Gracias, Presidenta.
Vengo a hablar a favor del dictamen porque estoy plenamente de acuerdo con la defensa de la libertad de expresión y los derechos de las audiencias y estoy convencida de que este dictamen, es un dictamen a favor de la libertad de expresión.
Las críticas que se han hecho a la reforma están llenas de calificativos y adjetivos, pero carecen, en mi opinión, de argumentos sólidos y concretos. Tratan de descalificar el procedimiento parlamentario y no aceptan que en una democracia existen votos y razones, existe debate, existe discusión y es lo que aquí se está dando.
Es total y absolutamente falso que se estén limitando los derechos de las audiencias, lo único que se hace es, entre otras reformas, derogar la obligación de distinguir entre información y opinión, que no es un derecho de las audiencias sino una traba que se impone a comunicadores y periodistas pues tal distinción a lo único que conduce es a tener un proceso de comunicación poco fluido donde el periodista tiene que estar aclarando cada vez que hay una opinión o un parecer personal del mismo, o tendría también que eliminarlo por temor a ser sancionado; y lo peor es que si los comunicadores no cumplían con esta obligación justamente serían multados, sancionados y eso si constituye una verdadera limitante y una amenaza a la libertad de expresión.
Pienso que quienes están en contra, lo están porque saben que muchas opiniones de los comunicadores son críticas y no quieren que hablen mal de ellos; al respecto cabe señalar que incluso el propio Sistema Interamericano de los Derechos Humanos ha asentado que la distinción entre opinión e información es contraria a la libertad de expresión, ya que no es posible distinguir información y opinión en razón de que son indisolubles.
Tampoco se están desmantelando las facultades del IFT, su facultad de regular el sector de radio y televisión y telecomunicaciones permanece, sigue otorgando concesiones, evitando concentraciones y monopolios, imponiendo sanciones, emitiendo normas técnicas, expidiendo lineamientos para el uso de infraestructura, entre otros muchos temas.
El IFT conserva sus facultades y conserva su autonomía, la facultada de autorregulación, como indebidamente se ha dicho, no está reñida con las facultades del IFT.
El IFT sigue emitiendo lineamientos con motivo de su facultad regulatoria, lo único que se busca es que en la parte de autorregulación no se meta a una instancia pública, se permita esa efectiva autorregulación, que por cierto ya estaba establecida en la ley.
En la parte de autorregulación no se meta a una instancia pública, se permita esa efectiva autorregulación que por cierto ya estaba establecida en la ley, quienes argumentan en contra buscan descalificar la liberta de expresión que no se puede, en mi opinión, poner en riesgo. Tampoco se afectan los derechos de los indígenas ni al principio del servicio público, tan es así que el primer párrafo del artículo 256 permanece en sus términos, en efecto venía una propuesta de modificarlo que no se acepto y en el primer dictamen, incluso antes de la propia adenda se dejó intacto el primer párrafo del artículo 256.
Por ello, me permito decir que es una mentira que pretendamos afectar a los indígenas, a personas con discapacidad o a los medios públicos., es triste que abusen esos recursos tan bajos para aprovecharse de grupos vulnerables justificando posiciones.
Pareciera que su verdadera intención es contar con un régimen jurídico antidemocrático que pueda acallar las voces, suspender programas, coacciones a periodistas pareciera que buscan tener herramientas para que solo una voz se escuche, la suya como ocurre en países con dictaduras como Venezuela.
También quiero aclarar que de ningún modo se permite la publicidad y propaganda disfrazada, al contrario se establece con toda claridad la prohibición en la fracción cuarta del artículo 256 de la ley, en ningún momento se establece la posibilidad de transmitir publicidad con información periodista o noticiosa.
Tampoco se está poniendo en riesgo el espíritu de la ley ni los objetivos que se persiguieron en su momento con la reforma a esta ley, sigue existiendo un órgano constitucional, autónomo con plenas facultades regulatorias, lo que estamos defendiendo es la libertad de expresión
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
