México, D. F., a 13 de diciembre 2012

Muchas gracias, con su venia señor presidente.

Estimadas diputadas y diputados de este Honorable Congreso de la Unión.

La protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos se encuentran plasmados, como todos sabemos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas.

A nivel internacional, la tortura sigue siendo usada hasta nuestros días de manera alarmante, sabemos que es completamente ilegal y nada tiene que ver con la búsqueda de la justicia, y con el fin de erradicar esta práctica, las Naciones Unidas crearon la Convención contra la Tortura y Otros Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o Degradantes, misma que fue ratificada por México en 1987, entrando en vigor el 26 de junio del mismo año.

La mayoría de los casos de tortura no son denunciados ante las autoridades por desconfianza a las mismas, desconocimiento de las leyes o tratados, por el mismo temor a las represalias de los mismos funcionarios públicos y sólo trascienden los casos con alguna connotación especial. Viene a mi mente el nombre de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, que fue arrestado en el 2012 por agentes federales, desaparecido desde ese entonces, y nunca supimos más. Incluso, la Procuradora Marisela Morales ofreció disculpas públicas, asumiendo la responsabilidad del Estado mexicano.

Creemos que al ser nuestro país un estado firmante de la mayoría de acuerdos y protocolos de protección y defensa de los derechos humanos, está obligado a tomar medidas efectivas que contribuyan a la erradicación de las torturas. Considerando que la tortura puede ser física, psicológica.

Es necesario reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para erradicar entre otras la práctica del arraigo, figura que se utiliza precisamente para torturar a nuestra gente. El mismo ministerio público mantiene privado de su libertad a quien, ni siquiera ha sido sujeto a un proceso, violentando con ello su condición humana y su conciencia.

Tal y como lo ha manifestado el Procurador General de la República y donde el estado de Chiapas, es un ejemplo para haber incluido en su marco constitucional local la prohibición de este arraigo. Asimismo, creemos que son necesarias reformas para que las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sean  suficientes, en la defensa de la protección de los derechos humanos.

Por lo anterior, mi grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, vemos muy favorablemente la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en pro de erradicar esta práctica violatoria a los derechos humanos que sigue siendo muy común, y más en nuestro país.

Es cuanto señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO