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México D.F. a 12 de marzo del 2013

Bol 33/13

•    La autoridad fiscal cuenta con tiempo excesivo para solicitar la revocación de un acto administrativo perjudicial para el fisco: Sen. Ninfa Salinas Tras considerar que el tiempo con el que cuenta la Administración Pública Federal, con respecto a las resoluciones administrativas a particulares, es imprudente y excesivo, la senadora Ninfa Salinas Sada presentó una iniciativa para disminuir el tiempo de interposición del juicio de lesividad de cinco a un año.

El juicio de lesividad procede cuando la autoridad considera que la resolución administrativa de un particular es contraria a la ley y causa perjuicio al fisco, para lo cual cuenta con cinco años para iniciarlo, contrariamente al tiempo con el que cuenta el particular, que es de 45 días.

Estimó que esta situación es indebida y contraria a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional. Además es contradictoria al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual marca que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

En ese sentido, resaltó que en el plazo de cinco años, el particular tendrá incertidumbre de que la autoridad cambie de criterio interpretativo o incluso aplique jurisprudencia que en el momento de la decisión no existía, contraviniendo adicionalmente el principio constitucional de irretroactividad.

Comentó que un Estado constitucional de derecho está sometido a la Ley, a su Constitución y sus principios, por lo que alegar exceso de trabajo no tiene mayor peso, para continuar con un plazo de cinco años.

“No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa una lesión o perjuicio al fisco, sin embargo tampoco debe ser un instrumento para que las autoridades fiscales puedan impugnar en cualquier tiempo”, destacó.

Con esta iniciativa se salvaguarda los principios de seguridad jurídica, certeza, igualdad e irretroactividad en el plazo que tiene la administración pública para ejercer acción legal para solicitar que se revoque un acto administrativo.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  12  de Marzo de 2013

Los Estados de Derecho constitucionales, además de perseguir la seguridad jurídica, mediante normas formales; también deben elaborar un derecho material justo. El Derecho Tributario de los Estado de Derecho no puede constituir un orden con un contenido cualquiera.

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El particular, así como la Administración Pública Federal pueden iniciar un juicio cuando estimen que una resolución administrativa, es contraria a la ley.

En el caso de la autoridad, se trata del llamado juicio de lesividad, que tiene por objeto  revocar o nulificar un acto administrativo que la propio autoridad emitió pero, de un análisis posterior, considera se causa daño al fisco y además es ilegal.

La problemática que motiva esta iniciativa, surge en la distinción de plazos concedidos por ley, para interponer el juicio.

El particular que acude ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por considerar ilegal una resolución de la Administración, cuenta con 45 (cuarenta y cinco) días para presentar su demanda, no así la autoridad quien tiene, hasta 1866 (mil ochocientos sesenta y seis) días para iniciar un juicio.

En efecto, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, el plazo de interposición de la demanda es de cinco años.

Esta disparidad, representa una vulneración inminente a varios principios jurídicos. Debe mencionarse que el juicio de lesividad tiene como finalidad inmediata  revisar la legalidad de las resoluciones fiscales favorables a los particulares, pero esta finalidad está limitada por el bien jurídicamente tutelado: la seguridad jurídica de los particulares, que como principio constitucional, contenido en el  artículo 16 de nuestra Carta Magna está por encima de cualquier otra consideración.

No debemos perder de vista que los 5 años que nos ocupan, son el plazo con que cuentan las autoridades fiscales únicamente para iniciar el juicio de lesividad, lo que significa que la definición de la situación jurídica del particular, necesariamente se alargará durante algunos años más, esto es, hasta que tal juicio haya concluido, sin considerar el tiempo que ya transcurrió antes de obtener la resolución que la autoridad ahora impugna.

Imaginemos, el particular se ha sometido a un procedimiento administrativo del que obtuvo respuesta o resolución favorable de la Administración. No obstante, tendrá que esperar cinco largos años para tener certeza de que la respuesta a su favor queda firme.

Y si después de más de cuatro años de intranquilidad, la autoridad detectara un error que ella misma cometió,  y se le sometiera de nueva cuenta a un procedimiento administrativo, debemos considerar que un juicio de nulidad tarda, entre dos a tres años, lo que representará que la situación jurídica del particular se estará definiendo en un plazo que en promedio, será de siete a ocho años, siendo evidente que en muchos casos estos plazos son incluso, mucho mayores.

Esto se estima indebido, pues si bien es cierto que las resoluciones favorables a los particulares deben ser objeto de revisión por parte de los tribunales, también lo es que el plazo de más de cinco años, en el que se determinarán los derechos y obligaciones de los particulares resulta imprudente, excesivo y, por ende, contrario a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 Constitucional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es instrumento internacional que se encuentra a la par de la Constitución. Su artículo 8, párrafo 1,  dispone:

"8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable […].”

Es por tanto que la autoridad tiene el deber de determinar los derechos y obligaciones de orden fiscal dentro de un plazo razonable, por parte de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

El plazo excesivo con el que cuenta la autoridad para interponer el juicio de lesividad, quebranta el principio de seguridad y certeza jurídica.

Durante el plazo mencionado, de cinco años, el particular tendrá incertidumbre de que, la propia Administración cambie de criterio interpretativo o incluso, aplique jurisprudencia que, en el momento de la decisión no existía, contraviniendo adicionalmente, el principio constitucional de irretroactividad.

Los cinco años concedidos a la Administración Pública, no se pueden justificar en el cúmulo  de trabajo bajo su responsabilidad, ni en afirmar que se pretende equiparar con el plazo de prescripción de las facultades fiscales (que también es de cinco años).

Invocar un exceso de trabajo no tiene mayor peso que el argumento de un Estado constitucional de derecho, del que somos parte; donde particulares así como autoridades estamos sometidos a la ley, su Constitución, y los principios que de ella derivan.

No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa una lesión o perjuicio al fisco.  Sin embargo, tampoco debe ser un instrumento para que las autoridades fiscales puedan impugnar en cualquier tiempo, una resolución favorable a un particular, máxime que fue la propia autoridad quien la emitió.

Esta iniciativa expone la necesidad de reducir los plazos, para la autoridad, en la interposición del juicio de lesividad.

No obstante, establecer un plazo de 45 días, igual al que posee el particular, también atentaría con la equidad procesal, toda vez que es acertado considerar en su justa medida, el cúmulo de trabajo que tienen las autoridades, razón por la cual, 45 días no son suficientes para que la Administración detecte error o ilegalidad en alguna resolución por ella misma emitida.

Por tanto, con el objetivo de salvaguardar los principios de seguridad jurídica, certeza jurídica, igualdad e irretroactividad, proponemos reducir a un año, el plazo que tiene la Administración Pública para ejercer acción legal que pretenda revocar o nulificar un acto administrativo, que considere es ilegal y causa perjuicio al fisco.

La ley no debe secundar situaciones arbitrarias, los Estados de Derecho deben caracterizarse por un Derecho tributario justo, y mencionó, las palabras del filósofo y político griego Séneca ´:

 “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, permitir plazos excesivos contribuiría a permitirlo.

Por su atención, muchas gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 8 de marzo del 2013

Bol 32/13

En México, la tasa de infecciones por VIH sigue superando la de su tratamiento: Sen. Barrera Tapia

La senadora mexiquense María Elena Barrera Tapia, a nombre de la Comisión de Salud, posicionó un dictamen por el que se solicitan diversas acciones para atender la problemática del VIH Sida.

Desde la tribuna resaltó que la Comisión de Salud unió esfuerzos, sin distinción ideológica, para evitar y disminuir las muertes ocasionadas por el VIH, así como controlar y erradicar su propagación.

En ese sentido recordó que la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la ONU, para el 2010, fue lograr el acceso universal al tratamiento de esta enfermedad para todas las personas infectadas.

Aseguró que este fenómeno requiere de acciones legislativas urgentes y que como senadores están comprometidos en dar continuidad al trabajo legislativo en beneficio de toda la población, principalmente de los más necesitados, toda vez que en México la tasa de nuevas infecciones por VIH sigue superando la de su tratamiento.

El dictamen contiene siete exhortos al Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud a impulsar acciones para combatir el virus del Sida.

El primero solicita impulsar trabajos que integren los servicios de salud portables para asegurar la atención de la población de riesgo, portadores y paciente. Segundo, fomentar campañas de prevención para evitar propagación y promover diagnóstico temprano.

Tercero, que se verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana sobre la prevención y control de la infección por virus por parte del Sistema Nacional de Salud, garantizando la atención adecuada.

En el cuarto punto se solicita vigilar y promover el ejercicio de los recursos económicos asignados al Programa de Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Así como mantener la cobertura universal de medicamentos a los pacientes con el virus y den continuidad a su tratamiento.

En el sexto punto se requiere acciones y estrategias para que los portadores cuenten con tratamientos antirretrovirales y se realicen pruebas de detección en mujeres embarazadas.

Como última solicitud, se pide incrementar sustancialmente, año con año, los recursos asignados a los programas referentes a ese mal.

Barrera Tapia comentó que según el Registro Nacional de casos de SIDA, dependiente de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, del 2011 al 2012 aumentó el número de casos de infectados, al pasar de 147 mil 137 a 159 mil 411.

Sin embargo, destacó que a pesar de ello, cada vez más se detectan casos en temprana etapa, que de progresión tardía, derivado de los esfuerzos realizados a nivel nacional por incrementar las detecciones oportunas.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 7 de marzo del 2013

Bol 30/13

Reconoció y felicitó a las mujeres por seguir luchando por la igualdad de todos los seres humanos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la senadora mexiquense María Elena Barrera Tapia exclamó desde la tribuna “hoy, en este día, hay que trabajar, y hay que decirlo fuerte, hay que gritarlo a los cuatro vientos, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, tendremos que ir ganando terreno”.

Al tiempo que expresó “tendremos que seguir trabajando para seguir cosechando avances significativos, hoy por hoy todavía tenemos mucho que trabajar, hoy por hoy todavía no tenemos los espacios correspondientes, simplemente si aplicáramos proporcionalidad en la vida económica, en la vida social, en la vida productiva de nuestro país a los espacios que les corresponderían a las mujeres”.

Desde la tribuna, señaló que la celebración de este día, es un exhorto que busca la igualdad entre mujeres y hombres, así como para enfocar todos los esfuerzos en terminar con la violencia a la que son sujetas las mujeres.

Este año, el Día Internacional de la Mujer está enfocado a salvaguardar la justicia, imparcialidad e igualdad social de las mujeres, así como poner fin a la violencia.

“Paso a paso y con altibajos, pero con aplomo, fuerza y constancia, la mujer ha dado vida y sentido a la misma, y hoy más que nunca la mujer es protagonista, señera del presente y futuro prometedor de todos los rincones del planeta”, destacó.

Barrera Tapia resaltó que como personas, las mujeres y los hombres deben dejar constancia de la obligación que tiene de contribuir con hechos más que con palabras, a propiciar y difundir la igualdad de la mujer.

Sin embargo, exhortó, “dicho compromiso, no deberá estar basado en fomentar la llamada discriminación positiva a favor de las mujeres y en perjuicio de los hombres o en contra de la discriminación negativa sino más bien, deberá estar basado en su propio desempeño, funciones y responsabilidades”.

Finalmente, hizo un reconocimiento y felicitación a todas las mujeres por luchar y seguir luchando por la igualdad entre todos los seres humanos.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  07  de marzo de 2013

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA SENADORA MARÍA ELENA BARRERA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Muchas gracias, Señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy más que una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio es un exhorto que busca la igualdad entre mujeres y hombres, y sobre todo para enfocar todos los esfuerzos para acabar con la violencia a la que somos sujetas; este día no es tan solo una celebración.

Podemos reconocer el gran trabajo que se realiza por parte de las organizaciones de todo el mundo para lograr la igualdad y respeto hacia todas las mujeres del planeta.

La Carta de Naciones Unidas firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó la igualdad de género como un derecho fundamental.

En este sentido, la ONU ha contribuido a que la conmemoración sea también  un punto de convergencia de las actividades coordinadas a favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.

Este año, el Día Internacional de la Mujer está enfocado a salvaguardar la justicia, imparcialidad e igualdad social de las mujeres, así como poner fin a la violencia.

Está por demás decir que hemos estado trabajando de manera incesante para poder avanzar en este tema, paso a paso y con altibajos, pero con aplomo fuerza y constancia la mujer ha dado vida y sentido a la vida misma y hoy más que nunca, la mujer es protagonista, señera del presente y futuro prometedor de todos los rincones del planeta.

En México,  las mujeres  representamos más de la mitad de la población, y en ese México donde todos queremos avanzar en materia de equidad y de igualdad, tendremos que seguir trabajando para seguir cosechando avances significativos, hoy por hoy todavía tenemos mucho que trabajar, hoy por hoy todavía no tenemos los espacios correspondientes, simplemente si aplicáramos proporcionalidad en la vida económica, en la vida social, en la vida productiva de nuestro país a los espacios que les corresponderían a nosotras las mujeres.

Hoy, en este día, hay que trabajar y hay que decirlo fuerte, hay que gritarlo a los cuatro vientos: la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer tendremos que ir ganando terreno.

Hay que dejar constancia que hombres y mujeres como personas que somos, estamos en la obligación de contribuir con hechos más que con palabras; a propiciar y difundir, hoy más que nunca, la igualdad entre nosotros.

Pero dicho compromiso no deberá estar basado en fomentar la llamada "discriminación positiva" a favor de las mujeres y en perjuicio de los hombres o en contra de la "discriminación negativa", sino más bien, deberá estar basado en sus propios merecimientos, así como, en el desempeño de las funciones que tenemos las mujeres y nuestras propias responsabilidades.

Hagamos verdaderos votos y compromisos para que en el real sitial y total reconocimiento de los derechos de la mujer se den también en las mentes y en los corazones de las personas.

Finalmente, compañeros senadoras y senadores, hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer, desde esta tribuna, expresamos nuestra solidaridad, saludo, reconocimiento y felicitación a todas las mujeres anónimas o no, presentes o no, de todas la latitudes no sólo de México, sino de todo el mundo por luchar y seguir luchando  por la igualdad entre todos los seres humanos.

Es cuanto señor Presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

 México D.F. a  7 de marzo de 2013

El bajo número de patentes solicitadas y concebidas a mexicanos es un indicador del rezago tecnológico: Puente Salas.

Uno de los indicadores que muestran con mayor crudeza el rezago de México en ciencia, tecnología e innovación es el bajo número de patentes solicitadas y concedidas a mexicanos.

Bajo esta premisa, el Senador Carlos Alberto Puente Salas presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del CONACYT y a la Ley de la Propiedad Industrial para fortalecer los mecanismos de divulgación científica y tecnológica, fomentar la aplicación del conocimiento en la solución de problemas concretos, así como estimular el desarrollo de nuevos bienes y servicios capaces de generar beneficios económicos a sus creadores y a la sociedad en general.

Durante la presentación de su propuesta resaltó que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en México en el año 2010 apenas se solicitaron 14 mil patentes, mientras que en países como Estados Unidos el número de solicitudes llegó a más de 490 mil.

Peor aún, del total de solicitudes de patentes realizadas en nuestro país, el 90 por ciento correspondieron a extranjeros y el restante a inventores mexicanos, señaló.

Para el legislador por Zacatecas, este bajo nivel de producción de patentes nacionales tiene serias repercusiones pues constituye un obstáculo para mejorar el desempeño económico de México, sus regiones y comunidades, además de que limita la capacidad del Estado mexicano para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia.

En la iniciativa, apoyada por el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, senador Alejandro Tello Cristerna, y por senadores de diversos grupos parlamentarios, se destaca que los problemas de México en materia de innovación y creación de patentes hunden sus raíces en aspectos como la falta de una estrategia integral de divulgación del conocimiento científico y tecnológico, además de la ausencia de mecanismos que apuntalen el trabajo de las instituciones que deben apoyar y estimular el registro de invenciones de científicos mexicanos.

A través de las reformas a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en el documento, se propone que el CONACYT establezca anualmente una estrategia nacional de divulgación científica y tecnológica, que destaque la utilidad del conocimiento para la solución de problemas concretos. Dicha estrategia, se señala, deberá establecer metas específicas e indicadores que permitan evaluar su desempeño.

Destacó que se propone que el CONACYT y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se coordinen para que las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento existentes en instituciones de educación pública superior y Centros  de Investigación apoyen y estimulen la aplicación de avances científicos y tecnológicos, su aprovechamiento comercial, así como la formación de capacidades en propiedad intelectual.

México D.F. a 6 de marzo del 2013

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, DURANTE LA PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

(Inaudible), la verdad de las cosas es que la iniciativa que he presentado también la han suscrito otros senadores, es un trabajo que se realizó en la Cámara de Diputados apoyado por muchas de las organizaciones, Alejandro Martí y algunos otros, es decir, esta iniciativa no es propiamente mía, yo la he presentado porque para mí es una prioridad que sigamos con la reforma constitucional que se aprobó en 2012.

Me parece que vamos muy tarde, hemos hecho algunas modificaciones pero es una iniciativa que se ha trabajado durante tres años con diferentes autoridades, con diferentes organizaciones civiles y que creo que debería ser la columna vertebral de este Código Federal de Procedimientos Penales, sin duda después de esto tendremos que ir a las modificaciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley Penitenciaria, la Regulación de Jueces de Ejecuciones de Sentencias, es decir hay un arduo trabajo por hacer una vez que se apruebe este Código Federal de Procedimientos Penales.

Por eso es indispensable, celebro y agradezco al presidente Hicks que dé inicio a estos foros.

Bienvenidos y es un placer tener a todos los expertos con nosotros y esperemos que llegue pronto a buen puerto esta iniciativa que requiere el país.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  05  de Marzo de 2013

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ SOBRE LA INICIATIVA DE LEY PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA AMBIENTAL

Con su permiso Senador Presidente,

Compañeras y compañeros Senadores.

Nuestro país cuenta con una serie de características de las que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, de todas las riquezas de México sin duda alguna, destaca su diversidad biológica, distinguida a nivel mundial por la variedad de ecosistemas y de especies de animales y plantas que se desarrollan en el territorio nacional.

Esta riqueza no sólo implica un gran privilegio contar con un capital natural invaluable, sino también  una gran responsabilidad de los mexicanos con el mundo entero, incluso con las generaciones futuras, pues dichos recursos constituyen patrimonio de toda la humanidad.

En atención a dicha responsabilidad, resulta fundamental que quienes integramos el Poder Legislativo Federal asumamos el compromiso de expedir normas adecuadas para el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a fin de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar previsto en el Artículo 4º de nuestra Constitución.

Las conductas que atentan contra el ambiente han sido objeto de diversas regulaciones tanto administrativas como  civiles.  Con el paso de los años estas medidas  han sido superadas por la realidad  que impera en nuestros días al grado de ser insuficientes, por lo cual resulta necesario recurrir a las sanciones penales, no sólo como una medida para que los recursos naturales tengan el nivel más alto de protección jurídica, sino como un medio para convertir a la responsabilidad por el daño ambiental en un ejercicio efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país.

Por lo anterior, el día de hoy me permito presentarles ante esta Honorable Asamblea una iniciativa de reformas a los artículos 60 y 420 Código Penal Federal, este último relativo a los “delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en materia de biodiversidad”.

Lo anterior, a fin de combatir el fenómeno que en los últimos años  se ha popularizado, no sólo  frente a la tentación de disfrutar de bienes exclusivos, sino también por la falta de sanciones ejemplares  para impedirlo.  El consumo ilícito de vida silvestre materializado en la adquisición de ejemplares y sus derivados con fines ornamentales y para su ingesta.

Ejemplo de estas conductas lo constituye el consumo ilícito de animales disecados, pieles, huevos de tortuga y aleta de tiburón, entre otras carnes y aceites de animales exóticos, en prejuicio del equilibrio de los ecosistemas y de las poblaciones de dichas especies.

Lo anterior, cobra especial relevancia si se considera que en la mayoría de los casos el consumo constituye el último eslabón del mercado ilegal de especies, de plantas y animales, de tal manera que con esta iniciativa se busca dar un golpe a su consumo ilícito desincentivando la demanda de dichos bienes a partir de la amenaza de una sanción penal a sus consumidores a fin de que las actividades destinadas a satisfacer este mercado dejen de representar un negocio.

De esta forma, la presente iniciativa tiene dos objetivos fundamentales:

La primera es fortalecer la protección penal de la flora y fauna del país, estableciendo como delito el consumo ilícito de especies, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos

Y la segunda, aprovechando la oportunidad de esta reforma, se propone un replanteamiento del Artículo 420 del Código Penal Federal, recogiendo el espíritu del texto vigente pero mejorando su redacción mediante el establecimiento de una fórmula general que prevea todas las conductas penalmente relevantes  a fin de proteger la biodiversidad con una técnica legislativa mas adecuada.

Por su atención muchas gracias.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO