La detención de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel del Pacífico, se logró gracias a la coordinación entre las dependencias de seguridad y los tres niveles de gobierno, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, durante la 46 reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La detención “se ha logrado gracias a dos componentes muy importantes, a dos variables fundamentales: mayor y efectiva coordinación, entre las instancias de seguridad del gobierno federal, y a su vez, una mayor y cada vez más eficaz coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las distintas entidades federativa del país y del DF”, señaló.

El Presidente llamó a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a cerrar filas y trabajar en equipo en temas que son comunes para el bien de México y no para éxitos particulares.

“Aquí estamos reafirmando que juntos trabajamos para todo México, que aquí celebro yo que nadie pretenda hacer esfuerzos para tener éxitos particulares sino que todos trabajamos para el éxito de todos los mexicanos”, subrayó ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Al clausurar los trabajos de la 46 Reunión de la Conago, en donde el único ausente fue el gobernador de Quintana Roo, el mandatario federal dijo también que no asume como propio el reconocimiento, que le hizo la Conago, por la captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

“Lo asumo en nombre de las instituciones, del Estado mexicano y del gobierno federal, encargadas de la seguridad, y que la debida y mayor coordinación que está habiendo entre ellas está permitiendo que actuemos con mayor eficacia”, dijo al agradecer el reconocimiento de los gobernadores.

Explicó que la detención del delincuente de alta peligrosidad y uno de los más buscados en el mundo, al igual que otras aprehensiones —75 de 122 que se tienen claramente ubicados desde el inicio de esta administración—, se ha logrado gracias a dos componentes:

Más y efectiva coordinación entre las instancias de seguridad del gobierno federal, y una mayor y cada vez más eficaz coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y del Distrito Federal.

“Esto, sin duda, está posibilitando, que los niveles de violencia estén teniendo una real disminución”, subrayó.

¿QUÉ ES LA CONAGO?

La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) es un foro permanente.

• Entre sus objetivos está el de fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de México.
• La Conago es un espacio incluyente abierto a todas las entidades del país, sin distinción de partidos políticos.
• Es un espacio institucional para lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno.
• Impulsa el fortalecimiento de las entidades para que contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, así como para que cuenten con los recursos y capacidad de respuesta de las demandas de sus comunidades.
• Propone el diseño de programas incluyentes que satisfagan las demandas de seguridad, justicia, bienestar social, democracia y transparencia.
• Busca promover la consolidación de una nueva relación de respeto y colaboración entre los órdenes de gobierno.
• La Conago tiene dentro de sus objetivos realizar proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos, para así deliberar y proponer soluciones sobre asuntos relativos a política presupuestaria, transferencia de potestades y recursos, desarrollo social, seguridad pública, servicios públicos, procesos de desarrollo
• La descentralización administrativa, políticas de inversión pública, fortalecimiento de los gobiernos.

La Conago reconoce la supremacía del Estado

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reconoció al presidente Enrique Peña Nieto y a las instituciones de seguridad por la detención del líder del cártel de Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que la aprehensión del delincuente más buscado en el mundo y las circunstancias como se hizo demuestran la eficacia de una tesis en materia de seguridad que se ha hecho visible en la actual administración: más coordinación e inteligencia y menos fuerza.

“La captura significa, ante todo, la supremacía del Estado de Derecho, y la solidez y eficacia que hoy tienen nuestras instituciones de seguridad”, señaló.

Frente al Ejecutivo federal y los mandatarios estatales, sólo con la ausencia del mandatario de Quintana Roo, cuestionó que quién se hubiera imaginado que esa detención se pudiera haber dado sin ningún tiro, a pesar de todos los recursos con los que el delincuente pudo haber contado para resistirse.

En los trabajos de la 46 reunión ordinaria de esa instancia, advirtió que queda claro que en México no hay delincuente poderoso ni tan peligroso que no pueda ser alcanzado por el brazo de la justicia.

Por ello, dijo que la Conago hace un reconocimiento al presidente Peña Nieto, así como a las instituciones de seguridad del Estado mexicano por lograr la detención de Joaquín Guzmán Loera el 22 de febrero pasado en Mazatlán, Sinaloa.

A nombre de todos los mandatarios estatales, reafirmó el compromiso para seguir trabajando de manera coordinada con la estrategia implementada con el gobierno de la República contra la delincuencia organizada.

“Este acuerdo fue votado por unanimidad y es un reconocimiento muy claro a su liderazgo, señor presidente”, refirió Duarte Jáquez.

El mandatario de Chihuahua advirtió que la seguridad pública ha sido la tarea más desafiante de los gobiernos locales en los años recientes, varias entidades enfrentaron una escalada de violencia que parecía no tener fin, como su estado, que enfrentó la más aguda crisis en esa materia con altos índices de homicidios, robos y plagios.

Sin embargo, hoy hay signos inequívocos de que la seguridad puede dejar de ser un lastre para convertirse en un activo de desarrollo del país. “La captura del narcotraficante más perseguido en el mundo merece de nuestra parte el reconocimiento a la valentía de su gobierno, señor presidente”, puntualizó.

La propuesta fue de Eruviel Ávila

La Conago aprobó por unanimidad reconocer al presidente Peña Nieto y a las secretarías de Gobernación, de la Defensa, de Marina, así como a la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por las acciones realizadas para capturar a Guzmán Loera, las cuales muestran la eficacia en la estrategia de seguridad, a través de más coordinación e inteligencia y menos fuerza, lo anterior fue propuesta del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

EXCELSIOR

El pleno del Senado de la República aprobó esta madrugada, en lo general y particular, el dictamen para expedir la Ley Federal de Consulta Popular, y devolvió el proyecto a la Cámara de Diputadospara sus efectos constitucionales.

En medio de una maratónica sesión que inició el mediodía del miércoles y terminó en las primeras horas de este jueves, la asamblea rechazó las reservas presentadas por senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y del Trabajo.

Con ello, avalaron los términos de 65 artículos y el régimen transitorio del dictamen en sus términos, con las modificaciones que de manera previa se incluyeron a los artículos 5, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 64 y Sexto Transitorio.

Este nuevo ordenamiento regulará el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular, así como promover la participación ciudadana en este mecanismo.

Previo a la votación en lo particular, aprobaron en lo general, con 103 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el dictamen para expedir la Ley Federal de Consulta Popular, la cual regulará el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de esta figura de participación ciudadana.

Por acuerdo de los presidentes de las comisiones dictaminadoras, el Pleno incluyó y avaló cambios a los artículos 5, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 64 y Sexto Transitorio del dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados.

Entre las modificaciones destaca la que precisa que serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional, que repercutan en la mayor parte del territorio nacional e impacten de manera significativa en la población.

Además, los senadores realizaron cambios a la minuta a fin de permitir que los ciudadanos puedan respaldar más de una consulta popular.

Sin embargo, aclararon que “no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando éstos rebasen 20 por ciento de las firmas de apoyo”, por lo que “en este caso sólo procederá la primera solicitud”.

Los ciudadanos que participen en una consulta popular deberán presentar como requisito “el nombre, la firma”, la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial para votar, derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de dicha identificación con fotografía vigente, precisaron.

Si las firmas que corresponden a ciudadanos que ya hubiesen respaldado otra consulta en el mismo proceso y excedan 20 por ciento del total de rúbricas requeridas, sólo se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el instituto.

También se instruyó al Instituto Federal Electoral para que promueva la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto.

Asimismo, el Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda.

El pleno senatorial acordó que cuando el resultado de una consulta sea vinculatorio, tendrá efectos durante los tres años siguientes contados a partir de la declaratoria de validez.

El nuevo ordenamiento también considera que la trascendencia nacional de los temas sea calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la que promuevan los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, sugiere que su resultado sea vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda a por lo menos 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

De acuerdo con el proyecto, no podrán ser objeto de esta figura la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política, los principios consagrados en el artículo 40 de la Carta Magna y la materia electoral.

Además de los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.

Menciona que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualesquiera de las cámaras del Congreso y los ciudadanos en un número equivalente a por lo menos 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

En el dictamen también se indica que la SCJN tendrá el encargo de velar por la constitucionalidad de la materia de consulta popular.

La petición para realizar una consulta popular podrá presentarse ante las cámaras del Congreso, según corresponda, a partir del 1 de septiembre del segundo año del ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral federal.

Al presentar el proyecto, la senadora María Cristina Díaz Salazar consideró que la consulta popular “no debe ser entendida como un mecanismo que sustituye a las instancias de representación popular en los procesos de decisión colectiva, sino como una figura complementaria de la democracia representativa”.

Ello, dijo, porque a partir de esta figura “habrá una expresión legal que indicará al Congreso de la Unión el sentir de la población o de la sociedad en temas específicos que puedan generar polémica”.

Advirtió que el “uso excesivo” y una “regulación inadecuada” de mecanismo como este, “pueden terminar por erosionar las instituciones representativas y dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como democracia plebiscitaria, que en realidad sólo en apariencia es una democracia, pues ahí se anidan graves pulsiones autoritarias”.

A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseveró que esta ley “tiene visos de inconstitucionalidad”, ya que viola tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano.

Por ello, anunció que su grupo parlamentario presentará una controversia ante la SCJN sobre la inconstitucionalidad de esta ley, en su oportunidad.

Acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que la mayoría que gobierna hoy este país cumpla con las disposiciones internacionales suscritas y que tienen rango de ley máxima de acuerdo a lo dispuesto por nuestra Constitución”, expresó el dirigente perredista.

Al fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, el senador Gerardo Sánchez García manifestó que no se debe caer en la “tentación” de hacer de la democracia directa o participativa un “exceso” o una “actitud coyuntural” que no contemple una regulación adecuada.

“La democracia participativa -dijo- debe ser un elemento complementario del sistema político nacional que influya positivamente en las condiciones materiales de existencia de todos los mexicanos”.

En tanto, Héctor Larios Córdova, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que “los temas de trascendencia nacional incluyen las reformas constitucionales, las que ya se hicieron y las que están por hacerse” y que corresponderá a la SCJN, en cada consulta específica, determinar la constitucionalidad de la pregunta.

Para el senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, la reforma es una “farsa”, ya que se cerrarán los cauces a la defensa de los intereses del país para que la imposición siga “dañando los intereses populares e impulsando que la pobreza se siga profundizando cada vez más”.

Manifestó que el gobierno en turno no permitirá abrir la consulta popular, porque la reforma energética se habría “caído con una claridad absoluta” y “entonces era una ingenuidad pensar que iban a poder buscar el camino democrático”.

En el debate en lo general, el senador priista David Penchyna Grub dijo que la Suprema Corte será quien tenga la última palabra sobre si una convocatoria a la consulta popular tiene una base constitucional o no.

EXCELSIOR

México, DF, a 26 de febrero de 2014

Boletín 032/14

México exige cambios de fondo, avances concretos en lo económico, político y social que no pueden esperar: Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

El senador Luis Armando Melgar Bravo anunció que el voto del Grupo Parlamentario del Partido Verde es a favor del dictamen sobre Consulta Popular pues “además de cumplir a cabalidad con el objeto de regular el procedimiento para su convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, al mismo tiempo promueve la participación ciudadana en dichas consultas”.

Aseguró que la Consulta Popular logrará sus propósitos, toda vez que en un esfuerzo por ganar espacios democráticos de participación política, las diversas voces representadas en el Senado, desde las comisiones, quienes han debatido con amplitud los alcances de los cambios legales que lo permitirán.

Agregó que como legisladores, no pueden permitir que bajo el pretexto de conocer la opinión de los ciudadanos, se entorpezca o posponga las decisiones y reformas fundamentales que el país requiere.

Asentó que la Constitución en el artículo 40 dice claramente que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Por ello, el senador manifestó que con este dictamen de ley se declara a las consultas populares como parte de los derechos del ciudadano y que al mismo tiempo se delimita el alcance de éstas pues no serán objetos de consulta lo mencionado en el artículo 40 constitucional; los derechos humanos; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional, y la organización funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

El legislador por Chiapas también se refirió a que incluso aspectos que se consideran de trascendencia nacional, podrían no ser sujetos de consulta si se trata de cambios constitucionales ya consumados, y que se efectuaron a través de las instituciones que el Estado estableció como representantes del pueblo, recordando que el medio por el cual éste ejerce su soberanía, es el Congreso de la Unión y los de sus respectivas entidades federativas.

Dijo que la Consulta Popular dotará a los ciudadanos de una nueva herramienta y de los procedimientos para lograr el correcto y pleno ejercicio de su derecho constitucional.

“México exige cambios de fondo, avances concretos en lo económico, político y social que no pueden esperar. Es hora de ser responsables y tomar decisiones. Asumamos con valor el alto encargo que el pueblo nos ha confiado. El riesgo de la inacción y el costo por no hacerlo serían demasiado elevados”, acotó el senador.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  26  de febrero de 2014

Con su venia señor Presidente;

Amigas y amigos Senadores:

La Consulta Popular que hoy nos ocupa, es una demanda del pueblo mexicano, cuya materialización, hoy estamos concluyendo con la votación del presente dictamen.

En su esfuerzo por ganar espacios democráticos de participación política, las diversas voces representadas en este Senado de la República, desde las Comisiones, que hemos venido dictaminando y hemos venido discutiendo con una enorme amplitud los alcances de los cambios legales que permitirán, a dicha Consulta, lograr sus propósitos.

Pero la democracia no se creó para generar unanimidades, sino para negociar acuerdos, diálogos y concesiones que permitan a una mayoría el ejercicio pleno del gobierno, en los asuntos más trascendentes para la República.

En este sentido, la Ley Suprema del Estado Mexicano, nuestra Constitución Política, establece con claridad en su Artículo 40:  “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Asimismo, el artículo 41 instituye que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos, y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores.

Justo por ello, mientras que en la propia Carta Magna se declara como parte de los derechos del ciudadano el votar en las consultas populares, al mismo tiempo se delimita el alcance de las mismas, y por lo tanto, no se puede someter a ellas aspectos constitucionalmente tan relevantes como los propios principios consagrados en el ya citado Artículo 40, además de los derechos humanos y otros aspectos como la materia electoral; los ingresos y gastos del estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

La Constitución no es una simple ley, sino la Ley de leyes.

En este sentido, define con claridad que cualquier adición o reforma requiere no solo el voto de las dos terceras partes del Congreso, sino también de la mayoría de las legislaturas de los estados, como parte, desde luego, del Pacto Federal.

Es por ello que incluso aspectos que se consideren de trascendencia nacional, podrían no ser sujetos de consulta al tratarse de cambios constitucionales ya consumados conforme a la propia Ley Suprema, y que por supuesto, se efectuaron a través de las instituciones que el Estado Mexicano ha establecido como las representantes del pueblo, y como el medio por el cual éste ejerce su soberanía: el Congreso de la Unión, y los de sus respectivas entidades federativas.

Es justo por este motivo, que el voto del Partido Verde Ecologista de México será a favor del dictamen sobre la Consulta Popular que hoy nos ocupa, pues consideramos que además de cumplir a cabalidad con el objeto de regular el procedimiento para su convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, al mismo tiempo promueve la participación en dicha consulta.

Asimismo,  dota a los ciudadanos de una nueva herramienta y de los procedimientos para lograr el correcto y pleno ejercicio de su derecho Constitucional.

No podemos permitirnos como legisladores, que so pretexto de conocer la opinión de los ciudadanos, se entorpezca o se pospongan decisiones y reformas fundamentales para el país.

México exige cambios de fondo, avances concretos en lo económico, en lo político y social que no pueden esperar.

Es hora de ser responsables, es hora de tomar decisiones. Asumamos con el valor lo que las reglas han establecido con enorme claridad.  El riesgo, y la inacción y el costo por no hacerlo, serían demasiado elevados. Y no olvidemos que nuestra Constitución es la Ley de las Leyes.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F., a 26 de febrero de 2014

Boletín 35/14

Las delegaciones, por mandato de ley, deben instrumentar acciones para prevenir y  combatir la trata de personas: Sesma

Informar qué han realizado para prevenir y sancionar la trata de personas en sus respectivas demarcaciones, solicitó el grupo parlamentario del PVEM en la Asamblea Legislativa del DF, a los 16 jefes delegacionales.

Alberto Cinta Martínez, diputado ecologista, comentó que de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, los jefes delegacionales, deben instrumentar medidas para prevenir y erradicar la trata de personas en sus respectivos territorios.

Destacó que existen diversas actividades que son obligación de las y los Jefes Delegacionales para erradicar la trata de personas en el Distrito Federal, como hacer campañas de información y solicitar al INVEA la verificación de lugares que pueden ser propicios para la explotación de personas.

Hizo un reconocimiento a los operativos que ha implementado el gobierno capitalino en diversos lugares de la Zona Rosa y en la calle de Sullivan para detener, tras un arduo trabajo de inteligencia,  a María Alejandra Gil Cueva y a su hijo Omar Sayún Gil, acusados del delito de trata.

“El hecho de no ver o voltear los ojos, no significa que la trata de personas no existe o desaparece, por ello debemos esforzarnos todos por erradicar este delito que nos ha puesto en el muy lamentable 2º lugar a nivel mundial en cuanto a la trata con fines de explotación sexual en niñas y niños, sólo atrás de Tailandia”, concluyó el legislador ecologista.

Oaxaca de Juárez, Oax., febrero 26 de 2014.- “En Oaxaca hoy tenemos la oportunidad de trabajar por la sociedad que ha confiado en nosotros y demostrar que el Partido Verde si cumple”, así lo manifestó el Secretario de Organización del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Josué González Calvo, al reunirse con los Concejales y el Diputado emanados de su instituto político y agregó que “son ustedes, los representantes de elección popular del Partido Verde, quienes hoy tienen la oportunidad de dejar una huella verde en Oaxaca”

Josué González agradeció la presencia de Carlos Vera Vidal, Diputado de Tuxtepec, Leyessef Carrera Carrasco, Síndico de Oaxaca de Juárez, Karina Márquez Garrido, Síndica de Salina Cruz, Rey Cuevas Luis, Síndico de Zimatlán de Álvarez, Damián Cortés Vicente, Regidor de Santa Lucía del Camino, Columba Cano Martínez, Regidora de Acatlán de Pérez Figueroa, y José Luis García Muñoz, Regidor de Santa María Jacatepec, así como de Iliana Juárez Flores, Directora de Ecología de Oaxaca de Juárez, Héctor Bautista Mayrén, Vocero Estatal del PVEM, Raciel Cruz Cruz, Secretario de Capacitación y Formación Partidista, Martha Pin Castellanos, Coordinadora del distrito de Tehuantepec, Jorge Vera Vargas, Coordinador del distrito de Tuxtepec y 115 presidentes de comités municipales, quienes intercambiaron puntos de vista sobre el trabajo que llevan a cabo en cada municipio y en la Cámara de Diputados.

El Diputado Carlos Vera Vidal les manifestó todo su respaldo a los Concejales para lograr que los proyectos que desarrollan en cada uno de sus municipios sean una realidad que beneficie a la población. Los Concejales, por su parte, agradecieron la disposición del legislador y le solicitaron gestionar reuniones de trabajo con Senadores y Diputados Federales del PVEM, así como con la dirigencia nacional.

Finalmente el Diputado y los Concejales coincidieron en que se deben mantener unidos para tener mayor fuerza al momento de solicitar apoyos del gobierno estatal o federal, por lo que le pidieron al Secretario de Organización del PVEM, Josué González Calvo, que sean convocadas reuniones de este tipo de manera periódica.

México, DF, a 26 de Febrero de 2014

Colima, Col, miércoles 26 de febrero 2014

Con el objetivo de dar a conocer los pormenores de la iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del estado de Colima, que pretende prohibir la instalación de circos que utilicen animales en los 10 municipios de la entidad, militantes de este instituto político, encabezados por el diputado local Mariano Trillo Quiroz, realizaron desde la semana pasada una campaña consistente en la entrega de volantes informativos y la pega de calcomanías alusivas a la propuesta.

Las jornadas informativas ya se desarrollaron en Tecomán, Villa de Álvarez, Colima y Manzanillo, municipios en los que se concentra el 80 por ciento de la población en el estado.

Es importante señalar que desde julio del año pasado, el legislador verde ecologista presentó la iniciativa con proyecto de decreto en el Congreso local, misma que de aprobarse prohibiría “sin excepción la instalación de circos en cuyo espectáculo se contemple la participación de animales, en todo el territorio de la entidad”.

Esta reforma legislativa, según declaraciones del diputado Mariano Trillo, se realizaría a través de la adición de una nueva fracción VII al artículo 28, además de las modificaciones al artículo 40 y al último párrafo del artículo 84 de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima.

Esta prohibición, asegura el legislador local, sería un acto de justicia para los que no tienen voz, ya que están documentadas las acciones de permanente crueldad que se cometen en contra de los animales en los circos. Las cuales nos muestran, con todo su dramatismo, como los animales silvestres, marinos y domésticos, son obligados a realizar rutinas que van en contra de su naturaleza.

Luego de ser analizado en comisiones, el proyecto de decreto presentado por el diputado Mariano Trillo del Partido Verde, será dictaminado y votado en la sesión ordinaria que se realizará este viernes 28 de febrero en el órgano legislativo local del estado de Colima.

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó ante indígenas de la Meseta Purépecha —una de las regiones de atención prioritaria para enfrentar la violencia en la entidad— que no hay “varitas mágicas” para cambiar la realidad del estado de un día para otro.

Subrayó que en cambio sí hay voluntad del gobierno y del presidente de la república para, con el acompañamiento de los michoacanos, transformar la realidad social del estado.

Lamentó que la seguridad de esta entidad haya sido estigmatizada dentro y fuera del país.

“Y estamos aquí, no sólo porque hemos hecho un compromiso para trabajar y recuperar la tranquilidad y la seguridad de Michoacán, tan señalada, tan estigmatizada, tanto en el extranjero como en México de ser una tierra, a veces, insegura”, dijo.

Luego, al visitar un comedor comunitario señaló: “No hay varita mágica para cambiar las cosas, no hay soluciones mágicas ni soluciones que sin la participación de la sociedad puedan tener éxito y puedan dar mejores resultados y beneficios a la población”.

En el encuentro con indígenas se modificó el programa y derivó en un diálogo informal con los pobladores, donde el Presidente dijo que se tiene que lograr recuperar el control territorial, fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano, de las autoridades locales “para que nuevamente prevalezcan aquí condiciones óptimas de seguridad”.

Dijo que al mismo tiempo no se puede descuidar, “quizá lo más importante: que la población tenga oportunidades, tenga beneficios y espacio de crecimiento y de desarrollo individual”, y por ello, agregó, se trabaja de forma coordinada con el gobierno michoacano.

Tras la firma de convenios de apoyo, Peña tomó el micrófono para llevarlo personalmente a los pobladores. Recibió respuestas en tarasco y español.

Hablarían dos personas, pero al final fueron más de 10 los testimonios que destacaron la presencia del Ejército, lo que derivó en un clima de mayor tranquilidad.

Peña destacó que la presencia de distintos funcionarios federales en el evento se debió al compromiso de “trabajar y recuperar la tranquilidad y la seguridad de Michoacán”.

Rosario Robles, titular de Sedesol, dijo que este año se invertirán 5 mil millones de pesos para la Cruzada Nacional Contra el Hambre en Michoacán y que la CNDI destinará 13 millones de pesos para proyectos productivos en la Meseta Purépecha, y otros 30 millones de pesos para 250 proyectos productivos en el resto del estado.

El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que la reestructuración de la Procuraduría de Justicia local y de la Secretaría de Seguridad Pública permitió que de cinco o seis homicidios que se resolvían al mes ahora son 25 o 28.

También se dio la firma de dos convenios entre la CFE, la Sedesol, la CDI y Diconsa con el gobierno de Michoacán para electrificar 82 comunidades, principalmente indígenas, y otorgar descuento de 10% adicional a los beneficiarios del programa “Contigo” que compren en las tiendas Diconsa. El presidente ratificó su compromiso de visitar Michoacán al menos 12 veces durante el año.

EL UNIVERSAL

México va en el camino correcto para acabar con el hambre; el gobierno está alineado en los objetivos y las experiencias son positivas, pero es un reto de largo plazo, aseguró Ertharin Cousin, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al terminar una visita de dos días a México, señaló en entrevista con Notimex que es notable el compromiso de todos los funcionarios del gobierno federal en el trabajo “alineado” para acabar con el hambre.

Existe consenso de que México ha llegado a cierto nivel de seguridad alimentaria y hay un compromiso para ayudar a otros países a alcanzar un mejor nivel de atención en esta materia.

Aunque los resultados de la Cruzada Nacional Contra el Hambre no se verán “de la noche a la mañana”, sí es notable el avance que se ha dado en temas como la calidad en la nutrición de los niños y la atención alimentaria a las mujeres embarazadas.

Cousin recordó que en esta visita se reunió con el presidente de la República, los secretarios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, así como con el comisionado nacional para los Pueblos Indígenas, quienes “están en la misma línea”.

Comentó que conoció al presidente Enrique Peña Nieto el año pasado en Roma, Italia, cuando la Cruzada Nacional Contra el Hambre llevaba dos meses de haberse puesto en marcha y hoy, al visitar México, observa grandes avances.

En ese sentido, dijo que su equipo y un grupo técnico del gobierno de México están trabajando juntos para identificar espacios y formas de colaboración, pues todavía hay mucho por hacer.

Especialmente, detalló, en la forma de “exportar” las experiencias positivas de México, en particular mecanismos como la cartilla de alimentación y los desayunos escolares, para lo cual firmó ayer un Memorándum de Entendimiento con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.

A partir de las experiencias de México y con el soporte técnico de la oficina del PMA en Panamá, el primer país donde se aplicarán estas experiencias positivas es en Guatemala, donde casi 50 por ciento de los niños padecen desnutrición crónica.

Aunque se están estudiando todavía los detalles técnicos de esta cooperación, aseguró que las experiencias de México serán muy útiles para replicarlas en Centroamérica, donde habrá trabajo conjunto.

Indicó que la continuidad de la Cruzada Nacional Contra el Hambre estará garantizada en la medida que la población vea resultados, pues más allá de la voluntad política de los gobiernos, mientras la gente sienta que funciona, pedirá su continuidad en el futuro.

Por lo pronto, es bueno que se trate de una estrategia de largo aliento y de amplio alcance en toda la estructura del gobierno federal, pues así garantiza mayor cobertura y, por lo tanto, mejores resultados, puntualizó.

LA CRÓNICA