- Se propone que localidades con riqueza natural y cultural, particularmente aquellas con fuerte presencia indígena, desarrollen sus propios proyectos turísticos.
Con el objetivo de establecer las bases jurídicas necesarias para promover un desarrollo turístico más justo, inclusivo y sostenible, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar la Ley General de Turismo para que localidades con riqueza natural y cultural, particularmente aquellas con fuerte presencia indígena, desarrollen sus propios proyectos turísticos con el respaldo de los tres niveles de gobierno.
La diputada Salomón Durán explicó que esta iniciativa plantea incorporar en el catálogo de conceptos de la Ley General de Turismo la figura del “turismo alternativo indígena”. “Esta categoría representa una herramienta legal y conceptual que permitirá reconocer y fomentar modelos turísticos impulsados por comunidades originarias, las cuales enfrentan múltiples vulnerabilidades históricas y contemporáneas, pero que poseen un alto potencial para ofrecer experiencias únicas y auténticas al turismo nacional e internacional”, afirmó.
Asimismo, señaló que, de acuerdo con el Compendio de Estadísticas Ambientales de la Semarnat, el turismo alternativo comprende aquellas actividades recreativas realizadas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales, con respeto y compromiso hacia su conservación. A partir de esta definición, el turismo alternativo indígena se perfila como una expresión del turismo sustentable, al reunir elementos tanto ecológicos como culturales dentro de su práctica.
“Al no tratarse de un turismo masivo, las actividades se llevan a cabo en pequeña escala, lo que permite que los beneficios económicos permanezcan dentro de las comunidades, fortaleciendo su desarrollo local y generando inclusión social”, resaltó la legisladora.
La legisladora explicó que además de su impacto económico, el turismo alternativo indígena representa una alternativa viable para contrarrestar el deterioro de los modelos productivos tradicionales en el entorno rural. Frente a los efectos de la globalización, este tipo de turismo puede convertirse en un motor de recuperación para regiones marginadas, al mismo tiempo que preserva y promueve el patrimonio natural y cultural de los pueblos originarios de México.
En este sentido, Salomón Durán resaltó que la incorporación del concepto de “turismo alternativo indígena” en la legislación nacional es un paso fundamental hacia la construcción de un turismo más equitativo y sostenible. “Esta medida no solo permitiría ampliar las oportunidades para los pueblos indígenas, sino que también abriría camino a una forma de desarrollo que reconozca su valor, conserve su identidad y repare, en parte, la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con ellos”, puntualizó.
- Lo anterior permitirá nivelar las condiciones laborales de las mujeres antes y después del parto y estrechar el vínculo materno-infantil
Con el fin de nivelar las condiciones laborales a que se enfrentan las mujeres antes y después del parto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en la Cámara de Diputados propuso reformar el artículo 123, fracción V de la Constitución Política, para ampliar la licencia de maternidad de seis a siete semanas antes de la fecha aproximada del parto y aumentar a 14 semanas el periodo posterior a éste, que en la actualidad es de seis semanas.
Lo anterior, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo, así como los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
La propuesta del diputado ecologista Mario Alberto López Hernández, considera importante ampliar estos períodos de licencia ya que nivela las condiciones laborales para las mujeres, quienes muchas veces, deben elegir entre mantener su nivel de productividad en el trabajo y continuar amamantando, con los desafíos que ello genera.
“Ninguna mujer tendría que elegir entre ser mamá y su desarrollo profesional, no deben de ser mutuamente excluyentes estas dos actividades, de ahí la importancia de esta iniciativa que pretende reformar las leyes que permitan a las mujeres decidir libremente si quieren lactar a su bebé, sin preocuparse por el trabajo”, dijo.
Destacó que México se encuentra rezagado en esta materia a nivel mundial, ya que no se encuentra alineado, ni ha ratificado el Convenio sobre la protección de la maternidad (Convenio 183) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece un estándar mínimo del derecho a una licencia de maternidad de al menos catorce semanas, y recomienda que se aumenten hasta 21 semanas, para asegurar que el descanso y la recuperación sean adecuados.
De ahí, dijo, la necesidad de ampliar en el país, el periodo de licencia a 21 semanas, y especificar el derecho de la mujer a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto. Igualmente, agregó, es muy importante homologar el periodo de licencia de maternidad en el artículo 170, fracción II en la Ley Federal del Trabajo, puesto que, la licencia de maternidad brinda ciertos beneficios que impactan en el cuidado de la salud de la madre y el bebé, así como un impacto positivo en las finanzas personales.
El diputado del Partido Verde destacó que, en México, el 41.9% de la población vive en pobreza, y las mujeres son las más afectadas por esta condición. En este contexto, las mujeres que deciden ser madres enfrentan enormes dificultades para proporcionarles a sus hijos una vida digna, y, en muchos casos, deben elegir entre mantener a su familia con recursos limitados o acceder a una educación adecuada para sus hijos.
Ante ello, explicó que la licencia de maternidad en México, es un derecho laboral que busca proteger a las mujeres trabajadoras durante y después del embarazo, asegurando su bienestar y el de su hijo en los primeros meses de vida, así como garantizando la estabilidad en su empleo. Aunque se han tenido avances importantes en los últimos años, la implementación y el acceso a este derecho siguen siendo un tema relevante y, en muchos casos, controvertido, ya que afecta a millones de mujeres en su vida profesional y personal.
Indicó que por ello, la propuesta de ampliar la licencia por maternidad, habla de una situación de salud pública, que puede modificar el futuro de una persona, ya que la lactancia materna tiene muchos beneficios tanto en términos de salud, como en términos de desarrollo, siendo que protege a los bebés de enfermedades infecciosas, y mejora su salud en el corto plazo porque refuerzan su sistema inmunológico y también reduce el riesgo de mortalidad durante los primeros años, a largo plazo (vida adulta), ya que previene el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, así como de sobrepeso y obesidad.
Además, añadió que la interacción temprana entre una madre y su bebé durante el primer año posparto se centra en la respuesta emocional materna, un factor determinante en la formación del vínculo materno-infantil. “Este vínculo es un mediador clave en el desarrollo psicosocial del infante. Su alteración se asocia con consecuencias significativas a nivel cognitivo, social y de salud mental, además de aumentar el riesgo de maltrato, abuso infantil e incluso infanticidio”, destacó.--
- Se propone un marco legal que obligue a las empresas de telecomunicaciones a implementar sistemas de monitoreo y alertas para detectar fraudes.
Con el objetivo de establecer la obligación de las compañías de telefonía móvil de implementar mecanismos que prevengan, detecten y colaboren en la persecución de ciberdelitos, la diputada del Partido Verde, Claudia Sánchez Juárez, propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el Código Penal Federal.
La diputada Sánchez Juárez explicó que su propuesta tiene como finalidad crear un marco legal que exija a las empresas de telefonía celular la instalación de sistemas de monitoreo y alertas para identificar actividades fraudulentas en sus redes.
Además, se plantea que estas compañías colaboren de manera inmediata con las autoridades competentes, proporcionando información relevante para la investigación de delitos cibernéticos en un plazo no mayor a 48 horas.
La iniciativa también incluye la imposición de sanciones económicas y administrativas severas, con multas que podrían alcanzar hasta el 5% de los ingresos anuales de las empresas, así como la suspensión de operaciones y, en casos de omisión reiterada, la revocación de concesiones.
Otro aspecto destacado en la propuesta es la obligatoriedad de geolocalizar los dispositivos utilizados para cometer delitos cibernéticos, lo que facilitaría la identificación y captura de los responsables. Asimismo, se busca garantizar la protección de los datos personales y financieros de los usuarios.
La diputada también sugiere el lanzamiento de campañas de concientización sobre ciberseguridad, en colaboración con el Gobierno federal, para educar a la población sobre los riesgos y las mejores prácticas para prevenir ataques cibernéticos.
"Es fundamental que tomemos medidas efectivas para proteger a los mexicanos. Es inaceptable que los ciberdelincuentes utilicen las redes de telefonía móvil como plataformas para llevar a cabo fraudes, extorsiones y distribuir contenido ilícito, sin que haya un mecanismo eficiente de monitoreo ni una respuesta inmediata por parte de las empresas de telecomunicaciones", enfatizó Sánchez Juárez.
Además, destacó que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a ciberataques, solo superado por Brasil, y que cada año se registran más de 80 mil millones de intentos de ataques cibernéticos en el país.
"Con esta propuesta, el Partido Verde busca fortalecer la seguridad digital de los mexicanos, proporcionando herramientas legales y operativas a las autoridades para combatir los ciberdelitos y proteger la integridad y privacidad de los usuarios de telefonía móvil", concluyó la legisladora.
