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Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 6 de Febrero de 2013.

    DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO LA SITUACIÓN JURÍDICA Y FÍSICA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:    

EXPOSICION DE MOTIVOS

    Lo ocurrido en días pasados en el Mercado de la Merced de la Ciudad de México, lamentablemente se ha convertido en un claro referente del estado físico de deterioro en que se encuentran estos espacios de comercio público.   Si observamos con detenimiento, en los últimos 2 años en esta Ciudad, algunos de los más importantes y representativos mercados públicos del Distrito Federal han sufrido alguna conflagración. Como botones de muestra, tenemos los siguientes casos:  

• Mayo de 2011 y noviembre del 2012, Mercado de Jamaica
• 28 de septiembre del 2012, Mercado de San Juan en la Delegación Cuauhtemoc
• 5 de enero 2013, Central de Abastos del Distrito Federal, Delegación Iztapalapa
• 27 de enero de 2013, incendio en la Nave Mayor del Mercado de la Merced.

  Los problemas a que se enfrentan estos centros de abasto son de la más distinta índole. A continuación mencionaremos algunos de los más representativos:  

• A la fecha se desconoce si existe un programa de fumigación de plagas de fauna nociva por parte de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal, que forma parte de la Secretaría de Salud Local, acción que es fundamental, principalmente en esta temporada de pleno calor.

  Se tienen registros que en el año 2010 existían, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Distrito Federal, 180 millones de cucarachas y 45 millones de ratas, animales que causan y transmiten enfermedades como lepra, diarrea, infecciones, inflamaciones, pus, tifoidea, fiebre y dermatitis, entre otras.   Aunado a lo anterior, también recordemos que las ratas al mordisquear cables, exponen la conducción de electricidad, lo que puede generar incendios, como los que han ocurrido en los mercados antes citados, y muchos más de la Ciudad.  

• Es fundamental que los mercados públicos cuenten con programas de protección civil, pues en ellos no solo se encuentran los locatarios y sus familias, sino también visitantes y compradores, incluso CENDIS  para la atención de los hijos e hijas de los trabajadores, además de instalaciones de gas en franco deterioro. Todo esto, sin un programa interno de protección civil, incrementa los niveles de inseguridad física y patrimonial de estos espacios.

 

• Las 16 delegaciones año con año reciben recursos económicos para trabajos de mantenimiento y remozamiento, por parte de esta Soberanía. Sin embargo, se desconoce la cantidad de recursos económicos que la Secretaría de Finanzas otorga a la Secretaría de Desarrollo Económico y que ésta a su vez distribuye a las 16 demarcaciones territoriales para realizar trabajos en la infraestructura de los mercados públicos que hay en la ciudad y no solo para empadronar locatarios. También desconocemos el trabajo que la Secretaria de Desarrollo Económico realiza de manera integral en los mercados públicos, ya que en los últimos años se ha reportado que se está realizando una gran labor de empadronamiento de locatarios, bajo el argumento de regularizar los giros que existen en los mismos, acto por cierto al que la mayoría de los locatarios se oponen.

  Los recursos de los que hablamos son los siguientes: -       En el 2008, la Asamblea creo el fondo para Mantenimiento y Remoción de Mercados Públicos por un monto de $205,800,000.00, el cual sería ejercido en el año 2009. -       En el año 2009, la Asamblea aprobó que la Delegación Venustiano Carranza destinará $30,000,000 de pesos para la obra pública y mejoramiento del Mercado de la Merced Nave Menor. El cual sería ejercido en el año 2010 -       En el año 2010, aprobó que la Delegación Venustiano Carranza, destinará $9,000,000 de pesos, para el mantenimiento de la Nave Mayor, remozamiento y conservación al mercado de la Merced-Comidas (en donde fue el siniestro más reciente). -       Para la Delegación Iztacalco, se destinaron $8,000,000 de pesos, para la construcción de un mercado en la Colonia Granjas México. -       En ese mismo, año, se estableció que dentro del Presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal, se asignarían recursos para el Programa de Regularización y Empadronamiento de Locatarios de Mercados Públicos por un monto de $8,000,000 de pesos.   Cabe mencionar que para los años 2012 y 2013, la Asamblea Legislativa no destinó un solo peso para obras de mantenimiento y remodelación de los mercados públicos.   -       Por otro lado, se sabe que la anterior administración creó la Norma de Ordenación Número 29 para la protección de los mercados públicos, ante el embate de la competencia desleal por parte de las grandes cadenas de distribución de alimentos, sin embargo, no se conoce a la fecha los beneficios que esta Norma ha generado a los mercados públicos.   Es decir, en materia de mercados públicos, la única certeza que se tiene al día de hoy es que:   a)    Los mercados públicos de la ciudad de México se rigen por una normatividad que es el Reglamento de Mercados del año de 1951 b)    Se pretende actualizar y generar políticas de desarrollo de los mercados públicos de manera aislada, sin un marco legal vigente y acorde a las necesidades de los locatarios, pero también de los visitantes y consumidores. c)    No se conoce con certeza el número de mercados públicos que se encuentran en la Ciudad y mucho menos los que se encuentran  en inminente riesgo, no solo de incendios sino también de derrumbes.   Sobre este punto, los datos son que en el año 2010, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, informo al Pleno que existían 77 mercados públicos de alto riesgo; en el año 2011, el número fue de 53, y la última cifra de este fin de semana es de 50 en alto riesgo y 10 en riesgo inminente.   En el foro realizado a inicios de este año por la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, se señaló que son 9 los mercados que se encuentran en riesgo inminente.   Pos su parte, la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad, señala 44 mercados públicos con riesgo inminente.   Por lo que se refiere al número total, tampoco existe certeza, pues hasta el año 2011 la Secretaría de Desarrollo Económico señalaba 319 y ahora señala 325. Sin embargo, la Federación de Mercados y Concentraciones Populares de Anáhuac, AC, señala que son 324.   En otro orden de ideas, debemos decir que en los mercados públicos también se realizan actividades que incluso están prohibidas por Ley, tal como hace algunos días  denunciamos la venta de especies protegidas.   Estas son solo algunas de las anomalías, irregularidades y desorden que existe en la materia. Y la lista sigue y sigue…   Como podemos observar, de nada nos va a servir dotar de recursos económicos, empadronar locatarios, crear normas de ordenación para la protección de los mercados, crear programas de protección civil, subsidios y aplicación de recursos autogenerados, si estos espacios no cuentan con un marco legal vigente que dé certeza y seguridad jurídica, que establezca derechos y obligaciones tanto a locatarios como a visitantes y consumidores, así como facultades a las autoridades de gobierno central y delegacionales, entre otras.   Por ello, resulta impostergable que todas las fuerzas políticas que formamos parte de esta VI Legislatura, otorguemos a los mercados públicos de la ciudad un marco jurídico que venga a dar orden y certeza a tan importante actividad económica y social de la Ciudad de México.   Tan es así, que en la V Legislatura las mayoría de las fuerzas políticas (PRD, PAN, PRI Y PT), presentaron sendas iniciativas de Ley en materia de mercados públicos, lo que es un claro referente de la existencia del consenso que existe  por crear un marco legal actualizado en la materia, ya que las políticas públicas que en la actualidad se llevan a cabo en realidad son acciones aisladas y que tienen como referencia y sustento una normatividad con más de 50 años de antigüedad.     Debemos considerar que de no tomar conciencia de la necesidad de legislar de manera urgente al respecto, estaremos propiciando el derroche de recursos públicos y, lo más grave, poner en riesgo la seguridad, salud, integridad y vida de los locatarios y visitantes de los mercados públicos.   Finalmente, es importante mencionar lo manifestado durante este fin de semana por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, señalando que:   Los 325 mercados públicos redujeron de 80 a 20 por ciento su participación en el abasto de alimentos en el Distrito Federal, por falta de modernización de su procesos y deterioro de las instalaciones: De ellos, 50 se encuentran en alto riesgo y 10 en situación de riesgo inminente, como el Lagunilla Varios, San Juan de Aragón, Aculco, Sinfón, Hidalgo Zona Argentina, Morelos, Jamaica Zona, 20 de Abril y Xochimilco Anexo.   Además de que 71 por ciento de las instalaciones hidrosanitarias de los mercados se encuentran en malas condiciones, así como 64 por ciento de su red eléctrica, 55 por ciento de techumbres y pisos y, finalmente, 63 por ciento de los registros pluviales.   Señala que se requieren 768 millones de pesos para transformar estos centros de abasto, que cuentan con 70 mil  136 comerciantes permanentes, y son fuente directa de empleo para 300 mil personas.   También resaltó que se ha logrado que 10 por ciento de los mercados públicos cuenten con terminales punto de venta para los pagos con tarjetas electrónicas y cobros por servicios de agua, luz y teléfono; pero se requiere actualizar el reglamento y discutir los anteproyectos de ley de mercados públicos y la ley general de sistemas de abasto del Distrito Federal.”   Compañeras y compañeros legisladores:   Como podemos observar, lo que estamos solicitando en el presente punto de acuerdo es algo en lo que las autoridades de la ciudad en la materia coinciden plenamente y consideran como impostergable, es decir, legislar en materia de mercado públicos para darle sustento y marco jurídico a tan importante actividad económica del Distrito Federal.       Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta respetuosamente a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de esta Soberanía, para que de inmediato convoque a todas las fuerzas políticas en ella representada, con el fin de concretar un acuerdo que permita crear la Ley de Mercados Públicos del Distrito Federal, que otorgue marco legal y certeza jurídica en los siguientes temas:   -       Establecimiento de la figura de concesión. -       Elección de su forma de representación. -       Ampliación de giros comerciales de bienes y servicios que se ofertan. -       Protección y competencia económica, sin afectar intereses y negocios legalmente constituidos que realizan actividades lícitas. -       Establecimiento de facultades a los órganos de Gobierno del Distrito Federal, en esta materia. -       Aplicación directa a los mercados públicos de los recursos generados por el pago de derechos. -       Creación de programas de vivienda y seguridad social para los locatarios y sus familias. -       Establecimiento de sanciones económicas a locatarios y penales a servidores públicos por el subejercicio de recursos. -       Programas de protección civil. -       Establecimiento de guarderías. -       Programas de fumigación permanentes. -       Creación de lineamientos de respeto y convivencia con el entorno social y ambiental, así como en materia de ruido y relativos a la salvaguarda de estos espacios como patrimonio y fuente de trabajo de los locatarios, visitantes y consumidores.                 Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:            

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 6 de Marzo de 2013.

  DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS EN EL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente  

EXPOSICION DE MOTIVOS

  ANTECEDENTES:

1. I.           En el Distrito Federal operan cerca de  75 mil máquinas tragamonedas con la consecuente incitación a las  apuestas entre niños y adolescentes.
2. II.           Se entiende como máquina tragamonedas: “El artefacto o dispositivo de cualquier naturaleza, a través del cual el usuario, sujeto al azar, a la destreza o a una combinación de ambas, realiza una apuesta, mediante la inserción de un billete, moneda, ficha o cualquier dispositivo electrónico de pago u objeto similar, con la finalidad de obtener un premio”.
3. III.        De acuerdo con diversos estudios, en los últimos años se ha disparado el uso aparentemente inofensivo de estas máquinas que si bien pudieran calificarse como un “entretenimiento casual”, han ganado un espacio considerable en muchos pequeños que gastan todo su dinero en este juego.
4. IV.     En contraste, la ventaja que significa adquirir una de estas máquinas para los propietarios es que tienen acceso para retirar el dinero que queda en ellas, por lo que los niños pocas veces ganan dinero.

       

1. V.      El uso de estas máquinas tiene como consecuencia el detrimento de la educación de los niños, pues estos últimos dejan de asistir a la escuela, tornándose esta práctica en una adicción que puede incluso llevarlo al pandillerismo, pues buscan dinero para seguir jugando, sustraen cosas u objetos de sus casas y robando incluso el dinero de sus familiares.
   1. VI.       Los niños hacen del juego su vida, tanto en la conducta como en su imaginación, empiezan a fantasear y ver como recuperan el dinero perdido, sobre todo acerca de nuevas técnicas que tiene que emplear.
   2. VII.      De conformidad con lo anteriormente citado, se funda el presente Punto de Acuerdo, en los siguientes:

 

 

 

 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Artículo 7 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente, dispone que “Se clausurará por la Secretaria de Gobernación, todo local abierto o cerrado en el que se efectúen juegos prohibidos o juegos con apuestas y sorteos, que no cuenten con autorización legal, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que según el caso correspondan”.   SEGUNDO.- Asimismo, la referida Ley Federal señala que “Ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo”.   TERCERO.- En este contexto, es que durante Septiembre del 2011, las autoridades del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF), la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) y la Secretaría de Educación Pública local, emprendieron un operativo en la colonia Agrícola Oriental, para erradicar las máquinas tragamonedas de establecimientos mercantiles, ubicados a 300 metros a la redonda de cualquier escuela pública o privada.         CUARTO.- Sin embargo, la proliferación de máquinas tragamonedas se han desencadenado en las 2 mil 150 colonias del Distrito Federal, generando con ello un posible vicio en los niños que puede llevar a convertirlos en jugadores empedernidos, lo cual a la larga desencadena la desintegración familiar y la pérdida del patrimonio familiar.   QUINTO.- De acuerdo con especialistas, la ludopatía es un trastorno de la voluntad, es una adicción por la cual la conducta de jugar se vuelve continua y perturba la vida de la persona llegando a desadaptarse socialmente, pues además de la ansiedad de jugar, la persona busca un espacio, un sitio para el bingo, billar, tragamonedas, video juegos, sobre todos los electrónicos.   SEXTO.- Derivado de lo anterior se desprende que el adicto se hace desde niño y se destruye en sus cinco elementos: imagen, futuro, familia, salud y vida. Por lo que le denominan como una destrucción apocalíptica, le llaman el esclavo feliz, porque esclaviza a su cuerpo, alma, mente y él a su vez vuelve esclava a su familia, mientras él es esclavo de la máquina.   SÈPTIMO.- Los niños caen en la ludopatía porque se sienten solos y necesitan volcar sus afectos en algo que les permita alejar sus miedos y sentirse entretenidos para dejar de sentirse vacios. El juego exagerado que llega a convertirse en una ludopatía no es sino también una enfermedad espiritual porque el niño desde pequeño por desajustes familiares en lugar de aprender a amar, aprende a odiar, siente miedo, soledad, tristeza, sufre orfandad, baja autoestima, infelicidad y otros; factores que no permiten su maduración completa, pasan de la niñez a la adolescencia sin un desarrollo personal adecuado.   En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene como objeto solicitar al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF) y a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) para que en coordinación con las 16 Delegaciones Políticas, realicen  operativos en el Distrito Federal a efecto de detectar y retirar las máquinas tragamonedas que no cuentan con el permiso de la Secretaría de Gobernación o que se encuentren cerca de escuelas o centros de trabajo.   Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración del Pleno, la siguiente proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

 

ÚNICO. La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita  la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal), para que en coordinación con los Titulares de las 16 Demarcaciones Territoriales y las autoridades correspondientes, implementen de nueva cuenta operativos de verificación y, en su caso, de retiro de las máquinas tragamonedas ubicadas en el Distrito Federal que no cuentan con el permiso correspondiente de la  Secretaría de Gobernación o que se encuentren cerca de escuelas o centros de trabajo.    

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:            

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 6 de Marzo de 2013.

  DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DESARROLLO URBANO IRREGULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente  

EXPOSICION DE MOTIVOS

  Una vez más, el tema de violaciones al uso de suelo aprobado en los Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, ocupa un espacio en esta Tribuna.   En fechas recientes, por los medios de comunicación nos enteramos de la controversia que existe por la construcción de un edifico en la Delegación Coyoacán, entre los que se encuentran edificando y el Titular de esa Demarcación Territorial, actos que ya fueron motivo de denuncia y que están siendo investigados por las autoridades competentes.   Sin embargo, por la excesiva exposición de los presuntos hechos, se dejó a un lado un asunto que no es menor y que sí es constitutivo del delito a que se refiere el artículo 343 bis del Código Penal, mismo que se refiere a modificar el uso de suelo de un predio sin autorización.   En efecto, de acuerdo a datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), sabemos ahora que el predio en cuestión se ubica en  Zéfiro 120, en la colonia Insurgentes Cuiculco, la Delegación Coyoacán.       De acuerdo a la información de la PAOT, el uso de suelo que tiene el predio es de EA (Espacio Abierto) es decir, solo se puede construir aquello que tengo un beneficio para la comunidad más cercana, como es un deportivo, plaza pública o jardín, entre otros. Y el uso de suelo que se le está dando al predio de manera ilegal por parte de los constructores es habitacional,  decir, se estás construyendo 5 torres de departamentos.   Sin embargo, este no es el único caso que se conoce, desde el inicio de esta legislatura no ha existido una semana en el que el Pleno y ahora la Diputación Permanente conozca y denuncie las violaciones a los usos de suelo.   Como botón de muestra de lo anterior se encuentra el informe de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial publicado en el mes de febrero de este año, se establece que las violaciones en materia de uso de suelo y construcciones son la principal causa de denuncias ante la misma, con un total de 4 mil 576, seguidas por las presentadas por ruido y vibraciones y áreas verdes.   En dicho informe se establece también que de 2002 a febrero de 2013, 3 de cada 10 denuncias han sido por uso de suelo y se concentran de la siguiente manera:   a)    Álvaro Obregón: 596; b)    Benito Juárez: 594; c)    Coyoacán: 499; d)    Miguel Hidalgo: 424; e)    Gustavo A. Madero: 406; f)     Cuauhtemoc: 362; g)    Tlalpan: 334; y, h)    Azcapoztalco: 248   Siendo los principales hechos denunciados en materia de uso de suelo:   a)    Por construcciones, con un total de 1,960; b)    violaciones al uso de suelo: 1,764; c)    inmuebles que rebasan los niveles permitidos; 153; d)    afectación de inmuebles catalogados: 54; e)    Gasolinerias y gaseras: 140; f)     Oficinas, comercios y restaurantes: 445.   Siendo hasta la fecha que la Procuraduría ha emitido 19 recomendaciones en materia de uso de suelo.   Sin embargo, el caso de la Delegación Coyoacán que ha sido visible en las últimas semanas, se suma a casos como el de Millet 72, Colonia Extremadura Insurgentes, de la Delegación Benito Juárez, en donde en el interior del Parque Hundido se pretendió construir una serie de departamentos, así como el del predio ubicado en José Vasconcelos 92, en la Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc.   En el predio de José Vasconcelos 92, la PAOT, estableció que derivado del deslave registrado en la construcción que rompió parte del arroyo vehicular de la calle de Zamora, además de dañar vivienda de la manzana, se ha podido acreditar en materia de uso de suelo inconsistencias y contradicciones en la información proporcionada por la Dirección General de Administración Urbana, con la emitida por las Direcciones de Desarrollo Urbano y Asuntos Jurídicos, las 3 direcciones que forman parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.   Las inconsistencias van desde falta de estudio de impacto ambiental, resultados de procedimiento en materia de protección civil y carencia de proyecto para su autorización ante la Dirección General de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente.   Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en el artículo 24 se establecen las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre las que se encuentran:   X. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como aquellos relativos al uso de suelo; XIX. Revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como base los dictámenes de impacto ambiental que emita la Secretaria de Medio Ambiente, expedir y revocar en su caso, las licencias de uso del suelo, cuando se trate de obras de impacto urbano y ambiental, y XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.     Por su parte, el Artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece como atribuciones de la SEDUVI, además de las que le confiere la Ley Orgánica:         VI. Supervisar los actos administrativos de las Delegaciones, para vigilar el cumplimiento de los Programas y de las determinaciones que corresponde emitir al Jefe de Gobierno en esa materia, formulando las resoluciones necesarias, así como revisar periódicamente el registro delegacional de manifestaciones de construcción; VII. Ejecutar los actos que tenga atribuidos conforme a esta Ley, a los reglamentos correspondientes y a los acuerdos de delegación de facultades expedidos por el Jefe de Gobierno, incluyendo lo relativo a relotificaciones, zonificaciones, autorizaciones de los trámites relacionados con la inscripción de vías publicas y derechos públicos de paso. Asimismo y conforme a las determinaciones que expida el Jefe de Gobierno, ejecutará los actos relativos a la planeación, la organización, la administración, el control, la evaluación y la operación, la recepción de manifestaciones de polígonos de actuación, de construcción, el otorgamiento de dictámenes, licencias, referidos en general a la ejecución de obras, prestación de servicios públicos y realización de actos de gobierno relativos a la ordenación y servicios territoriales en la Ciudad, que incidan o se realicen en, o que se relacionen con, el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en los o más Delegaciones, así como todas aquellas que, en razón de jerarquía, magnitud y especialización, correspondan al Jefe de Gobierno en las materias que regula la presente Ley. De tales actos informará para su conocimiento y registro, a la Delegación correspondiente;     Por ello, el presente punto de acuerdo tiene por objeto, exhortar al Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, a que de manera inmediata realice un trabajo coordinado entre dicha Dependencia, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, y las y los Titulares de las 16 Demarcaciones Territoriales, para verificar que todas y cada una de las obras que han sido denunciadas no solo por los Diputados, sino también por los vecinos, sean verificadas y, en su caso, además de la sanción administrativa, se interpongan las denuncias penales correspondientes, como esta Soberanía ya lo ha hecho en el caso de modificaciones de uso de suelo aprobadas por el Pleno.   Sin duda, este tipo de acciones que se proponen serán para los habitantes del Distrito Federal, el referente del trabajo que en materia de respeto y cumplimiento de la Ley estará realizando el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad. De esta manera es como sabremos si su trabajo será a favor de las inmobiliarias o para proteger a la ciudadanía del caos en que se encuentra el desarrollo urbano en el Distrito Federal.       Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con  

PUNTO DE ACUERDO

 

    ÚNICO .- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda que en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y los Titulares de las 16 Delegaciones, elaboren y ejecuten de manera urgente un programa integral de revisión documental y física de las construcciones en proceso en la Ciudad de México, con el objeto de corroborar el cumplimiento de las disposiciones legales y, en caso de encontrar irregularidades o incongruencias, se interpongan las denuncias penales correspondientes para aquellos predios que violan el uso de suelo.  

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:          

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 27 de febrero de 2013.

  DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN Y DE MEDIO AMBIENTE, TODAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ENVÍEN A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PARA FOMENTAR EN LOS NIÑOS, JÓVENES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL, EL TRATO DIGNO HACIA LOS ANIMALES, al tenor de la siguiente    

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

 

La Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, tiene por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, asegurando la sanidad animal y la salud pública, siendo esta de orden público e interés social y de aplicación general en el Distrito Federal.   El artículo 5 de la citada legislación dispone que las autoridades del Distrito Federal formularán y conducirán las políticas públicas a fin de brindar la protección de los animales, para lo que es necesario basarse en los siguientes principios, considerando éstos como derechos de los animales:            

• Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida;

 

• El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;

 

• Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano;

 

• Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse;

 

• Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie;

 

• Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar;

 

• Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo;

 

• Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es un crimen contra la vida;

 

• Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales es un crimen contra las especies;

 

• El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto;

 

• Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a la Ley de Protección a los Animales en su defensa; y

         

• Las Secretarías de Salud, Educación y Medio Ambiente del Distrito Federal, implementaran acciones pedagógicas, a través de proyectos y programas, destinadas a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los derechos de los animales; las acciones específicas serán implementadas en forma coordinada, por las Secretarías.

    Derivado de esta última premisa jurídica, es importante para el Grupo Parlamentario del Partido Verde conocer las acciones que realizó la Administración Pública Local en la anterior administración, así como los programas y proyectos que realizarán estas Secretarías durante la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera. Todo ello dentro del contexto de las recientes reformas al Código Penal que sancionan a las personas que maltraten y ejecuten actos de crueldad hacia los animales.   Hoy en día, las interrelaciones entre la ciencia del bienestar animal, la ética, los valores y la cultura, representan el eje principal de reflexión sobre las futuras políticas en materia de bienestar animal. Algunos autores como Duncan y Fraser (1997) decían que el término “bienestar animal” no surgió en la ciencia para expresar un concepto científico; más bien se originaron en la sociedad para expresar inquietudes éticas con respecto al tratamiento que se da a los animales.   Las políticas actuales en materia de bienestar animal van enfocadas a una directiva en cuyos considerandos se señala la importancia atribuida al bienestar animal y a la prevención de un sufrimiento innecesario.  Por ello es necesario tomar medidas a nivel comunitario para impedir en general toda forma de crueldad en el trato dado a los animales.   En el Distrito Federal se suscitan diversos actos de maltrato hacia los animales, tales como dejarlos en las azoteas de las casas sin agua, alimento y bajo el sol y el frio de la noche; no recibir sus vacunas como debiera ser; golpearlos con palos y trapos cuando no obedecen; arrojarles aceite caliente (gatos) a fin de alejarlos de las cocinas económicas en sitios como el Mercado de Jamaica; y abandonarlos en la vía pública, solo por mencionar algunos tristes ejemplos.   Afortunadamente, la legislación del Distrito Federal cuenta con una Ley de Protección a los Animales, la cual señala los derechos de los que son objeto, así como las autoridades encargadas de velar y hacer cumplir la normatividad y aplicar sanciones administrativas por faltas a dichas disposiciones señalas en esta Ley.     Derivado de ello es importante que las autoridades cumplan con las funciones que la Ley les impone a fin de que, junto con la ciudadanía, implementen los programas y acciones en beneficio del medio ambiente y de los animales.   Al respecto, esta representación social, con el ánimo de coadyuvar en tan trascendental tema, estima pertinente el conocer los programas y proyectos que realizará el nuevo gobierno, así como también las acciones que llevó a cabo la anterior administración. Por ello, a través de la presente proposición, le solicitaremos a las Secretarías de Salud, de Educación y de Medio Ambiente, todas del Gobierno del D.F., que envíen a este Órgano Legislativo los resultados de los programas y/o proyectos para fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, el trato digno hacia los animales, derivado de lo que establece la ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.   Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con                                                             PUNTO DE ACUERDO           ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a las Secretarías de Salud, de Educación y de Medio Ambiente, todas del Gobierno del Distrito Federal, envíen a este Órgano Legislativo un informe pormenorizado sobre los resultados de los programas y/o proyectos implementados durante la administración anterior (2006 – 2012), para fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, el trato digno hacia los animales, así como sobre las políticas públicas que se desarrollarán al respecto por el actual gobierno capitalino, tal como lo dispone la Ley de Protección a los Animales del D.F.     Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:           DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a  27 de febrero de 2013.

    DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RECONOCIMIENTO PUBLICO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA CONTINUACIÓN EN LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA “CONDUCE SIN ALCOHOL” Y SE LE EXHORTA A REVISAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PARTICIPAN EN EL, ASÍ COMO DE LOS CUSTODIOS DEL CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL D.F., al tenor de la siguiente    

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

  El programa Conduce sin Alcohol inició el 19 de septiembre del 2003.   El objetivo del programa es reducir la incidencia de accidentes automovilísticos relacionados con alcohol, pues el 40% de los accidentes de tráfico en el D.F. están relacionados con su consumo.     Este programa ya se llevaba a cabo en la Ciudad de Monterrey y su zona Metropolitana, pero debido al éxito que ha tenido en el D.F., se ha extendido a Ciudades de otras Entidades como Chiapas, Querétaro, Michoacán, Tabasco, México, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Sonora y Quintana Roo.   En lo que va de 2013, el operativo "Conduce sin alcohol", ha arrestado dos mil 100 automovilistas, de acuerdo a datos de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.   Esta dependencia estimó que durante 2012, fueron sancionadas 16 mil 739 personas en dicho programa.   De acuerdo con estadísticas de la SSPDF proporcionadas en 2012 por su titular,  desde que inició el Programa  “Conduce Sin Alcohol”, se han realizado 3 millones 465 mil revisiones a los conductores.   A partir de esto, de 102 mil pruebas de alcoholemia, 14 mil personas han registrado más de 0.40 miligramos por litro de alcohol (que es el límite permitido), además de que se han remitido al depósito 8 mil 883 vehículos.   Al respecto, cabe señalar que las personas que son infraccionadas por rebasar el límite mencionado, son remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal, mejor conocido como “El Torito”.   Al inicio del Programa se buscó imponer una sanción ejemplar, por lo cual se decidió una pena de 20 a 36 horas de arresto inconmutable, dejando claro que se trataba de una falta administrativa y no de un crimen.   Sin duda, este programa ha sido una herramienta muy importante que ha permitido que las muertes por accidentes derivados del abuso del alcohol, hayan reducido hasta en un 40 por ciento en el año 2012, así lo señaló el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.           Por todo lo anterior es que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hace un merecido reconocimiento al Gobierno del Distrito Federal por la continuidad y adecuada instrumentación del Programa “Conduce sin alcohol”, ya que hoy en día se han incorporado al mismo más puntos y días de revisión en toda la Ciudad, además de el profesionalismo que han demostrado los elementos y demás personal que participa en dichos operativos.   Igualmente, consideramos que también es sumamente importante extender una felicitación al personal encargado del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, denominado el “Torito”, por el compromiso que han demostrado en el buen desempeño de sus funciones, a pesar de que las condiciones laborales en que se encuentran no son las mejores. A este Centro son remitidas un promedio de 500 personas cada fin de semana, según ha señalado  su directora Rosa María Laguardia Balcázar.   "El Torito", se encuentra en los límites de las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, tiene una superficie de mil 730 metros y capacidad para albergar a 124 personas. De jueves a sábado es cuando recibe la mayor cantidad, porque es también cuando opera el "alcoholímetro", a partir de las 22:00 horas y hasta las primeras horas del día siguiente.   El "Torito" tiene una plantilla de unas 80 personas, entre personal administrativo, secretarial, de recursos humanos y servicios generales; y el resguardo está a cargo de 30 custodios en cada uno de los tres turnos en que se dividen las jornadas de trabajo.   De acuerdo a datos proporcionados por los propios custodios del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, “El Torito”,  ellos presentan problemas severos, pues señalan que enfrentan circunstancias muy difíciles porque tienen turnos de 24 horas y  perciben un sueldo mensual de tan solo  6 mil pesos.   Y esto no solo pasa en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal, sino también con el personal que labora en los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal.  En ambos casos, el personal depende de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del D.F. En el Distrito Federal, este personal no goza de estabilidad laboral y la remuneración económica es  baja, lo que propicia la corrupción e incide negativamente en la calidad de los servicios que ahí se prestan.   En ese sentido, de acuerdo a entrevistas realizadas por el personal de la CDHDF a los elementos de seguridad y custodia a la población penitenciaria y a las autoridades de los centros, así como de los reportes que envío la DGPRS (Dirección General de Prevención y Readaptación Social) en cumplimiento a las recomendaciones 2/2003 y 7/2004146 emitidas por la CDHDF, se tiene lo siguiente:   El instrumento 2/2003 requiere a la autoridad para que adopte medidas eficaces y eficientes que eviten que el personal de seguridad y custodia pida o exija a las y los internos, dádivas o pagos al momento de cumplir con sus obligaciones.   De conformidad con el artículo 8o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, al personal de seguridad le corresponde el régimen de las y los empleados de confianza, con las prestaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a las que la Administración Pública del Distrito Federal otorga a sus trabajadores(as) de confianza.   De las investigaciones realizadas por la CDHDF y considerando la naturaleza de las funciones de los elementos de seguridad y custodia, se constató que éstos no cuentan con las condiciones dignas para el desempeño laboral porque carecen de áreas de descanso con un mantenimiento adecuado, algunos de los instrumentos de trabajo deben adquirirlos por cuenta propia y porque no se les retribuye conforme a la ley, la prestación de sus servicios en horas extraordinarias.   Por otra parte, las áreas de descanso del personal están sumamente deterioradas, según se especifica en el apartado correspondiente del capítulo de “Espacios e instalaciones”.   No obstante lo anterior, sobre otros aspectos que se midieron, se obtuvo que de las 20 entrevistas realizadas durante las visitas de verificación al personal de seguridad y custodia, el 85 por ciento manifestó sentirse orgulloso por desempeñar su cargo.   El 95 por ciento de las y los custodios labora en un horario de 24 por 48 horas.   Todos(as) señalaron que compran algunos de los artefactos que portan, en mayor proporción armamento y radio. El 95 por ciento refirió que han sido adiestrados (as) en el manejo de armas.                     Normas internacionales establecen que un custodio debe vigilar a máximo 10 internos, pero en un centro de reclusión en el Distrito Federal, cada elemento de seguridad cuida hasta 76 reos, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de  noviembre de 2010.   Se puede asegurar, según la CDHDF, que de acuerdo con estas respuestas en conjunto (percepción de seguridad, horas extra, prestaciones y adquisición de equipo o armamento por iniciativa propia),  las condiciones laborales del personal de seguridad y custodia no son adecuadas, considerando que están sujetas a constantes situaciones de riesgo.       El personal de custodia en los Centros, así como todo el personal de la administración pública en general, como servidores públicos que son, tienen obligaciones, atribuciones y facultades de acuerdo con las funciones que desempeñan contenidas en la ley y como ciudadanos, son sujetos de derechos al igual que todos los demás. Tienen derecho a recibir un trato justo y respetuoso por parte de las autoridades y que se le garanticen todos los derechos consagrados en los diversos ordenamientos jurídicos, empezando por la Constitución.   Debemos tener en cuenta que el personal de seguridad y custodia es muy  importante,  por ello es elemental que sus condiciones laborales sean las adecuadas. Y para poder garantizar mejores condiciones laborales, es necesario que el trabajador de cualquiera de estos Centros, cuente con una remuneración adecuada, condiciones laborales favorables y, sobre todo, con estímulos para poder ascender escalafonariamente, de acuerdo con la experiencia y los méritos obtenidos a lo largo de su trayectoria.     Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:      

PUNTO DE ACUERDO

  PRIMERO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un reconocimiento público al Gobierno del Distrito Federal por la continuidad exitosa que le ha dado a la instrumentación y aplicación del Programa “Conduce sin Alcohol”, y por  sus excelentes resultados, así como a todos los elementos de seguridad pública y del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito” que participación constante, responsable y profesionalmente en el mismo.   SEGUNDO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que de manera inmediata se revisen y realicen las gestiones correspondientes para mejorar las condiciones laborales y salariales de los custodios del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social  “El Torito” y de los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, así como de la Secretaría de Seguridad Pública que participa en el Programa “Conduce Sin Alcohol”, a fin de garantizarles condiciones más dignas de trabajo a ellos y a sus familias.     Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:               DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a  20 de febrero de 2013.

    DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE REALIZA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, bajo la siguiente:    

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

 

De acuerdo a información narrada en los medios de comunicación, el Frente Ciudadano Pro-Derecho Animal (FRECDA), recibió una queja de los alumnos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN,) quienes afirmaron que la mayoría de los animales con los que practican mueren en la plancha luego de que les arrancan sus órganos, sin aplicarles anestesia. Asimismo, informaron que los que sobreviven los suturan sin ningún analgésico y los meten en jaulas en donde se desangran, padeciendo una muerte lenta y muy dolorosa.   Con las reformas recientes del Código Penal para el Distrito Federal, es delito ocasionar una muerte prolongada y dolorosa a los animales. Si bien es cierto que esta permitido practicar con animales domésticos y/o silvestres en laboratorios con fines científicos y educativos, también la legislación remite a normas específicas sobre la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio y que esta normatividad señala el trato digno que debe darse siempre a los animales.   Las declaraciones referentes a que no hay ley que impida el practicar con animales, no son del todo ciertas. Efectivamente no hay Ley que diga que queda prohibido practicar con animales para fines educativos o científicos, pero si hay leyes y normas que regulan el trato digno de animales en laboratorios, por lo que las prácticas de enseñanza médica de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional debieron y deben realizarse con base en lo que indica la legislación y la normatividad en materia de trato digno a los animales, así como sujetarse a los códigos de ética.   Lo que se comenta últimamente en los medios de comunicación, es que no se tomaron medidas de respeto y trato digno hacia los animales. Por ello, la Asociación Protectora de Animales FRECDA, solicitó a la Directora de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico que entregara los animales mencionados, ya que se encontraban en malas condiciones y necesitaban atención.   La respuesta fue en sentido positivo pero en el momento que regresaron para recogerlos, el personal del IPN informó que los animales ya habían sido sacrificados de acuerdo a su protocolo y por lo tanto no entregarían nada.   Al respecto y para estar en posibilidades no sólo de tomar una postura al respecto, sino sobre todo de poder coadyuvar en tan importante tema, el Grupo Parlamentario del Partido Verde considera necesario conocer de primera mano lo realizado por la Escuela Superior de Medicina, mediante el contenido de la bitácora del Protocolo del sacrificio de los perros que ahí se encontraban.   Consideramos que los maestros deben conducirse con ética en sus clases y prácticas de enseñanza médica. Finalmente, un médico siempre debe conducirse con ética y procurar la vida y bienestar del paciente.   Los alumnos, por su parte, afirman que se les obliga practicar en perros vivos, en los que se aplican anestesias caducas que les provocan sufrimiento y dolor, dejándoseles morir desangrados y con sus órganos internos expuestos.   Otro punto importante de la nota periodística es que los estudiantes de medicina refirieron que los perros son comprados en criaderos o levantados de la calle y se les mantiene en condiciones deplorables, “sin agua ni alimento” durante todos los procedimientos.     Debemos recordar que la NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, en su apartado 4.4 denominado Obtención de animales, señala que todos los animales deben adquirirse conforme a los preceptos jurídicos aplicables, tanto a las instituciones como a los particulares que reciben o negocian con animales.   Los animales suministrados por los comerciantes o instituciones públicas con fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza, deben acompañarse de información que describa el estatus microbiológico y genético de sus colonias o de animales individuales.   Criterios similares se deben aplicar para aquellos transferidos de otras instituciones o incluso dentro de la misma institución.   Todos los traslados de animales, incluyendo aquellos dentro de la misma institución, deben ser planeados para minimizar el tiempo de traslado, el riesgo de zoonosis y antropozoonosis; además, los animales deben ser protegidos contra condiciones climáticas extremas o sofocación debido al transporte en cajas cerradas, en cajuelas de automóviles o similares.   Asimismo, se debe evitar el hacinamiento, brindar agua y alimento cuando esté indicado y protegerlos contra traumatismos. El estrés debe reducirse al mínimo atendiendo a las recomendaciones mencionadas.   Todo embarque de animales independientemente de su origen (centros de control canino, instituciones o comerciantes establecidos), debe ser revisado por el Médico Veterinario Zootecnista, con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones de adquisición y la ausencia de signos clínicos de enfermedad, debiéndose establecer a juicio profesional los procedimientos de cuarentena y estabilización de acuerdo a la especie y circunstancias.   Por ello es importante la estricta coordinación entre el personal que solicita y el que recibe los animales, así como el que está a cargo de su cuidado diario, para asegurar su recepción apropiada y la disponibilidad de instalaciones para su alojamiento.   Igualmente, en su apartado 4.5.1, se señala que todos los animales adquiridos por compra, donación o intercambio deben ir acompañados de documentos que establezcan las condiciones de salud y calidad en que se produjeron, criaron y mantuvieron hasta antes de su embarque o salida del lugar de origen.   De ahí la imperiosa necesidad de conocer si el IPN realiza estas acciones conforme a la legislación y normatividad vigente.   Se señaló también en la nota que en otras instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los estudiantes de medicina practican y estudian con cadáveres de humanos donados por instituciones como el SEMEFO y sus investigaciones de laboratorio se realizan con cultivo de células in vitro.   Lo anterior no es cosa menor si consideramos que el maltrato y crueldad animal es ahora una acción antijurídica que es castigada por el Código Penal para el Distrito Federal con una pena que puede ir hasta los 6 años de cárcel. Por ello creemos que las autoridades del IPN deben dar una respuesta a la sociedad sobre las incógnitas que surgieron a raíz de las denuncias realizadas por estudiantes y por organizaciones de la sociedad civil.     Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente Proposición con  

PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, informe de inmediato a esta Soberanía y a la sociedad en general sobre los hechos denunciados por estudiantes y organizaciones sociales, referentes a actos de maltrato y crueldad animal que se llevan a cabo en la Escuela Superior de Medicina de esa casa de estudios.     Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:   DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 20 de Febrero de 2013

    DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:    

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

  En el año 2001, el Gobierno del Distrito Federal inició la aplicación de una serie de programas sociales con el fin de apoyar económicamente a los grupos vulnerables de la Ciudad de México.   Las acciones derivadas de dichos programas, como la entrega de útiles escolares, uniformes, apoyo económico para adultos mayores, solo por citar algunos, fueron políticas que la Asamblea Legislativa las elevó a rango de Ley con el fin de evitar que fueran utilizados con fines electorales.   Estos programas operaron durante casi diez años de manera focalizada y por Secretarías de acuerdo a su denominación o facultades; sin embargo, con fecha 24 de marzo del 2010 fue presentado en el Auditorio Nacional, por el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, el Sistema “Red Ángel”.     En el evento de presentación del año 2010 se señaló que el Sistema “Red Ángel”, era una “estrategia concentradora de los Programas Sociales; un programa único en Latinoamérica; con alcance y cobertura de todos los programas sociales de la ciudad; programa multimodal y unificador de la Política social de la ciudad”, [i][1]siendo importante señalar que este sistema de estrategia concentradora nunca fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.   Ahora bien, el día 13 de febrero de este año, el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, también en el Auditorio Nacional, presentó “Las orientaciones estratégicas para la política de desarrollo social en el Distrito Federal  Capital Social”.   Durante la presentación de las orientaciones estratégicas (Capital Social), señaló ente otras cuestiones que: “durante los últimos 15 años los ciudadanos de la capital hemos decidido de manera libre y democrática, el rumbo de nuestro desarrollo. Somos una sociedad que goza de libertades y que ha luchado para consolidar sus derechos políticos, económicos y culturales”.   En su discurso de presentación de este sistema concentrador de la política social, también señaló que: según estimaciones sobre pobreza del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social 2010, en esta ciudad se registra sólo 2.2 por ciento de la pobreza extrema. Es decir, que la ciudad ocupa el tercer lugar nacional entre las entidades con menor pobreza, en está búsqueda de consensos la ciudad tiene a la política social como uno de sus ejes de transformación, logrando construir y poner en marca políticas públicas de avanzada”.   Finalizó la introducción para dar paso a Las Orientaciones Estratégicas para la Política de Desarrollo Social en el Distrito Federal (Capital Social) señalando: “por todo ello, hoy quiere presentar ante ustedes acciones y orientaciones de la política social, las cuales se enmarcan en el proceso de planeación que la ley determina, desde la administración pública del Distrito Federal se conforma un efectivo sistema de protección social, de combate a la pobreza a la desigualdad y marginación, con atención especial a las personas que habitan en la zona rural, toda la fuerza del Gobierno de la ciudad intervendrá en esta lucha”[2]   Durante la presentación realizada por el Jefe de Gobierno, se informó que esta estrategia concentradora de la política social, se agrupa en diversos grupos: salud; educación, medio ambiente, trabajo, programas alimentarios, especiales, nutriciones y cultura.   Al respecto se señaló que de los 450 programas sociales que existían y que formaban parte del Sistema de estrategia concentradora del Gobierno anterior, conocido como “Red Ángel”, solo se retomarían 164 de ellos, creándose 11 programas más, integrándose un total de 175 Programas Sociales al Sistema concentrador “Capital Social”.   Adicional a lo anterior, se informó que con este Sistema concentrador de la política social, se espera tener una población beneficiada de 9 millones de personas, incrementando su influencia ya no solo a población vulnerable, sino también  a la “clase media del Distrito Federal”,   Sobre el trabajo a realizar en materia de desarrollo social con la clase media, se establecen acciones como: seguro de vida; gastos funerarios hasta por 6 mil pesos; médico a domicilio a precios simbólicos; check up en clínicas y hospitales privados, servicios de plomería y electricidad; descuentos en establecimientos de prestigio y espectáculos públicos, los cuales se otorgarán a través de una tarjeta y que empezará a funcionar en aproximadamente 2 meses.   Resulta relevante señalar que algunas de las acciones a realizar por el Gobierno del Distrito Federal, son tomadas y justificadas de acuerdo a los criterios dados a conocer por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, el día 1 de diciembre del 2012; así como a la Cruzada Nacional contra el Hambre dada a conocer en el Estado de Chiapas hace algunos días también por el Presidente de la República,   Sin embargo, llama la atención que este Sistema concentrador de la política social del Distrito Federal, denominado “Capital Social”, no cuente con líneas de operación de la totalidad de los programas sociales, pues de acuerdo a los denominados Libros Amarillo (2010) y Libro Morado (2011), en los cuales se establecen los lineamientos de los programas sociales[3] implementados por el Gobierno del Distrito Federa, estos no aparecen.   Más aún, de acuerdo a lo informado por la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, días después de la presentación de la “Las orientaciones estratégicas para la política de desarrollo social en el Distrito Federal Capital Social”, se señaló respecto al apoyo a la clase media del Distrito Federal que: estamos en fase de licitación de la tarjeta (…) pero en los próximos dos meses ya estaremos empadronando a los beneficiarios”, … “los beneficiarios tendrán descuentos reales en servicios, productos de diversos tipos, incluso deportivos, aparatos electrodomésticos y tecnología”, … “vas a tener médico a domicilio, plomero, eléctrico, con toda la seguridad, vas a poder ir a una buena clínica a hacer una química sanguínea sin pagar precios altos”[4]   Es decir, se anuncian programas y políticas públicas pero no se dan a conocer los detalles de operación, con lo cual pareciera que, más que ampliar la cobertura de los programas sociales, se pretende captar clientela política para convertirla en cautiva electoral.   También es importante mencionar que ninguna autoridad del gobierno capitalino ha explicado la razón de la desaparición de algunos programas sociales implementados y ejecutados con recursos públicos durante la administración anterior. Esto pareciera obvio, sin embargo, la rendición de cuentas y la transparencia a la que están obligados los servidores públicos, se ve opacada en este caso en particular.   En ese sentido, con al presentación del presente punto de acuerdo se pretende establecer una acción eficaz de transparencia y rendición de cuentas, al solicitar no solamente una explicación al respecto de la desaparición de algunos programas sociales, sino sobre todo, que se den a conocer la manera en que operaran todos y cada uno de los programas sociales que se aglutinarán en el sistema “Capital Social”   Lo anterior resulta de gran trascendencia para la vida institucional y el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, ya que de lo contrario de dará la impresión a  la opinión pública de que la utilización de los recursos públicos y de las estrategias gubernamentales, están orientadas a obtener fines políticos disfrazados de  beneficios sociales.         Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

    ÚNICO .- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera, informe a esta Soberanía de manera pormenorizada:  

1. Cuáles son los programas sociales incluidos la Estrategia para la Política de desarrollo Social en el Distrito Federal “Capital Social” y emita las reglas de operación de todos y cada uno de ellos, con el objeto de conocer con certeza los lineamientos, mecanismos y objetivos de la Estrategia de referencia.

 

1. Cuáles son los programas sociales que dejarán de operar, así como las razones en cada uno de los casos.

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:   DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR

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Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 6 de Febrero de 2013.

    DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL TRÁFICO DE ANIMALES EN EL MERCADO DE SONORA, bajo la siguiente:    

EXPOSICION DE MOTIVOS

    El comercio ilegal de vida silvestre es un problema mundial de grandes dimensiones. Tan solo en el año 2006, se estimo que el valor anual del mercado para el tráfico de vida salvaje fue de 10,000 millones de dólares, el segundo mayor comercio ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas.     Solo 17 países concentran tres cuartas partes de las especies de fauna y flora del planeta. México juega un papel trascendente en este asunto debido a dos factores importantes:   a)                Es una de las cinco naciones con mayor diversidad de vida silvestre en el planeta. Tiene más especies de plantas que toda Europa, ocupa el primer lugar del mundo en variedad de reptiles, el segundo en mamíferos, el primero en pinos, cactos y agaves; y, b)                Su vecindad con los Estados Unidos, que es el principal importador y exportador de plantas y animales salvajes en el mundo.[1]     Para el año 2010, a nivel mundial, el tráfico ilegal de especies fue el tercero más lucrativo del orbe, después del tráfico de drogas y de armas, lo cual ha situado al borde de la extinción a alrededor de 700 especies.     La venta de animales, plantas silvestres y de productos manufacturados derivados de las mismas, se estima que mueve más de 17 billones de dólares anuales en el mundo, de los cuales, aproximadamente 10 billones corresponden al tráfico ilegal de fauna y 7 al de flora. Los clientes de este negocio ilegal, son originarios de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.     Pero además, por esta misma razón se encuentran amenazadas 2,300 especies animales y 24,000 especies vegetales en todo el hemisferio.     Nuestro país:   - Es uno de los 5 países más ricos del mundo en flora y fauna silvestres y que muchas de esas especies sólo viven aquí. - Es el primer lugar del mundo en reptiles; el segundo en mamíferos; el cuarto en anfibios; y el séptimo en aves. - En México invernan el 55% de las aves de Norteamérica. - Tenemos más aves que Estados Unidos y Canadá juntos, con una superficie 10 veces menor.     Mención aparte merece el maltrato que sufren las especies objeto de tráfico, ya que más de las tres cuartas partes de los animales capturados mueren antes de llegar a su destino, por la crueldad con que son empacados para evitar los riesgos de ser descubiertos en los pasos fronterizos.       En la Ciudad de México, el tráfico de especies protegidas se realiza a la vista de todos, y si bien se llevan a cabo operativos por parte de la autoridad para contrarrestar dicha actividad ilícita, estas no han sido suficientes.     Sin duda, los Mercados de Sonora, de Río Frío y el Morelos son considerados  espacios públicos en donde a la vista de todos están a la venta y exhibición en condiciones infames, animales de toda especie, pero principalmente flora y fauna en peligro de extinción o que se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental- especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – lista de especies en riesgo. [2]     Por ello, el Partido Verde ha denunciado por años la necesidad de que las autoridades de la Ciudad pongan un alto a la venta ilegal de especies animales en estos Mercados, principalmente el de Sonora.     De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente local, en la Ciudad de México hay identificadas 211 especies de aves, de las cuales 49 son residentes. Entre las aves endémicas destacan subespecies del pájaro carpintero, correcaminos; también existen águilas, halcones, gavilanes, lechuzas y especies rapaces.     Es importante resaltar que, la Ciudad de México, históricamente ha generado políticas públicas de protección animal, por ejemplo, el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal vigente desde 1951, que establece en su Artículo 21:     “Artículo 21.- Los comerciantes en animales vivos que se expendan en los mercados o en la vía pública, están obligados a procurar el menor sufrimiento posible a los animales, evitando todo acto que se traduzca en maltrato. En consecuencia, queda prohibido que las aves y los animales vivos sean transportados o colocados en los puestos con la cabeza hacia abajo, con las patas amarradas o las alas cruzadas, así como extraerles pluma, pelo y cerda, en cualquier forma que sea.     Mientras no sean vendidos los animales vivos, deberán permanecer en condiciones apropiadas e higiénicas y en todo caso se les tendrá en un lugar con sombra cuidándose de su debida alimentación y necesidad de agua. Queda prohibido acudir a sistemas crueles para obtener un mayor precio en la venta de las aves, como el de "embucharlos", etc. El sacrificio, tanto de las aves como de otros animales que sean vendidos en los mercados o en la vía pública, deberá hacerse mediante un procedimiento que les evite sufrimientos prolongados.”     De igual forma, desde el año 2005 fue creada la Brigada de Vigilancia Animal que forma aparte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuyas funciones son, de conformidad con el Artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales, entre otras:   -       rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad. -       Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de animales en la vía pública. -       Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades competentes para su resguardo.     Es importante mencionar que a pesar de todo esto, la venta de fauna prohibida continúa en nuestra Ciudad.     En ese sentido, de acuerdo al informe dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, durante la glosa del VI Informe de Gobierno de la administración anterior, la Brigada de Vigilancia Animal es también auxiliar en el cumplimiento de la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, la Norma Oficial 059, CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre).     Por esta razón, el Partido Verde desea exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que a través de la Brigada de Vigilancia Animal realicen los operativos para terminar con la venta ilegal de especies de flora y fauna silvestre que se encuentran protegidas por la Ley General y en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.   Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con      

PUNTO DE ACUERDO

 

 

UNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que, derivado de lo dispuesto en el artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, realicen de manera inmediata operativos permanentes en los Mercados de Sonora, de Río Frío y Morelos, así como en otros espacios de comercio público para la recuperación de especies silvestres traficadas de manera ilegal, así como para que en su caso se finquen las responsabilidades penales que conforme a derecho corresponda, todo ello con el objeto de combatir de manera frontal esta práctica ilegal.     Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:             DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR

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Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ, ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ Y ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 13 de Febrero de 2013.

  DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E       Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ, ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ Y ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACURDO PARA SOLICITAR A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES REMANENTES DE LOS EJERCICIÓS FISCALES 2011 Y 2012, al tenor de la siguiente:    

EXPOSICION DE MOTIVOS

    El derecho a la información se ha constituido en una  la garantía fundamental para los ciudadanos sin  importar su condición social u origen. La instauración de este derecho se ha traducido en la facultad ciudadana de pedir información pública sin justificar el uso ni la razón de su petición. Esto es, requerir  una información que únicamente estará bajo la responsabilidad del solicitante, partiendo de la tesis de que si la  sociedad está informada, podrá tomar ediciones mejor informadas.   Además, con la disponibilidad de esa información, podrá evaluar -oportuna y adecuadamente- el desempeño de las autoridades.       El fortalecimiento de la democracia en el Estado Contemporáneo,  presupone   el cabal cumplimiento del derecho a la información, entendido éste en un sentido aún más amplio que el que prescribe la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, incluyendo el derecho a estar bien informados. No en balde se ha planteado como primer punto la necesidad de plasmar en la Constitución que la información es algo que pertenece, en primera instancia, al ciudadano.   La expedición de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información involucró  un fuerte impulso a la participación ciudadana y al perfeccionamiento de la democracia sustantiva, al fortalecer la participación social  en  las decisiones públicas, en beneficio de una mayor legitimidad de la  autoridad y de una mayor  certidumbre en el cumplimiento de los programas y el ejercicio de los recursos, generando con ello una mayor  rentabilidad política.   De esta manera, a partir de las reformas al artículo 6º Constitucional se ha abierto el camino hacia una segunda generación de reformas legales a favor de la transparencia. Con ello se han abierto nuevos  horizontes  para el desarrollo de la  democracia. También se han creado poderosos instrumentos para  enfrentar de manera decisiva las prácticas de evasión y resistencia a la apertura de la información.   Tales prácticas tienen su origen en el deseo de perpetuar múltiples privilegios y el ejercicio desmesurado de un creciente gasto corriente sin tener que dar cuenta a la sociedad sobre el desarrollo de los programas y actividades encomendados. Ante ello se precisa una acción decidida y organizada de los ciudadanos y sus organizaciones para romper con esos atavismos.   Pero no solo eso, también de un compromiso por los servidores públicos, particularmente de los representantes sociales, por velar de manera permanente por los intereses ciudadanos.   No obstante las bondades que aporta esta legislación, su consolidación debe acompañarse con un fuerte impulso a  los valores  éticos y democráticos en  la Sociedad, así como a la generalización del  ejercicio transparente de las funciones públicas y en la erradicación de vicios de burocratismo y  de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.           Por ello, la riqueza de los  objetivos planteados en la ley de la materia, la extensa gama de atribuciones conferidas, el enorme campo de aplicación de la Ley y su importante contribución  en términos de democratización de las instituciones, modernización de los procedimientos y transparencia de las facultades, recursos y responsabilidades relacionados con la instauración y  consolidación del Derecho a la Información, todo ello contrasta con la actuación y medidas adoptadas por los entes obligados, como es el caso de esta misma y Honorable Asamblea Legislativa.   Nos referimos de manera concreta al recientemente aprobado “Acuerdo de la Comisión de Gobierno por medio del cual se aprueba la propuesta de aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”   Por virtud de éste, se aprueba la aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la cantidad de $24,749,827.42 para que sean utilizados para fortalecer la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, impactando principalmente conceptos como implementación y puesta en marcha del Servicio Civil de Carrera, capacitación en línea, y difusión de entes auditados, consultoría para la elaboración de libros blancos y entrega recepción, equipamiento y readaptación de inmuebles y mantenimiento al estacionamiento anexo de la misma institución…   Así, sin mayor explicación, se dispone de casi 25 millones de pesos sin conocer su destino final y el beneficio concreto que traerá su inversión en programas o proyectos concretos.   Cabe aclarar que aunque posteriormente la Contaduría Mayor de Hacienda pudiera informar a esta Soberanía sobre la aplicación y destino de los recursos mencionados, la precisión, transparencia e imparcialidad con la que debe hacerlo se ve sumamente dañada y el órgano que aprueba también se convierte en cómplice al avalar ese gasto público de manera velada.   Esto sin duda ocasiona que la información sobre el actuar de  órgano legislativo local del Distrito Federal, particularmente sobre la aplicación de los recursos presupuestales, quede en la más completa opacidad, vulnerando con ello los derechos ciudadanos y contribuyendo a que la imagen de los servidores públicos dentro de la sociedad y de sus representantes sociales, cada día sea más negativa.     No olvidemos que la legislación aplicable a los servidores públicos también hace clara alusión a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, mismos que debe regir el actuar  de todo ente de gobierno y, en el caso que nos ocupa, algunos de esos principios quedan seriamente comprometidos.       Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

  ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, rinda dentro de los siguientes 3 días hábiles a esta Soberanía, un informe sobre lo siguiente:   A)   Aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2011, detallado por capítulo de gasto, programa y proyectos especiales. B)   Propuesta de aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012, detallado por capítulo de gasto, programa y proyectos especiales.       Firman la presente proposición:         DIP. A. TONATIUH GONZALEZ C.         ____________________________   DIP. JESUS SESMA  SUAREZ               ____________________________       DIP. ALBERTO E. CINTA M.                    ____________________________

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 30 de Enero de 2013.

    DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS RESOLUCIONES  QUE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL HA EMITIDO EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN SUELO DE CONSERVACIÓN, bajo la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS

    La creación de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), se planteó en la Ley Ambiental del Distrito Federal y su diseño se consolidó el 24 de abril de 2001 con la publicación de su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Así surgió la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, como una autoridad especializada en la atención de denuncias ciudadanas por presuntos incumplimientos a la normatividad urbano-ambiental.   La PAOT es una de las autoridades del Distrito Federal que tienen como finalidad la defensa de los derechos ambientales y territoriales de los habitantes de la Ciudad de México, además de ser a nivel nacional la única institución de tal naturaleza que concentra bajo una autoridad la materia ambiental y el ordenamiento territorial.     La principal atribución de la PAOT es la atención de las denuncias ciudadanas. Si bien los resultados de las investigaciones benefician en primera instancia a  los denunciantes, lo cierto es que la trascendencia de estos resultados significa mejores condiciones de vida para la población del Distrito Federal, derivado de la protección ambiental y el ordenamiento territorial.   Es importante mencionar que el tema más denunciado es el uso de suelo urbano, seguido por la afectación de áreas verdes en suelo urbano y, en un tercer lugar, las denuncias por ruido y vibraciones. (1)   En cuanto al uso de suelo, debemos decir que, tal como lo ha expuesto la propia PAOT, la planeación del desarrollo urbano se ejecuta mediante el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), el cual sienta las bases para expedir los programas delegacionales y parciales en la materia. Además de estos instrumentos, también se encuentran las Áreas de Gestión Estratégica y las Normas de Ordenación. La observancia de los instrumentos de planeación, antes mencionados, es obligación de toda persona física o moral, pública o privada.   De acuerdo a los resultados obtenidos de la gestión e investigación de las denuncias en materia de uso de suelo presentadas ante la PAOT, esta institución ha observado que el vertiginoso crecimiento urbano del Distrito Federal impone un tipo de dinámica diferente a la establecida en los programas de desarrollo urbano, mismo que conlleva al incumplimiento constante de estos programas por parte de las personas. Por tal motivo, la ciudad ha crecido de manera desordenada ocupando áreas, que desde el punto de vista formal, no son susceptibles de ser utilizadas para usos distintos a los establecidos en estos programas.   De este modo, el ordenamiento territorial se convierte en una referencia técnica, pues los usos reales se han ido alterando con impactos negativos sobre el medio natural circundante. Por otra parte, existen incongruencias entre los programas que regulan la actividad territorial en las zonas de transición entre el suelo urbano y el de conservación, por las incompatibilidades entre el PGDU y el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOE).     __________ 1.- Informe Anual de Actividades, Enero de 2011 – Febrero de 2012, PAOT.   Lo anterior resulta de suma importancia pues desde el año 2011 la PAOT ha emitido trece resoluciones relacionadas con asentamientos irregulares, principalmente en suelo de conservación, que básicamente involucran a las Delegaciones Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Alvaro Obregón y Xochimilco, así como a la Secretarías de Medio Ambiente (SMA) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), sin que hasta la fecha se hayan observado resultados tangibles que beneficien el cuidado y la permanencia del suelo de conservación.   La invasión por asentamientos humanos al suelo de conservación es un asunto de la más alta relevancia por los siguientes motivos:  

• El suelo de conservación abarca una superficie de poco más de 88,000 hectáreas.
• En suelo de conservación se localizan aproximadamente 34 mil hectáreas de propiedad social y 27 mil hectáreas con poblados con procedimientos agrarios en trámite.
• La biodiversidad en suelo de conservación proporciona un refugio a más de 2,500 especies de flora y fauna, inmersas en una extensa gama de ecosistemas y hábitat únicos, dada por su inclusión en el eje neovolcánico, hábitat de 2% de la biodiversidad mundial y del 12% de especies de flora y fauna de México.

  Además, el suelo de conservación proporciona los siguientes servicios ambientales. Mismos que se ven afectados en detrimento de la calidad de vida de todos los capitalinos:  

1. La recarga del acuífero, ya que se capta la mayor parte del agua que se recarga a los mantos acuíferos del Valle de México.
2. La captación de partículas suspendidas.
3. La producción de oxígeno y la captura de carbono, indispensables para contener y mitigar el impacto del cambio climático.
4. La regulación climática y microclimática.
5. La mitigación de la contaminación auditiva.
6. La retención de suelo fértil.
7. La función como espacios de esparcimientos turísticos y culturales.

A través de los últimos 10 años, gracias a la PAOT se ha podido documentar los principales problemas a los que se enfrenta el suelo de conservación, a saber:  

• La sobreexplotación de los recursos naturales.
• La tala clandestina.
• Los tiraderos clandestinos de residuos urbanos y de la construcción
• El cambio de uso de suelo inmoderado
• Las construcciones ilegales realizadas en su mayoría por asentamientos humanos Irregulares

  Este ultimo asunto es el que nos ocupa en el presente instrumento, ya que como mencionamos líneas arriba, la PAOT ha emitido resoluciones que en su conjunto constituyen un estudio serio y comprometido que nos indica que las distintas autoridades involucradas, tales como la mayoría de las Delegaciones, la SMA, la SEDUVI y el INVEA, cuando menos en 11 de aquellas,  tienen pendiente la realización de acciones concretas tendientes a evitar daños a personas y sus bienes, así como para retirar asentamientos irregulares.   A continuación se mencionan los casos particulares:  

• Expediente PAOT-2010-1120-SOT-710 Y ACUMULADOS. Resolución del 30 de septiembre de 2011.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Xochimilco, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación.  

• Expediente PAOT-2010-888-SOT-519 Y ACUMULADOS. Resolución del 30 de septiembre de 2011

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Tlalpan, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación.  

• Expediente PAOT-2010-10-33-SOT-23 Y ACUMULADOS. Resolución del 30 de septiembre de 2011.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Iztapalapa, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación y la específica para Áreas Naturales Protegidas  

• Expediente PAOT-2010-660-SOT-301 Y ACUMULADOS. Resolución del 30 de septiembre de 2011.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Tláhuac, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación. También que la SEDUVI debe reasignar la zonificación para que la zona involucrada recupere su estatus de suelo de conservación.

• Expedientes PAOT-2010-10-130 AL 147-SOT-120 AL 135 Y ACUMULADOS: PAOT-2011-0110-SOT-49 AL 125-SOT-64. Resolución del 28 de octubre del 2011.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Gustavo A. Madero, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación, así como las obras de construcción que en esas zonas se realicen.  

• Expediente POT-2A010-650-SOT-291. Resolución del 28 de octubre de 2011.

En la resolución se concluye que en la zona involucrada no existe un asentamiento humano. Sin embargo, concluye que corresponde a la SMA y a la Delegación La Magdalena Contreras, continuar vigilando para evitar que la zona sea ocupada con fines habitacionales, pues anteriormente dicha área en encontraba ocupada por uh asentamiento humano.  

• Expediente PAOT-2010-1070-SOT-60 Y ACUMULADOS. Resolución del 29 de noviembre de 2011.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Cuajimalpa, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación, así como las obras de construcción que en esas zonas se han realizado y se realicen.  

• Expediente PAOT-2010-10-19-SOT-9 Y ACUMULADOS. Resolución del 24 de noviembre de 2011

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Álvaro Obregón, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación, así como las obras de construcción que en esas zonas se realicen. También que la SEDUVI debe aclarar si el asentamiento humano pertenece a esa Delegación o a La Magdalena Contreras.  

• Expediente PAOT-2010-657-SOT-298 Y ACUMULADOS. Resolución del 29 de Noviembre de 2011.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Tláhuac, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación, así como las obras de construcción que en esas zonas se realicen.  

• Expediente PAOT-2010-888-SOT-711 Y ACUMULADOS. Resolución del 16 de diciembre de 2011.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Xochimilco, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación, así como las obras de construcción que en esas zonas se realicen.  

• Expediente PAOT-2010-642-SOT-283 Y ACUMULADOS. Resolución del 23 de enero de 2012.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación La Magdalena Contreras, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación, así como las obras de construcción que en esas zonas se realicen.  

• Expediente PAOT-2010-1122-SOT-712 Y ACUMULADOS. Resolución del 28 de febrero de 2012.

En la resolución se menciona que tanto la Delegación Xochimilco, la SMA y el INVEA, deben iniciar acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos que contravengan la normatividad aplicable en suelo de conservación, así como las obras de construcción que en esas zonas se realicen.   Como se puede apreciar, en prácticamente todos los casos (salvo el del expediente POT-2A010-650-SOT-291), se hace referencia a asentamientos humanos irregulares que se encuentran en suelo de conservación, mismos que afectan directamente a los servicios ambientales que se aportan a la Ciudad de México y a toda la zona Metropolitana del Valle de México.         Según información proporcionada por la misma PAOT, se pueden contabilizar 835 asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación en todo el Distrito Federal, en los que se encuentran más de 50,000 viviendas que afectan a casi 3,000 hectáreas, y que cuentan con una antigüedad que varía entre los 6 y los 15 años en promedio.   Lo anterior es una clara muestra del deterioro que está sufriendo el suelo de conservación, no obstante que la PAOT ha evidenciado y hecho del conocimiento de las autoridades competentes las violaciones a la normatividad aplicable que las irregularidades en que han incurrido los asentamientos humanos que existen en el suelo de conservación del Distrito Federal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con:    

PUNTO DE ACUERDO

 

 

ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a los Jefes y Jefas Delegacionales en Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Xochimilco, así como al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Secretaria del Medio Ambiente y al Titular del Instituto de Verificación Administrativa, todos del Distrito Federal, den inmediato cumplimiento a las Resoluciones Administrativas emitidas con motivo de invasiones por asentamientos irregulares en suelo de conservación y áreas naturales protegidas, a saber:  

• PAOT-2010-888-SOT-519 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-888-SOT-711 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-1120-SOT-710 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-1122-SOT-712 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-10-33-SOT-23 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-1070-SOT-60 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-10-130 AL 147-SOT-120 AL 135 Y ACUMULADOS: PAOT-2011-0110-SOT-49 AL 125-SOT-64
• PAOT-2010-10-19-SOT-9 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-650-SOT-291

 

• PAOT-2010-642-SOT-283 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-748-SOT-389
• PAOT-2010-660-SOT-301 Y ACUMULADOS
• PAOT-2010-657-SOT-298 Y ACUMULADOS

  Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:             DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR