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PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. INTERVINIERON LAS SENADORAS: MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, PRI. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, PAN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRD. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, PT. MÓNICA ARRIOLA GORDILLO. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, PAN. FERNANDO MAYANS CANABAL, PRD. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, PAN. FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
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SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LIBERE DE MANERA URGENTE LAS PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES A GOBIERNOS MUNICIPALES
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LIBERE INMEDIATAMENTE LAS PARTICIPACIONES FISCALES ASIGNADAS A GOBIERNOS MUNICIPALES Y A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INSTRUMENTE UN PLAN DE CONTINGENCIA DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MARIA ELENA BARRERA TAPIA, DAVID PENCHYNA GRUB, TEOFILO TORRES CORZO, PATRICIO MARTINEZ GARCIA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ, Senadoras y Senadores de la República y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LIBERE DE MANERA URGENTE LAS PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES A GOBIERNOS MUNICIPALES, Y PARA QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE INSTRUMENTE UN PLAN DE CONTINGENCIA DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FAVOR DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y PARA QUE SE INSTRUYA EL CESE DE CORTES DE ENERGIA ELECTRICA A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Los recursos que transfiere la federación a los municipios son de vital importancia no sólo para la conformación de las haciendas municipales: representan hoy en día la principal fuente de recursos con las que cuentan para financiar su desarrollo. Los recursos considerados para gasto para su ejercicio libre del Ramo 28 así como el gasto para actividades específicas de los Ramos 25 y 33 y el gasto por convenios de programas específicos del Ramo 26 se liberan con poca oportunidad y son recibidos tardíamente por los gobiernos municipales, que no logran del todo consolidarse generando un impacto negativo en las actividades para el desarrollo municipal que es, muchas veces, regional.
En el país existen dos mil 440 municipios, y más de dos mil se encuentran en crisis financiera, endeudados y con parálisis de servicios y áreas administrativas. En conjunto, los municipios adeudan 31 mil 788 millones de pesos: 15 mil 382 millones a la banca comercial, 15 mil 955 millones a la de desarrollo y 210 millones en emisiones bursátiles, de acuerdo con un informe de esta Cámara de Senadores.
Los gobiernos estatales están entrando al auxilio de municipios con problemas financieros derivados de adeudos en los pagos de Derecho de Alumbrado Público (DAP). Lo que es aún peor, están entrando para garantizar que no se pongan en riesgo los servicios públicos básicos para la ciudadanía. Como en Guanajuato donde el Gobierno Estatal le ofreció 700 mil pesos al gobierno municipal de Yuriria, razón por la que no se han cerrado las oficinas municipales. No tienen recursos para cubrir la nómina y ya han despedido a 100 empleados para afrontar la crisis.
Aún cuando es menester que esta Soberanía analice a fondo en el contexto de la reforma hacendaria las potestades tributarias de los tres órdenes de gobierno, es necesario velar por la salud de las finanzas de los municipios en una responsabilidad del ejecutivo Federal que no debe pasarse por alto en estos momentos en que los alcaldes requieren del aliento federal en una situación en la que están en juego los servicios públicos e incluso la salud de la población.
Hay gobiernos municipales que se han visto imposibilitados a pagar aguinaldos o meses de salario a empleados administrativos. Hay ayuntamientos cuyos trabajadores están suspendiendo labores y se amotinan en las alcaldías para exigir sueldos y salarios.
Hay gobiernos municipales que tienen hasta diez años de deudas y que le deben a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad. Son miles de millones de pesos en deudas que impiden crecer y tener finanzas sanas a las administraciones municipales.
Las crisis financieras en los ayuntamientos del país están empujando a los gobiernos locales a cerrar oficinas de manera temporal o a otorgar vacaciones obligatorias a burócratas así como a dejar de pagar servicios como agua o luz o vender edificios. Se presentan casos como el de Mulegé, Baja California Sur, donde el ayuntamiento ha puesto en venta edificios y espera obtener recursos para pagar salarios a los mil 500 empleados que tiene. Sumado a esto, debemos considerar que al quedarse los ayuntamientos sin energía eléctrica indudablemente se crea un ambiente propicio para aumentar la inseguridad y la violencia.
Por todo el país es común constatar municipios que se encuentran en situaciones similares. En Erongarícuaro, Michoacán, se cerraron las oficinas entre el 16 y el 31 de julio de este año por falta de recursos. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la falta de dinero para comprar combustible ha obligado a disminuir los patrullajes policiales. En el municipio de La Colorada, en Sonora están a punto de quedarse sin energía eléctrica. La deuda asciende a 183 mil pesos y no tienen cómo pagarla. Eso sin hablar del injusto y arbitrario cobro de tarifas eléctricas que ya será un tema distinto y que habremos de discutir en el futuro.
Otro de los aspectos que lesiona severamente las finanzas municipales son deudas con el ISSSTE y el FOVISSSTE, entre otras instancias federales, ya que algunos municipios están recibiendo hasta un 15 por ciento del total de las participaciones mensuales que les corresponden. Por ejemplo, el gobierno de Tapachula debe enfrentar deudas por 84 millones de pesos en créditos bancarios y debe 7 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, a la que el gobierno de Tuxtla Gutiérrez también le adeuda 19 millones de pesos.
Los municipios han cedido a sus facultades recaudatorias y hoy dependen en más de un 80%, de las participaciones federales, lo que ha generado que aumente la dependencia que los obliga a endeudarse, generando una tendencia que sigue creciendo y que amenaza con convertirse en insostenible. Es por ello necesario que esta Soberanía debe pronunciarse por la restructuración de deudas de los gobiernos municipales y llame a que se empiece desde hoy a sanear y avanzar hacia la transparencia en la aplicación de recursos.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere de manera inmediata las participaciones fiscales a los gobiernos municipales para que puedan hacer frente a sus diferentes compromisos,
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Federal de Electricidad presente un plan de contingencia de pago de energía eléctrica a favor de los gobiernos municipales que así lo soliciten y para que gire instrucciones al titular de la Secretaría de Energía, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, ordene el cese a los cortes en la energía eléctrica.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, 11 de septiembre de 2012.
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO
SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO
SENADORA MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI
SENADORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB
SENADOR TEOFILO TORRES CORZO
SENADOR PATRICIO MARTINEZ GARCIA
SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT
SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA
SENADORA ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA
SENADORA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA
SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ
PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA POLICÍA FEDERAL IMPLEMENTE UN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL EN LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA.
SENADO DE LA REPÚBLICA LXII LEGISLATURA
Los suscritos, Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA y Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA POLICÍA FEDERAL IMPLEMENTE UN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL EN LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA, con base en lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es de todos conocido lo peligrosa que es la autopista México-Toluca, la tasa anual de accidentes registrada en el año 2009 en este tramo, fue de 1.83 por cada kilómetro recorrido, con 94 accidentes en los que participaron 135 vehículos, en los que 13 personas perdieron la vida, 81 personas que resultaron lesionadas, y daños materiales por más de 38 millones de pesos.
Tanto es así, que para la delegación Álvaro Obregón, el tramo que abarca del kilómetro 13 al 18, es considerado como el más peligroso de la ciudad en su Atlas de Riesgo Delegacional [1].
De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones Transportes, el tramo de cuota de la Carretera México-La Marquesa, con longitud de 22 kilómetros; únicamente tiene 12.6 kilómetros en buen estado, el 42.72% restante no está en buenas condiciones, cuando debería estar en excelente estado por dos razones: la primera es el costo que tiene el tramo de los 22 kilómetros, y que es de va desde los 65 a los 258 pesos (autos a 9 ejes), resultando el precio por kilómetro en promedio a 7.34 pesos, que comparado con el tramo México-Cuernavaca que va de 95 a 425 pesos (autos a 9 ejes) por un recorrido de 61.54 kilómetros dando el precio promedio por kilómetro 4.22 pesos, resulta que en la México-Toluca se cobran 3.12 pesos más por kilómetro, que equivale a un 73 por ciento por encima del precio de la México Cuernavaca; la segunda es el aforo vehicular, es la carretera con mayor circulación de todas las que llegan o salen de la ciudad de México.
De conformidad con una auditoría llevada a cabo por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI) [2], el tramo más peligroso de toda la autopista se encuentra entre los kilómetros 37 y 42 por lo que lo nombraron “los siete kilómetros de alto riesgo”. Se tiene, en este tramo, un promedio de cinco a seis accidentes con lesionados a la semana, mismo que se incrementa en temporada vacacional a 12 por semana
Una de las principales causas de los accidentes que ocurren, es que a la altura del kilómetro 35 convergen la autopista libre y la de cuota en dirección a la Ciudad de Toluca; otra de las causas de accidentes en esta zona es la cantidad de espectaculares que existen entre los kilómetros 35-37, ocho anuncios colocados de manera ilegal de conformidad con los lineamientos establecidos por CAPUFE, y que si un conductor los quisiera leer a una velocidad de 100km/h, se recorrerían 900 metros a ciegas; otra tanda de espectaculares que distraen la atención del conductor va del kilómetro 41 al 41+500, hay 15 espectaculares en 500 metros.
Otro factor de accidentes en este tramo es lo dañada que se encuentra la carpeta asfáltica; aunado a eso, en este tramo se ubican tres retornos utilizados para la comunidad de Salazar (Municipio de Lerma), siendo los más peligrosos los que se encuentran en los kilómetros 36+260 y 36+770, diariamente circulan dos mil 904 vehículos en sentido contrario a los retornos a velocidades cercanas a los 150 km/h, demostrando que en estos puntos se supera la norma de 300 vehículos en sentido opuesto a una velocidad de 100 km/h, establecida en el Manual de Diseño Geométrico de Vialidades de la Secretaría de Desarrollo Social, para ese tipo de retornos.
Registros y mediciones elaborados por la CESVI, revelan que en este tramo que es caracterizado por pendientes descendientes y curvas, se registraron velocidades de hasta 169 km/h. La curva más pronunciada es la conocida como “La Escondida”, pese a su amplitud no tiene peralte, lo que contribuye a que los conductores que circulan hacia Toluca en ocasiones lleguen a perder el control de su vehículo, y aunado a que en esta zona de “La Escondida”, en la que las curvas están a desnivel, los autos llegan a velocidades superiores a los 140 km/h; si se le agregan otras variantes como el uso del celular al ir conduciendo, fatiga, falta de pericia, climatológicas (niebla, lluvia, pavimento húmedo), manejar en estado inconveniente, etc., han vuelto a esta autopista una de las más riesgosas del País.
Por el esfuerzo de la subida de la carretera muchos camiones de carga y tráileres llegan a perder los frenos, y en bastantes ocasiones han sido la causa de accidentes fatales, por invasión total de carriles, ello hace imperativo establecer un cuidadoso control para el transporte de carga y pasajeros, e inclusive colocar una báscula que verifique el peso de los camiones de carga que circulan por esta vía..
Como se puede ver, para lograr reducir el número y la gravedad de los accidentes de manera considerable en esta autopista, se requiere de varias obras cuya ejecución se amplía a un horizonte de mediano y largo plazo, que van desde cambiar de señalizaciones, retirar espectaculares, reparaciones de carpeta asfáltica, y rediseño en construcción de entronques.
Es momento de hacer algo, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AVIS), México es séptimo lugar a nivel mundial en número de muertes por accidentes viales y aún no existe una política pública clara para proteger a las víctimas.
México ha firmado convenios relacionados con este tema, sin embargo, aún hace falta poner en práctica las resoluciones y recomendaciones realizadas por organismos internacionales.
Desde el año 2008 el gobierno de México por medio de la Secretaría de Salud, con colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), instrumentaron en cuatro ciudades (Guadalajara, Monterrey, León y el Distrito Federal), la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI) [3]. Actualmente las 32 entidades federativas realizan intervenciones de diferente intensidad, basadas en el modelo de la iniciativa.
Adicionalmente, México forma parte de lo países seleccionados en el proyecto denominado Road Safety 10 (RS-10), financiado por Bllomberg Philanthropies, a través de la OMS/OPS, y se focaliza en el desarrollo de intervenciones sobre factores de riesgo, mediante sistemas de retención, alcohol y volante.
Con base a los resultados obtenidos Bloomberg Philanthropies, aprobó la inversión de dos millones de dólares, entre el 2012 y 2013, para ser aplicados en León, Guadalajara, Toluca, Mérida, Puebla y Aguascalientes.
En el Diario Oficial de la federación del día 06 de junio de 2011, se publicó la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, lanzada por el Presidente Felipe Calderón, la cual está alineada a los 5 Pilares de Acción del Plan Mundial por la Seguridad vial de Naciones Unidas. La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se adhirió por unanimidad a la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, en julio 12 de 2011; el Senado aprobó un punto de acuerdo en abril de 2011, en que a la década del 2011 al 2020 se le denomine como la Década por la Seguridad Vial.
Al mismo tiempo la Organización de las Naciones Unidas lanzó el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, [4] en el que se exhortó a los Estados Miembros, organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los líderes comunitarios a garantizar que el Decenio produzca mejoras auténticas.
Por tal motivo como se puede notar las medidas que se están tomando son a mediano y largo plazo, pero por la necesidad y urgencia de que se reduzcan los factores que pueden ser causa de accidentes en la autopista México-Toluca, se propone el siguiente punto de acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se exhorta respetuosamente a que la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial en la autopista México-Toluca, que permita controlar la velocidad de los automóviles, del transporte de carga y de pasajeros, especialmente en los tramos considerados de más alto riesgo, como lo es el tramo de los kilómetros 37 al 42.
Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil doce.
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA |
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ |
DE LOS SENADORES MARÍA ELENA BARRERA TAPIA Y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA CONSIDERAR EL SUICIDIO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A CONSIDERAR EL SUICIDIO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA SENADO DE LA REPÚBLICA LXII LEGISLATURA
Los suscritos Senadores MARÍA ELENA BARRERA TAPIA y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A CONSIDERAR EL SUICIDIO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, con base en los siguientes:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud estableció el día 20 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en el cual se hace un llamado para informar sobre la carga inaceptable y el costo del comportamiento suicida. Esta organización, además, celebra el Día Mundial de la Salud Mental cada 10 de octubre. El objetivo es sensibilizar al público acerca de los problemas de salud mental y fomentar el debate sobre los trastornos mentales y las inversiones en servicios de prevención, promoción y tratamiento. El lema de este año para conmemorar el Día de la Salud Mental es “La depresión, una crisis mundial”.
Invocamos estas dos celebraciones mundiales porque es de fundamental importancia la prevención del suicidio, un “fenómeno habitualmente asociado a la depresión, al abuso de alcohol y drogas, a los conflictos familiares e interpersonales, las enfermedades crónico-terminales y al mal manejo del estrés propio de nuestro tiempo”1.
La Organización Mundial de la Salud apunta que por día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y por cada persona que consigue suicidarse hay al menos 20 que lo intentan. El suicidio provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de víctimas al año alrededor del mundo. En el año de 1998, el suicidio constituía el 1.8% del total de decesos, para el año 2020 se estima que la cifra llegue a 2.4%2. Además los costos económicos del suicidio están cifrados en miles de millones de dólares, según ha señalado la Organización Mundial de la Salud.
A un nivel más regional, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO por sus siglas en inglés) señala que casi 65,000 personas mueren anualmente en el continente americano a causa del suicidio. Por esta razón, la PAHO ha colocado el suicidio como un problema de salud mental de gran relevancia para la región y como una prioridad dentro de la Estrategia Regional de Salud Mental para las Américas. A nivel mundial y a nivel regional han aumentado las muertes por suicidio y México no es la excepción.
En cuatro décadas la mortandad por suicidio en el país se ha incrementado en más de 250%. En el año 1970 hubo 554 defunciones por suicidio, en 1994 se presentaron 2,603 defunciones, en el 2007 hubo 4,388 muertes por suicidio y la tasa de mortalidad por suicidio fue de 4.12 por cada cien mil habitantes. Para el año 2009, se presentaron 5,190 decesos por suicidio. Si bien a nivel internacional se ha presentado un incremento en la mortalidad por suicidio, en México este proceso se ha acelerado. Un estudio de tendencias entre 47 países muestra que las defunciones por suicidio descendió en Japón, Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa en los periodos 1980-1994 y 1995-1999; pero en la población masculina mexicana se incrementó en un 90.3%, sólo superado por la República de Mauricio con un 248.1%, y en la población femenina se incrementó un 25%, superando a Lituania, España y Cuba3. Entre 1990 y 2000 el incremento del suicidio para los mexicanos entre 5 y 14 años fue de 150%, y para el grupo de edad de 15-24 años fue de 74%, estas cifras representan el incremento más grande entre 28 países investigados4.
Lo que más nos debe preocupar a las y los legisladores es el incremento del suicidio entre nuestros adolescentes y jóvenes. A nivel mundial es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. En México, siguiendo la tendencia internacional, el suicidio se constituye en una de las primeras causas de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad (Cuadro 1):
Fuente: Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora, op. cit.
Para el año 2009, en el grupo de edad de 10 a 14 años la mortalidad por suicidio representa el 3.6%; en el grupo de 15 a 34 años de edad la muerte por esta causa es de 51%5.
Teniendo en mente estas cifras subrayamos: la prevención del suicidio entre las y los niños y adolescentes es de alta prioridad.
Ante estas cifras que demuestran un ascenso en las muertes por suicidio cobran especial relevancia las conductas suicidas, es decir, la ideación suicida, los planes de cometer un suicidio y el intento suicida.
Un instrumento que ayuda a conocer el estado actual de las conductas suicidas en México son las encuestas epidemiológicas. Al conocer los resultados de las encuestas los datos son más preocupantes. Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, se estima que 6,601,210 mexicanos presentaron ideación suicida en los últimos 12 meses; 918,363 planearon suicidio; 593,600
intentaron suicidarse y 99,731 utilizaron servicios médicos como consecuencia de un intento de suicidio6. Además de la Encuesta Nacional de Adicciones otro instrumento que permite conocer la situación de las conductas suicidas en el país es la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Esta encuesta registra que alrededor de 75% de los casos de intento de suicidio reportaron antecedentes de algún trastorno psiquiátrico.
A la hora de legislar y diseñar las políticas públicas en materia de salud hay que poner especial atención a estas cifras porque las conductas suicidas son los precursores inmediatos del suicidio. En caso de no concretarse el acto suicida, estas conductas pueden tener consecuencias graves para la salud física, así como causar sufrimiento psicológico para las personas y sus familias. Otra estrategia básica para prevenir los intentos de suicidio o el suicidio consumado es la identificación y tratamiento de las personas con trastornos mentales.
La tendencia que en esta exposición se ha detallado es el resultado de las transiciones sociodemográficas que México ha vivido en las últimas décadas: el país se ha urbanizado, la estructura familiar se ha modificado y fragmentado, así como los cambios en la estructura económica, por mencionar algunos. La Organización Mundial de la Salud reporta como el principal factor causal para cometer suicidio a los trastornos mentales: trastornos afectivos (antes llamada depresión), abuso de alcohol u otras drogas y esquizofrenia. Otros son los factores de riesgo que se combinan con los trastornos mentales citados, entre los que encontramos: divorcio, desempleo, enfermedad física grave, soledad, duelo reciente y antecedentes familiares de suicidio consumado7.
Los trastornos afectivos, principalmente la depresión, y el bullying son los trastornos mentales con mayor riesgo de suicidio. Se asocia al rango entre 45% y 77% de los suicidios. El sentimiento de desesperanza es incluso más importante que la depresión en sí. El mayor riesgo se relaciona con los trastornos bipolares (con períodos de manía y depresión). Son muchos los pacientes con trastornos depresivos que se consultan en atención primaria. Es frecuente que presenten su malestar con síntomas somáticos. Cuando se detectan y diagnostican correctamente, estos pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento efectivo (antidepresivos y psicoterapia). Numerosos estudios efectuados en diferentes países documentan que la mayoría de las personas que se suicidaron habían consultado a un médico en el mes previo a su muerte.
Por otra parte, la prevención del abuso de alcohol, su detección precoz y el adecuado tratamiento puede ser un importante factor en la prevención del suicidio. La propia adicción se ha considerado, en sí misma, como una forma de comportamiento autodestructivo indirecto o de suicidio crónico. También habrá que prestar especial atención a los enfermos con procesos crónicos que cursan con dolor, invalidez o mal pronóstico. Otros factores o circunstancias que influyen en el riesgo de suicidio son:
- Sexo: varón. - Estado civil: solteros, separados y viudos. - Vivir solo. - Falta de apoyo social. - Situación laboral: desempleo. - Antecedentes personales: intentos de suicidio. - Antecedentes familiares: historia familiar de suicidio8.
Con la ayuda de expertos de todo el mundo, la OMS ha elaborado una serie de directrices para distintos públicos que tienen un papel esencial en la prevención del suicidio, entre los que se incluyen profesionales sanitarios, personal docente, funcionarios de prisiones, profesionales de los medios de comunicación y personas que han intentado suicidarse.
El suicidio es la única muerte que puede ser prevenida. La Organización Mundial de la Salud propone varios objetivos para tener una efectiva estrategia de prevención del suicidio9:
Incrementar el nivel de conciencia sobre la magnitud del problema y la disponibilidad de estrategias efectivas de prevención; Reducir la incidencia del suicidio y los intentos de suicidio, así como dar seguimiento a los pacientes que han cometido intentos de suicidio; Reducir el estigma social asociado con las conductas suicidas; Mejorar la recopilación de información sobre la incidencia del suicidio y el intento de suicidio; Mejorar la investigación y evaluación de las intervenciones; Fortalecer los sistemas sociales y de salud para que sean capaces de atender las conductas suicidas; Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia; Reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etc.); Discreción de los medios de comunicación al cubrir las notas sobre los casos de suicidio. Hay evidencia del llamado Síndrome de Werther (en referencia a la novela de Goethe) en el que las tasas de suicidio en adolescentes se incrementan por imitación. Se recomienda que las notas no aparezcan en primera plana, no incluir fotografías, no describir el método y no hacer del caso un mártir o héroe.
El incremento progresivo del suicidio en el país y que los principales afectados sean nuestros adolescentes y jóvenes nos indica que se deben tomar acciones públicas lo antes posible. Por ello, creemos que es necesario considerar el suicidio como un problema de salud pública. Asimismo es indispensable introducir en la lista de enfermedades de mortandad en nuestro país a la Depresión como la patología mas asociada al suicidio. En consonancia con la acción anterior, es indispensable diseñar programas de prevención, detección, y tratamiento del suicidio para evitar que se incremente el suicidio, las conductas suicidas y sus consecuencias.
En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que considere el Suicidio como un problema de salud pública.
SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, introducir a la Depresión en la lista de enfermedades de mortalidad en nuestro país como la patología más asociada al suicidio.
Dado en el recinto del Senado de la República, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil doce.
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS
1 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (2010). Una propuesta para la prevención del suicidio en México. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 2 Organización Mundial de la Salud (2012). Public Health Action for the Prevention of Suicide. Suiza: OMS.
3 Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora (2010). Suicidio y conductas suicidas en México: retrospectiva y situación actual. Salud Pública: v. 52, n. 4. 4 Borges, Media-Mora, Orozco, Ouéda, Villatoro, Fleiz (2009). “Distribución y determinantes sociodemográficos de la conducta suicida en México”. Salud Mental: V. 32, n. 5.
6 Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora, op. cit. 7 Organización Panamericana de la Salud (2009). Salud mental en la comunidad. Washington: Organización Panamericana de la Salud. 8 Organización Panamericana de la Salud, op. cit.
9 Organización Mundial de la Salud, op. cit.
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 Y 122 (CMigrator copy 1)
Las senadoras y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; así como por los artículos 8, numeral 1; fracciones I, II y III del artículo 164 y 169, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente:
Exposición de motivos
I. INTRODUCCIÓN En los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores consideramos que la corrupción ha sido uno de los problemas históricos más graves y dañinos de México.
A lo largo de la historia, la corrupción ha debilitado los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, ha mermado la eficacia para fomentar el crecimiento económico, ha alejado inversiones productivas del país y ha sido una de las causas de la propagación del narcotráfico y de la crisis de seguridad pública que vive México. La corrupción es un obstáculo para el desarrollo, además de un problema ético.
En el ámbito de la economía, hay evidencia suficiente para sostener que debido a la corrupción se incrementan los precios de los bienes y servicios y su calidad se deteriora. Por ejemplo, los sobornos que ofrecen contratistas privados a funcionarios de gobierno para ganar concursos de obra pública son financiados mediante costos inflados o a través de materiales de construcción de menor calidad. Igualmente, existe una estrecha relación entre el grado de corrupción y los niveles de inversión y crecimiento: la corrupción actúa como un impuesto a las inversiones y reduce el atractivo del país frente a otras naciones con menor incidencia, o bien, estimula a las empresas para actuar en el sector informal de la economía y ello reduce la recaudación fiscal.1
Las prácticas corruptas “producen distorsiones en la asignación de recursos y por lo tanto desaceleran (o frenan) el crecimiento económico. Algunos ejemplos de esto: a) creación de barreras artificiales que limitan o derivan la inversión hacia proyectos con una rentabilidad social relativamente baja; b) colusión de proveedores o pago de comisiones para la adjudicación de proyectos públicos, con el consecuente perjuicio fiscal debido a costos inflados, y en algunos casos también perjuicio social debido a los peligros de seguridad y ambientales; c) funcionarios tributarios sobornados para tolerar declaraciones de impuestos falsas; d) compra de maquinaria cara o innecesaria sólo por razones políticas.”2
En suma, la corrupción afecta de forma negativa al desarrollo económico por diversas razones, entre las que destacan:
1. Desalienta la inversión en la economía, puesto que los inversionistas evitan los ambientes inestables e impredecibles; 2. Alienta la búsqueda de rentas económicas o presupuestales y ello desincentiva la actividad empresarial y la innovación. De esta forma, la mala asignación de talentos puede tener claras implicaciones negativas para el crecimiento económico; 3. Amenaza la estabilidad macroeconómica puesto que los funcionarios que cometen peculado extraen recursos que son necesarios para balancear los presupuestos y estabilizar la economía; y 4. Empeora la distribución del ingreso ya que se segmentan las oportunidades y se benefician a grupos organizados y con influencia política.3 1 Orrego Larraín, Claudio, “Gobernabilidad y lucha contra la corrupción”, en Carrillo Flórez, Fernando, Democracia en déficit. Gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2001, pp. 312-313. 2 Ibíd., p. 312. 3 Ibíd., p. 313.
Además del impacto sobre la inversión, el crecimiento y la desigualdad, la corrupción afecta la legitimidad del Estado y la confianza de la sociedad en sus gobiernos4 Es una forma de abuso de poder que genera un acceso inequitativo a la riqueza y la percepción de que la política es un negocio al servicio de los poderosos. Ello mina la confianza en la política y reduce la legitimidad del gobierno para recaudar impuestos y reclamar la obediencia voluntaria de sus ciudadanos.
Asimismo, genera que amplios sectores de la sociedad –principalmente aquellos con menos recursos— sufran un proceso de mayor exclusión social y política, que los obliga a incorporarse a los sectores informales de la actividad económica y de subsistencia y, en ocasiones, su adscripción al crimen organizado.
II. LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO La corrupción es, junto con la desigualdad, uno de los problemas históricos más graves de México. El arribo de la alternancia política ha tenido poco efecto a la hora de reducir los niveles de corrupción e incluso se observa un incremento moderado del problema. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado anualmente por la prestigiada organización Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor y 10 la menor percepción de corrupción. Dicha calificación es la peor en 10 años, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Evolución del Índice de Percepción de la Corrupción en México, 2001-2011 México 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Posición 51 57 64 64 65 70 72 72 89 98 100 Calificación 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.3 3.1 3.0
Nota: El índice mide la percepción de corrupción en una escala del 0 al 10 en donde 0 es “muy corrupto” y el 10 es “sin corrupción”. Fuente: Transparencia Internacional
En el cuadro se puede observar que desde el año 2001, México ha ido descendiendo en la clasificación, del lugar 51 hasta el 100 el año pasado. Además, de obtener una calificación de 3.7 puntos en 2001, ha empeorado a 3 puntos en 2011.
Según el Barómetro Global sobre la Corrupción elaborado también por Transparencia Internacional, 76 por ciento de los mexicanos manifestaron en 2010 que en los tres años previos la corrupción había aumentado, 18 dice que era igual y sólo el 7 por 4 Lozano, Juan y Valeria Merino Dinari (Comps.). La hora de la transparencia en América Latina. El manual de anticorrupción en la función pública. Editorial Granica, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 37.
ciento creía que había disminuido. Más de la mitad de los mexicanos (52 por ciento) consideraba que la lucha del gobierno en contra de la corrupción era ineficaz.
Asimismo, tres de cada diez mexicanos (31 por ciento) declararon que durante el 2010 pagaron un soborno. Según el Barómetro de las Américas, un estudio muy prestigioso de opinión pública realizado en toda América Latina, mientras en 2004 el 38.6 por ciento de los mexicanos pensaban que la corrupción estaba muy generalizada entre los funcionarios públicos, la cifra creció a 47.9 por ciento en 2010.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción cuesta alrededor de 1.5 billones de pesos al año. En promedio, según la misma fuente, las empresas destinan el diez por ciento de sus ingresos a sobornos y “comisiones” para poder operar.5
No solo la incidencia del problema se mantiene sino que cunde la percepción de que las políticas para combatirlo son ineficaces o de que falta voluntad política para ello. Según Latinobarómetro, más de dos terceras partes de los mexicanos (67.4 por ciento) consideraban en 2011 que el progreso en reducir la corrupción era poco o nulo; el 55 por ciento pensaba que era indispensable reducir la corrupción para que la democracia funcionara mejor.6
La experiencia mexicana para combatir la corrupción, 1982-2012
En los últimos 30 años, el Estado mexicano ha desplegado diversos esfuerzos en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, que combinados debiesen haber propiciado menores niveles de corrupción. Sin embargo, la evidencia muestra que esos esfuerzos han tenido poco impacto.
El primer esfuerzo de la época contemporánea inicia en 1982 bajo la administración del Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), quien hizo campaña bajo el lema “Renovación moral de la sociedad” y una de sus primeras acciones de gobierno fue la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), cuyo objetivo principal era el desarrollo de controles internos en el Poder Ejecutivo.7 Aunque se diseñaron controles administrativos y se castigó penalmente a algunos funcionarios de la administración anterior, no se registra un esfuerzo permanente que haya modificado la lógica de funcionamiento del Estado mexicano.
5 http://www.eluniversal.com.mx/primera/39265.html 6 Los resultados se pueden consultar en http://www.latinobarometro.org/ 7 Dussauge Laguna, Mauricio I. 2010. “Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas: Avances, Limitaciones, Pendientes y Retrocesos.” En Los Grandes Problemas de México Vol. XIII. ed. José Luis Méndez. México: El Colegio de México, pág. 217.
Durante la gestión del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se promulgó la Ley de Fiscalización Superior en el 2000, creando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —que sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda que había existido de manera ininterrumpida desde 1824—. La ASF fue dotada de autonomía de gestión y su alcance se extendió a los organismos autónomos y a los recursos transferidos a las entidades y municipios.
Durante la década del 2000, la Auditoría mejoró sus procedimientos, aumentó el número de auditorías y mejoró su reputación como un organismo profesional, pero persistió el problema central de la fiscalización en México: que las indagatorias de la ASF raramente conducen a sanciones administrativas o penales, ya que la Secretaría de la Función Pública o la Procuraduría General de la República —las responsables de sancionar, respectivamente— funcionan con lentitud, han impuesto escasas sanciones y ello propicia una alta tasa de impunidad.8
En diciembre de 2000, días después de tomar posesión, el Presidente Vicente Fox (2000-2006) creó la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter permanente, con el objeto de coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia. Esa comisión fue rebautizada en 2008 bajo la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) con el nombre de Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, una de cuyas metas era alcanzar una calificación de 9 en el índice de Transparencia Internacional.
En la ruta de contar con mejores leyes, en 2000 se publicaron la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) que establecen mecanismos para reducir los márgenes de discrecionalidad para llevar a cabo las licitaciones y contrataciones de obra pública.
Asimismo, en 2002 se promulgó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) que incluyó excepciones al secreto bancario en casos de investigación de la situación patrimonial de los servidores públicos; la presentación de declaraciones patrimoniales en medios electrónicos; así como otros elementos de rendición de cuentas de la función de los servidores públicos.9
8 Merino, Mauricio, y Michiko Aramburo. 2009. Informe sobre la evolución y el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. México: CIDE y Auditoría Superior de la Federación, 16. http://www.asf.gob.mx/uploads/47_estudios_especializados/080310att90807.pdf (28 de septiembre de 2012). 9 Dussauge Laguna, Op. Cit., pág. 222.
Como complemento a la LFRASP, la Secretaría de la Contraloría adquirió nuevas facultades durante el gobierno del Presidente Vicente Fox y en 2003 fue sustituida por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que sumó a las responsabilidades de controles internos, las de prevención y combate a la corrupción mediante mecanismos de supervisión de los recursos ejercidos por los servidores públicos, que incluyen auditorías anuales y específicas, reglas de adquisiciones y obras públicas, sanciones a los servidores públicos y declaraciones patrimoniales.
En 2002 se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LTAIPG) que estableció, por regla general, la publicación de la información del gobierno y creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como autoridad en la materia. En el mismo sentido, en 2007 se reformó al artículo 6º de la Constitución para establecer el acceso a la información pública como derecho constitucional y hacer obligatoria su aplicación en los ámbitos estatal y municipal.
En 2008 se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual sienta las bases para la homologación de los sistemas contables en el país; obliga a los estados a formar órganos de auditoría independientes y con amplias atribuciones; y da origen a la elaboración de presupuestos basados en resultados para vincular los recursos públicos a indicadores estratégicos.10 Recientemente se aprobó una reforma importante a dicha ley, para ampliar las obligaciones de los gobiernos estatales y municipales de informar sobre sus ingresos, egresos y endeudamiento.
En 2012 se promulgó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP), que faculta a la SFP para investigar y sancionar administrativamente a las personas físicas o morales que incurran en actos de corrupción en los tres ámbitos de la administración pública. Se trata de la primera ocasión en que se establecen sanciones para los particulares nacionales que en México o en el exterior induzcan actos de corrupción.
Finalmente, en septiembre de 2012, el Presidente electo Enrique Peña Nieto, a través del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar las facultades del IFAI y dotarlo de poderes de revisión de los derechos de acceso a la información tanto del Congreso Federal y de los órganos autónomos, como de los gobiernos estatales y municipales.
Cuadro 2. Legislación federal en materia de control de la corrupción y rendición de cuentas Ley “Tipos de corrupción” que pretenden limitar las normas Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (1982) / Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2012) Nepotismo Uso indebido de los recursos públicos Enriquecimiento ilícito Abusos de autoridad Conflictos de intereses Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (2000) / Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (2000) Favoritismo Sobornos Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (2003) “Amiguismo” y “compadrazgo” Politización de la gestión de personal Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental (2002) / Reforma al artículo sexto constitucional (2007) Secrecía / Asimetrías de información Destrucción de información pública Uso político de los recursos públicos Convenciones internacionales (1997-2003) Cohecho en transacciones comerciales internacionales Blanqueo de dinero Reforma constitucional en contabilidad, gasto público y fiscalización (2008) Uso discrecional o político electoral de los recursos públicos Asimetrías de información / Ausencia de rendición de cuentas Fuente: Dussauge Laguna, Mauricio I. 2010. “Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas: Avances, Limitaciones, Pendientes y Retrocesos.” En Los Grandes Problemas de México Vol. XIII. ed. José Luis Méndez. México: El Colegio de México, 221.
Aunque se observa una tendencia progresiva para mejorar el marco legal en el ámbito federal, la situación en las entidades del país es disímbola. Por ejemplo, en materia de acceso a la información los alcances de la regulación es irregular y el funcionamiento de los institutos de transparencia también lo es. En materia de fiscalización, la independencia de los órganos superiores varía y cuando se carece de ella la fortaleza fiscalizadora de los Congresos es limitada. Lo mismo ocurre con las leyes de responsabilidades de servidores públicos y aquellas que regulan las adquisiciones y la obra pública.
Desde el punto de vista internacional, durante los últimos 15 años el Estado mexicano ha suscrito diversas convenciones internacionales como parte de la política de combate a la corrupción. En 1997 se adhirió a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que enfatiza mecanismos de prevención de la corrupción y la cooperación entre los países firmantes en materia de investigación de hechos de corrupción.
Ese mismo año, el gobierno federal firmó la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El objetivo es el combate conjunto —de los países firmantes— al delito de cohecho en transacciones internacionales, en particular en materia de extradición.11
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción —el último tratado internacional para combatir la corrupción firmado en 2003— establece distintas disposiciones a fin de promover medidas de prevención y combate a la corrupción; promover la cooperación internacional y la asistencia técnica, así como la rendición cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.12
III. AGENCIAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN: DERECHO COMPARADO
Según datos de 2008, se calcula que en el mundo existen alrededor de 98 agencias especializadas en el combate a la corrupción. Hay cuatro grandes modelos: 1) Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención, 2) Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley, 3) Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley, y 4) Agencias Anticorrupción Híbridas.13
1. Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención. Estas agencias no cuentan con poder de investigación y autoridad procesal. Sin embargo, tienen como función sensibilizar, educar y aplicar las legislaciones y políticas administrativas correspondientes en la materia. Este modelo es el que prevalece en países como Armenia, Argelia, Azerbaiyán, Francia y Perú. 2. Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley. Éstas tienen autoridad procesal, en ocasiones estructuras de investigación, y también pequeñas unidades de prevención. Algunos países que retoman este modelo son Sudáfrica, Bélgica, Croacia, España, Kenia, Noruega, Rumania y Vietnam. En América Latina destaca el caso de Chile, en donde el organismo atiende la integración de investigaciones más que de acciones de prevención.
11 Ibíd. 225-226. 12 Organización de las Naciones Unidas. 2003. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf (28 de septiembre de 2012). 13 UNDP. Practitioners’ Guide: Capacity Assessment of Anti-Corruption Agencies. UNDP, Nueva York, 2011, y OECD. Specialized Anti-Corruption Institutions: Review of Models. OECD, Paris, 2008.
3. Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley. El arquetipo de este modelo es representado por la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong y por la Oficina contra la Corrupción en Singapur. Estas instituciones son reconocidas como referente de mejores prácticas en la materia. Otros países que retoman este modelo son: Australia, Botswana, Indonesia, Jordania, Letonia, Lituania, Madagascar Mongolia, Maldivas, Timor Leste y Uganda. En América Latina siguen este modelo Colombia y parcialmente Argentina y Ecuador.
4. Agencias Anticorrupción Híbridas: En Georgia hay un Consejo Consultivo y oficinas especializadas en el ámbito de procuración de justicia, y no una sola entidad que concentre las tres funciones: prevención, educación y aplicación de la ley. Por su parte, en Brasil el combate a la corrupción recae principalmente en la Controladoria-Geral da Uniao, con funciones de supervisión/control y prevención; El combate a la corrupción involucra también a otras agencias estatales, incluyendo al Ministerio Público o al ombudsman.
En el siguiente cuadro se presentan, de forma abreviada, algunos casos paradigmáticos, en cuanto al tratamiento y esquema seguido en la constitución de la agencia especializada de combate a la corrupción.
Cuadro3. Perspectiva comparada de los órganos anticorrupción País Facultades Observaciones Hong Kong: La Comisión Independiente contra la Corrupción. Establecida en 1974, tiene un mandato fuerte con tres pilares: severa aplicación de la ley, educación y prevención. Amplias facultades de investigación que incluyen medidas como la confiscación de propiedades y pasaportes. Responde a una convergencia poco usual de factores: un compromiso político muy alto, recursos suficientes, apoyo popular de 98%, buena organización y una estrategia coherente. Singapur: La Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB). Establecida desde 1960 con la promulgación de la Ley de Prevención de la Corrupción. Se puede investigar no sólo al sospechoso, sino a sus familiares, examinar estados financieros, llamar a comparecer, arrestar y catear a los sospechosos. Es especialmente severa en sus sanciones: quien ofrezca, acepte u obtenga un soborno puede ser multado por hasta 100,000 dólares, sentenciado a cinco años de prisión o ambos. Indonesia: La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK). Tiene funciones de prevención, educación, investigación y procesos judiciales en su mandato. En sólo cinco años, logró una tasa de condenas de 100% en contra de funcionarios de alto nivel en todas las ramas del Gobierno de Indonesia. Sudáfrica: El Foro Nacional Anticorrupción de Sudáfrica (NACF). Se integra por representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial (10 delegados cada uno). Su legislación es muy precisa en su tipificación de delitos específicos e incluye protección e incentivos para testigos y denunciantes. Si bien se trata de un foro consultivo y no de una agencia especializada, esta instancia ha promovido una notable evolución legislativa para combatir la corrupción en el sector público y privado.
Australia: La Comisión Independiente contra la Corrupción (NWS- ICAC). Tiene facultades de investigación, prevención (mediante propuestas de política pública) y educación. Cuenta con independencia frente al gobierno, sus facultades de investigación incluyen cateos, intervenciones telefónicas, convocar audiencias públicas y privadas y requerir una declaración a cualquier persona y la obligación de todos los titulares de organismos públicos de denunciar actos de corrupción. Existen varias agencias anticorrupción a nivel subnacional. A nivel nacional hay una Comisión para la Integridad en la Aplicación de la Ley (Law Enforcement), que investiga y previene asuntos de corrupción en las agencias de seguridad (ministerio de justicia, aduanas y policía). Ejercen su jurisdicción sobre funcionarios públicos y sobre particulares en su trato con organismos públicos. Georgia: Consejo de Coordinación de Políticas Anti-corrupción y Oficina Anticorrupción. El Consejo está integrado por el Presidente y once miembros, funcionarios públicos o representantes de la sociedad civil. Su función es monitorear el programa anticorrupción y generar recomendaciones. La Oficina Anticorrupción se encarga de implementar las recomendaciones y atender violaciones específicas a la Ley de Conflicto de Intereses y Corrupción en el Servicio Público. La entidad encargada de la persecución de delitos de corrupción es la División de Investigación de la Procuraduría, que tiene autonomía en su jurisdicción en la materia. El éxito de Georgia en el combate a la corrupción se adjudica principalmente a un compromiso firme por parte de los líderes políticos y una serie de reformas económicas y administrativas implementadas a raíz de la “Revolución de las Rosas” (2003). Brasil: El Consejo de Transparencia Pública y Combate a la Corrupción de la Contraloría General de la Unión. La Controladoria-Geral da Uniao: creada en 2003 y reformada en 2006, tiene funciones de supervisión/control, prevención, medidas disciplinarias y una oficina del ombudsman encargada de recibir, examinar y canalizar denuncias y formular recomendaciones. El Consejo de Transparencia Pública y Combate a la Corrupción, adscrito a la Contraloría, está integrado por funcionarios de 10 entidades públicas y representantes de 10 organizaciones de la sociedad civil. Se involucra también a otras agencias estatales, incluyendo al Ministerio Público, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Legal Internacional del Ministerio de Justicia. Además hay una voluntad política importante por combatir a la corrupción. Chile: Unidad Especializada en Anticorrupción del Ministerio Público. Sus funciones se aplican en el área de las asesorías, coordinación interinstitucional, acciones internacionales y capacitación. Chile es el país de América Latina menos corrupto de acuerdo al índice de Corrupción de Transparencia Internacional 2011. Ministros y otros altos funcionarios han sido multados y juzgados por actos de corrupción gracias a la investigación la Unidad Especializada en Anticorrupción.
IV. CONTENIDO DE LA REFORMA
En nuestros grupos parlamentarios creemos firmemente que, como ha señalado el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, “el gobierno debe poner el ejemplo y ser el principal promotor de prácticas que inhiban la corrupción (…) Un punto que no podemos dejar de lado es la asignación clara de responsabilidades en todos los niveles gubernamentales para que los funcionarios deshonestos sean sancionados y los ineficaces sean relevados de su cargo. La rendición de cuentas tiene que ser una obligación, un proceso cotidiano e institucionalizado en toda la administración y para todo servidor público. Es ente sentido, un Estado eficaz es necesariamente un Estado transparente y abierto, un Estado observado, evaluado y fiscalizado.”14
Más aún, estamos convencidos de que “para dar buenos resultados, el ejercicio de gobierno debe perseguir en todo momento la mayor eficiencia y rentabilidad social de sus acciones, es decir, hacer más con menos. Para ello, es necesario fortalecer a los órganos de fiscalización, tanto federales como estatales, para vigilar el uso y destino de los recursos, y se apliquen las sanciones correspondientes cuando se haga necesario.”15
Sostenemos, al igual que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que la corrupción “es consecuencia de un sistema de controles ineficaces.”16
De esta forma, concebimos a la Comisión Nacional Anticorrupción como un órgano de carácter estrictamente técnico y profesional. Consideramos que sus metas –y por tanto los criterios de evaluación en el desempeño de su tarea—, deben poder ser plenamente medibles, alcanzables, relevantes, temporales y específicos.
Por tanto, proponemos una transformación integral del sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en México.
En particular, la iniciativa plantea los siguientes cambios para combatir los actos de corrupción en México: 14 Peña Nieto, Enrique. México, la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados. Editorial Grijalbo, México, 2011, pág. 55. 15 Ibíd., pág. 54. 16 PNUD y OEA. Nuestra democracia. PNUD/OEA/FCE, México, 2010, pág. 139.
1. Facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de combate a la corrupción. Esto asegura que tanto los actos de corrupción como las responsabilidades administrativas y penales que se deriven serán iguales en todo el país. Además, esta disposición permitirá dar plena vigencia y efectividad a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual México es parte. La aplicación de dicha normativa corresponderá tanto a la Federación como a los estados y al Distrito Federal;
2. Crear la Comisión Nacional Anticorrupción como la instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral. Se le dotará en la Ley de la facultad de atracción para conocer casos de los Estados y Municipios. Puesto que esta Comisión será la responsable de determinar e imponer las responsabilidades administrativas por actos de corrupción, resulta necesario reformar la fracción XXIX-H del artículo 73 para eliminar la facultad que tienen los tribunales de lo contencioso administrativo en la materia;
3. Se establece que la Comisión Nacional sea autónoma y cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios; con esta medida se busca que dicha instancia cuente con todos los elementos para garantizar su independencia, y que de esta manera realice su trabajo de forma profesional e imparcial;
4. Para precisar las normas de conducta y actuación que la Comisión deberá seguir en su tarea, en esta reforma se introduce una serie de principios, que está obligada a seguir: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo;
5. La Comisión, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, estará también facultada para impulsar, de forma prioritaria, acciones y programas de carácter preventivo; en especial de aquellos destinados a promover la ética y la honestidad en el servicio público así como el estado de derecho. En este sentido, podrá formular recomendaciones –ya sean particulares o de carácter general— para la mejora de los procedimientos administrativos y prevenir prácticas de corrupción;
6. La Ley establecerá que la Comisión Nacional Anticorrupción podrá conocer casos de oficio, por notificación de otros órganos del estado mexicano, a través de demandas para asuntos de gran valor administrativo, y por Reportes Ciudadanos para casos donde los ciudadanos sean victimizados por actos de corrupción en trámites menores;
7. En estos casos, la Ley establecerá el mecanismo para el registro de los Reportes Ciudadanos, su verificación y su publicación en un mapa electrónico de acceso libre y permanente. La Comisión remitirá los casos a las autoridades competentes y si su magnitud o relevancia lo ameritan podrá pedir mayor información sobre el caso o atraerlos para investigar y, en su caso, sancionar directamente;
8. En la Ley se preverá que la Comisión Nacional Anticorrupción no estará impedida para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal. Asimismo, se protegerá la integridad de las personas que denuncian, se promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizaran las demandas frívolas;
9. La Comisión Nacional Anticorrupción se integrará por cinco comisionados los cuales durarán en su encargo siete años, improrrogables;
10. La Comisión contará con un comisionado Presidente, el cual desempeñará dicha función por un periodo de cuatro años, improrrogables, y deberá rendir un informe anual ante el Consejo Nacional por la Ética Pública;
11. La renovación de los comisionados se realizará de forma escalonada; para asegurar la continuidad de los trabajos así como la “memoria institucional” y garantizar su plena independencia de autoridad o partido político alguno; para tal efecto, el nombramiento de los primeros comisionados se realizará en periodos de tiempo diferentes, según se dispone en un artículo transitorio especialmente destinado a este fin;
12. En cuanto al sistema de designación de los comisionados, se propone que éstos sean nombrados por el Presidente de la República, pero el Senado –o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuando éste no se encuentre reunido— podrán objetar la designación por dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro de los primeros treinta días después de la fecha del nombramiento;
13. También se propone un régimen de incompatibilidades para que los comisionados –durante su encargo— no puedan ocupar otro empleo o comisión, salvo aquellos de carácter académico o científico sin percibir remuneración alguna. Para garantizar la plena autonomía e independencia de los comisionados, éstos sólo podrán ser removidos por las causas graves establecidas en la ley;
14. Las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Anticorrupción podrán ser recurridas en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito especializados que para este propósito establezca el Poder Judicial de la Federación. El procedimiento sancionador que establezca la Ley Federal Anticorrupción deberá ser diseñado como un procedimiento en forma de juicio con todas las garantías del debido proceso. La Ley determinará el procedimiento para la aplicación de las sanciones, las cuales pueden consistir en amonestaciones públicas, amonestaciones privadas, multas personales (no con cargo al erario público), suspensión, destitución, dar vista al Congreso de la Unión para Juicio Político y realizar recomendaciones de inhabilitación al Congreso Estatal según corresponda;
15. La Ley también preverá que cuando las investigaciones se encuentren en curso, la información que posea la Comisión será reservada hasta que la investigación concluya. En casos de interés nacional y respecto a los cuales ya exista información pública, la Comisión podrá comunicar a la opinión pública los avances de la investigación;
16. Se faculta a la Comisión Nacional para que pueda interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los términos establecidos en el artículo 105 de la Constitución Política; la intención es que dicha Comisión pueda defender su esfera de competencias de posibles injerencias indebidas de otras órganos –ya sean federales o estatales— así como denunciar la posible inconstitucionalidad de una norma –ya sea una ley de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República—, pero restringido a su ámbito de competencia: es decir, relacionados exclusivamente con el combate a la corrupción;
17. En caso de que la Comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de delito deberá dar vista al Ministerio Público –ya sea federal o estatal—, y podrá actuar como una instancia coadyuvante. También se prevé que en los casos de corrupción las responsabilidades no prescribirán en un plazo inferior a cinco años;
18. Se contempla que se establezca claramente en la normativa penal federal los delitos relativos a actos de corrupción, previéndose asimismo la posibilidad del decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de dichos delitos;
19. Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, se establecen las bases para que la Comisión coordine sus acciones con la entidad superior de fiscalización establecida en el artículo 79 constitucional; con esta medida se busca corregir algunos efectos de la fragmentación del sistema de fiscalización y rendición de cuentas, y fortalecer todo el esquema de prevención y combate a la corrupción;
20. Se propone la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública, como un órgano de carácter interinstitucional encargado de promover acciones para fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República;
21. Este Consejo será presidido por el Ejecutivo Federal e integrará a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La Ley determinará sus atribuciones, funcionamiento e integración;
22. Se propone que dicho Consejo Nacional por la Ética Pública también esté integrado por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (Secretario Técnico), el Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Procurador General de la República, el Secretario de Educación Pública, los 31 Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Auditor Superior de la Federación y el Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
23. Se establece la obligación de que los Estados y el Distrito Federal establezcan sus propias comisiones especializadas en el combate a la corrupción, de carácter colegiado, con plena autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios; y
24. Las comisiones anticorrupción de las entidades federativas contarán con las atribuciones que disponga la Ley Federal Anticorrupción, así como las normas de carácter estatal respectivas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el presente
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 22. (…)
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de delitos de corrupción en los términos del artículo 113 de esta Constitución, la aplicación en favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquello bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
I. a III. (…) ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXIX-H y se adiciona la fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: I. a XXIX-G (…)
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;
XXIX-I. a XXIX-Q. (…) XXIX-R. Para expedir leyes en materia de combate a la corrupción, así como sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción. XXX. (…)
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden el siguiente, para quedar como sigue:
Artículo 79.- (…) (…) (…) I a III (…) IV. (…) La Ley establecerá las bases para la coordinación con la Comisión Nacional Anticorrupción. (…) (…) (…) (…) (…) ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona con un inciso l) a la fracción I y con un inciso h) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. (…) a) a k) (…) l) La Comisión Nacional Anticorrupción y la Federación, un Estado o el Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
(…) (…) II. (…) a) a g) (…) h) La Comisión Nacional Anticorrupción, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, relacionados con el combate a la corrupción. (…) (…) III. (…)
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 107.- (…) I a IV. (…) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos, o resoluciones que pongan fin al juicio, o al procedimiento sancionador de la Comisión Nacional Anticorrupción, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
a) (…) b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal, o resoluciones definitivas del procedimiento sancionador de la Comisión Nacional Anticorrupción; c a d ) (…) VI a XVIII. (…)
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma y adiciona la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 109.- (…) I a II. (…) III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán tomar en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados. En el caso de corrupción, la sanción económica deberá establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable. En ningún caso estas sanciones podrán exceder de tres tantos los beneficios obtenidos o los daños y perjuicios causados.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 113.- El Congreso de la Unión expedirá la Ley Federal Anticorrupción. La aplicación de esta ley corresponderá a la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en los términos que establezca la misma.
A. La Comisión Nacional Anticorrupción es el órgano encargado de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, y en vía de atracción, de Estados y Municipios, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos.
La Comisión desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público así como la cultura de la legalidad. Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.
La Comisión Nacional Anticorrupción es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. En su funcionamiento, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Se integrará por cuatro comisionados y un comisionado presidente, designados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por dos terceras partes presentes dentro de los siguientes treinta días naturales. Si no hubiere objeción dentro de dicho plazo, quedará ratificada la designación. En caso de objeción, el Ejecutivo Federal hará una nueva designación. Si ésta también fuera objetada dentro del mismo plazo antes señalado, el Ejecutivo Federal designará directamente a otra persona.
Cuando el Senado no se encuentre reunido, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión podrá objetar el nombramiento de los comisionados, siguiendo el procedimiento del párrafo anterior.
Los comisionados durarán en su encargo siete años improrrogables y tendrán los requisitos que establezca la ley. Durante el tiempo que dure su encargo no podrán ocupar ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en asociaciones científicas, docentes, literarias, de beneficencia u otras no remuneradas.
La Comisión será presidida por un comisionado quien durará en su encargo cuatro años no renovables. El comisionado Presidente deberá rendir un informe anual ante el Consejo Nacional por la Ética Pública.
Las sanciones impuestas por la Comisión podrán ser recurridas, vía amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito especializados que establezca el Poder Judicial de la Federación.
Cuando en sus indagaciones, la Comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de delito dará vista al Ministerio Público, y estará facultada para coadyuvar en la investigación.
En los casos de corrupción las responsabilidades no prescribirán en un plazo inferior a cinco años. Toda autoridad y servidor público está obligado a prestar auxilio a la Comisión y a sus representantes para el buen desempeño de sus funciones. Los Estados y el Distrito Federal establecerán comisiones anticorrupción, quienes serán competentes para la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción, en los términos que la misma establezca.
B. El Consejo Nacional por la Ética Pública es el órgano interinstitucional encargado de promover acciones para fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República.
La ley determinará sus atribuciones, funcionamiento e integración. Deberá ser presidido por el Ejecutivo Federal e incluir a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. C. La ley penal federal establecerá los delitos de corrupción y sus respectivas penas, que incluirán en su caso el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de los mismos.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona la fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 116.- (…) (…) I a VII. (…)
VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos colegiados y especializados en materia de combate a la corrupción, con plena autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con las facultades que establezca la Ley Federal Anticorrupción.
ARTÍCULO NOVENO.- Se adiciona un inciso ñ, recorriéndose en su orden los subsecuentes, a la fracción V, de la Base Primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 122. (…) (…) (…) (…) (…) (…) A – B) (…) C. (…) BASE PRIMERA (…) I a IV. (…) V. (…) a) a n) (…) ñ) Establecer un organismo colegiado y especializado en materia de combate a la corrupción, con plena autonomía, y personalidad jurídica y patrimonio propio; el cual contará con las facultades que establezca la Ley Federal Anticorrupción. o) a q) (…) BASE SEGUNDA – BASE QUINTA (…) D a H. (…)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de ciento veinte días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para expedir la Ley Federal Anticorrupción, las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás reformas a la legislación secundaria. Artículo tercero.- Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados, los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes:
I. Dos nombramientos por un periodo de tres años, renovables por única ocasión por un periodo de siete años adicionales;
II. Dos nombramientos por un periodo de cinco años no renovables; y
III. Un nombramiento por un periodo de siete años. El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los comisionados, así como el nombramiento del Comisionado que presidirá la Comisión por los primeros cuatro años.
Los nombramientos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación de la Ley Federal Anticorrupción en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo cuarto.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá asignar una partida presupuestal suficiente para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Artículo quinto.- Los Estados y el Distrito Federal deberán establecer los organismos autónomos a que se refiere el presente Decreto y llevar a cabo las reformas necesarias en la legislación secundaria, en materia de responsabilidades administrativas, en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal Anticorrupción.
Artículo sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil doce.
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México Senador Emilio Gamboa Patrón Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Senador Jorge Emilio González Martínez Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 322 DE LA LEY GENERAL DE SALUD
SENADO DE LA REPÚBLICA LXII LEGISLATURA
La suscrita Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 322 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El incremento en los índices de donación de órganos se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes receptores.
En nuestro país, es fundamental implementar las medidas necesarias para incrementar la donación, toda vez que aún estamos por debajo de niveles internacionales: tan solo en el año 2010 en nuestro país se registraron 3 donadores por millón de habitantes, mientras que en países como Estados Unidos, el número de donadores llegó a 25 por millón de habitantes.1
Dos de los problemas más comunes al que se enfrentan las instituciones relacionadas con la donación de órganos son: 1) el desconocimiento de los familiares sobre la decisión del fallecido de donar algún órgano y 2) la negativa de los familiares a los trasplantes después de la muerte del voluntario, aun cuando este último había decidido hacerlo.
De tal forma que en nuestro país, la donación de órganos de personas fallecidas es la que menos ha crecido o progresado, debido a que no existe una cultura y difusión de donación de órganos de voluntad expresa en vida y que no pueda ser revocada por familiares. El Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes2 reporta que en México hay 16,661 personas que requieren un trasplante3; y tan sólo durante el 2012 se han llevado a cabo 3, 699, cubriendo el 22% de la demanda.
Internacionalmente, España es el país que tiene la más alta tasa de donación de personas fallecidas, 32 donadores por cada millón de habitantes; en Estados Unidos de Norteamérica es de 25 donadores y Canadá es de 14 donadores. Desafortunadamente en México el porcentaje de donación solo es de 2 por millón de habitantes, ocupando el lugar 52 a nivel mundial de donadores. 4
Donadores cadavéricos por cada millón de habitantes: 1 Matesanz, Rafael (ed.). Council of Europe. Newsletter transplant 2011, International Figures on organ, tissue and hematopoietic stem cell donation and Transplantation activities, Documents Produced by the committee of Experts on the Organizational Aspects of Cooperation in Organ Transplantation (2010), Madrid, Aula Médica Ediciones, 2011. 2 Centro Nacional de Trasplantes. Secretaría de Salud. Registro Nacional de Trasplantes http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_tiempo_registro.html Consulta 16 de septiembre de 2012 3 Lista de espera, en el caso del riñón y córnea el tiempo promedio de espera es entre 24 y 30 meses. En el caso de hígado y corazón los tiempos de espera pueden ser mucho más largos 4 Matesanz, Rafael. Council of Europe (ed.) Newsletter transplant 2011, International Figures on organ, tissue and hematopoietic stem cell donation and Transplantation activities, Documents Produced by the committee of Experts on the Organizational Aspects of Cooperation in Organ Transplantation (2010), Madrid, Aula Médica Ediciones, 2011.
Por lo que se requiere mejorar el marco jurídico, con el propósito de fomentar medidas y estrategias, que permitan incrementar el trasplante de órganos de pacientes fallecidos, toda vez que aún no se logra cubrir en nuestro país la demanda de trasplantes.
En México la donación de órganos y tejidos ha incrementado en las últimas dos décadas, sin embargo, el crecimiento en donadores se ha debido principalmente al incremento de donadores vivos, quienes en la mayoría de los casos son parientes de primer grado.
Por ejemplo, en el caso del trasplante de riñón, sólo 1 de cada 4 trasplantes de riñón proviene de un cadáver. 5 Trasplante de Riñón en México 2011 Año Vivo Fallecido Total 2011 1889 (77%) 579 (23%) 2,468 (100%) Fuente: Registro Nacional de Trasplantes6 Adicionalmente, a pesar de que el Seguro Popular incluyó en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 20127 el trasplante de córnea, 2 de cada tres córneas trasplantadas son importadas, debido a la falta de donadores, implicando un mayor costo por el traslado, el cuidado y la cirugía. De tal forma que todavía la lista de espera es extensa.8 5 De acuerdo con el Documento “Estado Actual de Donación y Trasplantes en México” sólo el 23% de los trasplantes renales realizados son de donantes fallecidos, a nivel mundial es de 54%. 6 Estado Actual de Donación y Trasplantes en México Anual 2011. Centro Nacional de Trasplantes. Secretaría de Salud. Registro Nacional de Trasplantes. http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html. Consulta 15 de septiembre de 2012. 7 Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2012. 8 Información de la Secretaría de Salud. Seguro-popular. http://www.seguropopular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=291
La falta de una cultura de donación de órganos representa un alto costo para el sistema de Salud, tan solo en el año 2009, el 7% del presupuesto del IMSS se destinó a pacientes con diálisis y hemodiálisis y se prevé que en 2018 esa cifra se elevará a 16 mil millones. Se estima que la atención de la insuficiencia renal por trasplante permitiría ahorrar hasta 40% del presupuesto destinado a este rubro.10
Ante esta realidad, es necesario incrementar el número de donantes. La donación de órganos y tejidos después de la muerte es un aspecto crucial y radica en la manifestación de la voluntad de las personas, el consentimiento, por lo que la decisión del donante es prioritaria.
La Ley General de Salud determina el consentimiento expreso, que se define, cuando la persona manifiesta en vida, verbalmente o por escrito, el deseo de donar sus órganos y tejidos para ser empleados con propósitos terapéuticos; por otro lado, el consentimiento tácito, cuando es posible disponer de los componentes de un ser humano, si en vida no dejó constancia expresa de oponerse a la donación. En los dos casos, la participación de la familia del posible donante es la última instancia de lo que se hará.
El artículo 321 de la Ley General de Salud establece que la donación consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. La Ley General de Salud contempla los dos tipos de consentimiento para la donación.
El artículo 322 y 323 regulan los tipos de donación expresa por parte del donador, siendo amplia o limitada.
El artículo 324, enmarca el consentimiento tácito cuando el donante no haya expresado la negativa del uso de su cuerpo o componentes para trasplantes, aunque este consentimiento está sujeto a la aprobación de los disponentes secundarios (familiares). Resultando confuso, debido a que aunque el donador haya manifestado su consentimiento para donar sus órganos, se puede vulnerar la autonomía de su voluntad y su derecho a la autodeterminación. Por eso es necesario garantizar que prevalezca la determinación del donante después de su muerte.
Por ello es necesario dar certeza jurídica al consentimiento expreso del donador, defendiendo así, la autonomía de su voluntad y autodeterminación.
La presente iniciativa, tiene como propósito establecer la figura de la donación irrevocable de órganos y tejidos después de la muerte, para lo cual se propone que en este caso la voluntad expresa de la persona fallecida esté por encima de los deseos de la familia o de cualquier persona que conforme a la ley tenga derecho a tomar la decisión concerniente. 9 Estado Actual de Donación y Trasplantes en México Anual 2011. Centro Nacional de Trasplantes. Secretaría de Salud. Registro Nacional de Trasplantes. http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html. Consulta 15 de septiembre de 2012. 10 Córdova Villalobos, José Ángel. Revista “México Sano”, año 3 núm. 19, 2010. México.
Por tanto, se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 322 de la Ley General de Salud, a efecto de establecer que la donación expresa otorgada por persona mayor de edad con capacidad jurídica no pueda ser revocada por ninguna otra persona distinta a él, ya sea que se trate de disponentes secundarios o cualquier otro tercero.
Además, para dar mayor certidumbre al procedimiento de este tipo de donación se propone que el mismo se otorgue ante el Centro Nacional de Trasplantes, el cual expedirá un Certificado de Donación Irrevocable en el que deberá constar lo siguiente:
a. El nombre y demás datos generales del donador o disponente primario, quien deberá ser mayor de edad y tener capacidad jurídica plena;
b. El número de inscripción al Registro Nacional de Trasplantes que le corresponda;
c. Especificación de la clase de donación: Amplia o Limitada;´
d. La inserción de la siguiente leyenda: “La voluntad expresa del donante prevalecerá siempre, aun sobre la de sus familiares o cualquier otra persona”; y
e. Firma o huella del donante.
f. Además, deberá anexarse al certificado copia de la identificación oficial del donador, o en su defecto, la constancia de haber sido identificado por dos testigos que cuenten con identificación oficial;
Cabe señalar que la reforma propuesta deja subsistentes los mecanismos que se encuentran vigentes en la Ley General de Salud para la donación de órganos y tejidos, por lo que en caso de que la manifestación expresa no cumpla con los requisitos descritos, podrá ser revocada por los familiares del disponente después su muerte, no obstante que se haya manifestado por escrito, de suerte tal que con la creación de la figura propuesta en la presente iniciativa se contará con un régimen de donación para después de la muerte en el que se distinguen:
• La donación expresa que podrá hacerse por escrito y que es susceptible de ser revocada después de la muerte del donador por sus familiares o terceros autorizados por la ley para revocarla • La donación expresa irrevocable la cual deberá realizarse necesariamente por escrito cumpliendo con todos los requisitos referidos en los párrafos anteriores.
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que se reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto con los incisos a), b), c), d), e) y f), recorriéndose el subsiguiente, del artículo 322 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.
En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por disponentes secundarios, familiares o terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.
Para efecto de que la donación de órganos y tejidos después de la muerte del donador sea irrevocable, es necesario que la voluntad expresa del donador se manifieste por escrito ante el Centro Nacional de Trasplantes y que el certificado de donación irrevocable en el que conste, cumpla con los requisitos siguientes:
a. El nombre y demás datos generales del donador o disponente primario, quien deberá ser mayor de edad y tener capacidad jurídica plena;
b. El número de inscripción al Registro Nacional de Trasplantes que le corresponda;
c. Especificación de la clase de donación: Amplia o Limitada;´
d. La inserción de la siguiente leyenda: “La voluntad expresa del donante prevalecerá siempre, aun sobre la de sus familiares o cualquier otra persona”; y
e. Firma o huella del donante.
f. Además, deberá anexarse al certificado copia de la identificación oficial del donador, o en su defecto, la constancia de haber sido identificado por dos testigos que cuenten con identificación oficial;
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor a 90 días, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias para el cumplimiento del presente decreto.
Tercero.- El Centro Nacional de Trasplantes dictará, en un plazo no mayor a los 90 días seguidos a la publicación de las disposiciones reglamentarias, las medidas administrativas que permitan a los usuarios en general realizar la donación expresa irrevocable ante cualquier autoridad sanitaria de su localidad.
Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil doce.