Lunes, 07 Octubre 2013 15:24

DIPUTADO ALMICAR AUGUSTO VILLAFUERTE TRUJILLO, DURANTE LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE SEDESOL, ROSARIO ROBLES BERLANGA... Featured

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México, D. F., a 07 de octubre  de 2013

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE EN VOZ DEL DIPUTADO ALMICAR AUGUSTO VILLAFUERTE TRUJILLO, DURANTE LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE SEDESOL, ROSARIO ROBLES BERLANGA, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO

 

Con su venia señor Presidente.

Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, licenciada Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, licenciada Nuvia Mayorga, Directora Nacional del CDI, sean ustedes bienvenida a este recinto legislativo.

Los legisladores y legisladoras del Partido Verde, sabemos que el desarrollo social es una de las más altas prioridades del actual Gobierno de la República, ello responde a la convicción del titular del Poder Ejecutivo de poner en marcha políticas públicas encaminadas a atender cuanto antes las demandas más sentidas de los ciudadanos: mejorar la alimentación, la salud, la educación y la vivienda de la población. En resumen, se trata de que todos los mexicanos, especialmente quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad,  puedan acceder a condiciones de vida más dignas.

Lamentablemente, cuando hablamos de los sectores más desfavorecidos de la población, de aquellos mexicanos a quienes la exclusión, la marginación y el rezago afectan con mayor crudeza tenemos que referirnos a los pueblos indígenas, cuyos miembros son, sin duda alguna, los más pobres entre los pobres del país.

En el plano de la retórica se dice siempre que la riqueza de la cultura nacional, reside en nuestras raíces indígenas, al tiempo que se afirma que tanto la sociedad como el Estado tienen con los pueblos originarios un compromiso y responsabilidad históricos en la tarea de preservar sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua y su visión del mundo.

Si bien es cierto que el Estado mexicano reconoce y protege los derechos humanos de todos sus habitantes sin distinción de ninguna índole, no puede soslayarse el hecho de que algunos sectores sociales han debido enfrentar un largo y sinuoso camino para alcanzar el reconocimiento y respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

En el caso de los pueblos indígenas aún queda mucho por hacer en cuanto se refiere al ejercicio efectivo de los derechos que consagra para ellos nuestra Carta Magna, pues la brecha existente entre aquello que se asienta a nivel discursivo y lo que sucede realmente en la práctica es todavía muy grande.

Los pueblos indígenas están inmersos desde hace tiempo en una intensa lucha por ser reconocidos plenamente como sujetos de derecho y por defender sus territorios de la voracidad de los intereses de grandes corporativos nacionales e internacionales que no comprenden el valor que la tierra tiene para su cultura. Lo anterior se acompaña de reclamos por servicios que otros mexicanos no indígenas ya tienen resueltos como lo son el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo y a la preservación de su patrimonio cultural.

Uno de los principales obstáculos que tradicionalmente han enfrentado los pueblos indígenas para superar las condiciones de pobreza y marginación en las que viven, ha sido el carácter asistencialista de la política social llevada a cabo por administraciones anteriores, la cual se ha enfocado únicamente en brindar ayuda a los necesitados sin profundizar en la solución de problemas causales, como son la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades que aquejan a millones de indígenas en México.

Reducir el rezago en el que viven miles de comunidades indígenas de todo el país, no será posible si las estrategias orientadas a cumplir con este propósito se diseñan de manera unilateral; asimismo, la incorporación de los pueblos originarios al desarrollo nacional no podrá llevarse a cabo sin la participación decidida de sus miembros.

Como ya lo expresamos, los pueblos indígenas reclaman una inserción integral en la sociedad que les permita ejercer plenamente y de modo efectivo los derechos que la Constitución establece para todos los mexicanos, pero con reglas del juego que garanticen que la estructura política del Estado reconozca sus especificidades y derechos como pueblos autónomos y auto determinados. En este sentido, consideramos que la política social debe fomentar la participación activa y consciente de las comunidades indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida.

Señora Secretaria: ¿Qué acciones está llevando a cabo la Secretaría a su cargo para impulsar la cultura de participación en las comunidades indígenas a fin de que los programas sociales implementados obtengan mejores resultados?

Y la otra pregunta, si me lo permite, ¿cuáles son los resultados concretos que tienen en los municipios pilotos que se pusieron en la Cruzada Nacional contra el Hambre?

Es cuanto, muchas gracias.

 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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