México D. F., a 28 de abril de 2011

Boletín 68/11

• · Invasiones, cambios de uso de suelo, descarga de residuos de la construcción, transporte de madera y afectación a árboles serán delitos culposos: Couttolenc Güemez

El presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, José Alberto Couttolenc celebró la aprobación de su propuesta de reformas al Código Penal en materia de delitos ambientales.

Explicó que el dictamen aprobado por unanimidad ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), modifica el artículo 76 para establecer como delitos culposos: invasiones, cambios de uso de suelo, descarga de residuos de la construcción, afectaciones a los árboles y transporte de madera, todo con el fin de aumentar las sanciones y precisar la forma en la que se instrumenta el procedimiento.

El también diputado del Partido Verde Ecologista de México, resaltó que su propuesta busca responder a la realidad que se vive en la Ciudad de México, en cuanto a la complejidad de las figuras delictivas en materia ambiental, su sofisticación y homologar criterios en la tipificación del delito.

“El objetivo principal es inhibir la comisión de delitos ambientales, frenar las acciones cometidas por la delincuencia organizada que producen daños graves a nuestro medio ambiente y otorgarle más dientes a las autoridades judiciales, a través de sanciones más altas y precisiones al marco normativo, ya que el castigo administrativo ya no era suficiente”, destacó.

Explicó que el artículo 254, precisa que a los delitos que se incluyeron como culposos, se les impondrá como pena de cuatro a diez años de prisión y de 200 hasta mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos.

En el artículo 343 bis, se inserta la posibilidad de sancionar a quien dolosamente haga uso de suelo distinto al permitido y construya edificaciones con alturas o capacidades superiores a las permitidas.

En cuanto a la descarga de residuos de la construcción en zonas verdes, se disminuye de tres a un metro cúbico, la cantidad de desechos que está prohibido descargar el cualquier lugar no autorizado, ya sea el suelo urbano o de conservación.

Couttolenc Güemez dijo que en ese mismo artículo, se contempla sancionar a quienes transporten residuos de la industria de la construcción que no cuenten con el pago de derechos y la documentación comprobatoria que acredite su disposición final o reciclaje en un lugar autorizado, por lo que las sanciones establecidas van de uno a 5 años de prisión y de 300 a mil 500 días de multa.

Se agrega la prohibición de extraer piedra o tierra natural con un volumen igual o mayor a dos metros cúbicos, pues estas prácticas ya son comunes en diferentes puntos de la ciudad de México, afectando el ecosistema.

En el artículo 345 bis, se adicionó que a las personas que destruyan parcialmente los árboles, se le aplicarán las multas ya establecidas, que van de 3 meses a 5 años de prisión y de 500 a dos mil días multa.

El legislador del Partido Verde comentó que se adicionó un artículo 345 ter para establecer penas de 3 a 9 años de prisión y de mil a 5 mil días multa a quien transporte hasta 4 metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente en madera aserrada, o para quien transporte cualquier recurso forestal en ese mismo volumen, pues con ello se limita la acciones de las mafias que talan los bosques del Distrito Federal.

Se adiciona, en el artículo 347 bis, de tres a nueve años de prisión y de mil a 5 mil días de multa, a quien posea o use un documento que acredite la aprobación de la verificación vehicular, que no haya sido expedido por el Centro de Verificación Vehicular Autorizado.

Se amplía la posibilidad de sancionar a quién solicite dinero para la aprobación de la verificación vehicular, además de al propietario, responsable, técnico, también al empleado o prestador de servicios, a fin de precisar con mayor rigor quién podrá ser sancionado, con el fin de reducir la corrupción en estos lugares.

Couttolenc Güemez indicó que en los casos en los que la persona sea primodelincuente y demuestre mediante dictamen técnico, que se ha reparado totalmente el daño ambiental causado y que además se han realizado acciones tendientes a favorecer el equilibrio ecológico o a establecer medidas permanentes de protección a un ecosistema, el Juez podrá determinar que no se le imponga sanción penal alguna, pero este beneficio sólo será otorgado por una sola vez.

Finalmente, indicó que estas reformas de ninguna manera pretenden saturar las cárceles y criminalizar a los ciudadanos, “lo que se busca es inhibir de forma concreta la comisión de delitos ambientales”.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO