Con la venia de la presidencia. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados;
El desarrollo social debe ser una de las más altas prioridades del Estado y, en concordancia con ello, se debe legislar para concretar leyes encaminadas a atender las demandas más sentidas de los ciudadanos. Se trata de que todos los mexicanos, especialmente quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, puedan acceder a condiciones de vida más dignas.
Lamentablemente, cuando hablamos de los sectores más desfavorecidos de la población, de aquellos mexicanos a quienes la exclusión, la marginación y el rezago afectan con mayor crudeza, tenemos que referirnos a los pueblos indígenas, cuyos miembros son, sin duda alguna, de los más pobres entre los pobres.
La riqueza de la cultura nacional reside en nuestras raíces indígenas, al tiempo que se afirma que tanto la sociedad como el Estado tienen con los pueblos originarios un compromiso y responsabilidad históricos en la tarea de preservar sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua y su visión del mundo.
En el caso de los pueblos indígenas, aún queda mucho por hacer en cuanto se refiere al ejercicio efectivo de los derechos que consagra para ellos nuestra Carta Magna, pues la brecha existente entre aquello que se asienta a nivel discursivo y lo que sucede realmente en la práctica es todavía muy grande.
Los pueblos indígenas están inmersos desde hace tiempo en una intensa lucha por ser reconocidos plenamente como sujetos de derecho y por defender sus territorios. Lo anterior se acompaña de reclamos por servicios que otros mexicanos no indígenas ya tienen resueltos como lo son el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo y a la preservación de su patrimonio cultural.
En lo que toca al tema de la pobreza, es bien sabido que, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, siete de cada diez personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y ocho de cada diez tienen ingresos inferiores a la Línea de Bienestar, lo cual significa que no cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades más elementales.
Es imperativo reducir el rezago en el que viven miles de comunidades indígenas de todo el país y ello no será posible si las estrategias orientadas a cumplir con este propósito se diseñan de manera unilateral. Asimismo, la incorporación de los pueblos originarios al desarrollo nacional no podrá llevarse a cabo sin la participación decidida de sus miembros.
Es por lo anterior que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebramos la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a través de la Ley que estamos a punto de aprobar.
Quiero reconocer el esfuerzo que ha realizado la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Cámara, pues la elaboración del dictamen que se encuentra a nuestra consideración requirió la realización de foros de consulta en diversas regiones del país para conocer la opinión de los miembros de los diferentes pueblos originarios. De esta manera, se trata de una Ley que ha sido ampliamente discutida y debatida con sus principales destinatarios. El propósito fundamental del futuro Instituto será encontrar soluciones auténticas a los principales problemas que enfrentan nuestros hermanos indígenas, como son la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades.
Es cuanto, señora presidenta.
