Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados.
Lo sabemos bien: el sector primario en el país constituye un pilar fundamental de nuestra economía.
El campo mexicano con el tiempo, ha adoptado nuevas tecnologías, implementado diversas herramientas que permitieron el posicionamiento en los primeros lugares a nivel mundial, gracias a la producción y a la calidad de nuestros productos.
Por su parte, el uso de las tecnologías en este sector ha consistido en el uso de semillas resistentes a los cambios climáticos y el uso de fertilizantes y abonos —productos necesarios para el control de las plagas— que han mejorado significativamente la calidad de los cultivos mexicanos. Estos productos han permitido la detección y erradicación de un sinnúmero de plagas.
Tan solo en el año 2015 en México, fueron detectadas 247 plagas en diferentes cultivos: como el virus "pulgón", la plaga que causa necrosis letal en el maíz y la enfermedad Roya en el grano de Café.
El tiempo de estudio y elaboración de estos productos (fertilizantes y plaguicidas), es en promedio de 11 años, debido a que cuentan con un respaldo científico y un estricto proceso de regulación. Estos son sometidos a rigurosas pruebas y estudios para garantizar su seguridad, calidad y sustentabilidad. En su producción se involucran activamente especialistas de diversas áreas como la toxicología, química, bio-eficiencia y seguridad ambiental.
En nuestro país las instancias que realizan y emiten los registros de estos insumos agrícolas son: Sagarpa, quien evalúa su efectividad en el campo; Semarnat, verificando su impacto al medio ambiente y Cofepris, quienes se encarga de verificar la protección de la salud humana. A pesar de los rigurosos procesos a los que son sometidos estos productos, hoy en día enfrentan a una amenaza diferente: el comercio ilegal.
Actualmente se distribuyen productos que son falsificados o piratas; productos que están adulterados; productos que no cuentan con registro, o bien, productos re-etiquetados o con etiquetas sobrepuestas.
El uso de insumos agrícolas falsificados o adulterados ocasiona graves daños económicos, sociales y ambientales, lo que representa un peligro constante para la salud de los usuarios que los manejan, así como para los consumidores finales, al exponerse a diversos agentes químicos que no pasaron por un proceso de verificación y de seguridad.
De igual manera, su uso puede perjudicar cultivos enteros afectando a pequeños y medianos productores y puede ocasionar el rechazo de estos productos para su importación.
Asimismo, contribuyen a la contaminación del aire, del suelo, de las aguas subterráneas y a los sistemas de drenaje, además de generar un impacto negativo sobre diversas plantas, aves, animales y a la vida marina.
En ese contexto, la Ley General de Salud únicamente contempla el comercio ilegal de substancias tóxicas o peligrosas, a que se refiere el artículo 278. Sin embargo, dicho artículo también establece la definición de Plaguicida y Nutrientes vegetales.
En otras palabras, esta legislación cuenta con una laguna normativa, sobre el tratamiento de plaguicidas o nutrientes vegetales obtenidos de manera ilegal o, peor aún, que hubieren sido falsificados por cualquier procedimiento químico o físico.
Es por lo anterior que propongo la adición del artículo 456 Bis en la Ley General de Salud, con la finalidad de sancionar las conductas citadas en el numeral 456, para quedar como sigue:
Artículo 456 BIS.- Al que elabore, introduzca, transporte, distribuya, comercialice, almacene, posea, deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil Unidades de Medida y actualización vigente a la zona económica vigente de que se trate.
Con este proyecto podremos coadyuvar a la producción de nuestros campos, a la seguridad de nuestros agricultores, pero principalmente a la salud de todas y todos los consumidores de productos agrícolas.
Muchas gracias, diputada presidente.
