El Partido Verde en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos a fin de asegurar una verdadera sustentabilidad en las zonas que ocupan las comunidades y los pueblos indígenas.

Boletín No.176

IMPULSA PARTIDO VERDE LA SUSTENTABILIDAD ENTRE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SU ENTORNO

• · Señala Ludivina Menchaca que en México los indígenas representan el 9.8 por ciento de la población total del país, proporción menor en 0.7 por ciento respecto al 2000.

• · Comentó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tenga asignada de manera directa y como parte de sus funciones, el asesorar, orientar, capacitar, apoyar, coadyuvar, diseñar programas y vigilar su cumplimiento.

El Partido Verde en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos a fin de asegurar una verdadera sustentabilidad en las zonas que ocupan las comunidades y los pueblos indígenas. De esta forma, explicó la senadora Ludivina Menchaca Castellanos se propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tenga asignada de manera directa y como parte de sus funciones, el asesorar, orientar, capacitar, apoyar, coadyuvar, diseñar programas y vigilar su cumplimiento, en materia de uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas, tanto a las autoridades correspondientes como a las comunidades indígenas. También, agregó, se propone que el Consejo Consultivo de dicha comisión analice, opine y haga propuestas sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas y para el uso racional de los recursos naturales de las regiones que habitan. “Así contribuiremos de manera importante para mejorar las condiciones de vida, tanto de los pueblos y comunidades indígenas, y asegurar el futuro de nuestros recursos naturales”, sentenció. Menchaca Castellanos señaló que en México los indígenas representan el 9.8 por ciento de la población total del país, proporción menor en 0.7 por ciento respecto al 2000. Agregó que el conteo del 2005 registra 150 mil indígenas menos que el censo anterior. Asimismo dijo que la población indígena en Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas aumentó a tasas superiores al 10 por ciento, mientras que en los estados de Baja California, Hidalgo, Guanajuato, México, Michoacán, Querétaro, Sonora y Veracruz, la población indígena disminuyó a tasas entre del uno y dos por ciento. Destacó que el 17.1 por ciento de la población indígena vive en las principales ciudades, siendo Monterrey, Cancún y Guadalajara las que registran las mayores tasas de crecimiento de población indígena. En los 32 municipios en 11 entidades federativas con mayor población indígena se concentran poco más de dos millones, lo que representan el 22.7 por ciento de la población indígena de México. La legisladora del Partido Verde indicó que los datos más reveladores sobre la vida indígena en sus comunidades y su relación con la tierra están en el estudio “Los Pueblos Indígenas de México –Pueblos Indígenas del México Contemporáneo-, donde se afirma que la vida de las comunidades indígenas es inseparable de sus tierras y su terri­torio. Dicho estudio concluye que las relaciones de los pueblos indígenas con su territorio no siempre pueden ser armónicas. Y es que en las úl­timas décadas el crecimiento de la po­blación en las comunidades indígenas han alterados los ecosistemas y, en algunos casos agotan­do y destruyendo sus recursos naturales.

Señala Legorreta Ordorica que está vigente la prohibición para que cualquier funcionario acepte regalos con un valor mayor a 10 salarios mínimos, es decir 548 pesos. Jorge Legorreta Ordorica, líder del Partido Verde en el Distrito Federal, conminó los funcionarios de la administración local a abstenerse de recibir regalos que, por su valor, impliquen violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.                                                                                                                                                                                                                       México, DF, a 22 de diciembre de 2009                                                                                                                                                                                                                                                      Boletín número 163 /09      RECIBIR REGALOS ONEROSOS ES CONTRA LA LEY, RECUERDA PARTIDO VERDE A FUNCIONARIOS   ·         Señala Legorreta Ordorica que está vigente la prohibición para que cualquier funcionario acepte regalos con un valor mayor a 10 salarios mínimos, es decir 548 pesos.   Jorge Legorreta Ordorica, líder del Partido Verde en el Distrito Federal, conminó los funcionarios de la administración local a abstenerse de recibir regalos que, por su valor, impliquen violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.    El también senador de la República consideró que en la burocracia capitalina deben aplicarse lineamientos similares a los de la administración pública federal, para conducirse  bajo el principio de la transparencia y la honestidad.   Recordó que recientemente la Secretaría de la Función Pública refrendó prohibición para que cualquier funcionario acepte regalos con un valor mayor a 10 salarios mínimos, lo que representa 548 pesos.   Además, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que “durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí…”   Mencionó que de acuerdo con la normatividad vigente, cuando un servidor público reciba un regalo cuyo valor supere lo permitido, debe entregarlo e informarlo por escrito al titular del órgano interno de control de la institución donde labore, en un plazo menor a siete días hábiles   Dicha legislación señala que se castigarán como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen tal ordenamiento, de manera que la sanción debe aplicarse en términos de la normatividad penal, agregó Legorreta Ordorica.   El legislador ecologista llamó a los ciudadanos y medios de comunicación a permanecer atentos al cumplimiento de las restricciones legales en materia de obsequios, donativos o beneficios que reciban los servidores públicos, para evitar viejas formas de corrupción e impunidad.   Advirtió que el Partido Verde mantendrá su lucha para que se consolide en la ciudad y en todo el país una cultura de transparencia y legalidad.   Reconoció por último que hay mucho por hacer en ese renglón, de manera que debe vigilarse el cumplimiento de las disposiciones vigentes, para beneficio de los intereses públicos y para evitar que éstas queden sólo en signos de demagogia.   De acuerdo con la SFP entre octubre de 2008 y el mismo mes de 2009 se entregaron al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dos mil 79 artículos, cuya subasta arrojó un saldo preliminar de ingresos a la Tesorería de la Federación por 696 mil 792 pesos.

La administración federal y capitalina, deben llegar a un acuerdo con los vendedores ambulantes, a fin de que sean reubicados en otros lugares en donde no interfieran en los servicios de salud: Ezeta Salcedo Representan un foco de contaminación, pues no cuentan con servicios básicos de higiene, lo que propicia un incremento de fauna nociva

                                                                                                                                                                             Palacio Legislativo, de San Lázaro, Diciembre 21 de 2009                                                                                                                                                                                                                                                                    Boletín 091/09    

REUBICAR A AMBULANTES QUE OBSTRUYEN ACCESOS EN HOSPITALES: PARTIDO VERDE       La administración federal y capitalina, deben llegar a un acuerdo con los vendedores ambulantes, a fin de que sean reubicados en otros lugares en donde no interfieran en los servicios de salud: Ezeta Salcedo   Representan un foco de contaminación, pues no cuentan con servicios básicos de higiene, lo que propicia un incremento de fauna nociva   En razón de que el comercio informal alrededor de los centros hospitalarios representan un foco de contaminación, ya que no cuentan con servicios básicos de higiene, lo que propicia un incremento de fauna nociva, el Grupo Parlamentario del Partido Verde solicitó a las autoridades sanitarias federales reubicar a los ambulantes en pequeñas plazas.   Mariana Ivette Ezeta Salcedo, secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, explicó que otro problema que ocasionan los vendedores ambulantes, es impedir el libre acceso a los nosocomios, convirtiéndose en un obstáculo para enfermos y visitantes, aunado a que se roban la luz, ocasionan la acumulación de basura y agua sucia.   Ante tal situación, Ezeta Salcedo exhortó a la administración federal e incluso a la capitalina, que a la brevedad lleguen a un acuerdo con los vendedores ambulantes, a fin de que sean reubicados en otros lugares en donde no interfieran en los servicios de salud.   Si bien, la crisis económica les orilla a establecerse en lugares de mayor afluencia de personas, los vendedores ambulantes se han adueñado de banquetas y lugares públicos, afectando con ello a personas de la tercera edad, a las que utilizan sillas de ruedas, muletas u otros aditamentos especiales para desplazarse, comentó.   La legisladora ecologista, destacó que la actual época decembrina podría incrementar la atención hospitalaria entre la población, debido al uso de juegos pirotécnicos, la ingesta de bebidas embriagantes adulteradas y accidentes por manejar bajos los influjos del alcohol, ante lo que se hace indispensable que los accesos de ambulancias y servicios de urgencias estén libres de obstáculos.   Además, pidió a los Gobiernos Federal y local, diseñar un proyecto  de empleo a largo plazo para otorgar oportunidades reales a las personas que no tienen más opción que invadir las banquetas para garantizar su sustento.

El de la voz, diputado NORBERTO SOLIS CRUZ, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 119 y 120 fracción III párrafo segundo del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, RAZONARÉ MI VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, bajo los siguientes argumentos:

Asamblea Legislativa, a 21 de diciembre de 2009

RAZONAMIENTO DE VOTO DEL DIPUTADO NORBERTO SOLÍS CRUZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DURANTE LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN SOBRE MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DE UN MISMO SEXO. El de la voz, diputado NORBERTO SOLIS CRUZ, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 119 y 120 fracción III párrafo segundo del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, RAZONARÉ MI VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, bajo los siguientes argumentos: En noviembre de 2006, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, creada por un supuesto desamparo legal que sufrían ciertas relaciones interpersonales y cuyo objetivo fue establecer las bases y regular las relaciones derivadas de la Sociedad de Convivencia en el Distrito Federal. En dicha ley se hace un reconocimiento pleno de las relaciones afectivas, del mismo sexo o de distinto, en donde se reconoce la existencia de un vínculo jurídico entre dos personas. Que quede claro, en el Partido Verde, no tenemos la intención de conculcar o negar derechos de las personas a la diversidad sexual, porque aún siendo minoría se les debe respetar como a cualquier ciudadano, sin embargo, también exigimos respeto a la mayoría de ciudadanos capitalinos que no quieren ver modificada su tradición jurídica por el empeño necio de unos cuantos, y decimos necio no con el sentido peyorativo de la palabra, sino porque los derechos que hoy exigen esas minorías que sean reconocidos, ya se encuentran en la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal y si consideran que sus derechos no están suficientemente protegidos, se puede reformar dicha Ley, sin necesidad de tergiversar una institución jurídica establecida en el Código Civil. En este sentido es evidente que el querer darle el nombre de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, no es porque se carezca de preceptos legales que las puedan regular, sino atendiendo meramente a intereses políticos de un grupo al que no le interesa fortalecer la célula básica de toda sociedad, que es LA FAMILIA. La reforma que hoy se pone a nuestra consideración, denota la suma ignorancia sobre el origen etimológico y jurídico del concepto matrimonio y por lo mismo violenta la tradición jurídica mexicana. Debemos recordar que la palabra matrimonio viene del latín matrimonium, la cual proviene de matrem (madre) y monium (calidad de), lo que se traduce en la unión entre marido y mujer. Nuestro derecho, como sabemos, tiene su origen en el Derecho Romano, ya Modestino nos daba la primera definición civil del matrimonio, considerándolo como la unión de “hombre y mujer” en consorcio de toda la vida y comunicación, de derecho divino y humano, por lo que atendiendo al origen de la palabra no es posible que a la unión de dos personas del mismo sexo, se le pueda llamar MATRIMONIO, toda vez que es evidente que una relación de tal naturaleza no puede producir de forma natural descendencia alguna. A lo largo de la historia del ser humano es evidente que ninguna civilización institucionalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que podía ser una práctica común, basta con recordar que sucedía en la antigua Grecia, en donde se permitía la homosexualidad y hasta la fomentaban en ciertas edades y clases sociales, aún así entendían claramente el matrimonio como la unión estable entre un hombre y una mujer abiertos a tener hijos. Una cosa eran las prácticas sexuales de los ciudadanos y otra muy distinta la familia, la generación y educación de hijos, por lo que es totalmente irresponsable experimentar con el modelo social, porque lo que hoy se pretende modificar es un concepto jurídico de enorme y trascendente tradición jurídica en nuestra sociedad. La unión de personas del mismo sexo no pueden constituir de ninguna manera un matrimonio, ya que al no poder procrear entre ellos hijos naturales no pueden en consecuencia formar  una familia, por la simple razón de que les falta la complementariedad sexual y la transmisión de vida, debiendo recordar que las uniones de parejas del mismo sexo no aseguran adecuadamente la procreación o la supervivencia de la especie humana, además de crear obstáculos a la correcta educación de los niños, no sólo cercanos a la pareja, sino de la sociedad en general. No se debe desviar el debate jurídico con cuestiones o posicionamientos políticos, porque lo que se modifica es una institución jurídica milenaria y ahí es donde debemos centrar la discusión y como el debate es jurídico, debemos señalar lo que en derecho se entiende como matrimonio: Diversos juristas concuerdan en que el matrimonio es una institución jurídica, porque no sólo comprende la celebración del mismo, sino todos los efectos jurídicos que nacen del acto y del estado propiamente dicho, ésta institución está formada por un conjunto de reglas de derecho, esencialmente imperativas, cuyo objeto es dar a la unión de distintos sexos una organización social y moral, y por ello el matrimonio es un acto solemne que produce una comunidad de vida entre un hombre y una mujer que crea un vínculo permanente. Porque eso es lo que el derecho regula, las conductas que la sociedad quiere que sean reconocidas por el derecho y si la naturaleza del matrimonio tanto jurídica, social y religiosa, es considerada como la unión de un hombre y una mujer, así debe seguir siendo reconocida por el derecho y aquí reiteramos, que a las personas de la diversidad sexual se les debe respetar sus derechos como ciudadanos, pero por ello existe la Ley que norma el caso concreto, que es la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, lo cual no debe considerase como un acto discriminatorio, porque no debemos olvidar que la tendencia del derecho es hacia la especialización, no por un afán discriminatorio sino porque con ello se permite una regulación más acorde a la realidad que ese Derecho pretende normar, que corresponda a las aspiraciones del momento, a la naturaleza permanente del mismo y a las direcciones que le imprime el derecho, de ahí que existan leyes que norman casos, circunstancias o personas con determinada característica común. Y como ejemplos tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal, la ley de justicia para adolescentes para el Distrito Federal, la ley de las y los jóvenes del Distrito Federal y la ley de los derechos de las personas adultas mayores en el Distrito Federal, entre otras, que no se pueden calificar de discriminatorias o injustas, sino que regulan circunstancias especiales, con normas adecuadas al caso en particular; además hay que recordar que la justicia no es tratar a todos por igual, sino igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque es ahí donde a partir de atender las particularidades del caso o hecho a regular, se logra la verdadera justicia de dar a cada quien lo que le es debido, atendiendo a su muy particular naturaleza y no generalizar. Adicionalmente, consideramos que las presentes reformas no han sido lo suficientemente discutidas y analizadas por parte de esta Asamblea Legislativa, creemos que por tratarse de un tema relevante para la sociedad del Distrito Federal, merecería ser analizada con detenimiento y por supuesto con la ayuda de especialistas en la materia que permita a los legisladores tomar el mejor camino para no causar un daño a la célula base de la sociedad que es la FAMILIA, queriendo formalizar a través del matrimonio la unión de personas de un mismo sexo. Estamos convencidos que esta propuesta legislativa no sólo debe contemplar la opinión de los legisladores y la sociedad beneficiada por dicha ley, sino la opinión de toda la sociedad. Compañeros diputados, es nuestra obligación como legisladores hacer que las leyes que emanen de este órgano colegiado tengan un ámbito de aplicación que no se contraponga o malinterprete a los ordenamientos existentes en la materia; esta tarea se traduce en la eficiencia, eficacia, y suficiencia de la ley. Quedará en la conciencia de cada uno de los legisladores que voten a favor, el deterioro que sufrirá nuestra sociedad, al afectar directamente el concepto de familia. Es por ello que el Derecho no debe interferir en las relaciones privadas. Pueden atribuir aspectos jurídicos a estas relaciones. Pero conferir naturaleza jurídica de matrimonio a lo que no puede constituir una familia, es injusto. Tratar de la misma manera lo que es esencialmente diferente, también lo es. En conclusión se propone que se reforme la Ley que fue creada para proteger los derechos de las personas de la diversidad sexual a fin de que sean garantizados los derechos que pretenden incluir en una institución cuya naturaleza es diversa a la que pretenden, ello en virtud de la calidad de los sujetos que integran a la institución jurídica. No se trata de moralismos o situaciones de tinte religioso, sino simplemente de cuestiones esencialmente jurídicas con las que se pretende proteger el estado de derecho ya creado y establecido para cada uno de los grupos que integran nuestra sociedad. Por las razones jurídicas expuestas, el Partido Verde considera procedente votar en contra de la presente iniciativa de reformas, ya que con ella podríamos incurrir en confusiones, alteraciones graves a nuestro sistema civil y social y un daño irreversible para la institucionalización de la familia como célula básica de nuestra sociedad. MUCHAS GRACIAS.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señaló que su voto en contra del dictamen que reforma el Código Civil local para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, se debió a razones estrictamente jurídicas ya que se podría incurrir en confusiones,

Asamblea Legislativa, a 21 de diciembre de 2009 BOL:061/09 APROBAR MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO PROVOCARÁ ALTERACIONES GRAVES AL SISTEMA CIVIL Y SOCIAL: PVEM ·          El voto en contra se debe a razones estrictamente jurídicas: Solís Cruz ·          No se debe modificar una tradición jurídica por cuestiones políticas y necedades. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señaló que su voto en contra del dictamen que reforma el Código Civil local para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, se debió a razones estrictamente jurídicas ya que se podría incurrir en confusiones, alteraciones graves al sistema civil y social y causar un daño irreversible a la figura de la familia como célula básica de la sociedad. Desde la tribuna, el diputado local Norberto Solís Cruz, dijo que el reconocimiento y el respeto pleno para las relaciones afectivas de este sector de la sociedad ya se establecen en la Ley de Sociedad de Convivencia capitalina, pero si se requiere ampliar los derechos, solamente se tendría que reformar esta ley. En ese sentido, aclaró que el Partido Verde no pretende negar los derechos de las personas a la diversidad sexual, más al contrario exige respeto para ellos, sin embargo modificar la tradición jurídica de la familia por el empeño necio de unos cuantos y por intereses políticos, tergiversarían la institución básica establecida en el Código Civil. “Esta reforma denota la ignorancia sobre el origen etimológico y jurídico del concepto matrimonio, pues esta palabra viene del latín matrimonium, la cual proviene de matrem (madre) y monium (calidad de), lo que se traduce en la unión entre marido y mujer, por lo que no es posible que a la unión de dos personas del mismo sexo, se le pueda llamar matrimonio”, destacó el legislador. Resaltó que a lo largo de la historia del ser humano ninguna civilización institucionalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que podía ser una práctica común, pues comprendían la falta de complementariedad sexual, la transmisión de vida y no aseguran la supervivencia de la especie humana. En su discurso, explicó que el debate debería estar centrado en la institución jurídica milenaria, en la familia, en los cuestionamientos jurídicos y el matrimonio como derecho. Además, las reformas propuestas no han sido suficientemente discutidas y analizadas por la Asamblea Legislativa, “creemos que por tratarse de un tema relevante para los capitalinos, merecía ser analizada con detenimiento y por supuesto con la ayuda de especialistas en la materia que permitiera a los legisladores tomar el mejor camino para no causar un daño a la célula base de la sociedad, la familia”. Comentó que como diputados están obligados a hacer que las leyes que emanen de ese órgano legislativo tengan un ámbito de aplicación que no se contraponga o malinterprete a los ordenamientos existentes en la materia; a través de la eficiencia, eficacia y suficiencia. Pues, no se trata de moralismos o situaciones de tinte religioso, sino simplemente de cuestiones esencialmente jurídicas con las que se pretende proteger el estado de derecho ya creado y establecido para cada uno de los grupos que integran nuestra sociedad.

“Quedará en la conciencia de cada uno de los legisladores que voten a favor, el deterioro que sufrirá nuestra sociedad, al afectar directamente el concepto de familia”, concluyó.

El Partido Verde en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Personas con Discapacidad.De esta forma, explicó el senador Manuel Velasco Coello, se estará avanzando y se permitirá que las personas con discapacidad cuenten con los elementos que le permitan acceder a los servicios a los que tienen derecho, y que lo hagan en condiciones que no contribuyan a deteriorar su estado de salud.

Boletín No.175

21 de diciembre de 2009

PRESENTA PARTIDO VERDE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

• Velasco Coello indicó que en nuestro país, las personas con discapacidad representan un 2.3 por ciento, alrededor de 10 millones,  del total de la población.
• Por ello, el establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que todas las personas con discapacidad, temporal o permanente gocen de igualdad de oportunidades.

El Partido Verde en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Personas con Discapacidad De esta forma, explicó el senador Manuel Velasco Coello, se estará avanzando y se permitirá que las personas con discapacidad cuenten con los elementos que le permitan acceder a los servicios a los que tienen derecho, y que lo hagan en condiciones que no contribuyan a deteriorar su estado de salud. Por ello, la necesidad de imponer la obligación a cargo de autoridades y particulares a proporcionar este tipo de facilidades. Velasco Coello indicó que en nuestro país, las personas con discapacidad representan un 2.3 por ciento, alrededor de 10 millones,  del total de la población. “Gran parte de ellos componen los grupos de discapacitados que no cuentan con un trabajo y viven a expensas de sus familiares, amigos, rentas, negocios, limosnas o pensiones”, detalló. Este grupo de la población enfrenta una gran cantidad de los obstáculos  en el entorno físico y la casi nula señalización adaptada, que les impide el acceso y desplazamiento en edificios, viviendas, servicios de transporte público, calles, edificios públicos, espacios recreativos, deportivos y turísticos, parques y jardines. Y aunque reconoció que la Ley General de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2005, se ha avanzado, todavía se observan una serie de elementos que impiden la incorporación total de estas personas a la vida cotidiana. Ante esta situación llamó a no discriminar a este sector de la población.  “Debemos tener en cuenta que las personas que por naturaleza o accidente se ven imposibilitados a realizar determinadas actividades, no pierden su calidad de ser humanos, por lo tanto, tienen derecho y deben gozar de igualdad de oportunidades para poder integrarse a un proceso de rehabilitación por medio del cual pueden recuperar ciertas capacidades, tal como realizar sus labores habituales sin sufrir un menoscabo en su ya deteriorada salud”. El legislador del Partido Verde dijo que es necesario se establezca en la normatividad aplicable que las autoridades competentes propongan el establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que todas las personas con discapacidad, temporal o permanente. Así podrán contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal. También, añadió, podrán ser atendidos con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún servicio público, de tal manera que tengan un acceso rápido a los mismos, particularmente en los establecimientos mercantiles. Así, señaló, las personas con discapacidad permanecerán el menor tiempo posible en una situación o circunstancia que contribuya a deteriorar, en cualquier medida, su estado de salud.

“El personal migratorio debe cumplir cabalmente su obligación de prestar servicios de calidad, con apego a la ley, evitando el maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que pudieran incurrir servidores públicos contra nuestros paisanos en su ingreso al país”: Valdés Corona

 

Palacio Legislativo, de San Lázaro, Diciembre 18 de 2009

Boletín 090/09

  

INHIBIR Y SANCIONAR CUALQUIER PRÁCTICA DE ABUSO A LOS CONNACIONALES DEBE GARANTIZAR EL GOBIERNO FEDERAL: PARTIDO VERDE

 

• “El personal migratorio debe cumplir cabalmente su obligación de prestar servicios de calidad, con apego a la ley, evitando el maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que pudieran incurrir servidores públicos contra nuestros paisanos en su ingreso al país”: Valdés Corona.

Las autoridades migratorias deben reforzar sus acciones de asesoría, información y vigilancia en puntos fronterizos para los connacionales que durante esta temporada navideña retornan al país a festejar con sus seres queridos, solicitó Lorena Valdés Corona, secretaria de la Comisión de Gobernación. Lo anterior, coadyuvará a evitar que los migrantes sean víctimas de abuso, y en caso de ser así, sean defendidos y comunicados gratuitamente con sus familiares, aseguró la legisladora ecologista. “El personal migratorio debe cumplir cabalmente su obligación de prestar servicios de calidad, con apego a la ley, evitando el maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que pudieran incurrir servidores públicos contra nuestros paisanos en su ingreso al país”, consideró. Si bien, Valdés Corona, reconoció el esfuerzo emprendido por las 21 dependencias que integran el programa Paisano de Invierno, dijo, que un elemento primordial para darles seguridad y confianza a los connacionales, es garantizarles que cualquier práctica de abuso sea desactivada y sancionada. De igual forma, aplaudió  las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien desplegará un número importante de Visitadores en cruces vehiculares, aeropuertos, puentes internacionales, patios fiscales, garitas, centrales de autobuses, casetas de peaje y aduanas para verificar el Operativo Paisano de Invierno. Sin embargo, destacó, dichos mecanismos no servirán si los migrantes se abstienen de denunciar actos de soborno por miedo a perder los artículos que traen consigo; por lo que llamó a los paisanos a delatar a malos servidores públicos. La también secretaria de Educación Pública y Servicios Educativos, recordó,  que en el Operativo Invierno del Programa Paisano participarán más de mil 300 observadores, distribuidos en 125 módulos fijos en más de 400 puntos en los Centros de Importación e Internación Temporal de Vehículos. Apuntó, que el Programa Paisano inició desde el primero de noviembre y concluirá el 10 de enero del 2010.

El Partido Verde solicitó a las autoridades federales impedir el ingreso al país de juguetes de manera ilegal, así como vigilar y suspender su venta en mercados sobre ruedas y tianguis, a fin de garantizar que los juguetes elaborados con sustancias tóxicas no lleguen a los menores de edad.

México, D.F., a  21 de diciembre de 2009

Boletín número 240/09

                                                                 PIDE EL PARTIDO VERDE IMPEDIR LA ENTRADA DE JUGUETES TÓXICOS *Solicitó a la Profeco difundir información sobre las afectaciones que pudieran generar los juguetes tóxicos  El Partido Verde solicitó a las autoridades federales impedir el ingreso al país de juguetes de manera ilegal, así como vigilar y suspender su venta en mercados sobre ruedas y tianguis, a fin de garantizar que los juguetes elaborados con sustancias tóxicas no lleguen a los menores de edad.  En entrevista, el vocero del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, lamentó que pese a la existencia de la Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos mínimos de seguridad para la fabricación de los juguetes infantiles, así como la regulación del contenido de plomo, dicha norma es letra muerta ante el fracaso de control de aduanas y la falta de una vigilancia adecuada. Advirtió que en esta temporada, nuestro país siempre resulta inundado de juguetes que no cuentan con requisitos básicos de seguridad  y entran a nuestro país de  manera ilegal,  por lo que solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor difundir información sobre las afectaciones que pudieran generar en los niños los juguetes tóxicos.  “Desafortunadamente se siguen fabricando productos infantiles con materiales tóxicos  que se utilizan para ablandar el plástico como el PVC, vinilos, talatos o químicos como el xileno, dibutil, tolueno y benceno, que pueden ocasionar problemas serios a la salud”. Aseguró que estas sustancias pueden dañar el riñón y el hígado, al ser ingeridas por los niños que chupen el material con el que están fabricados. Señaló que la característica principal de los juguetes con altas concentraciones de plomo, cromo y otros metales pesados, es que tienen un color muy intenso, casi fosforescente. Dejó en claro que los efectos de estas sustancias tóxicas están científicamente comprobados y son irreversibles en la mayoría de los casos, ocasionando desde intoxicación por plomo hasta retardo en el desarrollo intelectual. Por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que presten atención a las etiquetas de advertencia, de cuándo y cómo un juguete puede ser peligroso, pero también que analicen con detenimiento sus componentes, que sean libres de tóxicos y sin plomo. Se manifestó en apoyo a los productores de juguetes mexicanos.  “Podemos comprar sabiamente y elegir productos responsables comprometidos con el Medio Ambiente que permitan a los consumidores tomar mejores decisiones sobre su salud y la de sus familias", añadió finalmente.

“Esta famosa Cumbre es una carta de buenas intenciones ya que aún no se han firmando compromisos serios por parte de ningún país, todas las naciones están en falta, incluyendo a México, en materia de medio ambiente”: Pablo Escudero Como una carta de buenas intenciones calificó el Grupo Parlamentario del Partido Verde, los resolutivos de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que se llevo a cabo en Copenhague.

Palacio Legislativo, a 18 de diciembre de 2009 Boletín 089/09             LAMENTAN DIPUTADOS ECOLOGISTAS LA FALTA DE ACUERDOS VINCULANTES EN LA CUMBRE DE COPENHAGUE   “Esta famosa Cumbre es una carta de buenas intenciones ya que aún no se han firmando compromisos serios por parte de ningún país, todas las naciones están en falta, incluyendo a México, en materia de medio ambiente”: Pablo Escudero    Como una carta de buenas intenciones calificó el Grupo Parlamentario del Partido Verde, los resolutivos de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que se llevo a cabo en Copenhague.   El Vicecoordinador  de la diputación ecologista, Pablo Escudero Morales, lamentó la falta de  voluntad de los países  para llegar a acuerdos vinculantes, en torno a fijar meta viables para reducir las emisiones de gases invernadero y frenar de esta manera el cambio climático.   “Esta famosa Cumbre es una carta de buenas intenciones ya que se alcanzaron acuerdos mínimos; no hubo voluntad para que los 192 países participantes firmaran compromisos serios. Todas las naciones están en falta, incluyendo a México,  en materia de medio ambiente”, opinó.   Advirtió, que mientras China y Estados Unidos se opongan a disminuir sus emisiones de bióxido de carbono, en tanto no signen  acuerdos vinculantes, el panorama para enfrentar la afectación al medio ambiente, no será nada halagador.   Consideró, que después de esta experiencia el Gobierno mexicano debe hacer una profunda reflexión sobre cual es su aportación y si realmente esta cumpliendo con los Tratados Internacionales, para detener la variación  de la temperatura de la Tierra.   Cuestionó que los países industrializados se hayan negado a inyectar u otorgar mayores recursos para  financiar la lucha contra el cambio climático, aún cuando  son los que más contaminan.   Sin embargo, aseguró que nuestro país esta en condiciones reales de asumir un liderazgo, en el año  2010  cuando México sea sede del encuentro.

Debido a que México concentra una de las fronteras con mayor intercambio en el mundo –como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes-, es forzoso que el Gobierno Federal implemente acciones efectivas para garantizar los derechos humanos, la integridad física y salud mental de éstos, pero en especial de los menores de edad, demandó el Partido Verde en la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, de San Lázaro, Diciembre 18 de 2009

Boletín 088/09

 

                                  OBLIGADO EL GOBIERNO FEDERAL A PROTEGER A MIGRANTES DE SECUESTROS: PARTIDO VERDE

• Mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se deben generar los mecanismos de coordinación y supervisión que castiguen el secuestro de menores migrantes, extranjeros y mexicanos: Lorena Valdés

Debido a que México concentra una de las fronteras con mayor intercambio en el mundo –como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes-, es forzoso que el Gobierno Federal implemente acciones efectivas para garantizar los derechos humanos, la integridad física y salud mental de éstos, pero en especial de los menores de edad, demandó el Partido Verde en la Cámara de Diputados. En el marco del Día Internacional del Migrante, la legisladora ecologista, Lorena Valdés Corona, advirtió sobre el secuestro del que son víctimas los migrantes y sus familias; por ello demandó a las autoridades correspondientes difundir  entre éstos folletos que les ayuden a identificar zonas de riesgo, pero sobre todo, les proporcionen números telefónicos para denunciar cualquier actitud sospechosa.  La secretaria de la Comisión de Gobernación, refirió que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, alrededor de 550 mil mexicanos emigran a Estados Unidos.  “La magnitud de esta migración constituye un singular desafío debido a la complejidad que caracteriza a la migración internacional actual”, señaló. Ante este panorama, Valdés Corona, resaltó la importancia de que, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se generen los mecanismos de coordinación y supervisión que castiguen el secuestro de menores migrantes, extranjeros y mexicanos. “Las niñas, niños y  adolescentes, son los grupos más vulnerables, más que los propios hombres y las mujeres, pues en muchas ocasiones sufren el maltrato de los polleros, de sus acompañantes y, lo más grave, de las autoridades migratorias que no se encuentran a la altura de las circunstancias, a pesar de la infraestructura y el personal humano que tiene a su cargo la aplicación de las normas de migración”, criticó. Finalmente, dijo, que es necesario clarificar la obligación del Estado Mexicano, en torno a garantizar el respeto de los derechos humanos de los menores migrantes y prohibir que sean separados de sus padres o familiares, en caso de ser asegurados, así como el alojamiento en lugares distintos de los mayores.