Con la venia de la presidencia;
En México residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, que representan 25.3% de la población de todo el país.
Durante el año 2020 el INEGI llevó a cabo el Censo de Población y Vivienda, derivado de lo cual informó que el matrimonio y el trabajo infantil aumentaron en México respecto a las cifras registradas en el año 2010, señalando que actualmente, seis de cada mil niñas de 12 a 14 años se han unido con su pareja o casado.
El INEGI identificó también que las condiciones materiales de las niñas y niños en hogares donde se habla alguna lengua indígena son en general distintas de las que tienen sus pares de hogares no indígenas. En el primer grupo, sólo en seis de diez casos la vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y piso firme, mientras que, en el segundo, esto ocurre en nueve de cada diez casos.
La información de los Censos de Población y Vivienda del 2010 y del 2020 permite distinguir que el matrimonio infantil persiste en México y que la cifra en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígena actualmente duplica a tasa registrada en el ámbito nacional (12 frente a 6 por cada mil).
Lo anterior significa que 12 niñas indígenas por cada mil son obligadas o convencidas a contraer matrimonio en nuestro país, lo cual duplica los casos de quienes no son indígenas. En todo caso, ambos datos son alarmantes, y no podemos permitir que en pleno año 2022 siga existiendo esta situación y, ya sea por motivos económicos, sociales o siguiendo costumbres, se viole el derecho universal de los menores a vivir una niñez plena y al libre desarrollo de su personalidad.
Hay niñas en México que son obligadas a casarse o son vendidas dentro de sus comunidades a personas pertenecientes a ellas o a personas ajenas y ello provoca que sufran trastornos psicológicos durante el resto de sus vidas, ya que ninguna tiene la suficiente madurez para enfrentar los abusos cometidos en su contra por personas que prácticamente se convierten en sus dueños.
A pesar de la existencia de legislación que prohíbe el matrimonio infantil, en las localidades apartadas, muchas de ellas con población mayoritariamente indígena, no se ha logrado erradicar aun el matrimonio infantil por costumbre, lo cual definitivamente debe considerarse como una forma de violencia contra de nuestras niñas y adolescentes.
Dentro del orden jurídico mexicano, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aquella que prevé el cuidado de este sector poblacional, por ello propongo reformar sus artículos 7 y 16 a fin de establecer que el hecho de obligar a las mujeres a contraer matrimonio en razón de las costumbres familiares o de la comunidad sea considerado como violencia en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario.
Si bien las costumbres son prácticas heredadas del pasado que son aceptadas y respetadas por los miembros de una comunidad en tanto se convierten en símbolo de identidad, éstas no pueden tolerarse cuando causan sufrimiento y dolor a alguno de los involucrados. Ninguna costumbre puede estar por encima del respeto a los derechos humanos ni del interés superior de la niñez.
Por nuestras niñas, niños y por nuestra juventud, estimadas diputadas y diputados pido se analice esta iniciativa .
Muchas gracias, es cuanto.
