Con el permiso de la presidencia,
La tarea fundamental del Poder Judicial, desde su concepción, es impartir justicia de manera pronta y expedita. Esta función implica interpretar y aplicar las leyes, resolver conflictos entre individuos, entidades y el propio Estado, garantizando que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos, esto incluye por supuesto, la resolución de controversias, la protección de los derechos humanos y el control de la constitucionalidad de los actos y leyes de gobierno, asegurando así que se mantenga el Estado de Derecho en una sociedad democrática como la nuestra.
A lo largo de los años, nuestro sistema de justicia ha sido fundamental en la consolidación de un Estado democrático y de derecho. Sin embargo, también es cierto que, actualmente enfrenta desafíos significativos que demandan cambios profundos y estructurales para mantenerlo alejado de intereses particulares que tanto daño le han hecho al pueblo de México.
La reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo Federal en febrero de este año y enriquecida posteriormente por el contenido de los Diálogos Nacionales que tuvieron lugar en toda la República y cuyas conclusiones se incluyen en el texto del dictamen que hoy discutimos, se fundamenta principalmente en hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática.
Esta reforma propone, en primer lugar, garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos y con ello lograr que los derechos de cada persona, sin importar su condición social, económica o cultural, sean protegidos y defendidos con equidad. Esto implica no solo mejoras en la estructura del sistema, sino también en la selección de jueces y magistrados, quienes deben estar comprometidos con los principios de derechos humanos y justicia social.
En segundo lugar, la propuesta plantea agilizar los procesos del sistema judicial pues hoy en día la saturación de los tribunales y la lentitud en la resolución de casos son dos de los problemas que más afectan la impartición de justicia en nuestro país.
Con esta reforma se podrán reducir significativamente los tiempos de espera y garantizar una mayor eficiencia en la administración de justicia, especialmente en asuntos relativos a la materia fiscal, para los cuales se establece un plazo máximo de seis meses para emitir la resolución. En el mismo sentido, se propone un plazo de un año para la resolución de asuntos penales.
Estos cambios permitirán a los ciudadanos un acceso más directo y fácil a los servicios judiciales, promoviendo una justicia más cercana y accesible para todos.
En tercer lugar, se propone una mayor apertura y participación ciudadana, la reforma al poder judicial propone democratizar el acceso a la justicia mediante la creación de mecanismos que permitan el voto directo de la ciudadanía, lo cual implica por supuesto, la posibilidad de votar y de ser votado en los procesos de selección de funcionarios judiciales, al igual que sucede con los integrantes de los otros dos poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo.
Una mayor participación ciudadana fomentará, a su vez, una mayor transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, una mayor confianza en las instituciones judiciales. La justicia no debe ser percibida como un poder lejano e inalcanzable, sino como un servicio esencial que está al alcance de todos y que responde a las necesidades reales de la sociedad.
Finalmente, se propone dotar de mayor autonomía al órgano que imparte justicia y disciplina al interior del Poder Legislativo, lo cual permitiría una administración más eficiente e imparcial del sistema judicial, reduciendo la posibilidad de influencias externas que puedan comprometer la independencia de nuestros jueces y magistrados.
Fortalecer la autonomía del órgano referido es un paso crucial para asegurar que las decisiones judiciales se tomen con base en criterios objetivos, sin la interferencia de intereses particulares o económicos.
Debemos aprovechar esta oportunidad para consolidar un Poder Judicial que esté verdaderamente al servicio de la sociedad, que proteja los derechos de todas y todos y que garantice un acceso igualitario a la justicia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, es tiempo de actuar con valentía y determinación, es tiempo de reformar nuestro sistema de justicia para el bien de todas y todos los mexicanos.
Es cuanto, gracias.
