*La reforma busca que cajas de ahorro, casas de empeño y demás instituciones financieras sean negocios lícitos y salvaguarden el ahorro de las familias mexicanas.
El Partido Verde plantea fortalecer la legislación que autoriza la instalación de casas de cambio, cajas de ahorro, casas de empeño o sociedades cooperativas, con el objetivo de salvaguardar los ahorros y créditos de los clientes.
La legisladora Kenia del Refugio Hernández Guerrero explicó que las leyes que rigen el funcionamiento y operación de las instituciones financieras son muy flexibles y en muchos casos, la delincuencia organizada se vale del ahorro familiar, que con mucho esfuerzo se va formando, para lavar dinero.
La propuesta de los legisladores ecologistas reforma el artículo 2º y adiciona el 49º Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, decreta que no obtendrá autorización o registro una institución de este tipo con propietarios, accionistas, socios, directores, representantes, administradores que hayan sido condenados por delitos de delincuencia organizada, patrimoniales o financieros.
Otro cambio es que se incluye a la casa de empeño en el artículo segundo como institución financiera, con ello, se refuerzan las medidas de protección, seguimiento, revisión y supervisión de estos negocios, y cualquier registro otorgado que viole las nuevas disposiciones será sancionado con la revocación inmediata de la licencia.
La iniciativa destaca que hay un aumento considerable de casas de cambio, cajas de ahorro o casas de empeño, creadas, instaladas y financiadas por delincuentes, con dinero de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República reconoce que con la ley vigente, la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es de sólo 2 por ciento.
Hernández Guerrero reconoció que estas instituciones forman parte del sistema o mercado financiero y su labor es imprescindible, debido a que dan más facilidades y oportunidades a las familias para ahorrar y endeudarse en comparación con un banco, de ahí, la necesidad de dar seguridad y protección al dinero de la ciudadanía que se destina a invertir, prestar o resguardar por las instituciones financieras.
