Buenas tardes compañeras diputadas y diputados.
Con la venia de la presidencia.
En el marco de profunda transformación de nuestro país iniciado hace cinco años, los mexicanos debemos dejar de ver como algo normal que nuestras autoridades ocasionen algún deterioro al patrimonio público en beneficio propio.
Con este propósito es indispensable llevar una revisión del Poder Legislativo Federal debe ejercer sobre el trabajo de las autoridades de nuestro país, siempre con respeto a los principios y atribuciones señalados por nuestro texto constitucional vigente.
Al respecto, es fundamental que nuestro carácter de diputados federales constituya un deber constante pronunciar una postura clara en torno a laos acontecimientos conocidos por esta soberanía consistentes en la asignaciones de diversas obras bajo el esquema de asociaciones público privadas en Baja California.
Asimismo, deben considerarse las implicaciones económicas que este particular caso atraería, las cuales amenazan con originar uno de los mayores endeudamientos para un gobierno estatal en la historia.
Estamos convencidos de que la solución del conflicto no consiste solamente en pronunciarnos por exhortar a las autoridades del Estado a conducirse bajo los principios de legalidad, honradez, independencia, lealtad, imparcialidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo en los procesos de licitación o de asociación público-privada que suscriban, sino en verdad, de que se vele por los intereses de la población sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas.
No sólo resulta lamentable, enterarnos de casos en los que titulares de empresas ganadoras de proyectos de infraestructura de gran impacto económico y social, resulten ser familiares o amigos cercanos de funcionarios, sino también lo es que los mecanismos de financiamiento de dichas obras impliquen endeudar a los ciudadanos.
Se presume que de aprobarse la construcción de las desaladoras de Rosarito y de Ensenada, además de las obras de drenaje para Mexicali, el actual gobierno del Estado de Baja California heredaría una deuda de 82 mil millones de pesos para los próximos 37 años, mismos que habrán de pagarse con los recursos recaudados por los organismos operadores de agua potable en cada municipio.
En ese sentido, será necesario destinar lo recaudado vía el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, que constituye una importante fuente de ingresos para el Estado, así como de incrementar en un 92 por ciento el valor de cada metro cúbico de agua, poniendo con ello en riesgo el desarrollo y bienestar de un gran número de familias.
Por todo lo anterior, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde suscribimos esta proposición con punto de acuerdo presentada por nuestra compañera del Partido Encuentro Social pues estamos convencidos de que se deben señalar y condenar las presuntas irregularidades por parte de los gobiernos estatales en cuanto a la asignación de obra pública se trata.
Es por ello que en este acto reiteramos el compromiso de que los gobiernos estatales orienten su actuación en todo momento por los principios de certeza, legalidad, objetividad y profesionalismo. Dentro de los procesos citatorios y concursos públicos dejando de lado cualquier tipo otro criterio en los términos establecidos en nuestra Constitución Política y las leyes existentes en la materia.
