Los suscritos, Diputados Jesús Sesma Suarez y Alberto Emiliano Cinta Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito FederalLos suscritos, Diputados Jesús Sesma Suarez y Alberto Emiliano Cinta Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL,  INICIE LAS INVESTIGACIONES POR LAS SUPUESTAS CONDUCTAS DE CORRUPCIÓN Y EXTORSIÓN REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, REALIZAR LAS  DENUNCIAS CORRESPONDIENTES  ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO,  bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga como gran privilegio el derecho a una vivienda digna para el sano desarrollo de las familias mexicanas.   Esas políticas públicas de garantizar el derecho y disfrute de la vivienda digna y decorosa para todas las familias en el Distrito Federal, le corresponde ejecutarla al Instituto de la Vivienda.   El Instituto de la Vivienda del Distrito Federal, o INVI, es el organismo encargado de orientar las políticas públicas para ayudar al acceso y adquisición de vivienda digna para la población vulnerable y de bajos recursos económicos o en situación de riesgo.   El hogar es de lo más valorado e importante en la sociedad mexicana, porque en él se concentra la célula social que es la familia. De ahí la relevancia de ayudar a las familias mexicanas a tener acceso a una vivienda digna, para su sano e integral desarrollo.   Pero las políticas públicas en torno de vivienda se han utilizado, lamentablemente, como una herramienta más en el proceso de esclavitud electoral en contra de las familias mexicanas habitantes en el Distrito Federal. Es sabido que toda familia beneficiada con los programas de vivienda, son sometidas por los grupos en el poder para movilizar gente en marchas, manifestaciones y elecciones. Y ahora, estos intereses pérfidos ya trascendieron a las empresas constructoras y organizaciones encargadas en la gestión y construcción de vivienda de interés social en el Distrito Federal.         La semana pasada, en medios de comunicación, proyectistas y organizaciones gestoras de vivienda se quejaron en contra del Director General del INVI, el Ing. Raymundo Collins Flores, por una red de corrupción en el Instituto.   Los representantes de estas empresas constructoras y organizaciones sociales, en una audiencia que se realizó el pasado lunes 3 de junio en la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal, ante el Director de esa área, el C. Raúl Rivas Cova, denunciaron ser víctimas de extorsión y cohecho del Ing. Raymundo Collins, quien solicita diez millones de pesos para otorgar proyectos de construcción de vivienda.   Además, los denunciantes acusan al Director General del INVI de realizar cobros para poder incluir a las empresas constructoras en el padrón de proveedores, así como de pedir a las empresas constructoras el 10% sobre el valor de los contratos firmados con el INVI. Otra de las acciones denunciadas es la exigencia de cuotas para liberar los pagos pendientes, los cuales congelan, dejando sin liquidar obras ya concluidas y entregadas.   Fueron 14 representantes de diversas compañías constructoras las que se reunieron con representantes del GDF para definir cuál será la acción que en conjunto hará en contra de las prácticas de corrupción, en la que se presume cometió el Ing. Raymundo Collins.   Estas 14 empresas y organizaciones sociales, calculan que el INVI les debe 177 millones de pesos para liquidar y entregar las 23 obras de desarrollos de vivienda nueva, los cuales han sido suspendidas o incluso no se han liquidado aun estando ya  concluidas y entregadas.   En el Partido Verde, como precursores en la Constitución de las políticas públicas de reconocimiento de vivienda digna para el sano desarrollo de las familias mexicanas, nos preocupa que la noble labor de ayudar a las familias de escasos recursos, vulnerables o que se encuentren en situación de riesgo, sea manchada por una red de corrupción dentro del INVI.   Por ello, con el único objeto de coadyuvar a aclarar esta delicada situación, consideramos necesario y pertinente la participación de la Contraloría General del Distrito Federal en la realización de una investigación dentro del INVI, para identificar si existe dicha red de corrupción y, de ser así, se proceda con la imposición  de sanciones y responsabilidades administrativas y con las denuncias correspondientes ante el Ministerio público.   Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con:          

PUNTO DE ACUERDO

  ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  al Contralor General del Distrito Federal, el Lic. Hiram Almeida Estrada, en virtud de las quejas realizadas ante el Gobierno del Distrito Federal por constructoras de vivienda, INICIE LAS INVESTIGACIONES POR LAS SUPUESTAS CONDUCTAS DE CORRUPCIÓN Y EXTORSIÓN REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, REALIZAR LAS  DENUNCIAS CORRESPONDIENTES  ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. .   Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: