México, D. F., a  26  de febrero de 2014

 

 

 

 

Con su venia señor Presidente;

Amigas y amigos Senadores:

 

La Consulta Popular que hoy nos ocupa, es una demanda del pueblo mexicano, cuya materialización, hoy estamos concluyendo con la votación del presente dictamen.

En su esfuerzo por ganar espacios democráticos de participación política, las diversas voces representadas en este Senado de la República, desde las Comisiones, que hemos venido dictaminando y hemos venido discutiendo con una enorme amplitud los alcances de los cambios legales que permitirán, a dicha Consulta, lograr sus propósitos.

Pero la democracia no se creó para generar unanimidades, sino para negociar acuerdos, diálogos y concesiones que permitan a una mayoría el ejercicio pleno del gobierno, en los asuntos más trascendentes para la República.

En este sentido, la Ley Suprema del Estado Mexicano, nuestra Constitución Política, establece con claridad en su Artículo 40:  “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Asimismo, el artículo 41 instituye que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos, y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores.

Justo por ello, mientras que en la propia Carta Magna se declara como parte de los derechos del ciudadano el votar en las consultas populares, al mismo tiempo se delimita el alcance de las mismas, y por lo tanto, no se puede someter a ellas aspectos constitucionalmente tan relevantes como los propios principios consagrados en el ya citado Artículo 40, además de los derechos humanos y otros aspectos como la materia electoral; los ingresos y gastos del estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

La Constitución no es una simple ley, sino la Ley de leyes.

En este sentido, define con claridad que cualquier adición o reforma requiere no solo el voto de las dos terceras partes del Congreso, sino también de la mayoría de las legislaturas de los estados, como parte, desde luego, del Pacto Federal.

Es por ello que incluso aspectos que se consideren de trascendencia nacional, podrían no ser sujetos de consulta al tratarse de cambios constitucionales ya consumados conforme a la propia Ley Suprema, y que por supuesto, se efectuaron a través de las instituciones que el Estado Mexicano ha establecido como las representantes del pueblo, y como el medio por el cual éste ejerce su soberanía: el Congreso de la Unión, y los de sus respectivas entidades federativas.

Es justo por este motivo, que el voto del Partido Verde Ecologista de México será a favor del dictamen sobre la Consulta Popular que hoy nos ocupa, pues consideramos que además de cumplir a cabalidad con el objeto de regular el procedimiento para su convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, al mismo tiempo promueve la participación en dicha consulta.

Asimismo,  dota a los ciudadanos de una nueva herramienta y de los procedimientos para lograr el correcto y pleno ejercicio de su derecho Constitucional.

No podemos permitirnos como legisladores, que so pretexto de conocer la opinión de los ciudadanos, se entorpezca o se pospongan decisiones y reformas fundamentales para el país.

México exige cambios de fondo, avances concretos en lo económico, en lo político y social que no pueden esperar.

Es hora de ser responsables, es hora de tomar decisiones. Asumamos con el valor lo que las reglas han establecido con enorme claridad.  El riesgo, y la inacción y el costo por no hacerlo, serían demasiado elevados. Y no olvidemos que nuestra Constitución es la Ley de las Leyes.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

 

ESCUCHAR AUDIO

     

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO