Con el permiso de la presidencia,
Quiero iniciar mi intervención retomando un debate que, más allá de su dimensión teórica, tiene profundas implicaciones en la vida cotidiana de las personas, en la percepción de nuestras instituciones y en la solidez del Estado de Derecho en nuestro país, me refiero al debate entre justicia formal y justicia real.
Por un lado, la justicia formal se refiere al cumplimiento estricto de las leyes y los procedimientos. Es el mecanismo mediante el cual se aplican las normas jurídicas, garantizando que cada proceso siga su debido curso y que la actuación de los tribunales sea conforme a lo que la ley dicta.
En la justicia formal, lo primordial es la norma y el proceso con el fin de mantener el orden y el carácter predecible del sistema judicial, asegurando que las reglas del juego se apliquen de manera consistente y uniforme.
Por otro lado, la justicia real no se limita al cumplimiento estricto de la ley, sino que va más allá, buscando que las decisiones judiciales reflejen los principios de equidad, justicia social y respeto a la dignidad humana, es decir, la justicia real es aquella que se preocupa no solo por la forma en que se aplica la ley, sino por los resultados y efectos que esas aplicaciones tienen en la sociedad y en las personas.
La justicia real exige que miremos más allá del texto de la ley para considerar las circunstancias específicas de cada caso, las condiciones de vida de los involucrados y los efectos que una decisión judicial puede tener sobre ellos. Se trata entonces de una justicia que busca corregir desigualdades, que se esfuerza por ser inclusiva, accesible y que intenta proteger a los más vulnerables frente a los abusos e inequidades del sistema.
En síntesis, lo formal es indispensable para la estabilidad y la coherencia del orden jurídico, pero la justicia real es crucial para la legitimidad del sistema y para la percepción de justicia por parte de la sociedad y es precisamente ahí donde nuestro sistema judicial se ha quedado corto en muchos aspectos, volviendo indispensable una reforma en la materia.
Sin duda alguna, necesitamos un sistema judicial que respete los procedimientos y las leyes, pero que también sea sensible a las necesidades y realidades de las personas a quienes esas leyes están destinadas a proteger. Debemos trabajar para que la justicia no solo sea un conjunto de normas frías y distantes, sino un instrumento vivo que promueva el bienestar, la igualdad y la protección de los derechos de las y los mexicanos.
Queremos un Poder Judicial que en sus resoluciones atienda de manera justa las demandas del pueblo y cierre la puerta a que el poder y las influencias sean un criterio determinante para obtener justicia.
Lo anterior hace necesaria una reforma profunda como la que hoy discutimos, para construir un sistema judicial más democrático, eficiente y accesible al común de las personas.
El Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia, lejos de cualquier influencia externa, solo de esa manera podrá recuperar la confianza pública de las y los ciudadanos, especialmente de aquellos que menos recursos tienen para acceder a la justicia.
Para hacer frente a esta situación, se propone un proceso de selección de jueces basado en la confianza pública, acompañado de mecanismos efectivos de control institucional, que aseguren la integridad y la imparcialidad en cada una de sus decisiones.
Por otro lado, el sistema judicial debe ser accesible para todas y todos los ciudadanos, sin importar su condición económica, social y geográfica pues, en muchos casos, el sistema actual es visto como distante, lento y complejo, por lo tanto, necesitamos una reforma que agilice los procesos y que elimine las barreras que impiden a los ciudadanos obtener una respuesta justa y oportuna a sus demandas.
Por último, debemos fortalecer la confianza ciudadana en el Poder Judicial, una reforma robusta, como la que se propone, fortalecerá la confianza de las y los mexicanos en nuestro sistema de impartición de justicia, promoviendo así una cultura de legalidad y respeto por los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos.
En conclusión, la reforma judicial que se plantea en el dictamen que está a nuestra consideración no es solo una respuesta a los desafíos actuales, sino una visión de futuro para México. Es una oportunidad para construir un sistema judicial que realmente sirva a los intereses del pueblo, que proteja sus derechos y que garantice que la justicia no sea solo para quienes pueden pagarla. Por lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen.
Es cuanto, gracias.
