En este sentido es importante destacar que el retorno de esta inversión siempre es mayor hacia el sector social que hacia el privado, por lo que a nivel mundial son los gobiernos quienes más recursos dedican a las actividades científicas y tecnológicas.
Sin embargo, es necesario promover una mayor inversión por parte del sector privado, en el caso de nuestro país hemos privilegiado un sistema en el que actores involucrados y las instituciones del sector público y privado contribuyen a la creación, importación, adaptación, modificación y difusión de nuevas tecnologías.
El dictamen que hoy se somete a votación abona a esta situación al facilitar y proporcionar mayor certeza en la transferencia de tecnologías, entre las instancias educativas y de investigación al sector empresarial.
Las modificaciones planteadas a los artículos 40 bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo ocho de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos permitirán eliminar el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros.
Con la reforma propuesta, otras instancias que se dedican a la investigación y desarrollo tecnológico podrán crear unidades especializadas de vinculación y transferencia que les permitan interactuar con el sector privado usando sus desarrollos y con la participación de los propios investigadores.
Por otro lado, el artículo 51 de la misma Ley de Ciencia y Tecnología impone a los investigadores la observancia del artículo ocho la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos relativo a los conflictos de intereses y la prohibición de recibir recursos de cualquier tipo por parte de terceros como producto de su labor de investigación, salvo el caso de los investigadores de los Centros Públicos de Investigación y excluyendo a quienes realizan actividades de investigación en otras instituciones.
En el caso de la modificación al artículo 51 de esta ley y la normatividad en materia de responsabilidad de servidores públicos se permitirá que estos investigadores puedan participar y beneficiarse de los trabajos que realicen, sin que incurran en conflicto de intereses.
No hay duda que las labores académicas y de investigación están ancladas al desarrollo nacional y son actividades nobles de gran prestigio, sin embargo ello no excluye a quienes las realizan de la rendición de cuentas efectivas en favor de un republicanismo efectivo.
Para finalizar, quiero destacar el trabajo de mis compañeros en la Comisión de Ciencia y Tecnología y en la de Transparencia y Anticorrupción para dictaminar esta iniciativa, la cual responde a solicitudes de los sectores académico, científicos y al empresarial.
Diputados y Diputadas, en el Partido Verde consideramos muy positivo el presente dictamen, y quiero hacer un reconocimiento al diputado Rangel y a mis compañeros de la comisión de Ciencia y Tecnología, nuestro voto es a favor, e invitamos a los demás partidos ahacer lo propio.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
