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México, D. F., a 12 de febrero de 2013

       

Gracias ciudadano presidente.

 

Yo les anticipo colegas, mi gratitud por su atención y también la paciencia que es casi obligada a la dinámica en la discusión en este Congreso, su valor intrínseco es justamente el debate.

Le he pedido al ciudadano presidente que me otorgue el uso de la voz porque el texto del dictamen aprobado en el Senado de la República, la comisión y aquí se ha dicho con el consenso de las fuerzas políticas aquí representadas, han aceptado modificaciones, modificaciones que registro y que tienen que ver con aspectos necesarios y obvios, léase la facultad del Procurador General de la República para -como puede hacerlo la Corte- plantear la solicitud a este alto tribunal de justicia para que asuntos que son competencia originaria de los jueces de distrito y de los tribunales colegiados en la vía de amparo directo o indirecto, los asuntos se los lleve la Corte y sea éste el máximo tribunal de justicia, el que dirima la controversia constitucional, es evidente que debe proceder.

Es también necesario y evidente que el amparo directo no sólo proceda contra sentencias definitivas o laudos, de tribunales o juntas de trabajo en el caso de los laudos o tribunales civiles o administrativos; y es evidente que se agregue la procedencia de tribunales agrarios.

Hay otros aspectos que tocan la cuestión del procedimiento en cuanto a su trámite, veo sin embargo –colegas- necesario, hacer una reflexión en la que cuando menos, se antepongan dos argumentos.

El que ahora les habla, formó parte orgullosa y dignamente de un altísimo honor de ser senador de la República y parte de quien dictaminó esta minuta, su valor es trascendente sin duda, en este instrumento de control que dispone los gobernados frente a los actos de autoridad, sin duda más por la reforma del artículo primero en la Constitución Política del país o por la ampliación en la materia de tutela, instrumentos internacionales.

Y alguien me ha dicho, “Tomás Torres, tú votaste a favor en el Senado, tienes autorización política y moral para hacerlo en otros términos’”. Y parece que argumentaría y diría, el eje del juicio de amparo mexicano y de labias corpus en el mundo, es de acuerdo con la tutela de los valores más preciados de las personas humanas, cuál es, la vida, la vida por encima de la libertad y si ésta no se tiene, la libertad y en un tercer rango los bienes tangibles, las posesiones, las propiedades.

Y debo decirles estimados colegas, que la minuta se está modificando, si observan ustedes, el artículo 165 y siguiente ‘se condiciona los plazos de la suspensión en materia penal’, en el 166, qué dice, ‘plazo de 48 horas cuando se trate de delitos no graves y que el Ministerio Público decrete una detención’, se va  a legitimar la detención formal decretada por el Ministerio Público, no corresponde a las reglas del amparo en esa disciplina, la suspensión tiene por objeto poner en salvaguarda la integridad de las personas, si no entonces para qué o para darle plazo de actuación a la autoridad.

Que no se le incomunique, que no se coaccione, si no se desnaturaliza este juicio -que es sin duda y aquí se ha dicho- un aporte jurídico-político, el más trascendente en este país.

Esa virtud me obliga a replantear mi posición política con relación a un instrumento político, digo dos cosas con su venia señor presidente, en el tiempo.

La dinámica en un proceso bicameral obliga a esta discusión, yo tengo que ir señalando, me parece política y éticamente necesario, nuestro grupo parlamentario, como otros grupos parlamentarios, reconoce como derecho, el más alto de todos, la posibilidad de disentir, el derecho a discutir, sin abandonar la esencia de nuestra tarea, por eso debo decirlo, mi reconocimiento no es ahora, es perenne, para el coordinador del grupo parlamentario, para el diputado Arturo Escobar y Vega, al abrir esta discusión.

Pero también tengo que agregar, ojalá y en materia de amparo, en civil, en mercantil, en agrario y administrativo, en este país los órganos que resuelven respetaran los plazos, si en amparo indirecto la sentencia que se dictara en los 30 días que mandata la Ley de Amparo para la celebración de la audiencia constitucional, saben ustedes, no estaría hoy implorando ningún gobernado la suspensión, porque se estaría cumpliendo con el mandato de justicia pronta y expedita, ese es un problema en este país, en todas las disciplinas, no hay asunto que no pare en este país en el Poder Judicial Federal.

Concluyo solamente presidente, y usted conoce de esta disciplina y va a compartir conmigo estoy seguro, la virtud de la ley es general, abstracta e impersonal, cuando la ley tiene legítimos o ilegítimos destinatarios, me reservaré otros elementos, pero diré es más grave que el poder público se convierta en poder de hecho.

Gracias por su atención.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 12 de febrero de 2013

 

 

 

 

Compañeras y compañeros diputados,

 

Nos corresponde hoy la obligación constitucional de discutir y votar la Ley de Amparo. Una norma reglamentaria que resulta fundamental para la estabilidad del país y para la seguridad de todos los mexicanos.

Como en el resto de las ocasiones, una pregunta debemos formularnos, que tiene que ver con la naturaleza y el alcance de la función que venimos desempeñando: ¿somos los arquitectos de la ley y, por consiguiente, los que diseñamos y decidimos el destino de todos aquellos que se verán sometidos al imperio del andamiaje normativo que aquí aprobamos?

O más bien, ¿somos los ingenieros a quienes se les ha encomendado la trascendente tarea de construir la ley, de entender los mecanismos para resolver los problemas que derivan de nuestra realidad cotidiana y para satisfacer las necesidades de quienes hemos recibido dicho encargo, o sea, de los mexicanos.

De acuerdo con nuestra Constitución, todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Conservemos siempre en nuestra razón, la auténtica posición de la potestad constitucional que nos ha sido confiada, del servicio que venimos a prestar, y evitemos caer en la arrogante idea de suponer que somos nosotros los que decidimos el destino del país.

Nuestro pueblo ha decidido otorgarse un gobierno republicano. Es concomitante a la república el ejercicio plural y equilibrado de la función gubernativa, para lo que ésta se divide en tres: la labor legislativa, la administrativa y la judicial.

Corresponde a los jueces la importantísima responsabilidad de interpretar y aplicar el derecho. Son sus sentencias las que aseguran la eficacia de la ley. Son sus resoluciones las que dan sustento a nuestro Estado de Derecho.

En la relación entre gobernantes y gobernados, las garantías constitucionales conforman la protección elemental de la que depende la subsistencia e imperio de los derechos fundamentales que todos los mexicanos nos hemos reservado.

Es de vital importancia que, en el ejercicio de su función constitucional, los jueces tengan para sí los instrumentos legales idóneos que les permitan interceder con toda prontitud y certeza para lograr la conservación de las garantías y normas constitucionales para la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Un objetivo primordial es aquél del que depende la subsistencia del sistema: en su calidad de intérpretes del derecho y de calificadores de los actos de autoridad y de las normas que emanan de los otros dos poderes, los jueces no deben superponer su posición originaria, ni absorber, por medio de la función jurisdiccional, la que por mandato constitucional le ha sido encomendada a otro.

La protección de los derechos humanos, se garantiza en la misma medida en que el equilibrio de la República se conserva.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México festeja que, una vez más, esta legislatura haya identificado un tema de urgente atención y se disponga a discutirlo y votarlo sin cortapisas, el concerniente a la actualización de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución: la Ley de Amparo.

El reclamo más sentido de todos los mexicanos es por la seguridad. No podremos construir jamás un país próspero y un futuro sólido si no logramos erradicar la incertidumbre y la zozobra en la que los mexicanos permanecemos  inmersos.

Es consistente entonces, con el resto de las actividades que en esta Cámara venimos emprendiendo, que se apruebe el marco normativo del que depende la conservación de la Constitución, de los derechos humanos que ésta reconoce y las garantías que otorga para su protección.

Con las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos de junio de 2011, se plasmó en nuestra Carta Magna el más moderno y garantista entendimiento sobre el fundamento de legitimidad que hoy encuentran los estados democráticos.

Muestra de estos cambios sustanciales, es que dos principios elementales conforme los cuales se ha regido el amparo a lo largo del tiempo han evolucionado un estado que permite una mayor participación del Poder Judicial en la la valoración de la constitucionalidad de los actos de la autoridad y las normas generales. Me refiero a la iniciativa de parte agraviada y al de relatividad de la sentencia.

Desde la aprobación de la reforma constitucional de junio del 2011, hemos sido testigos y partes de una prolongada discusión y deliberación en comisiones, en las que se ha emprendido la vital tarea de darle contorno al mandato constitucional.

En ese lapso, el Poder Judicial de la Federación, ha llevado a cabo una adaptación de sus propios criterios de interpretación de las normas procesales con el objeto de dar cabida a los nuevos principios rectores del amparo.

No obstante ese esfuerzo ningún criterio judicial es sustitutivo de la ley. La ausencia de las normas adecuadas, ha dado lugar a resoluciones insostenibles, como lo es el desechamiento de amparos por haberse promovido por personas morales con apoyo en la tesis de que el amparo tutelar de los derechos humanos sólo protege a los individuos.

Ante ese estado de cosas que ha generado la inoperancia y desnaturalización del juicio de amparo, resulta apremiante que el Poder Judicial tenga los instrumentos normativos para satisfacer las obligaciones y cumplir con la responsabilidad que la Constitución le manda.

Entrarán en vigor las normas de tutela del interés legítimo, como aquel que permite a cualquier persona, aun no siendo titular de un derecho subjetivo, acceder al amparo y ver logrado el cumplimiento de los imperativos previstos en la ley, en la medida en la que se ve situado en una posición especial frente al derecho similar a la que corresponde a un grupo determinado o determinable de personas, con las cuales se equipara y a favor de las cuales existe una norma tutelar.

Siendo todo y sentencia y los actos de cumplimiento de aquella que naturalmente vienen aparejados, el objetivo primario por el que cualquier justicial ejerce la acción de amparo, destaca en la nueva ley, la existencia de mecanismos coactivos más accesibles para el juzgador que le permitirán resolver de la manera más pronta y más eficiente, las etapas procesales e incidencias correspondientes a la ejecución de los fallos de protección que se pronuncian en el amparo.

Las formalidades esenciales que han caracterizado al amparo se conservan, se actualiza nuestro juicio por cuanto su objeto de tutela y legitimación para hacerlo valer. Se garantiza la subsistencia del proceso de control constitucional con más arraigo en la sociedad mexicana.

Es importante que tomemos en consideración una circunstancia, nuestras facultades legislativas permanecen vivas, siempre perennes. La ley de Amparo y la minuta que hemos de discutir en lo sucesivo fue aprobada con un marco constitucional a partir de la reforma de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

Cuando se discutió la Ley de Amparo en la Cámara de Senadores no existía una reforma que es mucho más trascendente al artículo 1° constitucional y que marca un nuevo paradigma tratándose de la defensa de los derechos humanos.

Esta Ley de Amparo que habremos de aprobar en su caso, no va a estar a la par ni a la zaga de lo que es el marco constitucional en materia de derechos humanos. Tendremos que discutir muy pronto, otra vez, ya sea, o una reforma a esta Ley de Amparo, o si no, en su defecto, una ley reglamentaria al artículo 1° constitucional.

Por su atención muchas gracias.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

R.- Nos puede hablar sobre las modificaciones que se le hicieron a la Ley de Amparo

 

Dip. Tomás Torres Mercado (TTM).- La minuta que tiene su origen en el Senado de la República, prácticamente será discutido intocado, las modificaciones son menores.

En tres temas pudiera puntualizar uno, la regulación de la suspensión en materia penal, ya hay una prevención que establece plazo para que el Ministerio Público ponga a disposición de la autoridad judicial a un detenido en delincuencia organizada, pero ahora comprende una modalidad para cuando no se trate de esa forma de comisión del delito, lo cual por cierto es un tema delicado, porque es regular una detención ante autoridades policiacas o Ministerio Público, en donde pueden permanecer 48 horas o más, esto no nos alienta mucho, no es precisamente un avance.

Hay otra parte obvia, darle facultad a la Procuraduría General de la  República para que al igual que los ministros de la Corte, la Procuraduría pueda plantear la facultad de atracción ante la propia Suprema Corte, es decir asuntos que por su importancia y relevancia se encuentre conociendo un juez de distrito o un Tribunal Colegiado de Distrito que son inferiores a la Corte, la Corte se los lleve para resolverlos ella. Se agrega entonces en la minuta esa facultad a la Procuraduría.

Se aborda también algo que es obvio, que era necesario, establecer la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o laudos, laudos de Tribunales laborales y sentencias de tribunales administrativos, civiles o mercantiles. Se agrega la procedencia en materia agraria.

Las propuestas son realmente, digamos que no sustantivas, salvo esa en materia penal y evidentemente la discusión está centrada -en mi perspectiva- en el tema de la suspensión en materia penal, porque desnaturaliza la esencia del amparo mexicano.

Y el tema de la discusión del control directo del Estado mexicano sobre bienes de la Nación en el 129, particularmente fracciones décimo primera y décimo tercera, en donde yo creo que hay un debate erróneo, equivocado, diciendo que el asunto tiene que ver con la suspensión en materia de telecomunicaciones me parece que es errónea porque el control directo de la Nación sobre otros bienes, no está referido sólo a la versión telecomunicaciones, también habla de transportes, y transportes se refiere a espacio aéreo, marítimo y terrestre.

Yo creo que sobre todo la Ley de Amparo debe legislarse, no para una elección o para varias elecciones sino para varias generaciones. Este país ha tenido un medio de control contra los actos de autoridad eficaz que es el juicio de amparo. El debate no va a quedarse aquí, en esta votación.

R.- Entonces, con estos cambios que usted nos comenta del dictamen en lo general, ¿ya se asegura que esta iniciativa se va a ir al Senado?

(TTM).- Sí, con estos cambios se va a ir al Senado de la República, va a regresar.

R.- Diputado, ¿quieren modificar el artículo 129?

(TTM).- Yo digo que la correlación de fuerzas no es necesariamente la mayoritaria para la supresión de esas fracciones. Es un asunto que me parece debería premiar el acuerdo político en su discusión para no trasladarle esa facultad a la Suprema Corte, lo que no resuelva el Congreso, lo va a resolver el Poder Judicial Federal y eso rompe un concepto fundamental de equilibrio.

R.- ¿Hay garantías de que el Senado ratifique los cambios que se aprueben aquí, hay cierta negociación?

(TTM).- Supongo que hay alguna negociación preliminar y que puede reproducirse en el sentido de la discusión en este Pleno para con el Senado de la República, pero la discusión no se agota, insisto.

El amparo es el único medio de control en este país, auténtico y eficaz, y todos los actos de autoridad desde un modesto acto de policía municipal, del más modesto de los municipios del país, hasta los actos del Senado, de la Cámara de Diputados o del propio Presidente de la República.

Es un instrumento no jurídico, es un instrumento político que ha dado estabilidad en la convivencia en México.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 10 de febrero de 2013 Boletín 037/13

     

Titular de la SRE debe establecer un diálogo con su homólogo estadounidense para atender la repatriación segura de connacionales: Dip. Pérez Tejada

El Partido Verde advirtió que miles de connacionales y extranjeros están siendo repatriados a México en condiciones que violan sus derechos fundamentales, por lo cual presentó un Punto de Acuerdo ante el Pleno de la Cámara de Diputados para atender este problema.

El diputado David Pérez Tejada, se congratuló por la aprobación unánime del Punto de Acuerdo, y señaló que la finalidad es exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a establecer un diálogo con su homólogo estadounidense, para revisar el “Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de mexicanos”.

El diputado promovente señaló que las personas repatriadas, llegan a altas horas de la noche, a veces a las tres, cuatro, o cinco de la mañana y no reciben ningún tipo de asistencia, ya sea médica o por parte del Gobierno, para contactar a sus familias.

“Además, el año pasado se deportaron -únicamente por Tijuana y Mexicali- a 125 mil personas, cantidad equiparable a la población del munipio de Tecate, por lo cual el problema se ha convertido también en una carga para los municipios fronterizos”, agregó Pérez Tejada.

Aunado a esto, dijo que durante el 2011 se deportó al mayor número de personas con antecedentes penales en la historia, es decir 144 mil 745, aproximadamente el 50 por ciento del total, con sentencias por diversos tipos de delitos, desde violaciones a leyes migratorias, hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.

El diputado por Baja California recalcó que no se trata de criminalizar al migrante, pero sí debe encenderse una alerta con las cifras, por lo cual pidió a las autoridades ejercer la facultad que tienen para revisar la calidad migratoria y los antecedentes penales de quienes ingresan al país, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución.

Finalmente, dijo que su propuesta también exhorta al Instituto Nacional de Migración a crear una Base de datos binacionales  e intercambio de información, como parte de la implementación de la llamada plataforma “México”.

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México, D. F., a 08 de febrero de 2013

Boletín 034/13

   

Felicitamos a Fernando y le hacemos saber nuestro apoyo por el bien de Baja California: Arturo Escobar

 

El Partido Verde en la Cámara de Diputados, felicitó la decisión del Diputado Fernando Castro Trenti, al registrarse como precandidato al gobierno de Baja California y solicitar licencia a su encargo como legislador, declaró el Coordinador del Grupo Parlamentario del Verde, Arturo Escobar y Vega.

En entrevista, Escobar y Vega sostuvo que la contienda electoral que se encuentra en puerta, será una gran oportunidad para que un buen gobierno llegue al Estado de Baja California.

“El Diputado Castro Trenti, es, sin lugar a dudas, un extraordinario político que ha realizado un gran papel en aquellos encargos que se le han conferido y que, sin lugar a dudas, estará acompañado por nosotros en el proceso que se avecina”, explicó.

Luego de reconocer su trayectoria y la urgencia de la población de Baja California por recibir mejores oportunidades y servicios, Escobar y Vega manifestó que serán los electores los que con su voto, dejarán clara su necesidad por un nuevo gobierno en el Estado.

“Seremos respetuosos del proceso electoral y de los procesos internos de cada partido, sin embargo, felicitamos a Fernando por su decisión y le hacemos saber nuestro apoyo por el bien de Baja California y de sus electores”, concluyó.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 7 de febrero de 2013 Boletín 033/13

 

Durante el 2011 se deportó al mayor número de personas con antecedentes penales en la historia: Dip. Pérez Tejada

El Partido Verde se congratuló por la aprobación de un Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a crear una Base de datos binacionales  e intercambio de información, como parte de la implementación de la llamada plataforma “México”.

El diputado promovente, David Pérez Tejada, señaló que la finalidad de su propuesta es atender los efectos ocasionados por los fenómenos migratorios de la frontera y mejorar la coordinación entre los actores involucrados en la recepción de los migrantes.

“Hablar de la frontera México-Estados Unidos es hablar de violencia, violaciones a los derechos humanos, discriminación, sufrimiento y muerte”, señaló el legislador, por lo que también exhortó respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a establecer un diálogo con su homólogo estadounidense, para revisar el “Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de mexicanos”.

Lo anterior, con la finalidad de mejorar los mecanismos de traslado, que garanticen la llegada segura de los connacionales a su lugar de origen y con base en sus perfiles, también puedan ser reinsertados al ámbito laboral.

Además, Pérez Tejada recordó que existen 26 puntos oficiales para llevar a cabo deportaciones, sin embargo cuatro de cada 10 ocurre por las garitas de Mexicali y Tijuana, lo cual se ha convertido en un problema tanto de seguridad pública como de protección a los derechos humanos, toda vez que la mayoría de los migrantes son presa de bandas criminales o se quedan en dichos lugares para cruzar la frontera nuevamente.

Asimismo, el diputado señaló que durante el 2011 se deportó al mayor número de personas con antecedentes penales en la historia, es decir, 144 mil 745, aproximadamente el 50 por ciento del total, con sentencias por diversos tipos de delitos, desde violaciones a leyes migratorias, hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 7 de febrero de 2013

     

El turismo en México ha sido un factor de estabilidad macroeconómica en los últimos 40 años, de hecho la Secretaría de Turismo declara que ha habido 11 mil millones de dólares como flujo de efectivo en México para este año.

Por esto, en el Partido Verde nos preocupa que en México sigan presentándose situaciónes que afectan la imagen de México como destino turístico, repito, el turismo ha sido un factor clave para nuestro desarrollo económico y social como nación moderna.

La imagen de lo que pasa en Acapulco se replica en automático en la mente de turistas en otras partes del mundo y afecta al resto de nuestros destinos turísticos, llámese Cancún, Acapulco, Zihuatanejo.

Lamentamos profundamente el ultraje de que fueron víctimas el lunes pasado en este puerto un grupo de turistas españoles y exhortamos a las autoridades judiciales que a la brevedad encuentren y procesen a los responsables.

Sin embargo, es lamentable que una supuesta sensibilidad llevó a autoridades locales a caer en la frivolidad, al declarar que estas violaciones en perjuicio de turistas ‘puede suceder tanto en Acapulco como en cualquier otro lugar’.

Nos parece que estas declaraciones serán percibidas negativamente por televidentes en todo el mundo, todos potenciales turistas, que habiendo escuchado directamente en boca de la autoridad, “puede pasar en Acapulco o en cualquier otra parte”, dudarán o de plano no vendrán a México.

En el Partido Verde queremos que las desafortunadas declaraciones no se repitan, pues insisto, lo que pasa en el turismo pasa en todo el país, nos afecta a todos.

Qué turista desea vacacionar en un lugar cuyas autoridades no ofrecen certeza de su seguridad. El grupo parlamentario del Partido Verde se adhiere a la propuesta de nuestros compañeros del Revolucionario Institucional, de nuestra amiga Miriam Cárdenas Cantú y nos sumamos a la indignación de mujeres ante expresiones inadmisibles como las del alcalde de Acapulco, Luis Walton.

La respuesta del alcalde Walton no fue precisamente la que esperaban  cientos de familias que dependen del turismo, las alertas que emiten otros países,  en el caso de Estados Unidos, las famosas “travel alert”, para que sus ciudadanos no viajen a México por la inseguridad se han multiplicado y la mayoría de los turistas vienen de esos países.

Declaraciones temerarias como la mencionada no ayudan mucho, la noticia de la violación de las seis turistas españolas ya ocupa los portales de noticias en España y otros países.

Empresarios del sector turístico afirman que los nueve millones de visitantes anuales en Acapulco serán una huella que dejen marca.

En el Partido Verde sabemos que las autoridades locales de los principales destinos turísticos del país tendrán que emprender esfuerzos para reconstruir los daños ya hechos.

En el futuro, esperamos que otras autoridades tengan una mayor conciencia de que una declaración desatinada puede dar al traste con a estrategia dinámica que el Gobierno de la República está realizando ya, para mejorar la imagen de México en el mundo.

Condenamos el ataque sexual a los turistas de España, mujeres violadas u hombres violados, porque la violencia sexual no tiene género.

Convocamos al estado de Guerrero y a su gobierno a que dé resultados de inmediato y capturen a los responsables.

Las diputadas y diputados de nuestro grupo parlamentario estamos dispuestos  a coadyuvar en todas las denuncias que se deban presentar por las victimas, nos solidarizamos y por supuesto, con la propuesta de nuestra diputada compañera Miriam Cárdenas.

Gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 7 de febrero de 2013 Boletín 031/13

   

 

Endurecer la normatividad, evitará que quienes envisten una posición jerárquica abusen de los estudiantes y padres de familia: Dip. Tomás Torres

 

El Partido Verde propuso castigar a aquellos docentes o servidores públicos que condicionen o impidan el acceso de cualquier alumno a los planteles educativos a cambio alguna cantidad monetaria o cuota.

El diputado Tomás Torres Mercado, señaló que su iniciativa propone adicionar un artículo 215 bis al Código Penal Federal, para equiparar como delito de abuso de autoridad con sanciones de 3 días hasta tres años de prisión y multa de hasta 300 días, a quienes condicionen el ingreso o permanencia de los educandos a las escuelas del estado de nivel básico y medio superior, a cambio de contraprestaciones económicas en efectivo o en especie.

El legislador dijo que la falta de medidas coercitivas hace que en muchas ocasiones al no existir una sanción ejemplar, quien está a cargo del desarrollo del aseguramiento de la escuela, como profesores o administradores de la educación, son los primeros en infringir las leyes.

“En el Partido Verde consideramos que endurecer la normatividad para hacer de esta conducta un tipo penal, evitará que quienes envisten una posición jerárquica abusen de los estudiantes y padres de familia, sin embargo, no se debe imponer una carga a quienes libremente otorgan a las escuelas alguna aportación económica, toda vez que las escuelas, en más de un caso  tienen muchas necesidades”.

Torres Mercado señaló que el Partido Verde está a favor de una política de gestión integral con la colaboración de los padres de familia, alumnos, autoridades y la sociedad en general, para resolver la problemática de infraestructura física y didáctica en todos y cada uno de los planteles educativos nacionales.

Finalmente, el ecologista se congratuló de que el grupo parlamentario del PRI, a través del diputado Héctor Gutiérrez De la Garza, se adhiriera a su propuesta y recordó que éste es uno de los temas que se acordó impulsar durante la Segunda Reunión Plenaria que celebraron el PRI y el Verde recientemente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 6 de febrero de 2013

     

Con su venia señor presidente.

 

México ha incorporado la sustentabilidad dentro del artículo 25 de nuestra Carta Magna, en ella determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

 

Bajo este principio de conservación de los recursos naturales se ha orientado la planeación nacional de desarrollo.

Debemos reconocer que uno de los sectores más importantes para favorecer el crecimiento y el desarrollo del país, es el energético. Por ello la visión 20-30 para este sector, es que opere con políticas públicas un marco fiscal, laboral y regulatorio, que permita contar con una oferta diversificada, suficiente  y continua de alta calidad y a precios competitivos.

Maximizando la renta energética, asegurando al mismo tiempo un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.

Es evidente que  los pronósticos del sector muestran que la demanda eléctrica irá en aumento, sin embargo ante la problemática ambiental que genera la producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, se está impulsando la diversificación de fuentes primarias para la producción eléctrica, con una tendencia a disminuir su producción basada en combustible fósiles, la cual actualmente oscila en el 60 por ciento.

La producción hidroeléctrica nacional, representa actualmente cerca del 12 por ciento del total de la energía eléctrica y la tendencia va en aumento, no obstante el impulso de la diversificación energética mediante la construcción de hidroeléctricas no en todos los casos  es la mejor opción, ya que provocar la inundación de grandes extensiones de terreno no siempre resulta ambientalmente viable, ya que afecta las especies de vida silvestre que se distribuyen en esas regiones, provoca conflictos sociales y muchas veces esto conlleva a la pérdida de predios a cargo de particulares y al desplazamiento de comunidades.

Por ello, el Partido Verde se manifiesta a favor del presente Punto de Acuerdo, ya que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo sustentable y garantizar el respeto de los derechos humanos de las comunidades que se ubican en estas regiones, mas aún cuando se trata de comunidades indígenas.

Reprobamos cualquier práctica de intimidación como las presuntamente realizadas por las autoridades municipales de Olintla y exhortamos a la empresa responsable de la construcción a conducirse con legalidad y respeto hacia la ciudadanía.

Por ello, a nombre de mi grupo parlamentario insto al Gobierno federal para que por medio de la Semarnat, CFE y la Secretaría de Gobernación, se instale una mesa de diálogo a fin de coadyuvar en la solución de este conflicto y evitar que sean violentados los derechos humanos de la población inconforme.

Debemos privilegiar el diálogo y el respeto a la legalidad en los procesos y debemos evitar que se sigan dando deudas históricas, como la que CFE tiene en Chiapas por la inundación de terrenos por la construcción de presas hidroeléctricas; y que insisto son saldos con la población rural de mi estado.

Por su atención, muchas gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 6 de febrero de 2013

 

Con su venia diputado presidente.

Hablar de un mejor destino, es dejar de lado la suerte y sellar un compromiso con el trabajo y la integración.

Hablar de un mejor destino, es seguir la voz de quien habla de frente y avalar en sus palabras una justa razón para cambiar.

Hablar de un mejor destino es sumar caminos, forjar acuerdos y unir esfuerzos con una misma intención.

En el Partido Verde estamos comprometidos con mover a México. Somos un grupo sólido, plural y formamos parte de un proyecto de servicio que enaltece a nuestra tierra y la impulsa hacia una nueva latitud.

Creemos en el progreso, el que consiste en renovarse, en tomar las riendas con carácter y en generar respuestas sensibles a las que nadie quede exento.

Creemos en empatar voluntades, impulsar el talento y en sembrar pasos que una vez avanzados no den nunca vuelta atrás.

Creemos en valorar el ayer para poder caminar hacia adelante y en transformar la realidad con estrategia y con visión.

Nos entregamos con entusiasmo a una suma de acciones que genera cambios contundentes y asumimos compromisos que implican esfuerzos continuos que sin duda marcarán el nuevo rumbo que tanto se merece esta nación.

Por un país reorganizado, que supere con un nuevo ánimo la  inequidad, la injusticia y la falta de oportunidades, redoblamos esfuerzos por la confianza de la gente a quien estamos obligados a servir y a entregar buenas cuentas.

Compañeros diputados de la sexagésima segunda Legislatura. En nuestra fracción, entendemos que compartimos con el Ejecutivo la responsabilidad de traducir una plataforma que junto con el Partido Revolucionario Institucional impulsamos durante el pasado proceso electoral en resultados concretos.

Sabemos que la expectativa ciudadana es grande, lo asumimos y por ello nos comprometemos.

En esta nueva escena en la que nuestro país se transforma, México encara retos de proporciones mayores en donde ninguna fuerza política podrá por sí sola imponer una visión o alcanzar un objetivo que no provenga de un acuerdo ampliamente mayoritario.

Ante ello, creemos en concentrar acciones que nos impulsen hacia adelante y en culminar la transición democrática orientada a las metas de bienestar social, libertad personal y seguridad a las que tanto hemos aspirado.

Resaltamos hoy con orgullo, que recientemente nos sumamos formalmente al Pacto por México, porque creemos en él, porque es un espacio común que México necesita para realizar los cambios sustanciales que la sociedad demanda desde las responsabilidades comunes y no desde los intereses partidistas y personales.

Sus letras sintetizan muchas de las aspiraciones y anhelos de amplios sectores de la sociedad mexicana, y por ello, desde esta Tribuna; aplaudimos la capacidad de convocatoria y consenso del Gobierno federal al lograr que la mayoría de las fuerzas políticas de este país acordaran y firmaran este documento, en el que se comprometen a impulsar las reformas que el país requiere.

Retomando las palabras de nuestro coordinador Arturo Escobar. “Los que están en contra del Pacto por México, están en contra del país”. Es importante repetirlo, porque queremos refrendar de nuevo un llamado a las fuerzas y expresiones políticas que aún no se han sumado al Pacto Por México a que lo hagan cuanto antes y a que dejen de lado los intereses particulares anteponiendo el interés superior de la nación. México no puede ni debe esperar más.

Una democracia que funciona correctamente es aquella que encuentra la manera de convertir las diferencias en convergencias a través siempre del dialogo. Las diferencias son naturales y debemos aceptarlas, pero tenemos que dejar muy claro que la firma de este Pacto no significa que cada una de las expresiones políticas que conforman esta honorable Asamblea no pueda manifestar sus ideas y presentar sus propias iniciativas.

Hagamos que nuestra democracia funcione y que nuestros esfuerzos se traduzcan en mejores condiciones de vida para las mexicanas y los mexicanos.

Hoy la historia nos brinda la opción de convertirnos en la Legislatura que fue capaz de alcanzar los consensos necesarios que darán rumbo y viabilidad al país. Tomemos la oportunidad y  hagámosla nuestra.

Durante este periodo, nuestro grupo parlamentario no sólo enfocará sus esfuerzos a la protección del medio ambiente, a la contención del deterioro ecológico y a la promoción de un desarrollo sustentable; sino que dará un paso adelante participando activamente en la proposición de reformas que impulsen el desarrollo político, económico y social del país.

Vamos a poner por delante los temas que constituyen una prioridad para los mexicanos, impulsando una agenda moderna y acorde a la realidad de las voces de nuestra gente.

Para mover a México hacia un escenario más saludable. Como respuesta al preocupante desabasto de medicamentos que padecen tanto el IMSS, como el ISSSTE y el Seguro Popular y que impide la adecuada atención médica y tratamiento de los derechohabientes, El Partido Verde, impulsará iniciativas que obliguen a los diferentes sistemas de salud a surtir las recetas de medicamentos y agentes terapéuticos, ya sea a través de sus propios sistemas de farmacias, como ocurre hoy en día, o bien, a través de farmacias privadas.

Para mover a México hacia una mejor educación. Para hacerle frente al hecho de solicitar cuotas en las escuelas públicas, propondremos reformas para que las aportaciones voluntarias o donativos no se entiendan como contraprestación del servicio educativo y por lo tanto no se condicione el pago correspondiente al ingreso, estadía, aplicación de evaluaciones a los alumnos.

Del mismo modo, velaremos por que el Gobierno cubra en su totalidad el adecuado mantenimiento de las instalaciones educativas.

Para mover a México hacia una mejor impartición de justicia. Seguiremos pugnando por endurecer las penas en contra de los criminales más violentos y peligrosos, y no descansaremos hasta lograr que el secuestro, que es uno de los delitos que más lacera a la sociedad, se castigue con cadena perpetua.

Para mover a México hacia un  ambiente más limpio y sustentable. Tal como lo propusimos en campaña, la contaminación que generan algunas fábricas y empresas que estén provocando un grave deterioro al Medio Ambiente, por lo que resulta necesario que los responsables reparen, compensen y restauren el daño que generan, el cual en muchos casos no sólo es al ambiente, sino también a la salud y propiedad de las personas.

Con las leyes actuales, los daños ocasionados al medio ambiente tienen como consecuencia solamente el cobro de multas, pero no existe una obligación de repararlo, por lo que resulta fundamental impulsar la Ley de Responsabilidad Ambiental, a fin de poder prevenir y evitar la contaminación; y en su caso, reparar los daños causados.

Finalmente, aunque en la pasada legislatura el Partido Verde logró la aprobación de una Reforma Constitucional, mediante la cual se incorpora a nuestra ley fundamental el derecho al agua, para que éste sea una realidad, se requiere hacer un gran esfuerzo de inversión en obra pública, a fin de que podamos recuperar más agua potable de lluvia.

Buscaremos evitar el desperdicio en fugas, así como conseguir tratar las aguas residuales que arrojan las ciudades y las industrias. Por tal motivo, trabajaremos para que se etiqueten mayor cantidad de recursos presupuestarios para lograr el objeto de la reforma constitucional, que garantiza a todos los mexicanos el acceso al agua.

Compañeros Diputados, vivimos una nueva etapa en la vida política del país, y en nuestras manos está que éste sea el comienzo de una época de paz, de bienestar y de progreso.

Respondamos con firmeza y actitud a esta exigencia con responsabilidad compartida.

En el Partido Verde, estamos convencidos de que podemos hacer más y mejores cosas.

Decimos sí al desarrollo y a un México que se proyecta propositivo y moderno.

Decimos sí a las propuestas con valor y a los acuerdos compartidos a favor de nuestra gente.

Decimos sí a la libertad para crear, construir y materializar la esperanza de un futuro mejor.

Esta es la hora para cambiar al país. Vamos a transformar y a modernizar a México.

Vamos a  proyectarlo hacia un ánimo renovado con la fuerza de todos. Desde esta nueva emoción que impulsa, desde este nuevo sentir que abraza…. Unamos esfuerzos y acortemos distancias hacia un nuevo país en que cada mexicano pueda construir su propia historia de éxito.

Muchas gracias.

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