La Junta de Coordinación Política (Jucopo) presidida por el ecologista Jesús Sesma Suárez, instaló el Grupo de Trabajo para la Revisión Integral y Actualización de la Normatividad Interna del Congreso de la Ciudad de México, el cual tendrá como objetivo que la Ley Orgánica y el Reglamento sean modernos, coherentes y alineados con los principios de sostenibilidad, transparencia y representatividad.
Durante la instalación, Sesma Suárez destacó que se busca actualizar la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso para que cumplan con los estándares y principios de la Constitución Política de la Ciudad de México. En ese sentido indicó que la estrategia operativa del Grupo de Trabajo pondrá énfasis en la transversalidad legislativa como un enfoque esencial para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, la Carta de Derechos de la Constitución de la Ciudad de México y los principios de la Carta de las Naciones Unidas en el proceso normativo.
“Este enfoque asegura que todas las leyes y reformas sean inclusivas, sostenibles y garanticen el bienestar de la ciudadanía. Además, la división de los temas en grupos especializados permitirá abordar las necesidades operativas del Congreso con un enfoque técnico y sectorial, optimizando los procesos internos y mejorando la claridad y aplicabilidad del marco normativo”.
Cabe destacar que esta estrategia permitiría que los acuerdos colaterales sean emitidos por el Pleno, con el objetivo de evitar una sobrecarga en el Reglamento y permitir actualizaciones rápidas, en línea con las necesidades operativas. Entre las normas susceptibles de traslado a estos acuerdos se sugieren: un Manual de Procedimientos Protocolarios, que aborde reglas específicas para eventos y reconocimientos; Acuerdos sobre el Uso de Tecnología, que regulen aspectos técnicos en sesiones virtuales y el sistema de votación electrónica; y Lineamientos para procesos de Comisiones.
Durante la reunión, los líderes políticos, funcionarios y asesores legislativos coincidieron en que esta revisión de la normatividad interna del Congreso representa el inicio de una modernización efectiva del marco jurídico de la Ciudad que es necesario para abordar de manera inmediata las reformas de armonizar con la Constitución General y las leyes secundarias federales, en paralelo, y para programar acciones que adapten la legislación a los instrumentos de planeación y a los pendientes de la Constitución de la Ciudad.
- Con esta propuesta se pretende ajustar el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que las autoridades electorales de las Entidades Federativas emitan sus respectivos marcos reglamentarios.
Para garantizar la atención pronta e inmediata de los asuntos relacionados con la violencia política contra las mujeres en razón de género, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de que cada Estado pueda emitir sus respectivos marcos reglamentarios en esta materia.
Guerra Mena lamentó que a pesar de la larga lucha por el reconocimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres, aún en la actualidad siguen sufriendo de violencia política, entendida como toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que busca limitar, anular o menoscabar la participación de las mujeres y su acceso al ejercicio de derechos políticos y electorales. Por ello, consideró necesario continuar con la construcción de distintos instrumentos, políticas y herramientas para atender estas violaciones a sus derechos políticos.
Explicó también que aunque desde abril del año 2020 se hicieron oficiales diversas reformas en materia de violencia política en razón de género, estos son pasos aislados y de carácter gradual que no han permitido erradicar este problema que afecta la democracia participativa y electiva.
Agregó que en nuestro país la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que las autoridades electorales se ven impedidas de perseguirla y sancionarla.
Detalló que a pesar de que el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que las autoridades electorales de los Estados deben establecer los mecanismos para eliminar y sancionar este tipo de violencia, a nivel Federal, el procedimiento al que deben sujetarse las autoridades para atender los casos de este tipo de violencia es a través del denominado Procedimiento Especial Sancionador.
Por ello, explicó que con esta propuesta se pretende ajustar el mencionado artículo para que las autoridades electorales de las Entidades Federativas emitan sus respectivos marcos reglamentarios para la atención pronta e inmediata de los asuntos relacionados con la violencia política contra las mujeres en razón de género y en tanto se emiten, las autoridades deberán alinear sus procedimientos de deliberación.
Argumentó que de esta manera, se brinda a las autoridades de los Estados un eje orientador que les permita ser eficientes en resolver de inmediato este tipo de asuntos, al tiempo que se les establece el mandato de emitir sus lineamientos reglamentarios en beneficio de los derechos políticos y electorales de miles de mujeres mexicanas que aspiren a participar en la toma de decisiones de su localidad, estado o país.
La propuesta del Ejecutivo introduce una modificación que se aprobó a iniciativa del Partido Verde para incluir la prohibición de utilizar ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, se congratuló de que, en la sesión legislativa de este martes, 12 de noviembre, se discutirá y votará la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal, uno de los temas principales de la agenda de la bancada ecologista.
El dictamen que modifica los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política, plantea que los planes y programas de estudio de las escuelas de todo el país deben incluir la protección de los animales. También prohíbe su maltrato y fija el deber del Estado mexicano de garantizar su protección, trato adecuado y conservación.
Asimismo, establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes generales de protección a los animales y ordena al mismo Congreso expedir, en un plazo de 180 días después de la entrada en vigor de la reforma constitucional, una Ley General en Materia de Protección y Cuidado de los Animales.
Las diputadas y diputados del Partido Verde celebraron que la reforma esté a punto de aprobarse en el pleno de San Lázaro, ya que ello refuerza la convicción del Verde Ecologista en la lucha de poner un alto definitivo al maltrato animal.
De acuerdo con el Dictamen, “al meter la prohibición del maltrato animal en la Constitución, el Estado reconoce a los animales como sujetos de protección jurídica. Esto impulsa una visión de los animales como seres que merecen un trato digno, no solo como objetos de propiedad”.
Asimismo, considera que la necesidad de incluir la protección de animales dentro de la Carta Magna creará un enfoque educativo que promoverá una mayor conciencia y respeto hacia estos seres, con el objetivo de contribuir a una reducción del número de casos de maltrato animal que actualmente se registran en el país.
Señala que “una disposición constitucional permitirá a las entidades federativas crear sanciones más estrictas y eficaces para aquellos que maltraten animales. Esto puede incluir penas más severas o procesos legales específicos que busquen proteger y evitar el sufrimiento animal”.
Dentro de los datos relevantes de la propuesta se destaca que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal y el primer lugar en Latinoamérica. Se estima que siete de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato.
Los motivos más reportados de maltrato animal son: Falta de alimento, 14.7 por ciento; agresiones físicas, 13.4 por ciento; mantener amarrados a los animales, 12.3 por ciento y abandono, ocho por ciento.