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El suscrito Senador JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo gista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta H onorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

De Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÌCULO 33 CONSTITUCIONAL Y SE ADICIONA LA LEY ORGÀNICA DE LA ADMINISTRACIÒN PÙBLICA FEDERAL. C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA H. COMISIÒN PERMANENTE PRESENTE Quienes suscriben, Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente                                                EXPOSICIÓN DE MOTIVOS       El 10 de junio de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. Una de las disposiciones centrales de dicha reforma fue la correspondiente a la modificación y adición del artículo 33de la Constitución, cuya redacciòn vigente establece lo siguiente:

Artìculo 33.- Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artìculo 30 constitucional y gozaràn de los derechos humanos y garantìas que reconoce esta Constituciòn. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y el tiempo de la detención. Los extranjeros no podràn de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos polìticos del paìs.

Con esta redacción, ademàs de agregar que las personas extranjeras gozaràn de todos los derechos humanos y las garantìas que reconoce la Constituciòn, se incluyó el reconocimiento constitucional del derecho a audiencia de las personas extranjerasa las que el Ejecutivo de la Uniòn decida iniciarles un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarles del territorio nacional; y se mandató al poder legislativo a expedir una ley en la materia para regular todas las fases del procedimiento administrativo correspondiente. El artículo quinto transitorio del decreto en comento, por su parte, estableció el plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de su vigencia, para concretar la creación de la legislación reglamentaria en la materia. Ese plazo se venció el 10 de junio de 2012. En razón de lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es el de dar cumplimiento al mandato constitucional, reglamentando el debido proceso para el ejercicio del derecho de audiencia establecido en el artículo 33 de la Constitución, a efecto de que aquellas personas extranjeras a las que el Ejecutivo de la Uniòn decida iniciarles un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarles del territorio nacional, puedan ejercer su legìtimo derecho a la presunciòn de inocencia, a la defensa adecuada, a manifestar lo que a su derecho convenga y a ofrecer pruebas en un procedimiento seguido en forma de juicio,en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Para ello, hemos tomado como base diversas disposiciones y principios del derecho internacional público que regulan la facultad de los Estados en materia de expulsión de persnas extranjeras; y las hemos combinado con aquellas disposiciones y principios del derecho internacional privado que conforman el régimen jurídico (derechos y obligaciones) de las personas extranjeras. Lo anterior, como parte de un ejercicio legislativo de control de convencionalidad que garantice el bloque constitucional que está conformado, por un lado, por las normas contenidas en el texto mismo de la Constitución; y, por otro, en normas que consagran derechos humanos contenidas en diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En el mismo sentido, aplicaremos el principio de interpretación conforme y estableceremos las bases para que la autoridad administrativa competente haga lo propio y realice un control difuso que garantice la aplicación de la norma que conceda mayor protección a las personas (principio pro persona), de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución. Esta es pues, una ley reglamentaria congruente con la unidad, integridad e indivisibilidad del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y de los principios de progresividad, universalidad e indivisibilidad reconocidos en el primer artículo de nuestra Constitución. Dicho lo anterior, conviene tener presente que el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual es un instrumento vinculante en vigor para nuestro país, establece que:

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, piedra angular del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, señala lo siguiente:

Artículo 8.- Garantías Judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída,con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

En el mismo sentido, el artículo 22-6 del instrumento internacional en comento, señala en materia de circulación y residencia, lo siguiente:

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

El marco jurídico internacional lo complementa la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950, que a la letra dice:

Artículo 32. -- Expulsión 1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público. 2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente. 3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias. Artículo 33. -- Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement"). 1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. 2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Por su parte, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el mismo sentido, es importante recordar algunos de los criterios establecidos en jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Naciòn en relaciòn con la garantía de audiencia:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Tesis: P./J.47/95. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995. Página: 133. Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Común. AUDIENCIA PREVIA. COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Tesis I.7º. A.J/41. Primera Época. Instancia: Primera Sala Ordinaria. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVIII. Página: 799. Tesis aislada. Materia(s): Común. GARANTIA DE AUDIENCIA, ALCANCE DE LA. Para el debido cumplimiento de las formalidades esenciales de todo proceso, ya sea administrativo o judicial, no basta conceder al afectado la oportunidad de ser oído, sino que es indispensable que se le permita rendir pruebas en defensa de sus intereses; pues de impedírsele, arbitrariamente, el derecho de hacerlo, la audiencia otorgada carecería de sentido. Por tanto, la falta de desahogo de las pruebas legalmente ofrecidas implica la inobservancia de una formalidad esencial del procedimiento que hace nugatorio el derecho de defensa, mutilando así un aspecto fundamental de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Tesis: PXXXV/98.Sèptima Època. Instancia: Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII. 1998. Pàg. 65. 

Ahora bien, una vez que han quedado claros los cimientos doctrinarios y jurisprudenciales que deben dar sustento a una ley reglamentaria que, por un lado  regula el ejercicio de la facultad del Poder Ejecutivo en materia de expulsión de personas extranjeras, y por otro establece las bases del ejercicio del derecho de audiencia de dichas personas, ajustando todo el proceso correspondiente a las normas y estándares mínimos vigentes a nivel internacional, conviene recordar  que en la historia de nuestro país, es posible encontrar antecedentes sobre una añeja discusión en torno a si procede o no el juicio de amparo [1]. Según el Dr. Manuel Becerra Ramìrez, “desde el año de 1918 ya se discutía esa cuestión, como es posible ver en tesis aisladas sobre la procedencia o no del amparo en contra de la expulsión de los extranjeros”. El Artículo 33 constitucional vigente en 1918 establecía lo siguiente:

Artículo 33: Sus disposiciones se referirán sólo a los extranjeros, y contra la expulsión decretada con apoyo en ese precepto, no cabe el recurso de  amparo [2]”.

En el mismo tenor está la decisión de la Suprema Corte de Justicia, del año de 1924, la cual se describe a continuación:

“Artículo 33 constitucional. Conforme a este precepto, basta que el presidente de la República lo juzgue necesario para que proceda la expulsión del territorio de cualquier extranjero que no convenga, y la aplicación de tal precepto no importa la violación del artículo 16 de la Constitución” [3].

Sin embargo, de acuerdo con el Dr. Becerra Ramírez [4],  este criterio tan estrecho se ha modificado ya que hasta ahora ha quedado establecido que en efecto sí procede el amparo por violación del artículo 16 de la Constitución que se refiere a la motivación legal. En efecto, en 1948 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictóuna sentencia que constituye una ejecutoria en el que se estableció que el artículo 33 no consagra una potestad irrestricta del Ejecutivo, sino sólo una facultad “discrecional” que debe de ejercer respetando la garantía de “motivación legal” establecida en el artículo 16.

EXTRANJEROS, EXPULSIÓN DE. Aun cuando el artículo 33 de la Constitución otorga al Ejecutivo facultad para hacer abandonar el territorio nacional a los extranjeros cuya permanencia juzgue inconveniente, esto no significa que los propios extranjeros deben ser privados del derecho que tienen para disfrutar de las garantías que otorga el Capítulo 1, Título 1, de la Constitución; por lo cual la orden de expulsión debe ser fundada, motivada y despachada dentro de las normas y conductas legales [5].

En el mismo sentido y con una mayor apertura pro-derechos humanos, en el año de 1995 se dictó otra resolución en juicio de amparo que establece:

EXTRANJEROS, SOLICITUD DE AMPARO POR. LEGITIMACIÓN. El artículo 1 de la Constitución Federal no distingue entre nacionales y extranjeros al disponer que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”; el dispositivo 33 de la ley fundamental ordena que los extranjeros “Tienen derechos a las garantías que otorga el capítulo I, título primero, de la presente Constitución…”, dentro de las cuales se encuentra la contenida en el ordinal 17, segundo párrafo, de la misma carta magna, que en lo conducente dice: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. De todo lo cual se sigue que los extranjeros disfrutan de legitimación para acudir al juicio de amparo, sin que les sea aplicable el artículo 67 de la Ley General de Población, a efecto de que previamente comprueben su legal estancia en el país y que su condición y calidad migratoria les permiten promoverlo o, en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación para ese fin [6].

En este contexto, es evidente que el constituyente permanente decidió retomar la argumentaciòn de diversas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y modificó el artículo 33 de la Constitución para establecer con claridad la garantía de audiencia y el debido proceso como derechos de las personas extranjeras, eliminando con ello la inconvencionalidad de una norma que concedìa facultades discrecionales y arbitrarias a la Persona Titular del Poder Ejecutivo Federal, y que, por lo tanto, no era acorde con diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Finalmente, con la finalidad de garantizar el debido proceso y la igualdad entre las partes, se propone que el Ejecutivo de la Unión sea representado por la persona Títular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en todo el procedimiento administrativo, habilitando a las y los funcionarios de dicha Consejería para que puedan acudir a la audiencia  y realizar las acciones correspondientes del procedimiento. Para hacer posible lo anterior, incorporamos una propuesta de reforma a la fracción X, del artículo 43, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como segundo artículo del proyecto de decreto. En el mismo sentido, se propone que los requisitos de la resolución del Ejecutivo Federal para iniciar un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsar a una persona extranjera estén acorde a las características y elementos de todo acto administrativo y sea notificada de forma personalísima. Asimismo, se establecen las causas y las razones por las que se puede poner fin a dicho procedimiento administrativo. Finalmente, se establece un catálago de circuntancias por las que no procede la expusión de personas extranajeras. Por todo lo anteriormente expuesto, con base en la reforma constitucional del 2011, teniendo como fundamento las disposiciones de diversos tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte y concediendo un valor histórico particular a diversas interpretaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las senadoras y senadores suscritos, con absoluto espíritu garantista, ponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÌCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA LA LEY ORGÀNICA DE LA ADMINISTRACIÒN PÙBLICA FEDERAL. ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en los siguientes términos: LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÌCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley tiene como objeto reglamentar y establecer el debido proceso para el ejercicio del derecho de audiencia establecido en el artículo 33 de la Constitución, a efecto de que aquellas personas extranjeras a las que el Ejecutivo de la Uniòn decida iniciarles un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarles del territorio nacional, puedan ejercer su legìtimo derecho a la defensa en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Artículo 2.- Es derecho de toda persona extranjera a la que se le notifique la decisiòn del Ejecutivo de la Unión de iniciar un procedimiento administrativo en su contra con la finalidad de expulsarle del territorio nacional, ejercer su derecho a audiencia, con fundamento y de conformidad con los principios y procedimientos estipulados en la presente Ley. Artículo 3.- Son elementos y requisitos de la resolución del Ejecutivo de la Unión de iniciar un procedimiento administrativo en contra de una persona extranjera con la finalidad de expulsarle del territorio nacional: I. Ser expedida por el Presidente de la República; II. Manifestar las razones objetivas que justifiquen la expulsiòn de la persona extranjera; III. Cumplir con la finalidad de interés público o la seguridad nacional, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Constar por escrito y con la firma autógrafa del Ejecutivo de la Unión; V. Estar fundada y motivada; VI. Sujertarse a las disposiciones relativas al procedimiento previsto en esta Ley; VII. Que no medie error sobre el objeto, causa o motivo en la determinación; VIII. Ser expedida sin que medie dolo o violencia, asi como sin que medie error al nombre completo de las persona extranjera; y IX. Señalar el lugar y fecha de emisión. Artículo 4.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas extranjeras gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución y esta Ley establecen. Artículo 5.- En el marco del procedimiento administrativo que el Ejecutivo de la Unión inicie en contra de una persona extranjera con la finalidad de expulsarle del territorio nacional, la autoridad competente deberá aplicar el principio de interpretación conforme y realizar un control difuso de convencionalidad que garantice que la decisión final sea congruente con el bloque de constitucionalidad derivado del artículo 1º de la Constitución. Artículo 6.- En el marco del procedimiento administrativo que el Ejecutivo de la Unión inicie en contra de una persona extranjera con la finalidad de expulsarle del territorio nacional, la autoridad competente deberá tomar en consideración los siguientes principios rectores en materia de derechos humanos:

1. Universalidad;
2. Interdependencia;
3. Indivisibilidad;
4. Progresividad;
5. Exigibilidad;
6. Legalidad;
7. Interés superior de la niñez;
8. No discriminación;
9. Igualdad entre mujeres y hombres;
10. Respeto a la dignidad humana;
11. Unidad Familiar;
12. Interpretación conforme;
13. Pro Persona;
14. Presunciòn de Inocencia;
15. Debida diligencia;

Artículo 7.- En el procedimiento administrativo de expulsión de personas extranjeras se deberán cumplir las formalidades esenciales del debido proceso, conforme a la Constitución, a las leyes en la materia, a los compromisos internacionales derivados de tratados de los que el Estado mexicano sea parte y a las normas y fuentes de derecho internacional consuetudinario. Artículo 8.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

1. Autoridad Competente: Secretaría de Gobernación.
2. Audiencia: El derecho que tiene una persona extranjera a la que el Ejecutivo de la Unión haya notificado su resoluciòn de iniciarle un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarle del territorio nacional, a fin de comparecer ante la autoridad competente para ejercer su derecho a la defensa conforme al debido proceso.
3. Bloque de Constitucionalidad: Conjunto de normas, derechos y garantías integrado por las disposiciones de la Constitución y de los tratados internacionales, a la luz de los cuales se deberá interpretar el ordenamiento jurídico mexicano desde una perspectiva integral.
4. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Control Difuso de Convencionalidad: Aquel que toda autoridad, en el ámbito de su competencia, está obligado a realizar para verificar y garantizar la compatibilidad entre su conducta y sus obligaciones convencionales, derivadas de la pertenencia del Estado a tratados internacionales.
6. Detenciòn: Aseguramiento y alojamiento a los que puede ser sometida una persona extranjera a la que se le haya iniciado un procedimiento administrativo de expulsion, siempre y cuando se acrediten razones de seguridad nacional.
7. Deportación: Procedimiento administrativo a través del cual una persona extranjera que no posee autorización legal para estar en territorio nacional es enviada a su país de origen por determinación de la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Migraciòn.
8. Ejecutivo de la Unión: La persona que ocupe la Presidencia de la República en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
9. Expulsión: Procedimiento administrativo a través del cual una persona extranjera, previa audiencia ante la autoridad competente, y sin importar su situación migratoria, puede ser obligadaa abandonar el territorio nacional por determinación del Ejecutivo de la Unión.
10. Lugar destinado al tránsito internacional de Personas: Espacio físico fijado por la Secretaría de Gobernación para el paso de personas de un país a otro.
11. Notificación Consular: Derecho que asiste a toda persona extranjera para solicitar a la autoridad competente del Estado mexicano que informe, sin retraso alguno, a las autoridades del estado del cual sea nacional, en caso de que sea asegurado o alojado en el marco de un procedimiento administrativo de expulsión, a efecto de que hagan de su conocimiento los derechos que se le reconocen y le asistan en su defensa.
12. Medidas Cautelares: Medidas que la autoridad competente puede aplicar a una persona extranjera sujeta a procedimiento administrativo de expulsion, con la finalidad de que dicha persona no se sustraiga del mismo.
13. Personas Extranjeras: las que no posean la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Constitución.
14. Principio de Interpretación Conforme: Aquel que establece que todas las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia, con independencia de su rango jerárquico, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
15. Procedimiento Administrativo: conjunto de pasos y garantías que deben seguirse y respetarse para materializar el derecho a audiencia de una persona extranjera a la que el Ejecutivo de la Unión ha notificado su resoluciòn de expulsar del territorio nacional,   conforme a lo establecido en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en las leyes en la material.
16. Retorno Asistido: Procedimiento administrativo a través del cual el Estado mexicano coadyuva con el envío a su país de origen de una persona extranjera que no posee autorización legal para estar en territorio nacional por petición propia,de conformidad con lo establecido en la Ley de Migraciòn.

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA EXPULSIÒN DE PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 9.- El inicio de un procedimiento administrativo que el Ejecutivo de la Uniòn decida iniciar a una persona extranjera con la finalidad de expulsarle del territorio nacional,  sólo procederá cuando se acredite plenamente que la persona extranjera representa una amenaza al interés público o la seguridad nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional. Artículo 10.- El procedimiento administrativo iniciado por el Ejecutivo de la Uniòn con la finalidad de expulsar a una persona extranjera del territorio nacional, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la autoridad competente. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de las personas extranjeras. Las actuaciones, audiencias y diligencias se practicarán en días y horas hábiles. Artículo 11.- La autoridad competente notificará de manera personalisima y de manera inmediata a la persona extranjera la resolución del Ejecutivo de la Unión de iniciar un procedimiento administrativo en su contra con la finalidad de expulsarle del territorio nacional,en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la audiencia, así como los efectos de no atenderla. En dicha notificación se harán de su conocimiento las cuasas de la medida, los hechos en que se apoya y las pruebas que lo justifican, todo ello a fin de que pueda preparar oportunamente su defensa. En caso de que la persona extranjera ofrezca prueba pericial o testimonial, deberá precisar los hechos sobre los que deban versar y se señalará los nombres y domicilios de las personas peritas o testigas. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas. Artìculo 12.- La autoridad competente informarà a la persona extranjera los recursos que contra la resoluciòn del Ejecutivo de la Uniòn se puedan imponer, así como el órgano u órganos ante los que hubieran de presentarse y los plazos a que dichos recursos están sujetos; y avisarà a las autoridades del país del cual sea nacional la persona extranjera, a efecto de que le proporcionen la asistencia legal y consular correspondiente. Artículo 13.- A partir de la notificaciòn a la que hace referencia el articulo 10 de la presente Ley, el procedimiento administrativo iniciadocon la finalidad de expulsar a una persona extranjeradel territorio nacional, podrà tener una duraciòn de hasta 5 dìas hàbiles. Artìculo 14.- Con la finalidad de que la persona extranjera no se sustraiga del procedimiento administrativo iniciado en su contra, la autoridad competente podrà emitirlas siguientes medidas cautelares:

1. Retenciòn del pasaporte
2. Cauciòn
3. Vigilancia policial
4. Prohibiciòn de salir de determinada demarcaciòn territorial
5. Detenciòn.

Artículo 15.- Las personas extranjeras a las que el Ejecutivo de la Unión decida iniciarles un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarlesdel territorio nacional,podràn ejercer su derecho a audiencia ante la autoridad competente durante los 3 dìas hàbiles siguientes, contables a partir del momento de la notificación,a efecto de que aleguen lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que estimen convenientes. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de la audiencia. Artìculo 16.-El Ejecutivo de la Unión podrá ser representado para todos los trámites del procedimiento administrativo para la expusión de personas extrajeras por la persona Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de la República; en todo caso, se podrá acreditar por medio de oficio a las y los servidores públicos para que acudan a la audiencia, ridan prueba, hagan promiciones y aleguen lo que a su derecho convenga. Artìculo 17.- Ponen fin al procedimiento administrativocon la finalidad de expulsar a una persona extranjera del territorio nacional:

I. La resolución del mismo; II. El desistimiento por parte del Ejecutivo de la Unión; III. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud; IV. La declaración de caducidad; y, V. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

Artìculo 18.-La autoridad competente emitirà la resoluciòn correspondiente en un plazo no mayor a24 horas, contables a partir del desahogo de la audiencia. Artículo 19.- La resoluciòn de la autoridad competente serà definitiva y frente a èsta únicamente procederàjuicio amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la ley en la materia. Artículo 20.- En aquellos casos en los que por razones de seguridad nacional proceda la medidad cautelar de detenciòn,èsta no podrá exceder los 5 dìas hàbiles que puede durar cualquier procedimiento administrativo con fines de expulsiòn, contables a partir del momento en que la autoridad correspondiente haga del conocimiento de la persona extranjera la decisión del Ejecutivo de la Uniòn de iniciar dicho procedimiento. Artìculo 21.- Una vez que la persona extranjera a la que se le haya iniciado un procedimiento administrativo sea detendida con fines de expulsiòn, se le remitirá a una instalación especialmente acondicionada en el lugar destinado al tránsito internacional de personas más cercano, bajo la custodia de la autoridad competente, y se le proporcionarán las condiciones de estancia elementales para garantizar su integridad física y su dignidad humana. Artìcluo 22.-Las personas extranjeras detenidas y sujetas a un procedimiento administrativo de expulsión no podrán ser remitidas a centros penitenciarios, estaciones migratorias u otro tipo de instalación destinada a la privación de la libertad de personas que hayan cometido algún delito. Artículo 23.- Transcurridos los 5 dìas hàbiles que puede durar un procediminto administrativo iniciado con la finalidad de expulsar a una persona extranjera del territorio nacional, y en aquellos casos en los que el Ejecutico de la Uniòn decida expulsar a la persona extranjera, la autoridad competente procederá a concretar la expulsión de la persona extranjera con su salida del territorio nacional y su envío a su país de origen, por los medios y conductos procedentes, de conformidad con lo establecido en la legislación y en los tratados internacionales en la materia. En los casos en los que se hayan aplicado como medidas cautelares la retenciòn del pasaporte o la cauciòn, se devolveràn a la persona extranjera. Artìculo 24.-La expulsión implicará la prohibición de reingreso a territorio nacional. La duración de la prohibición se determinará en consideración de las circunstancias que concurran en cada caso Artículo 25.- No procede la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

1. Que se violente el principio de no devolución, en caso de que la persona extranjera sea solicitante de asilo, refugio o protección complementaria de conformidad con lo establecido en la ley y en los tratados internacionales en la materia.
2. Que la salud de la persona extranjera se encuentre en riesgo.
3. Que la persona extranjera esté embarazada y la expulsión pueda representar un riesgo para la gestación o para su salud.
4. Que la persona extranjera sea apátrida.
5. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;
6. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;
7. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;
8. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que le imposibilite viajar;
9. Que exista una prohibición expresa de la autoridad judicial competente para que la persona extranjera pueda ser trasladada o para que pueda abandonar el país;
10. Que la persona extranjera sea víctima de trata de personas y/o violencia de género; o testigo de delitos cometidos en territorio nacional, cuyo proceso se encuentre en curso;
11. Cuando sean ascendientes en primer grado de personas que sean menores de edad que posean la nacionalidad mexicana y se encuentren en territorio nacional;
12. Cuando sean ascendientes en primer grado de personas que sean menores de edad, que dependan directamente de ellos y que se encuentren en territorio nacional;
13. Cuando sean menores de 18 años;
14. Cuando la persona extranjera esté sujeta a proceso penal o haya sido condenada por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales.
15. Cuando exista la posibilidad de que la persona extranjera pueda ser procesada en su país de origen o en alguno de los países por los cuales transite hacia su destino final, y sentenciada con la pena de muerte;
16. Cuando sean periodistas o personas defensoras de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la ley en la materia;
17. Cuando exista presión o solicitud de gobierno extranjero, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento respectivo en materia de extradición;

Cuando algún menor de edad que se encuentre en territorio nacional pueda ser afectado por el procedimiento de expulsión de una persona extranjera, la autoridad competente tomarà en cuenta el principio de interès superior de la infancia y procederà de conformidad con lo estipulado en los artículos 5 y 6 de la presente Ley. Artículo 26.- Quedan prohibidas la expulsión sumaria o colectiva de personas extranjeras; y la expulsión sistemática de personas extranjeras de una misma nacionalidad.

CAPITULO III

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA

AUTORIDAD COMPETENTE

Artículo 27.- La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría de Gobernación, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria y con el cumplimiento de los principios y objetivos que dan sustento a la presente Ley. Artículo 28.- Independientemente de su sujeción a un procedimiento administrativo de expulsión, la autoridad competente garantizará el derecho de las personas extranjeras a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución, tratados internacionales y demás leyes aplicables. Artículo 29.- Las familias de las personas extranjeras que se encuentren bajo un proceso administrativo de expulsión, cuando se encuentren en el territorio nacional, tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de:

1. Sus derechos y opciones conforme a la legislación vigente;
2. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su permanencia o salida del territorio nacional; y,
3. La existencia de la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de   refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de  asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos  respectivos para obtener dichas condiciones, de conformidad con lo establecido en  la legislación y en los tratados internacionales en la materia.

La autoridad competente adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a conocer a las familias la información mencionada, de conformidad con la normatividad aplicable.

CAPITULO IV

DE LAS GARANTÌAS DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS SUJETAS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPULSIÒN

Artículo 30.- Las personas extranjeras sujetas a un proceso administrativo de expulsión tendrán derecho  a que la autoridad competente les informe de la legislación y de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de régimen jurídico de las personas extranjeras, así como de cualquier otro que pudiera beneficiarles. Artículo 31.- Las personas extranjeras a las que el Ejecutivo de la Unión haya decidido iniciar un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarles del territorio nacional, tendrán salvaguardado su derecho a la notificación consular, de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Establecimiento de Relaciones Consulares. Artículo 32.- Cuando la persona extranjera no hable o no entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua, para facilitar la comunicación. Cuando la persona extranjera sea sorda y sepa leer y escribir, se le interrogará por escrito o por medio de un intérprete. En caso contrario, se designará como intérprete a una persona que pueda entenderle. Artículo 33.- Las personas extranjeras a las que el Ejecutivo de la Unión decida iniciar un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarles del territorio nacional, tendrán derecho a:

a)    salir del territorio nacional por lugares destinados al tránsito internacional de personas; b)    identificarse mediante la presentación del pasaporte o documento de identidad o viaje válido y vigente; y, c)    ser enviadas a su país de origen o a aquel del cual sean nacionales.

Artículo 34.- Durante todo el procedimiento administrativo con fines de expulsión las personas extranjeras tendrán derecho a que la autoridad competente garantice sus derechos establecidos en la Constitución, en la presente Ley y en los tratados internacionales de los cuales forma parte el Estado mexicano. Artículo 35.- Toda persona extranjera tiene derecho a ser asistida o representada legalmente por la persona con licenciatura en derecho que designe durante el procedimiento administrativo de expulsión.  A falta de éste, el Estado estará obligado a proporcionarle una o un abogado de oficio. Artículo 36.- La autoridad competente podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a las personas extranjeras a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo de expulsión. Artículo 37.- Las personas extranjeras sujetas a procedimiento administrativo de expulsión o sus representantes legales, podrán solicitar copias certificadas de los documentos que hayan sustentado el procedimiento administrativo y de las resoluciones que del mismo se deriven, las cuales deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 12 horas despues de ser solicitadas. Artículo 38.- Las personas extranjeras sujetas a un proceso administrativo de expulsión tendrán derecho  a que un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté presente en sus audiencias ante la autoridad competente, verifique el respeto a sus derechos humanos y las supervise la condiciones en las que se desarrolle su detención, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o la persona de confianza que para tales efectos se designen. Artículo 39.- Independientemente de que las personas extranjeras sujetas a un proceso administrativo de expulsión ejerzan su derecho  a que un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté presente en sus audiencias ante la autoridad competente, el organismo federal de protección de los derechos humanos deberá incluir en su informe anual ante el Congreso de la Unión un reporte sobre el cumplimiento de la presente ley y sobre el respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras a las que le Titular del Poder Ejecutivo Federal, en el ejercicio de su facultad constitucional, haya decidido expulsar. Artículo 40.- Los gastos inherentes al envió de una persona extranjera  a su país de origen o a aquel del cual sea nacional, derivados del ejercicio de la facultad de expulsión del Titular del Poder Ejecutivo Federal, correrán a cuenta del presupuesto de la autoridad competente. En ningún caso se puede obligar a la persona extranjera a sufragar el costo de su expulsión.

CAPITULO V

DEL  LUGAR Y CONDICIONES DE LA DETENCIÒN

DE PERSONAS EXTRANJERAS CON FINES DE EXPULSIÒN

Artículo 41.- Durante el periodo de detención con fines de expulsion por motivos de seguridad nacional, las personas extranjeras que se encuentren aseguradas y alojadas bajo la custodia de la autoridad competente, tendrán derecho a:

1. Asistencia médica, psicológica y espiritual;
2. Alimentación suficiente y de calidad;
3. Las personas con necesidades especiales y personas de la tercera edad, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada.
4. Cuando así lo requiera el tratamiento que algún médico haya prescrito a la persona extranjera, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten; y,
5. A permanecer en un lugar adecuado con medidas que garanticen su seguridad, su dignidad humana y su integridad física.

CAPÍTULO VI

DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE INMISCUYAN EN LOS

ASUNTOS POLÌTICOS DEL PAÌS

 Artículo 42.- Las personas extranjeras que se inmiscuyan en los asuntos polìticos del país podrán ser expulsadas del territorio nacional de conformidad con lo establecido en la presente Ley, siempre y cuando la autoridad competente  considere que su permanencia en el país pone en riesgo el interés público o la  seguridad nacional, independientemente de aquellas sanciones que correspondan por la comisión de conductas antijurídicas consideradas como delitos electorales.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo.- El Titular del Ejecutivo de la Unión, a partir de la entrada en vigor de este decreto, contará con 90 días para elaborar el Reglamento del Proceso Administrativo para la Expulsion de las Personas Extrajeras; asimismo las adecuaciones normativas conducentes que le permitán garantizar los fines de la presente Ley. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quedando en los siguientes términos: Artículo 43.- A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: I al IX… X. Representar al Presidente de la República cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversías a que se refiereel artículo 105 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaría de Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los demás juicios en que el Ejetivo Federal Intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; XI a XII…

TRANSITORIOS

Artículo Ùnico.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salòn de Sesiones de la H. Comisiòn Permanente a los 14 días del mes de agosto de 2013

Suscriben

Nombre                                                          Firma

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De Senadoras y Senadores a la LXII Legislatura, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Restricción o Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESTRICCIÓN O SUSPENSIÒN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÌAS. C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA H. COMISIÒN PERMANENTE PRESENTE Quienes suscriben, Senadoras y Senadores a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creación de disposiciones jurídicas para regular las situaciones graves de conflictos internos o externos surgieron en forma definida en elderecho romano, en cuanto se establecieron normas de duración temporal con el fin de que las autoridades públicas pudiesen superar las situaciones de peligro derivadas de insurrecciones internas o de guerra exterior (Fix-Zamudio, 2004). A partir de esta época, estas regulaciones han ido evolucionando. En los Estados democráticos, entendiendo que pueden presentarse casos de situaciones y condiciones excepcionales, deberán ser resueltas por decisiones y acciones de emergencia, y con el único fin de restablecer la situación de normalidad, se han establecido disposiciones constitucionales que reglamentan estos escenarios incidentales denominados estados de excepción. Sin embargo, el desarrollo histórico demuestra que las regulaciones de las declaraciones de estados de excepción o de emergencia, han sido muy complicadas, ya que la acumulación de atribuciones en una sola figura o persona, ha resultado, en muchas ocasiones, en violaciones graves a los derechos humanos de pueblos completos. Es por esta razón, que resulta relevante que la regulación de estos estados de emergencia, no sólo contemple el procedimiento para decretar esta restricción o suspensión de garantías, sino que además, faculte a otras instancias o poderes del Estado democrático para que intervenga y controle permanentemente las acciones del Poder Ejecutivo, ya que la restricción o suspensión de derechos y garantías debe reunir determinadas condiciones y requisitos que obran a la manera de garantías jurídicas para preservar los derechos humanos en las situaciones de crisis. En este tenor, es importante también, el reconocimiento de la dimensión internacional de los derechos humanos y el surgimiento de la personacomo sujeto de derecho internacional. Estas situaciones introducen una dimensión ética y jurídica a las relaciones internacionales. Aunado a esto, a partir de la firma del Pacto de la Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos por nuestro país1, México adquiere tanto obligaciones nacionales, como internacionales en esta materia. El mencionado Pacto expresa: Artículo 4.1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones, que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 62, 73, 8 (párrafos 14 y 25), 116, 157, 168 y 189. 3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Asimismo, y a partir de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estamos obligados al cumplimiento de lo que en la misma se estipula en la materia y que a la letra dice:

CAPITULO IV

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION

Artículo 27.Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció criterios muy significativos sobre la interpretación del artículo 27 de laConvención Americana que hemos transcrito con anterioridad, porconducto de varias opiniones consultivas. En la número seis, pronunciada el 9 de mayo de 1986, “La expresión leyes en artículo 30 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos”, sostuvo esencialmente en cuanto a los estados de emergencia, que los mismos no pueden traducirse en la suspensión temporal del Estado de derecho yque el gobierno respectivo esté investido de poderes absolutos másallá de las condiciones a que tal legalidad excepcional está autorizada, pues como ya lo había sostenido el propio tribunal en ocasión anterior, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y elEstado de derecho son inseparables. Pero de una manera mucho más precisa en cuanto a los instrumentos procesales, la propia Corte Interamericana se pronuncióen las opiniones consultivas octava y novena. En la primera, resuelta el 30 de enero de 1987 a solicitud de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos, con la designación de “El hábeas corpus bajo lasuspensión de garantías”, la corte sostuvo sustancialmente que losprocedimientos previstos en los artículos 25.1 (amparo) y 7.6 (hábeascorpus) dela Convención Americana no pueden ser suspendidos conapoyo en el artículo 27.2 de la misma convención porque constituyen garantías procesales indispensables para proteger derechos ylibertades que tampoco pueden suspenderse según la últimadisposición. Estos conceptos fueron analizados con mayor profundidad enla opinión consultiva número nueve, fue decidida el 6 de octubre de1987, a petición del gobierno de Uruguay, con la denominación“Garantías Judiciales en los estados de emergencia”, en la que se sostuvobásicamente que deben considerarse como garantías judicialesindispensables no susceptibles de suspensión, en los términos de lospreceptos mencionados de la convención, el hábeas corpus y el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunalescompetentes, destinados a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma convención, y que también deben considerarse como no suspendibles los procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática representativade gobierno, previstos en el derecho interno de los Estados partes como idóneos por garantizar la plenitud del ejercicio de los propios derechos no suspendibles y cuya suspensión o limitación comporta la indefensión de tales derechos. A este último respecto, la Corte determinó que el concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8o. de la convención debe en tenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales consagrados en la ConvenciónAmericana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma (Fix-Zamudio, 2004). Lo anterior significa, para los países partes de laConvención Americana, que no pueden suspender o restringir los instrumentos procesales detutela de los derechos fundamentales que no deben ser afectados con las declaraciones de emergencia, en particular el hábeas corpus, elderecho de amparo y los lineamientos esenciales del debido proceso. En este sentido, y a partir de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, es que el artículo primero de nuestra Carta Magna establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, con la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de observar el bloque de constitucionalidad, ejercer un control difuso de convencionalidad y aplicar el método de interpretación conforme para garantizar el principio pro persona. Esta misma reforma es la que en su transitorio Cuarto mandata al Congreso de la Unión a expedir la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año. Del análisis del nuevo texto constitucional del citado artículo y de los instrumentos internacionales signados por nuestro país en la materia, deviene la presente propuesta cuyos ejes principales son:

• Situaciones por las que puede decretarse la restricción o suspensión de derechos y garantías.

El artículo 29, en su primer párrafo consigna tres supuestos, por virtud de los cuales es factible que se decrete la restricción o suspensión de derechos y garantías: En primer lugar, en los casos de invasión, la hipótesis es bastante acotada y clara, por lo que queda claro que se refiere a la entrada de fuerzas armadas, sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro estado a cualquier parte del territorio nacional. La segunda de las hipótesis se refiere al caso de perturbación grave de la paz pública. Supuesto más amplio que se refiere a toda clase de fenómenos violentos como revoluciones, estallidos sociales violentos que tienden a cambiar la estructura social, política o económica, como una guerra civil, un motín generalizado, huelgas generalizadas que provocan desabasto de productos o servicios de primera necesidad, etc. La tercer situación por la que puede decretarse la restricción o suspensión de derechos y garantías, la Constitución refiere “cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” del que se desprenden varias hipótesis: Circunstancias excepcionales de tal gravedad que pongan en peligro los intereses vitales de la población, tales como catástrofes naturales o provocadas por alguna persona; epidemias; desabasto prolongado de productos o servicios de primera necesidad; o similares.

• Actores que intervienen en la declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías.

Titular del Poder Ejecutivo Federal. Iniciar el procedimiento para la restricción o suspensión de derechos y garantías es una facultad exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que nadie más tiene potestad para promover dicha iniciativa. Titulares de las Secretarías de Estado y de la Procuraduría de la República. De conformidad con lo que establece el texto del artículo 29 constitucional, la iniciativa mediante la cual se solicita la declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías deberá ser signada, además de por la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, por las y los Titulares de las Secretarías de Estado y de la Procuraduría de la República. Esta medida se considera como un primer filtro de decisión que requiere el consenso unánime de todas las personas titulares de dichas dependencias, aunque se considera que si alguna de dichas personas no estuviera de acuerdo en firmar la iniciativa en comento, bastaría con la decisión de su reemplazo por parte de la persona titular del Ejecutivo Federal. Esto no opera de la misma forma en caso de que la negativa de la firma proviniera del titular de la Procuraduría General de la República, cuyo nombramiento requiere de la aprobación del Senado de la República. Congreso de la Unión o Comisión Permanente. De acuerdo al texto de nuestra Carta Magna, el Congreso de la Unión o en sus recesos la Comisión Permanente, podrán aprobar el decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías, pero únicamente el primero podrá otorgarle al titular del Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias, ya que el segundo órgano no puede otorgar o negar facultad para legislar, ya que él mismo no lo tiene. Parte importante del procedimiento reglamentado por el presente proyecto es la facultad de control que se le otorga al Congreso de la Unión, cuya intervención va más allá de únicamente aprobar la iniciativa de decreto, sino que se instaura en un órgano parlamentario de vigilancia de toda la situación, incluso hasta el punto de decretar, si así lo llegase a considerar, la conclusión de la restricción o suspensión de garantías. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El control ejercido por el parlamento no es el único que se norma en el presente proyecto. Tal y como lo mandata la misma Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige oficiosamente en un órgano de control de constitucionalidad y sobre la validez de los decretos expedidos, en su caso, por la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

• Procedimiento para la declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías.

El presente proyecto reglamenta el proceso mismo de declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías haciendo ágil la declaración en el entendido de resolver la situación de emergencia de manera pronta y expedita, evitando que la iniciativa con proyecto de decreto de restricción o suspensión de garantías pase por el proceso parlamentario de cámara de origen y cámara revisora, por lo que, tomando en cuenta la gravedad del caso, mandata al Congreso de la Unión en reunirse en Congreso General, calificando la iniciativa como asunto de urgente y obvia resolución en un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, también se determinan las hipótesis por las cuales se dará conclusión a la suspensión o restricción de derechos y garantías y se reglamenta el procedimiento que deberá seguirse en dichos casos.

• Principios que deberán observarse para la declaración de restricción o suspensión de derechos y garantías.

Conforme al bloque de constitucionalidad, los principios que deberán observarse para la declaración de restricción o suspensión de garantías son: proporcionalidad; legalidad; racionalidad; proclamación; publicidad; no discriminación; temporalidad; amenaza excepcional; pro persona; compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia; e intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

• Derechos y principios intangibles.

La condición de indisponibilidad de los derechos fundamentales es el punto de partida de la intangibilidad de los derechos que no pueden estar al arbitrio del legislador. En ese sentido, ni siquiera en los momentos en los que es necesario hacer frente a situaciones de emergencia, dichos derechos pueden restringirse o suspenderse. En relación a estos derechos fundamentales, el Estado está obligado, en todo momento a garantizarlos. Es por esto que, tomando en cuenta el bloque de constitucionalidad, los derechos y principios que no podrán ser restringidos o suspendidos en ningún caso, mientras dure el Estado de Excepción son: el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a tortura o a algún trato o pena cruel, inhumano o degradante; el derecho a no ser condenado a pena de muerte; el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trata; el derecho al nombre; el derecho a la nacionalidad; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la protección de la familia; los derechos de niñas, niños y adolescentes; los derechos políticos; el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna;el derecho a no ser discriminado, el principio pro persona; el principio de no discriminación por ninguna condición; y los principios de legalidad, irretroactividad de leyes y debido proceso.

• Control Jurisdiccional.

El control jurisdiccional de las leyes de emergencia es uno de los aspectos más relevantes de la reforma de derechos humanos de 2011. Dicha reforma dota a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse de manera oficiosa por la constitucionalidad y la validez de todos los decretos que el Ejecutivo Federal expida durante un Estado de Excepción. Asimismo, teniendo en cuenta que, de conformidad con la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las garantías del debido proceso no son suspendibles, el control jurisdiccional de los actos del Estado del Poder Judicial se vuelve indispensable. Por lo que si uno de los principios indisponibles es el del debido proceso, la tarea del Poder Judicial durante la restricción o suspensión de derechos y garantías no se limita a declarar la constitucionalidad y validez de las disposiciones de carácter general expedidas por el ejecutivo, sino de vigilar en general la actuación del gobierno respecto de los actos en general.

• De la conclusión de la restricción o suspensión de derechos y garantías.

Igualmente importante es reglamentar el proceso de conclusión de restricción o suspensión de derechos y garantías y las hipótesis que pueden dar lugar a la misma. El Capítulo IV se refiere tanto a los casos que dan lugar a esta conclusión como el procedimiento mismo. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente Proyecto de: Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Restriccióno Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías. Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Restricción o Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías, en los siguientes términos: LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESTRICCIÓNO SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS.

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto regular los procedimientos para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, en todo el país o en lugar determinado, con motivo de una amenaza excepcional, así como definir los órganos competentes y facultades correspondientes de cada uno de los poderes federales a efecto de hacer frente a la situación de emergencia. Artículo 2. La restricción o suspensión de derechos y garantías sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Artículo 3. La restricción o suspensión de derechos y garantías tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos intangibles. La restricción o suspensión de derechos y garantías sólo podrá decretarse por la única razón que los derechos y garantías restringidos o suspendidos fuesen un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional, y siempre y cuando sea por el menor tiempo posible. Artículo 4. La restricción o suspensión de derechos y garantías sólo podrá declararse o prorrogarse de conformidad con esta Ley, la cual no podrá modificarse, suspenderse o derogarse durante la vigencia de un decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías. Asimismo, deberán observarse las obligaciones que imponen los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como el Derecho Internacional en la materia. Artículo 5. Durante La restricción o suspensión de derechos y garantías se consideran intangibles y por tanto no podrán restringirse o suspenderse:

1. El derecho a la vida;
2. El derecho a la integridad personal;
3. El derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a tortura o a algún trato o pena cruel, inhumano o degradante;
4. El derecho a no ser condenado a pena de muerte;
5. El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trata;
6. El derecho al nombre;
7. El derecho a la nacionalidad;
8. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;
9. El derecho a la protección de la familia;
10. Los derechos de niñas, niños y adolescentes;
11. Los derechos políticos;
12. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; y
13. El derecho a no ser discriminado.

El Estado está obligado a proveer las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de tales derechos, conforme al debido proceso. Artículo 6. Durante la restricción o suspensión de derechos y garantías se deberán seguir observando, sin excepción,los principios de:

1. Pro persona;
2. No discriminación por ninguna condición;
3. Legalidad; e
4. Irretroactividad de leyes; y
5. Debido proceso.

Artículo 7. El decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías se hará observando en todo momento los principios de:

1. Proporcionalidad;
2. Legalidad;
3. Racionalidad;
4. Proclamación;
5. Publicidad;
6. No discriminación;
7. Temporalidad;
8. Amenaza excepcional;
9. Pro persona;
10. Compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia; e
11. Intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

Artículo 8. Una vez decretada la restricción o suspensión de derechos y garantías, toda persona que se encuentre en el territorio nacional está obligada a cooperar con las autoridades para la protección de personas, bienes e instalaciones; de ser necesario se impondrán servicios extraordinarios, ya sea por su duración o por su naturaleza, con la correspondiente indemnización o pago, de ser el caso. Artículo 9. El decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías no podrá entenderse como la desaparición o fusión de los Poderes de la Unión, ni como efugio para modificar las decisiones políticas fundamentales del Estado mexicano, como lo establece Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las autoridades tienen la obligación de coadyuvar con la persona titular del Ejecutivo Federal para asegurar lo más pronto posible el restablecimiento de la normalidad. Artículo 10. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

1. Invasión. La entrada de fuerzas armadas,sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro estado a cualquier parte del territorio nacional.
2. Perturbación grave de la paz pública. Fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del estado o su estructura social, política o económica.
3. Grave peligro o conflicto. Circunstancia excepcional de tal gravedad que pongan en peligro los intereses vitales de la población, tales como catástrofes naturales o provocadas por alguna persona; epidemias; desabasto prolongado de productos o servicios de primera necesidad; o similares.
4. Facultades Extraordinarias. Facultad que puede ser otorgada a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal por el Congreso de la Unión para legislar de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Decisiones Políticas Fundamentales.Aquéllas que representan las bases de la creación del Estado mexicano, las que lo definen como tal y las que le dan suscaracterísticas propias.

Capítulo II

Procedimiento para la Declaración de Restricción o

Suspensión de Derechos y Garantías

Artículo 11. La persona titular del Ejecutivo Federal someterá a la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido, una iniciativa con proyecto de decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías en el que se establezca:

1. El fundamento y la motivación del Decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías;
2. La delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión de derechos y garantías;
3. El tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión de derechos y garantías;
4. Las prevenciones generales relativas a la restricción o suspensión de derechos y garantías;
5. Los derechos y garantías que serán restringidos;
6. Los derechos y garantías que serán suspendidos;
7. Las medidas legales y administrativas que serán adoptadas mientras se encuentre vigente la restricción o suspensión de derechos y garantías;
8. Las facultades extraordinarias que serán otorgadas a la persona titular del Ejecutivo Federal; y
9. Las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar y las obligaciones de las autoridades coadyuvantes.

La iniciativa con proyecto de decreto deberá estar suscrita por la persona titular del Ejecutivo Federal, y por las y los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República. Artículo 12. Una vez recibida la iniciativa con proyecto de decreto, quien ejerza la presidencia de la Cámara de Diputados deberá citar a Congreso General a más tardar en las siguientes 24 horas. Artículo 13. Con la concurrencia de no menos de dos terceras partes del total de sus miembros, la iniciativa con proyecto de decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías será expuesta ante el pleno, la cual se calificará como asunto de urgente y obvia resolución. En la sesión en la que se discuta la iniciativa con proyecto de decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías, éste será el único punto a tratar y se deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas, mediante votación de la mayoría de los miembros presentes. Artículo 14. En caso de que la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías se haya hecho ante la Comisión Permanente, por no encontrarse reunido el Congreso de la Unión, el Presidente de la Comisión Permanente citará al pleno a más tardar en las siguientes 24 horas, para seguir el procedimiento descrito el artículo anterior. Sin embargo, si la iniciativa con proyecto de decreto contiene prevenciones generales respecto del otorgamiento de facultades extraordinarias que deban ser otorgadas a la persona titular del Ejecutivo Federal, quien ejerza la presidencia de la Comisión Permanente, citará inmediatamente a sesión extraordinaria, con el único fin de citar a Congreso General, lo cual deberá ocurrir en las siguientes 48 horas. Una vez reunido, el Congreso General, se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 11 de la presente Ley. Artículo 15. La persona titular del Ejecutivo Federal está obligada a brindar con la mayor prontitud posible la información que el Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Permanente, le requieran. Artículo 16. En caso de no ser aprobado el proyecto de decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías, la iniciativa no podrá ser presentada de nuevo, salvo que se motive en hechos supervinientes. Artículo 17. Una vez aprobado el decreto se remitirá inmediatamente a la persona titular del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y si esto no fuera posible, por cualquier otro medio, a más tardar, al día siguiente de su aprobación. Asimismo, la persona titular del Ejecutivo Federal deberá informar a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Secretarías Generales, mediante comunicación que contenga los motivos de la restricción o suspensión de derechos y garantías; la delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión de derechos y garantías; el tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión de derechos y garantías; y, los derechos y garantías que serán restringidos o suspendidos. Artículo 18. Si durante la vigencia del decreto, la persona titular del Ejecutivo Federal considera que este debe ser modificado, propondrá la iniciativa de reforma al Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido. El procedimiento para su modificación será el mismo que para la creación del decreto.

Capítulo III

Del Control Parlamentario y Jurisdiccional

Artículo 19. Durante la vigencia del Decreto restricción o suspensión de derechos y garantías, la persona titular del Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, informes detallados sobre las medidas administrativas y legislativas adoptadas, sobre su aplicación y sobre la evolución de la situación. Estos informes deberá entregarlos por lo menos cada siete días, durante todo el tiempo que permanezca vigente el decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías. Artículo 20. Los decretos expedidos por la persona titular del Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse inmediatamente, durante las siguientes 24 horas, sobre su constitucionalidad y validez. Si la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de algúndecreto o su invalidez, lo informará de inmediato al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, y a la persona titular del Ejecutivo Federal, quien deberá ordenar la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial de la Federación, y si esto no fuera posible, por cualquier otro medio. En este caso el decreto quedará inmediatamente sin efectos, al igual que todos los actos que hubiese cometido cualquier autoridad en relación al decreto.

Capítulo IV

De la Conclusión del Decreto de Restricción o

Suspensión de Derechos y Garantías.

Artículo 21. La restricción o suspensión de derechos y garantías concluirá cuando:

1. Haya concluido el plazo fijado en el decreto que le dio origen, o en aquel o aquellos que modificaron su plazo de vigencia;
2. Hayan desaparecido las causas que le dieron origen; o
3. Por decreto del Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido.

Artículo 22. Cuando se actualice alguno de los supuestos de conclusión de restricción o suspensión de derechos y garantías descritos en las fracciones I o II del artículo anterior, la persona titular del Ejecutivo Federal expedirá el decreto respectivo y hará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y si esto no fuera posible, por cualquier otro medio; y lo comunicará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido; a la Suprema Corte de Justicia, a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Secretarías Generales. En el caso de la fracción III del mismo artículo, el decreto que expida el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, será enviado a la persona titular del Ejecutivo Federal para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación y si esto no fuera posible, por cualquier otro medio; y lo comunique a la Suprema Corte de Justicia, a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Secretarías Generales. Artículo 23. Cuando a consideración de alguno de los miembros del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, se actualice el supuesto de la fracción II del artículo anterior, podrá proponer al pleno la iniciativa de decreto de conclusión de restricción o suspensión de derechos y garantías. Se seguirá el mismo procedimiento parlamentario establecido para la creación del decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías. Artículo 24. El Ejecutivo Federal no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si el éste no se encontrara reunido, revoque o ponga fin a la restricción o suspensión de derechos y garantías. Artículo 25. Una vez publicado el decreto que pone fin a la restricción o suspensión de derechos y garantías, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante la vigencia del Estado de Excepción quedarán sin efecto de forma inmediata. Artículo 26. La persona titular del Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, un informe final sobre las causas, motivos, delimitación geográfica, tiempo, medidas administrativas y legales, restricciones o suspensión de derechos y garantías, consecuencias y otros, que fueron adoptadas durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, y el estado que guarda el país o la región afectada una vez concluida la vigencia del Decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías, a más tardar siete días después de decretada su conclusión.

TRANSITORIOS

Artículo Único.- La presente Ley entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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1 Suscrito en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en vigor el 26 de marzo de 1976. Ratificado por México … 2 Derecho a la vida y lo relativo a la pena de muerte. 3 Prohibición de ser sometido a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 4 Prohibición de ser sometido a esclavitud. 5 Prohibición de ser sometido a servidumbre. 6 Prohibición de pena privativa de libertad por deudas de carácter civil 7 Principio de legalidad e irretroactividad. 8 Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 9 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 14 días del mes de agosto de 2013.

De las Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÌCULO 1° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA COMISIÒN PERMANENTE PRESENTE Quienes suscriben, Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS      

El 11 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas constitucionales más trascendentes para nuestro país en los últimos tiempos. Se trató de una reforma constitucional integral en materia de derechos humanos que modificó 11 artículos[1], que amplió al máximo el reconocimiento y los mecanismos de protección de los derechos de todas las personas, redefiniendo estructuralmente el modelo de relación existente entre el derecho nacional y las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos. A partir de dicha reforma, el nuevo texto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.  Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.   Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  De la redacción anterior, se desprende una actualización de nuestro marco jurídico y el establecimiento de un nuevo paradigma que coloca a nuestro país a la vanguardia de las tendencias jurídicas internacionales. En primer lugar, destaca el reconocimiento constitucional de los derechos humanos y de las garantías para su protección que se contemplen en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Resalta también el mandato para que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y consagrando como criterios fundamentales la interpretación conforme y el principio pro persona. Esto significa que se consolida una nueva visión en materia de derechos humanos sustentada en el control de convencionalidad, ya que todas las autoridades deberán conocer y aplicar las normas de derecho internacional, para que cuando existan distintas interpretaciones de una norma jurídica, se elija siempre la que más beneficie a la persona. A lo anterior, debemos sumar que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, es claro que la instrumentación y la consolidación de ese nuevo paradigma derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, son procesos que dependen ineludiblemente de la actuación cotidiana y de su aplicación sistemática por parte de todas las autoridades de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno. Y es aquí en donde se encuentra el principal reto de la implementación de la reforma constitucional. ¿Cómo deben traducir, interpretar y aplicar en el día a día el mandato del artículo 1º los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los ámbitos federal, estatal y municipal?. ¿Cómo lograr que todas las autoridades, que todas las personas con algún tipo de responsabilidad en el servicio público y que cualquiera que realice funciones de dirección en ámbitos privados (empresas, sindicatos, etc.), apliquen en todas sus actuaciones el enfoque de derechos humanos y ejerzan su responsabilidad de coadyuvar activamente a garantizar la protección efectiva de todos los derechos de todas las personas?. Encontrar la respuesta desde el poder legislativo a las interrogantes anteriores no ha sido fácil. Incluso, es necesario reconocer que el incumplimiento en el que ha incurrido el Congreso de la Unión al no expedir diversas leyes reglamentarias, de conformidad con el mandato establecido en los artículos transitorios del decreto de la reforma constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con la complejidad de traducir en disposiciones normativas más amplias, pero también más claras y concretas, los postulados fundamentales y los principios que inspiraron y dieron sustento a la reforma constitucional. Pero en nuestra perspectiva, esto se puede lograr con la expedición de una ley reglamentaria que siente las bases, defina conceptos, delimite el alcance de su contenido y proporcione lineamientos generales que permitan coadyuvar a garantizar que las normas relativas a los derechos humanos efectivamente se interpreten de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, en aras de asegurar que, en todo tiempo y circunstancia, y en todas las áreas y niveles de gobierno, se proporcione a las personas la protección más amplia. En este contexto, el objetivo de la presente Ley es el de garantizar que el mandato del constituyente permanente tenga bases sólidas para su ejecución por parte de todas las autoridades, partiendo del reconocimiento de que, después de la reforma constitucional de 2011, la relación entre el orden jurídico nacional y el derecho internacional en materia de derechos humanos, se enmarca en una nueva realidad de pluralismo que, más allá de enfoques o de interpretaciones jerárquicas, funde a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en un todo y en un conjunto que debe ser entendido y aplicado de manera armónica e integral. A esto se le conoce o denomina como bloque de constitucionalidad y más que amenazar o poner en riesgo la supremacía constitucional, lo que hace es fortalecer la unidad e indivisibilidad del sistema constitucional. Por ello, hemos considerado muy relevante e indispensable retomar lo que a nuestro parecer constituyen aportes doctrinarios y jurisprudenciales invaluables, expresados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos encaminados a fortalecer el ejercicio y la garantía plena de derechos en nuestro país. El ejemplo más claro de lo anterior es la técnica o principio de interpretación conforme, tendiente a garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que consiste en que los derechos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales sean observados por todas las autoridades, con independencia del nivel de gobierno, sin distinción alguna y sin que exista justificación para no hacerlo. Tal obligación debe ejercerse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no discriminación, sin embargo, la conjugación de estos principios como base de la actuación de cualquier autoridad, es algo que en nuestros días sólo realiza el poder judicial federal. Al respecto, conviene señalar que los criterios particulares que deben ser aplicables, primordialmente por juezas y jueces, poseen especial relevancia porque es justamente a partir de su actuación que se han ido creando los criterios de aplicación de las normas de derechos humanos en el nuevo marco constitucional. Y más aún, fue sólo a partir de la reforma constitucional y de diversas sentencias condenatorias contra el Estado mexicano emitidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó expresamente el llamado control difuso de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Es con la denominada Sentencia Rosendo Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se genera en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación el inicio de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación (con efectos para la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las Salas de la SCJN, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito), lo que significa una gran transformación en el sistema de impartición de justicia,en el cual no sólo los jueces, sino toda las autoridades, deberán hacer valer los derechos humanos en el ámbito de sus respectivas competencias. En este sentido, el inicio de la Décima Época del Semanario sirve para recordarnos la importancia que la interpretación jurisdiccional ha tenido para la impartición de justicia en el país. Derivada de esta Décima Época la Suprema Corte emite la siguiente jurisprudencia: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o.constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 30 de noviembre de 2011. Como consecuencia, todas las autoridades jurisdiccionales locales o federales deben apegarse al ejercicio de estos criterios, sin que ello altere las facultades o competencias asignadas a cada uno de estos órganos en materia de aplicación de normas y/o declaración de su inconstitucionalidad. El Poder Ejecutivo, por su parte, enfrenta el reto de transitar de una cultura administrativa burocrática a una práctica gubernamental eficiente y transparente, plenamente garante de los derechos humanos. Este tránsito no es sencillo y requiere de una gran labor de concientización y sensibilización que permita armonizar la aplicación del principio de legalidad con los nuevos principios y estándares constitucionales en materia de derechos humanos. Finalmente, por lo que corresponde al Poder Legislativo, los retos trascienden el contenido mismo de la reforma constitucional y van más allá de la legislación reglamentaria pendiente. La reforma de 2011 ha sido sólo un punto de partida que ha marcado el inicio de una nueva era y el comienzo de un proceso continuo y permanente de revisión y creación de leyes que deberán estar apegadas a los estándares más altos en materia de derechos humanos. El mandato es claro tanto para el Congreso de la Unión como para los congresos locales de las distintas entidades federativas: la actualización y la producción legislativa debe ser la primera medida para garantizar que los criterios y principios de la reforma constitucional de 2011 permeen todos los temas, todas las esferas y todos los ámbitos de la vida pública del país. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente Proyecto de:Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 1° Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 1° Constitucional en Materia de Derechos Humanos, en los siguientes términos:

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto garantizar que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de la materia y los principios y lineamientos establecidos en la presente Ley, para favorecer en todo tiempo y circunstancia a las personas con la protección más amplia. Artículo 2.- Para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con el artículo 1° de la Constitución, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a observar el bloque de constitucionalidad, ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad; aplicando el método de interpretación conforme para garantizar el principio pro persona. Artículo 3.- Para efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos y lineamientos del enfoque de los derechos humanos:

1. Autoridades.- Las y los representantes de elección popular; las personas funcionarias y empleadas y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Judicial Federal, en los poderes judiciales de las 32 entidades federativas; en el Congreso de la Unión, en los poderes legislativos de las 32 entidades federativas; en la Administración Pública Federal, en la administración Pública de las 32 entidades federativas y en los ayuntamientos u órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; así como las y los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía. También aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridades que puedan afectar derechos y cuyas funciones estén determinadas por una ley.
2. Bloque de constitucionalidad.- Cuerpo normativo de rango constitucional a que se refiere el artículo 1° de la Constitución, integrado por las normas relativas a los derechos humanos consagradas en la Constitución; los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; leyes secundarias; declaraciones de organismos internacionales; normas de derecho internacional; recomendaciones, observaciones y resoluciones de organismos o tribunales nacionales e internacionales, y cualquier otra fuente de derecho nacional o internacional, que constituye una unidad integral e indivisible.
3. Control Difuso de Convencionalidad.- Análisis de una norma general que toda autoridad, en el ámbito de su competencia, está obligado a realizar para verificar y garantizar la compatibilidad entre su conducta y sus obligaciones convencionales, derivadas de la pertenencia del Estado a instrumentos internacionales.
4. Control Difuso de Constitucionalidad.- Análisis de una norma general que toda autoridad, en el ámbito de su competencia, está obligada a realizar para verificar y garantizar la compatibilidad de su actuación con los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Criterio Hermenéutico.- Criterio de interpretación que garantiza la unidad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos, que toma en cuenta su proceso histórico y evolutivo.
6. Método de Interpretación Conforme.- Es el criterio hermenéutico que debe aplicarse para garantizar que todas las normas relativas a derechos humanos se interpreten y armonicen acorde al Bloque de Constitucionalidad, con independencia de su rango jerárquico, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
7. Normas relativas a los derechos humanos.- Cualquier disposición que refiera a algún derecho humano contenida o derivada de alguna fuente de derecho nacional o internacional;
8. Principio Pro Persona.- Es un principio por el cual se interpreta el bloque de constitucionalidad de manera hermenéutica, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer limitaciones al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Artículo 4.- Los principios rectores de la presente ley son:

1. Universalidad.- Implica que todos los derechos humanos son inherentes e inalienables para todas las personas que integran la familia humana sin distinción ni discriminación alguna.
2. Interdependencia.- Implica que todos los derechos humanos están relacionados entre sí, de tal manera que el ejercicio de un derecho en particular o de un conjunto de derechos dependen del respeto y la protección de otro derecho o grupo de derechos.
3. Indivisibilidad.- Implica que todos los derechos humanos forman una sola unidad; por lo tanto, desde un enfoque holístico, se encuentran unidos por razones de dependencia y conforman un solo sistema de protección.
4. Progresividad.- Implica que todas las autoridades tienen la obligación de asegurar condiciones que, de acuerdo con los recursos materiales del Estado, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de tales derechos, así como la prohibición de cualquier retroceso o involución.
5. No discriminación.- Implica la prohibición de discriminar por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Capítulo II

 De las Autoridades del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas.

Artículo 5.- Las y los jueces federales y del orden común, en el ejercicio del Control Difuso de la Constitucionalidad y de la Convencionalidad, están obligados oficiosamente a dictar todas sus resoluciones con respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad y empleando el Método de Interpretación Conforme, por lo que deberán inaplicar la norma si la consideran contraria a dicho Bloque, a fin de garantizar el Principio Pro Persona. Artículo 6.- Los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación actuando como juezas o  jueces constitucionales, son los únicos que se encuentran facultados para determinar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con el Bloque de Constitucionalidad. Para los procedimientos de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma se estará a lo previsto en la Ley de Amparo, en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Artículo 7.- Los consejos de la judicatura del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas garantizarán la formación, capacitación y actualización de las juezas y los jueces, así como del personal adscrito a sus tribunales y juzgados respectivos con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y lenguaje incluyente; y de conformidad con los principios y lineamientos establecidos en la presente ley.

Capítulo III

 Del Congreso de la Unión y de los poderes legislativos de las 32 entidades federativas

Artículo 8.- Las y los Legisladores que integran el Congreso de la Unión y los poderes legislativos de las 32 entidades federativas se encuentran obligados a ejercer sus facultades y responsabilidades constitucionales observando los conceptos, lineamientos y principios establecidos en la presente Ley. Artículo 9.- Los órganos de gobierno, los grupos parlamentarios, las comisiones legislativas, los comités y los cuerpos técnicos y administrativos, al emitir sus dictámenes, acuerdos, resoluciones, comunicaciones y opiniones, deberán tomar en consideración  los conceptos, lineamientos y principios establecidos en la presente Ley. Artículo 10.- El Congreso de la Unión y los poderes legislativos de las 32 entidades federativas adecuarán su marco jurídico para garantizar la formación, capacitación y actualización en materia de técnica legislativa y servicio público con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Capítulo IV

De la Administración Pública Federal, de la administración pública de las 32 entidades federativas, de los ayuntamientos y de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Artículo 11.- Las autoridades de la Administración Pública en los tres órdenes de gobierno, se encuentran obligados a ejercer sus facultades y responsabilidades constitucionales observando los conceptos, lineamientos y principios establecidos en la presente Ley. Artículo12.- Las autoridades de la Administración Pública en los tres órdenes de gobierno, están obligados oficiosamente a desempeñar sus labores en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad empleando el Método de Interpretación Conforme, por lo que deberán inaplicar la norma si la consideran contraria a dicho Bloque, a fin de garantizar el Principio Pro Persona. Artículo 13.- Toda la planeación y ejecución de política pública y de desarrollo, deberá garantizar, de acuerdo con los recursos materiales del Estado, el avance progresivo de los derechos humanos que permitan avanzar gradual y constantemente hacia el cumplimiento del Bloque de Constitucionalidad; observando los conceptos, lineamientos y principios establecidos en la presente Ley. Artículo 14.- Las autoridades no podrán en ningún momento limitar, restringir, anular o suspender el ejercicio de los derechos humanos, salvo lo dispuesto en la Constitución. Queda prohibida cualquier política pública o acción de gobierno que implique retroceso o involución de algún o algunos de los derechos humanos. Artículo 15.- Las autoridades administrativas en el ámbito de sus competencias están obligadas a otorgar atención del servicio público conforme a los conceptos, lineamientos y principios materia de esta Ley;  así mismo garantizarán la formación, capacitación y actualización de todo su personal con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Capítulo V

De los organismos constitucionales autónomos.

Artículo 16.- Las autoridades de los organismos constitucionales autónomos se encuentran obligadas a ejercer sus facultades y responsabilidades constitucionales observando los conceptos, lineamientos y principios establecidos en la presente Ley. Artículo 17.- Las autoridades de los organismos constitucionales autónomos garantizarán que todas sus decisiones, resoluciones, informes y recomendaciones se observe el Bloque de Constitucionalidad, para lo cual emplearán el Método de Interpretación Conforme y deberán inaplicar una norma si la consideran contraria a dicho Bloque, a fin de garantizar el Principio Pro Persona. Artículo 18.- Tratándose de los organismos constitucionales autónomos de derechos humanos referidos en el Artículo 102 Apartado B Constitucional, deberán generar programas específicos para la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos observando los conceptos, lineamientos y principios materia de esta Ley. Artículo 19.- Las autoridades de los organismos constitucionales autónomos en el ámbito de sus competencias están obligadas a otorgar atención del servicio público conforme a los conceptos, lineamientos y principios materia de esta Ley;  así mismo garantizarán la formación, capacitación y actualización de todo su personal con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Capítulo VI

De los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridades

Artículo 20.- Los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridades cuyas funciones estén determinadas en una ley de manera expresa, se encuentran obligadas a observar los conceptos, lineamientos y principios materia de esta Ley. Artículo 21.- Cuando los particulares realicen actividades o funciones de seguridad pública,  garantizarán la formación, capacitación y actualización de todo su personal con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Así mismo aplicarán protocolos que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo.- El Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las 32 entidades federativas contarán con un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para adecuar su normatividad interna. Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión, así como los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, contarán con dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para adecuar el marco jurídico vigente, para homologarlo con el Bloque de Constitucionalidad de conformidad con los conceptos, lineamientos y principios materia de esta Ley Artículo Cuarto.- El Congreso Constituyente Permanente contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para revisar y adecuar el marco constitucional para que sus preceptos se armonicen y ajusten al Bloque de Constitucionalidad. Artículo Quinto.- La Administración Pública Federal y la administración pública de las 32 entidades federativas, así como de los Ayuntamientos y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal contarán con tres años para adecuar su marco normativo y reglamentario, para homologarlo con el Bloque de Constitucionalidad de conformidad con los conceptos, lineamientos y principios materia de esta Ley. Artículo Sexto.- Los organismos constitucionales autónomos contarán con un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para adecuar su marco normativo y reglamentario según corresponda a sus responsabilidades específicas, para homologarlas con el Bloque de Constitucionalidad de conformidad con los conceptos, lineamientos y principios materia de esta Ley.

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 14 días del mes de agosto de 2013.

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1 Artículos 1, 15, 3, 11, 29, 33, 89, 97, 102, 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, expediente varios 912/2012, resuelto el 14 de julio de 2011.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLAYAS. SENADO DE LA REPÚBLICA LXII LEGISLATURA Los Senadores JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ y el DIPUTADO ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLAYAS,con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México cuenta con aproximadamente 11,122.5 kilómetros de litoral, de los cuales casi el 70% corresponde a la zona costera federal, de las vertientes del Océano Pacífico, Golfo de California y Mar de Cortés, mientras que poco más del 30% corresponde al Golfo de México y Mar Caribe. Además, cuenta con una plataforma continental de 500,000 Km.2, con una superficie de lagunas costeras de 12,500 Km2 y una superficie estuarina de 16,000 Km2, distribuida en 167 municipios de 17 estados costeros. Los 17 estados costeros son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La presente iniciativa, refiere a la problemática existente en las playas, en donde podemos detectar entre otras la inadecuada limpieza y la falta de vigilancia en las mismas, por ello el objetivo de este decreto es entre otros que todas las playas de uso turístico cuenten con la seguridad necesaria para prevenir y afrontar accidentes, se establezcan normas para la limpieza, se prohíba todo actor que ponga en riesgo la seguridad de los turistasy se prohíban actos que busquen privatizar las playas. Es importante destacar que esta iniciativa es una propuesta que el Parido Verde ha impulsado desde la LX Legislatura, debido a la necesidad de regular el uso de las playas, toda vez que el turismo genera un gran impacto en las mismas, por lo cual, se establecen lineamientos y directrices que permitan el correcto uso de las mismas. El Decreto de la Ley de Playas no pretende contravenir lo ya establecido en las leyes federales y los convenios de coordinación sino utilizarlos para el beneficio social y ambiental. De manera general podemos decir que la zona costera es el espacio geográfico de interacción mutua entre el medio marino, el terrestre y la atmósfera, en donde podemos ubicar las siguientes áreas: Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), Cuando existen playas, la ZOFEMAT, se puede definir como la franja de 20 metros transitable y contigua al mar, que se determina a partir de la cota de pleamar máxima. Sin embargo y debido a que México cuenta con acantilados, cayos, arrecifes, lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina, la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 119 define estas zonas. Playas: Partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales. Terrenos Ganados al Mar: La superficie de la tierra que queda entre el límite de la actual Zona Federal Marítimo Terrestre y el límite de la Zona Federal Marítimo Terrestre original, que se origina por causas naturales (huracanes o ciclones) o artificiales (construcción de espigones, muelles, muros de contención y rellenos). Es importante destacar que la Zona Costera, de acuerdo con Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, está comprendida aproximadamente desde la plataforma de mar abierto hasta donde crece la vegetación halófita tierra adentro, sin embargo deja fuera la zona de tierra firme que interactúa con el mar, siendo que esta es necesaria y considerada de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, debemos considerar lo que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la cual indica que las zonas costeras se definen comúnmente como las zonas de interacción o transición entre la tierra y el mar. Las zonas costeras son diversas en dinámica, función y forma y no se prestan a ser definidas con facilidad por límites espaciales estrictos, no existen límites naturales que marquen claramente las zonas costeras. Dentro de los principales problemas que se han localizado en las zonas costeras de México, son:

• La pérdida de hábitats críticos en tierras de marea, dunas o acantilados y la desaparición o disminución de humedales (marismas y manglares) de debido a la deforestación y al cambio de uso de suelo para la construcción de infraestructura en las zonas costeras.
• La contaminación de las playas y los acuíferos, degradación ambiental y problemas a la salud pública debido a vertimientos urbanos, agrícolas, domésticos, directos e indirectos.
• Transformación del paisaje, derivado de la infraestructura.
• El aumento de la población urbana y turística.

Por tal motivo es necesario que se realicen políticas específicas que permitan una gestión integrada de los recursos naturales de las costas. Actualmente, la Ley General de Bienes Nacionales, indica que la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y los Terrenos Ganados al Mar (TGM) son bienes de uso común del dominio público de la Federación y por tanto inalienable, imprescriptible e inembargable y no sujetos a acción de posesión definitiva o provisional. No obstante lo anterior, los particulares y las instituciones públicas pueden usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público a través de un título de concesión o el permiso respectivo. En la custodia y administración de las playas, la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar y en los ecosistemas costeros en México, como en el aspecto ambiental se desarrollan actividades diversas tales como: turísticas, navales, militares, comerciales, industriales, urbanas, camaronícolas, mineras, recintos portuarios, astilleros, vida silvestre, químicas, petroleras, fiscales, construcción de marinas, aprovechamiento cinegético y áreas naturales protegidas, ante esta diversidad intervienen para la concertación, administración y ejecución de proyectos de inversión diversas dependencias tanto públicas como privadas. Por tal motivo, las atribuciones que actualmente tiene, el Gobierno Federal, en las zonas costeras de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública son las siguientes: Secretaria de Marina, artículo 30: VII.- Ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas; VII bis.- Llevar a cabo la búsqueda, rescate, salvamento y auxilio en las zonas marinas mexicanas de conformidad con las normas nacionales e internacionales, en su caso, en coordinación con las demás autoridades competentes; XXV.- Inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar, las Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables, y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículo 32 BIS: VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar; XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas; XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar; Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Artículo 36: XX.- Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios; Secretaría de Turismo, articulo 42: II. Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva; IV.- Registrar a los prestadores de servicios turísticos, en los términos señalados por las leyes; Adicionalmente a la SEMARNAT, se le otorgan facultades en la Ley General de Bienes Nacionales, entre las cuales, destacan:

• El deslinde y delimitación de la zona federal marítimo terrestre;
• Promover el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar;
• Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos de los estados y los municipios, en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes.

Por esta última facultad, los Gobiernos estatales y municipales, deben sujetarse a lo siguiente: I.- Se celebrarán a propuesta del Ejecutivo Federal o a petición de una entidad federativa, cuando ésta considere que cuenta con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría; II.- Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política ambiental nacional; III.- Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración; IV.- Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar; V.- Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto; VI.- Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas; VII.- Contendrán, en su caso, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos, y VIII.- Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo. Dicha evaluación se realizará trimestralmente, debiendo publicarse el resultado en la Gaceta de esa Dependencia. En caso de incumplimiento, esa Dependencia podrá dar por terminados anticipadamente dichos convenios. Asimismo, el artículo 10 el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo terrestre y Terrenos Ganados al Mar enmarca que el Gobierno Federal a través de laSecretaría de Medio Ambiente, será la que establezca las bases de Coordinación para el uso,desarrollo, administración y delimitación de las playas, de la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, solicitando al efecto la participación de los gobiernos estatales y municipales, sin perjuicio de las atribuciones que este Reglamento otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transpones y otras dependencias competentes. Cuando por la naturaleza del proyecto se haga necesaria la obtención de más de una concesión, permiso o autorización que corresponda otorgar a la Secretaría, ésta instrumentará los mecanismos que permitan que su estudio, trámite y resolución se realicen de manera conjunta. Además el artículo 22 del mismo ordenamiento establece que por acuerdo correspondiente, destinará al servicio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales o municipales, las áreas de zona federal marítimo terrestre o de terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que se requieran usar, aprovechar o explotar. Actualmente, el gobierno federal, tiene celebrados convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Los cuales promueven la transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en un Sistema de Coordinación Hacendaría que reasigna recursos y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno, buscando la colaboración administrativa entre la Federación y los Gobiernos locales en materia fiscal, a través de un enfoque de Nuevo Federalismo. Derivado de estos convenios se generaron anexos número uno, al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, mismos que facultan a los municipios costeros para que administren y cobren los derechos por el uso, goce o aprovechamiento, que están obligados a pagar las personas físicas y morales en las playas, zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas y promueve la conformación de los Fondos para la Administración, Mantenimiento, Preservación, Limpieza y Vigilancia de la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como sus reglas de operación. En este último, no se transfiere a los estados y municipios la facultad de la SEMARNAT de ejercer en forma exclusiva la posesión y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas. Solo se les faculta para el cobro y administración de los recursos obtenidos por el cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de la ZOFEMAT Con estos recursos, los municipios están obligados a promueve la conformación de los Fondos para la Administración, Mantenimiento, Preservación, Limpieza y Vigilancia de la Zona Federal Marítimo Terrestre. El 30% de lo recaudado se dirige a actividades de mantenimiento, vigilancia, limpieza, restauración, delimitación y ordenamiento, entre otros, de la zona federal marítimo terrestre. Algunas de las acciones que se realizan con estos fondos son:

• Conservación de especies de tortugas marinas.
• Limpieza de playas y adquisición de equipamiento para tal fin.
• Apoyo para la formalización de comités locales de playas limpias y el establecimiento de laboratorios para verificar la calidad del agua.
• Apoyo para la disposición de residuos sólidos y líquidos.
• Ordenamiento y zonificación de usos de la zona federal marítimo terrestre.
• Inspección y Vigilancia.

Asimismo, se firmaron acuerdos de coordinación para el aprovechamiento sustentable de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, estos convenios tienen por objetivo establecer la coordinación entre la SEMARNAT, los Estados y los Municipios costeros. Es importante resaltar que la SEMARNAT, actualmente cuenta con un Sistema de Monitoreo de Calidad del Agua en Playas Prioritarias (SMCAPP), con el propósito de garantizar que los usuarios cuenten con información confiable y oportuna sobre la calidad del agua de las playas en destinos turísticos prioritarios. De acuerdo con la SEMARNAT este sistema inició en diciembre del 2008 con un grupo de 21 playas, consideradas prioritarias y en el reporte actual que se encuentra publicado en la página electrónica de la dependencia se registraron 41 playas de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Veracruz. En este sistema se busca que en un futuro se incluya otras playas, dependiendo de la necesidad de conocer en forma más ágil la calidad del agua de mar en las playas de importancia turística. Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realiza monitoreos desde el 2003, en el marco del programa integral de playas limpias (PROPLAYAS), en el que participan las Secretarías de Marina, Turismo y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el SMCAPP, se considera que una playa es prioritaria para el monitoreo, cuando su registro histórico muestra que ha presentado cuatro o más incidentes de riegos sanitario desde el inicio del PROPLAYAS en el 2003. Sin embargo es importante que se establezcan playas prioritarias por su actividad turística e importancia ecológica, ya que solo así se dará beneficios sociales y ambientales a nuestro país. Adicionalmente la Secretaría de Turismo actualmente cuenta con un Programa Regional denominado Centros de Playa, en el cual se atiende prácticamente a todas las entidades federativas que cuentan con áreas costeras. De acuerdo con la Secretaria de Turismo las entidades federativas que están integradas directamente en este programa son: Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. Y de manera indirecta se atiende, ya sea a través de este programa regional o bien de otros programas a los estados: Baja California, Sonora, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Atendiendo así a 12 de los 17 estados costeros. Este programa tiene por objeto buscar mantener un vínculo permanente y sistematizado con las autoridades estatales y municipales correspondientes, con el fin de identificar aspectos que inhiban el desarrollo armónico de este tipo de sitios, proponer alternativas, establecer mecanismos formales de colaboración para atenderlos y estimular su consolidación con base en criterios de sustentabilidad, a efecto de coadyuvar al impacto favorable del desarrollo regional y al crecimiento dinámico de las poblaciones con esta caracterización natural. En este programa se ha realizado un análisis del comportamiento de los destinos de playa señala como principales aspectos a atender los siguientes:

• Mejoramiento de imagen urbana en destinos tradicionales.
• Mejoramiento de los niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos.
• Desarrollo de productos turísticos con base en estrategias de diferenciación y diversificación.
• Ordenamiento de actividades recreativas.
• Regulación de comercio informal.
• Conservación de playas.
• Acciones integrales de señalización.
• Accesibilidad aérea.
• Desarrollo de infraestructura.
• Programas de promoción y comercialización.
• Desarrollo equilibrado en vertientes sociales, económicas y ambientales, en un marco sustentable.

Por lo anterior y debido a que actualmente ya están definidas las atribuciones de las Dependencias Gubernamentales en materia de zonas costeras, se han firmado diversos convenios y acuerdos entre la federación y los estados y municipios, y las Dependencias tienes establecidos programas para la calidad de las playas, la presente iniciativa, busca generar la coordinación entre las diversas dependencias y entidades, para el adecuado uso de las playas. Buscando con ello que, en las zonas que en nuestro país son de importancia turística y ecológica sean protegidas para no perder ese estatus. El Decreto de la Ley de Playas no pretende contravenir lo ya establecido en las leyes federales y los convenios de coordinación sino utilizarlos para el beneficio social y ambiental. En este sentido, cabe destacar que el ámbito material de aplicación de la presente Ley se limita a las playas, por lo cual se establece un esquema de supletoriedad que resuelve posibles lagunas o conflictos entre normas de diferentes materias, como la pesquera, la ambiental o la marítima, sujetándose al principio de especialidad. Es importante destacar que debido a que la complejidad de la ley que se pretende expedir y a los temas que abarca la misma, en caso de que llegase a existir alguna insuficiencia o falta de regulación, este ordenamiento tendrá una supletoriedad de ley de acuerdo a los principios de derecho que establecen que: 1.-El ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; 2.- La ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata; 3.- No obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria, y 4.- Las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no podría operar la supletoriedad de una ley en otra. Pero en la iniciativa que nos ocupa, se contempla cabalmente estos requisitos en el último párrafo del artículo 1º, a saber: En aquello que no este previsto por la presente Ley, serán de aplicación las Leyes de Aguas Nacionales, General de Bienes Nacionales, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Por lo anterior, es importante destacar que la Ley en comento, busca la aplicación supletoria de las Leyes de Aguas Nacionales, General de Bienes Nacionales, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y Federal del Mar. La presente Iniciativa viene, a cumplir el mandato expreso en nuestra Constitución, que en su artículo 27 en el cual se declara que son bienes de dominio directo de la Nación todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, es evidente que ello ha sido para cortar, de una vez por todas, las anteriores confusiones y actitudes contrarias a la demanda de espacios importantes. Esta Iniciativa es innovadora, ya que se han recogido las enseñanzas de nuestra propia experiencia y la de países con problemas análogos al nuestro. En algunos casos la innovación consiste en restaurar en toda su pureza principios de hondo arraigo en nuestro Derecho histórico, pero que habían quedado debilitados en su aplicación. En otros casos, en cambio, se incorporan preceptos y nuevas técnicas, con los que se trata de dar solución a los problemas derivados de la congestión y degradación del litoral a que antes se ha hecho referencia. La iniciativa, esta conformada por 6 títulos, en el primero se describen las disposiciones generales de la Ley, definiendo como objetivo de la misma, el regular el uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas. Asimismo, se faculta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Turismo, Comunicaciones y Transportes, Marina y Salud, así como a los Gobiernos Estatales y Municipales, para el correcto uso de playas. En este sentido, por la naturaleza territorial de las playas, en ellas inciden actividades diversas, como la turística, la de conservación, la pesquera o la navegación, por lo cual algunas atribuciones serán ejercidas de manera coordinada, observando las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a las Secretarías de Estado involucradas. En este apartado se encuentran definiciones entre las que destacamos, la zona costera, playas y la zona federal marítimo terrestre estableciendo a la zona costera como el espacio geográfico de interacción mutua entre el medio marino, el terrestre y la atmósfera, como lo establece la FAO, sin considerar limitantes geográficas, ya que estas deben estar establecidas en la ordenación de cada zona geográfica. Aunado a lo anterior, la definición de Zona Federal Marítimo Terrestre, Playa y Terrenos Ganados al Mar, que se describen en el presente decreto son las establecidas en el artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el objeto no contravenir la legislación actual. Adicionalmente se establece el término Usuario, con el cual se busca precisar que cualquier persona podrá tener acceso y uso de las playas con la intención de realizar actividades eminentemente turísticas de goce y disfrute es decir, con carácter de recreación, descanso, deportivo, sin que medie lucro económico o plausible infracción de normatividad vigente. Lo anterior, en virtud de que el objetivo que persigue la iniciativa es únicamente regular el uso turístico y ecológico, seguridad, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas. No por el contrario sobreregular actividades, desregular usos previamente conferidos en playas, o bien, duplicar atribuciones y facultades previamente conferidas en normatividades vigentes. En el título segundo de la iniciativa, establece la zonificación y uso de las playas de impacto turístico, para la determinación de estas playas, las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Turismo, elaborarán criterios técnicos para el establecimiento y determinación de impacto turístico de las playas y deberán establecer la protección del ecosistema natural. Estas playas consideran zonas de servicios, en las cuales se podrá realizar actividades deportivas, turísticas o de recreación y zonas de descanso, en donde se permitirá la colocación de sombrillas y camastros. El principio de las playas de impacto turístico, es que podrán disfrutarse y gozarse por toda persona, bajo determinadas restricciones que permitirán, asegurar la conservación, limpieza y el buen uso de las zonas de playa. Debemos ser concientes de que en nuestro país, uno de los grandes motores económicos es el turismo, por tanto debemos de resaltar las zonas que tienen un impacto en este sector en las playas. Con la finalidad de que estas zonas sean preservadas generando obligaciones a los concesionarios, prestadores de servicios y a los usuarios de playa. En este mismo titulo “Playas para uso turistico” se establece en un capítulo especifico denominado “de uso de playa”en la cual se delimitan zonas de nado libre y determinan canales de entrada y salida de embarcaciones, ante ello es importante indicar que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conjuntamente con la Secretaría de Turismo, elaborar el instrumento jurídico que establecerá las zonas de nado libre y los canales de entrada y salida de embarcaciones, a fin de identificar su naturaleza y alcance. Lo anterior, conforme al artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que el titular del Poder Ejecutivo Federal puede expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión. Siendo asi, que los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República, tal como lo refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en ese sentido, el artículo 12 de legislación en cita refiere que cada Secretaría de Estado formulará reglamentos, respecto de los asuntos de su competencia. El titulo tercero de la iniciativa, refiere a la zonificación y uso en las playas de impacto ecológico, en este titulo se busca conservar y preservar, las áreas de influencia terrestre y marinas para la anidación, alimentación y distribución de especies de vida silvestre. En estas playas, se permiten actividades para la conservación, preservación de los ecosistemas. El objeto de este titulo refiere a la importancia que tiene México por su diversidad biológica mundial, Por lo cual se considera necesario respetar las zonas de importancia ecológica, con la finalidad de no devastar los ecosistemas. En el titulo cuarto, se advierten playas generales, las cuales serán comprendidas por todas aquellas no consideradas de impacto turístico o ecológico. Pero que pueden ser incluidas como tales, si revelan un impacto turístico o un valor ecológico a lo largo del tiempo. Es importante destacar que cuando un playa tenga uso turistico, ecologico y/o general, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con le Secretaría de Turismo deberán priorizar el estatus de la playa, con el fin de dar el uso adecuado a la misma. En el titulo quinto se describen las actividades de Seguridad e higiene en las playas, obligando a la Certificación de las mismas, con el fin de reducir riesgos a la salud de la población elevar la competitividad de los destinos turísticos e incrementar el número de visitantes. Asimismo se busca la seguridad de los visitantes en las zonas de impacto turístico, para que los gobiernos municipales realicen las actividades de seguridad, salvamento y protección de los visitantes en las zonas de impacto turístico. Ante ello es importante mencionar que en el rubro de certificación de playas se atribuye de manera coadyuvante y concurrente tanto a la Secretaría de Salud como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, en virtud de que el objetivo a regular “playa” tiene la particularidad de ser transversal e interdiciplinaria, cuya razón radica en el binomio indivisible agua-salud. Dicha coadyuvancia entre Secretarias se mantiene diferenciada desde su objeto de creación y campo de ejercicio pero con una relación intrínseca, de ahí que se pretenda que ambas Secretarías establezcan los procedimientos de diagnóstico y requisitos para obtener la certificación de playas. Así, las particularidades técnicas se regirán por las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas que emitan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua. Y, el monitoreo de playas limpias las ejecutarán la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua, con base en el programa anual de certificación de playas limpias que para tal efecto publique la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por ultimo el titulo sexto, indica las acciones de inspección y vigilancia en las zonas de impacto turístico y ecológico, así como los motivos de sanción por el incorrecto uso de las playas. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de: Decreto por el que se expide la Ley de Playas. Artículo Único. Se expide la Ley de Playas, para quedar como sigue:

Ley de Playas

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I.

Objetivo y definiciones

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de playas, es de interés público y observancia general, y tiene por objeto regular el uso turístico y ecológico, seguridad, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas. En aquello no previsto por la presente Ley, serán de aplicación supletoria las Leyes de Aguas Nacionales, General de Bienes Nacionales, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y Federal del Mar. Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Concesionario.- Persona que haga uso, aprovechamiento o explotación de la zona federal marítimo terrestre;
2. Embarcaciones menores de recreo y deportivas.- Las que por su diseño, construcción y equipamiento, están destinadas a proporcionar durante la navegación condiciones de comodidad, con fines recreativos o deportivos, de descanso o para la práctica de alguna actividad acuático recreativa;
3. Playas.- Bienes de uso común, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;
4. Playas de Impacto Turístico.- Playas en las cuales se preservará el medio ambiente y la biodiversidad, con uso principalmente turístico, determinadas por la Secretaría de Turismo con aprobación de la Secretaría;
5. Playas de Impacto Ecológico.- Playas para la conservación de la biodiversidad determinadas por la Secretaría con opinión de la Secretaría de Turismo;
6. Prestador de Servicio.- Persona física o moral que mediante permiso de la Secretaría, proporciona a terceros servicios para la realización de actividades deportivas, turísticas y de recreación en las playas de impacto turístico;
7. Secretaría.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;
8. Servicios.- Asistencia o beneficios prestados por particulares para la realización de actividades deportivas, turísticas, de recreación o ecoturismo;
9. Usuario.- Toda persona que haga uso de las playas con fines deportivos, turísticos, de recreación o ecoturismo;
10. Zona Federal Marítimo Terrestre.- Para la aplicación de esta Ley, solo se considerará, cuando la costa presente playas, siendo la zona constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a las playas; y
11. Zona Costera.- Espacio geográfico de interacción mutua entre el medio marino, el terrestre y la atmósfera.

Capítulo II.

Distribución de Competencias

Artículo 3. Son facultades de la Secretaría: I. Ejercer la posesión y propiedad, administrar, controlar y vigilar los bienes nacionales que regula esta Ley, con excepción de aquellos que se localicen dentro del recinto portuario, o se utilicen como astilleros, varaderos, diques para talleres de reparación naval, muelles, y demás instalaciones a que se refiere la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; en estos casos la competencia corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; II. Determinar las playas de impacto ecológico; III. Aprobar la delimitación de las playas de Impacto Turístico realizada por la Secretaría de Turismo; IV. Promover la rehabilitación de playas; V. Elaborar normas oficiales mexicanas, y demás instrumentos legales para la conservación, uso sustentable y calidad del agua, que se consideren convenientes para realizar estudios para la sustentabilidad, conservación y calidad del agua en las playas; VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos de los estados y municipios, en su caso, administren, conserven, regulen, sancionen y vigilen las playas, con excepción de aquellos que se localicen dentro del recinto portuario, o se utilicen como astilleros, varaderos, diques para talleres de reparación naval, muelles, y demás instalaciones a que se refiere la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; en estos casos la competencia corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; VII. Determinar conjuntamente con los Gobiernos Municipales, las características y horarios en los que podrán ser utilizados los vehículos para servicios de limpieza de las playas; VIII. Mantener informados a los usuarios sobre los resultados de los estudios de la calidad del agua en las playas; IX. Elaborar programas de manejo de conservación y uso de playas de impacto ecológico; X. Elaborará los criterios técnico para priorizar las actividades competentes, cuando una misma playa pueda tener los tres usos que refiere esta Ley, turístico, ecológico y/o general XI. Establecer los lineamientos para la implementación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en las Playas, así como las medidas preventivas y correctivas que se deben aplicar a las playas cuando no se cumplan los requisitos mínimos de calidad para la certificación; y XII. Realizar visitas de inspección y vigilancia en las playas, para conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la presente Ley. Artículo 4. Corresponde a la Secretaría de Turismo determinar las playas de impacto turístico, así como los servicios que podrán realizarse en ellas, previa opinión de los Gobiernos Municipales y con aprobación de la Secretaría. Artículo 5. Corresponde a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conjuntamente con la Secretaría de Turismo, delimitar las zonas de nado libre y los canales de entrada y salida de embarcaciones. Artículo 6. Son facultades de la Secretaría de Salud.

1. Elaborar los Procedimientos de diagnóstico y requisitos para obtener certificación en materia de salubridad de playas;
2. Realizar monitoreos de contaminación de las playas y las aguas marinas en el ámbito de sus respectivas competencias;
3. Establecer las disposiciones sanitarias aplicables a las playas, por medio de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, y demás instrumentos legales que considere convenientes.

Artículo 7.Son facultades de la Comisión Nacional del Agua:

1. Analizar la calidad del agua e hidrodinámica de las playas y su relación con las aguas residuales que causan la contaminación de dichas zonas;
2. Identificar con apoyo de la Secretaría de Salud, el origen y factores que provocan o promueven la contaminación;
3. Analizar y determinar la calidad del agua marina; e
4. Integrar un diagnóstico específico de calidad del agua.

Artículo 8. Cuando el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría celebre un convenio o acuerdos de coordinación con los gobiernos de un estado o municipios con el objeto de promover el uso y aprovechamiento sustentables de las playas, estos podrán administrar, sancionar, conservar y vigilar las playas, por lo que los gobiernos estatales y municipales estarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás disposiciones federales y locales aplicables. Dentro de los presentes convenios se establecerán entre otras, las facultades de:

1. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley;
2. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones por parte de los concesionarios, prestadores de servicios y usuarios de las playas, que constituyan violaciones o incumplimiento, a la legislación administrativa, penal y ambiental en playas;
3. Realizar visitas e inspecciones para conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la presente Ley;
4. Dictar las resoluciones correspondientes de las visitas e inspecciones que realicen; y
5. Dar contestación debidamente fundada y motivada a la denuncia presentada y ratificada, emitiendo un informe de las medidas que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción respectiva.

Título Segundo.

De la Zonificación y usos en las playas de Impacto Turístico

Capítulo I

De la Delimitación

Artículo 9. La Secretaría de Turismo, determinará las playas de impacto turístico, con aprobación de la Secretaría. Para determinar las playas citadas en el párrafo anterior, ambas Secretarías elaborarán criterios técnicos, que se deben considerar para el establecimiento, determinación y grado de impacto turístico de las playas y establecerán estrategias para la preservación del medio ambiente y su biodiversidad. Artículo 10. La Secretaría de Turismo determinará, con opinión de los Gobiernos Municipales, las zonas de servicios y de descanso en las playas de impacto turístico. En las zonas de servicios se permitirá la prestación de servicios para realizar actividades deportivas, turísticas o de recreación, especificándose las condiciones de seguridad e higiene que deberán disponer los prestadores de estos servicios. En las zonas de descanso sólo se permitirá la colocación de sombrillas y camastros, que podrán ser portadas por los usuarios de las playas o bien alquiladas por losprestadores de servicios que para tal fin puedan establecerse. En esta zona se garantizará en todo momento el uso común y general de las playas. Los prestadores de servicios a que se refiere el presente artículo deberán contar con la autorización correspondiente. Artículo 11. La Secretaría de Turismo con la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delimitará zonas de nado libre de una distancia de cien metros de la orilla, delimitándose con un sistema de señales flotantes en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley. Artículo 12. La Secretaría de Turismo conjuntamente con la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán anualmente, las temporadas de mayor riesgo en las playas, informando de ello en los distintos medios de comunicación y su propia página web, estableciendo señalización como seguridad. Artículo 13.- Para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura turística en la Zona Federal Marítimo Terrestre, se deberán observar los planes de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos estatales y municipales.

Capítulo II.

Del Uso

Artículo 14. Las playas de impacto turístico podrán disfrutarse y gozarse por toda persona bajo las siguientes restricciones:

1. Se prohíbe hacer uso de vehículos automotores de cualquier tipo dentro de las playas, con excepción de aquellos destinados para la seguridad, salvamento, servicios de limpieza y actividades de conservación, debidamente señalizados; En el caso de vehículos automotores para salvamento, estos deberán contar con logos e insignias que lo identifiquen como vehículo de salvamento además deberán ser registrados ante el municipio para su control y vigilancia en las zonas de Playa. Asimismo, los Gobiernos Municipales con opinión de Secretaría, establecerán rutas de circulación para acceder en caso de contingencia;
2. Se prohíbe la construcción de obras e instalaciones que impidan el libre tránsito en la playa;
3. Se prohíbe la realización de actividades que contaminen las áreas públicas en las playas;
4. Se prohíbe el vertido a las playas de cualquier sustancia que pueda poner en peligro lasalud pública; y
5. Se prohíbe en las zonas de descanso hacer fuego, cocinar o asar al aire libre, así como todo tipo de juegos, práctica de deportes que puedan molestar al usuario.

Artículo 15. En las zonas de nado libre se prohíbe la navegación de embarcaciones menores de recreo y deportivas, así como la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor, a excepción de aquellos para rescate. Para el acceso de navegación deportiva o de recreo y embarcaciones o medios flotante movido a vela o motor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conjuntamente con la Secretaría de Turismo, delimitará un canal de entrada y salida de las embarcaciones, que tendrá una anchura mínima de diez metros por cincuenta metros de longitud, las cuales deben ser fácilmente apreciables a la vista y sin invadir las zonas de descanso. En el canal de entrada y salida de embarcaciones que se indica en el artículo anterior, sólo podrá permanecer momentáneamente la embarcación o embarcaciones que cuenten con permiso para ese lugar y se encuentren operando, con el fin de realizar las maniobras de embarque y desembarque de usuarios, de manera segura y sin obstáculos. Artículo 16. Los practicantes de deportes de playa o náuticos, así como las empresas, asociaciones o clubes que los promueven deberán:

1. Respetar las zonas de descanso de las playas.
2. Procurar el menor impacto ambiental de sus actividades.
3. Observar y cumplir las condiciones de seguridad establecidas por la autoridad municipal competente.

Capítulo III.

Permisos y Autorizaciones

Artículo 17. La Secretaría promoverá el uso y aprovechamiento sustentable de la zona federal marítimo terrestre, zonas costerasy los terrenos ganados al mar. Por tal motivo, deberá observarse lo establecido en el Título IV Capitulo Único de la Ley General de Bienes Nacionales. Artículo 18. La Secretaría otorgará permisos transitorios para la prestación de servicios de comercio semifijo o ambulante en las zonas de servicios y para la colocación de sombrillas y camastros en las zonas de descanso de las playas de impacto turístico, de conformidad con el artículo 10de la Ley. Estos permisos tendrán una vigencia máxima de un año y podrán prorrogarse hasta por un periodo igual, siempre y cuando se soliciten cuando menos con diez días de anticipación al vencimiento y se haya dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley y su Reglamento. Los prestadores de servicios de comercio semifijo, no podrán construir obras o instalaciones permanentes para la realización de sus actividades La Secretaría deberá contar con un padrón de prestadores de servicios de comercio semifijo o ambulante, actualizado año con año. Todo prestador de servicio deberá demostrar ante los usuarios, el producto que comercializa, el número de permiso otorgado por la Secretaría y el lugar en que esta autorizado realizar sus actividades. Cuando se trate de superficie de playa adyacente a una concesión, tendrán derecho de preferencia para su uso los concesionarios en términos del artículo 20 de esta Ley, previo otorgamiento del permiso correspondiente de la Secretaría, en términos de las disposiciones reglamentarias aplicables. En este caso no se otorgarán permisos para actividades comerciales. Artículo 19. La Secretaría deberá limitar el número de permisos transitorios para la prestación de servicios, conforme a un estudio de capacidad de carga de la zona de servicios, con la finalidad de que no se dañe o deteriore las playas. Artículo 20. La Secretaría podrá otorgar permisos a los concesionarios para la delimitación física no permanente de la playa adyacente a su concesión, con material desmontable y fácilmente removible, siempre que se permita el libre acceso a todos los usuarios. Artículo 21. La Secretaría expedirá permisos para realizar eventos artísticos, musicales y deportivos en las playas de impacto turístico procurando respetar los usos y costumbres de la comunidad ribereña y el medio ambiente. Artículo 22. Los concesionarios y prestadores de servicio que aprovechen o ejerzan actividades comerciales en las playas de impacto turístico, pagarán los derechos correspondientes, conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable.

Título Tercero.

De la Zonificación y usos en las playas de Impacto Ecológico

Capítulo I.

De la Delimitación

Artículo 23. La Secretaría delimitará físicamente las playas de impacto ecológico, a través de criterios técnicos para el establecimiento, determinación y grado de impacto ecológico de las playas. Artículo 24. Dentro de las playas de impacto ecológico, la Secretaría establecerá: a) Zonas de influencia terrestre, que corresponderán a las franjas adyacentes a los hábitats naturales de anidación de especies, que abarcan las dunas costeras y zonas de vegetación. La Secretaría, tendrá como principio rector para la determinación de estas zonas la Protección y conservación de los Manglares, para que en ellos se respete la integridad del flujo hidrológico; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre. b) Zonas de influencia marítima, que corresponderán a las franjas adyacentes a los hábitats naturales de alimentación de especies que abarcan una franja marina de 10 millas náuticas de ancho alrededor de la zona de alimentación.

Capítulo II.

Del Uso

Artículo 25. En playas de Impacto Ecológico, sólo se permite la realización de las siguientes actividades: I. Reproducción con fines de preservación ecológica de especies. II. Todas aquellas actividades para la conservación y restauración ecológica. III. Aquellas actividades ecoturísticas compatibles con la conservación de la biodiversidad y que no afecten la integridad natural de los ecosistemas. IV. Obras e instalaciones necesarias para la realización de las actividades anteriores. V. Uso de vehículos automotores para actividades de conservación, debidamente señalizados.

Capítulo III.

Permisos y Autorizaciones.

Artículo 26. En las playas de impacto ecológico, la Secretaría sólo podrá otorgar permisos y autorizaciones para la realización de las actividades a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, de acuerdo a las disposiciones previstas en el reglamento de la Ley, y las normas oficiales mexicanas aplicables. Artículo 27. En caso de que se autoricen obras e instalaciones en las playas de impacto ecológico, la Secretaría observará los criterios ecológicos que permitan amortiguar los efectos negativos a la biodiversidad, que deberán ser de estricto cumplimiento. Artículo 28. Los prestadores de servicio que aprovechen o ejerzan actividades comerciales en las playas de impacto ecológico, pagarán los derechos correspondientes, conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable.

Título Cuarto.

Playas en General

Capítulo Único

Artículo 29. Aquellas playas que no sean consideradas de impacto turístico o ecológico, tendrán el carácter de playas en general, y deberán cumplir con las disposiciones de seguridad, higiene, inspección y vigilancia, que contempla esta Ley, a través de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en ámbito de sus respectivas competencias. Las playas en general, dependiendo de la generación de infraestructura y a la derrama turística, podrán posteriormente tomar el carácter de playas de impacto turístico, apegándose a las disposiciones que le confiera esta Ley. Las playas en general donde se reconozca algún valor ambiental que deba ser protegido, podrán tomar posteriormente el carácter de playas de impacto ecológico, apegándose a las disposiciones que le confiera esta Ley.

Título Quinto.

Seguridad e higiene en las Playas

Capítulo I.

Seguridad

Artículo 30.- Los concesionarios y prestadores de servicios indicarán en un lugar visible, el horario de uso de playa, el cual será establecido por los municipios de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto se emitan. Artículo 31. Para realizar tareas de rescate, protección y primeros auxilios en las playas de impacto turístico, los concesionarios con fines comerciales, en la playa adyacente a su concesión, deberán contar con:

1. Personal certificado en Primeros Auxilios;
2. Personal certificado en el rescate de bañistas ó guardavidas;
3. Espacio habilitado como enfermería;
4. Botiquín de primeros auxilios; y
5. Equipo para salvamento.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable para prestadores de servicio, conforme se establezca en el Reglamento. El personal se colocará en lugar visible para los bañistas. Los servicios serán de fácil acceso, bien señalizados y disponibles en las horas de mayor afluencia de bañistas, y en cada uno de los comercios o lugares de alojamiento adyacentes a la playa. Cuando se trate de concesionarios que no tengan fines comerciales en la superficie de playa adyacente, el municipio absorberá las obligaciones anteriores. Artículo 32. En las playas donde no exista infraestructura turística, los municipios, deberán realizar las tareas de rescate, protección y primeros auxilios. La Secretaría, verificará que los municipios y los concesionarios cumplan con estas actividades.

Capitulo II.

Certificación de Playas

Artículo 33. La Certificación de Playas tendrá por objeto dar certidumbre a las condiciones que permitan reducir los riesgos a la salud de la población, elevar la competitividad de los destinos turísticos e incrementar el número de visitantes. Artículo 34. Los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad del agua en las playas para su certificación, se regirán por las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas que emitan la Secretaría y la Comisión Nacional del Agua. Artículo 35. La Secretaría conjuntamente con la Secretaría de Salud, establecerán los procedimientos de diagnóstico y requisitos para obtener certificación de playas. Artículo 36. La Secretaría elaborará un programa anual de certificación de playas limpias para que la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua, realicen en su respectivo ámbito de competencia monitoreos de la calidad de agua en playas. Los monitoreos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse antes de cada temporada vacacional y sus resultados deberán ser publicados en las páginas electrónicas de las dependencias gubernamentales y a través de mamparas o carteles colocados dentro del perímetro de playa. Los gobiernos estatales y municipales proporcionarán los medios necesarios para el cumplimiento de esta disposición.

Capítulo III.

De los Residuos y Sanitarios

Artículo 37. Los concesionarios y prestadores de servicios, tendrán prohibida la disposición de residuos sólidos y líquidos en las playas. Asimismo, deberán mantener en óptimas condiciones de higiene la superficie de playa adyacente a la concesión o a la superficie de playa objeto del permiso transitorio, de conformidad con el reglamento. Artículo 38. Los usuarios tendrán prohibida la disposición o abandono, intencional o no, de residuos sólidos y líquidos. Cualquier persona que contravenga esta disposición se hará acreedor a una multa y pago por compensación del daño causado o en su caso cubrirá el servicio de restaurar la higiene y limpieza del lugar, sin menoscabo de las penas existentes por esta falta administrativa. Artículo 39. Los municipios, concesionarios y prestadores de servicios estarán obligados a prestar el servicio de sanitarios públicos en la zona federal marítimo terrestres, de conformidad con el Reglamento de esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables.

Título Sexto.

Vigilancia y Sanciones

Capítulo I.

De la denuncia

Artículo 40. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley. Para la presentación de la denuncia por los particulares, bastará la descripción de los actos o hechos constitutivos de la infracción y la ratificación de la denuncia. No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante. La presentación de las denuncias se regirá bajo el procedimiento que se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Artículo 41. La Secretaría, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la registrará. Admitida la denuncia, se radicará y se efectuarán, dentro de un plazo no mayor de 20 días hábiles las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia Asimismo, la Secretaría podrá iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que resulten procedentes, en cuyo caso se observará lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que resulte aplicable. Cuando se trate de actos o hechos, o atribuciones que no sean competencia de la Secretaría, ésta dará parte a las autoridades estatales y municipales para su trámite y resolución. A toda persona que haya presentado una denuncia por los hechos a que alude esta Ley, a más tardar 6 meses después de su presentación por conducto de la Secretaría se le hará llegar un informe de las acciones emprendidas con los que se da por atendida su denuncia, para estos efectos el particular deberá proporcionar dirección electrónica o en su defecto cubrir los gastos y costas que arroje la notificación.

Capítulo II.

Inspección y Vigilancia

Artículo 42. La Secretaría, en coordinación con los municipios, realizará actos de inspección y vigilancia necesarios para la conservación de las playas de impacto turístico y ecológico, conforme a las disposiciones de esta Ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y las disposiciones que de ellas se deriven. Artículo 43. La Secretaría deberá llevar un Padrón de los infractores a las disposiciones contenidas en esta Ley, las personas que sean sancionadas no se les darán permisos y autorizaciones subsecuentes en las playas marítimas, ni serán sujetas de transmisión de derechos.

Capítulo III.

Infracciones y Sanciones

Artículo 44.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

1. Multa por el equivalente de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.
2. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de multa exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. Artículo 45. Serán motivos de sanción, los siguientes:

1. Prestar servicios en las playas, sin contar con el permiso respectivo, emitido por la Secretaría.
2. Disponer o abandonar residuos sólidos y líquidos en la playa, la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.
3. Contaminar o deteriorar el ecosistema marino.
4. Instalar permanentemente infraestructura para la delimitación de playa o para la realización de actividades comerciales.

Artículo 46. Serán sancionados y, perderán el derecho de solicitar posterior permiso bajo la misma actividad, los prestadores de servicios que incurran en alguno de los hechos que a continuación se enumeran:

1. Realizar actividades que pongan en riesgo la salud o la integridad física de los usuarios;
2. Realizar actividades que alteren el orden público;
3. Realizar en playas de impacto ecológico acciones que deterioran el entorno ecológico;
4. Invadir u obstaculizar las zonas y canales de acceso de la navegación de las embarcaciones menores de recreo y deportivas o medio flotante movido a vela o motor; y
5. Oponerse a la revisión de las autoridades competentes o por no haber observado sus indicaciones.

Artículo 47. Son causas de revocación de las autorizaciones o permisos, las siguientes:

1. Ceder, arrendar, gravar o realizar cualquier acto o contrato por virtud del cual otra persona distinta al titular, goce total o parcialmente los derechos amparados en el permiso o autorización;
2. Impedir el libre acceso a las playas marítimas por lugares que para tal efecto señale la Secretaría;
3. Realizar cualquier obra o actividad en la zona de influencia terrestre o marina, contrarias a lo establecido en los criterios ecológicos determinados por la Secretaría;
4. No cumplir, sin causa justificada con el objeto, obligaciones y condiciones de los permisos en los términos establecidos en ellos;
5. Reincidir en la realización de actos que contravengan lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento;
6. Realizar actividades que contaminen o deterioren el ecosistema marítimo;
7. Realizar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello;
8. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; y
9. Las demás previstas en la autorización o permiso respectivo.

Artículo 48. A los prestadores de servicios de temporada que infrinjan las disposiciones de esta Ley, el Reglamento respectivo o las obligaciones contenidas en el permiso correspondiente, previa audiencia, se les revocará el permiso respectivo y se harán acreedores a una multa de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. La multa deberá fijarse de acuerdo con la gravedad de la infracción y las circunstancias que medien en el caso concreto, sin perjuicio de perder el derecho de solicitar otro permiso bajo la misma actividad por el periodo de un año. Artículo 49. Las obras e instalaciones que sin concesión o permiso se realicen en las playas marítimas, se perderán en beneficio de la nación, en estos casos la Secretaría podrá ordenar que las obras o instalaciones sean removidas o demolidas por cuenta del infractor, sin que proceda remuneración o pago alguno.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la presente Ley. Tercero.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la Secretaría de Turismo, en un periodo máximo de 120 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, publicará en el Diario Oficial de la Federación los criterios técnicos, que se deben considerar para el establecimiento, determinación y grado de impacto en las playas de impacto turístico y ecológico. Cuarto.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Turismo, en los 160 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, publicará en el Diario Oficial de la Federación, los servicios permitidos en las zonas de impacto turístico y capacidad de carga de las zonas de servicios de estas playas, garantizando la sustentabilidad de la zona y evitando así el deterioro de los recursos naturales. Quinto.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, harán la primera publicación del monitoreo de calidad del agua en las playas de las zonas de impacto turístico y ecológico, el primer día hábil del mes de marzo posterior a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Sexto.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicará el primer padrón de prestadores de servicios a que se refiere el artículo 18 de la Ley, el primer día hábil del mes de enero posterior a la publicación del presente Decreto. Séptimo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo máximo de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, publicará en el Diario Oficial de la federación los lineamientos para el establecimiento de conservación, limpieza y mantenimiento de playas. Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de junio del año dos mil trece.

Sen. Jorge Emilio González Martínez	Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez
Dip. Ernesto Núñez Aguilar

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1CONABIO 2009. Capital Natural de México, Volumen I: Conocimiento actual de la biodiversidad, capitulo 4, Los ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales, página 115. 2Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ordenación integrada de zonas costeras y el sector forestal. http://www.fao.org/forestry/icam/4302/es/, pagina consultada el 4 de junio del 2013. 3http://www.semarnat.gob.mx/playas_prioritarias/Paginas/info_playas.aspx