionado", expuso la diputada.

La iniciativa, que reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, busca también, incluir a los cenotes dentro de las zonas naturales a proteger ya que también se han visto afectados por este tipo de incidentes, siendo parte crucial del sureste mexicano y, dada la fragilidad de sus suelos, los desechos de las granjas van a parar ahí, lo que se traduce en un desastre de grandes dimensiones.

Finalmente, el desarrollo económico que no tiene que contraponerse con el cuidado del medio ambiente, todos los actores, ya sean personas físicas o morales, deben asumir el compromiso y la responsabilidad de cuidar el entorno en el que se establecen para producir porque la afectación a los ecosistemas y a la biodiversidad tiene efectos irreparables, concluyó la diputada Quijano Tapia.