Boletín No. 204

Xalapa, Ver., 4 de diciembre de 2013

La Reforma Política aprobada en el Pleno del Senado de la República fortalecerá sin duda la democracia nacional con la instauración de nuevas instituciones garantes de los derechos y libertades ciudadanas, así como el establecimiento de puntos importantes para el ejercicio del poder político, aseveró Juan Eduardo Robles Castellanos, diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Expuso que en ese sentido, el país está en camino a una transformación profunda en materia político electoral donde el sistema político mexicano debe modernizarse y estar más acorde a los esquemas internacionales que han marcado una nueva etapa.

Robles Castellanos enfatizó que el Partido Verde ha sido un gran impulsor de la equidad de género, por lo que este instituto político celebra la modificación al artículo 41 de la Constitución General de la República que permite la paridad total en cuestión de género en todas y cada una de las candidaturas para senadoras y senadores, diputados locales y federales.

El legislador pevemista destacó también que otro de los puntos importantes de la reforma política es la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del IFE, que tuvo importantes aportaciones de todas las fuerzas políticas con la premisa de contar un sistema electoral transparente, preparado y confiable para la ciudadanía.

Asimismo, en los artículos transitorios, establece que la figura de la reelección “será aplicable a los diputados que sean electos a partir del proceso electoral del 2015 y a los senadores electos a partir del 2018. También prevé que el Presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.

Cabe destacar que una vez que se analice y apruebe por los diputados, deberá ser enviada a los congresos estatales que deberán avalarla por lo menos la mitad más uno, es decir, 17 legislaturas locales ya que se trata de una reforma constitucional.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El pleno del Senado de la República turnó a la Cámara de Diputados la minuta de reforma político-electoral, luego de que esta madrugada fue aprobada en lo general y en lo particular, en medio de debate de más de cerca de 10 horas.

El dictamen contempla modificaciones constitucionales para la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), como autoridad en la materia, “independiente en sus decisiones, funcionamiento, y profesional en su desempeño”.

Dicho instituto contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como un Consejo General conformado por un presidente y 10 consejeros electorales.

Además, se prevé que el nuevo organismo podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión.

También se sugiere que la organización de las elecciones debe ser una función estatal que se realice a través del INE y de los organismos públicos locales. De esta manera, “en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución”.

Dispone que la ley establezca un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

Además de que se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.

Dichas violaciones, se agrega, “deberán acreditarse de manera objetiva y material” y se presumirá que éstas son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

El proyecto también estima que en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Plantea que el Congreso de la Unión expida las leyes generales que regulen a los partidos políticos nacionales, así como los procedimientos y delitos electorales, a más tardar el 30 de junio de 2014, así como las normas que establezcan las “sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas”.

Se precisa que dichas denuncias serán “aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia”.

Asimismo, la reforma constitucional busca aumentar el umbral al tres por ciento para mantener el registro como partido político nacional o estatal.

En materia política, propone que los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión, hasta por cuatro periodos consecutivos.

Detalla que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

En los artículos transitorios, establece que la figura de la reelección “será aplicable a los diputados que sean electos a partir del proceso electoral de 2015, y a los senadores electos a partir del 2018”.

El dictamen contempla que las constituciones de los estados tienen que establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, y siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.

De igual manera, deja en claro que la reelección no será aplicable para aquellos diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este decreto.

También prevé que el Presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.

Además, sugiere la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Ministerio Público de la Federación; en este sentido se determinó que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República.

El fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo federal por las causas graves que establezca la ley y dicha remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores.

También propone que sea el Congreso de la Unión el que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y que el Senado de la República haga lo propio con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Respecto de la toma de protesta del titular del Ejecutivo, se busca que para el periodo que comprende del 2018 al 2024, inicie el 1 de diciembre del 2018 y concluya el 30 de septiembre del 2024, para que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024.

A nombre de la comisión de Puntos Constitucionales, su presidente, Enrique Burgos García, subrayó que la reforma constitucional en materia político-electoral es de gran calado, toda vez que marca una nueva etapa en la historia del país, en concordancia con la indeclinable determinación de transformar a México.

Enfatizó que, al aprobar el dictamen, los legisladores estarán cumpliendo con México y con el espíritu que “animó el compromiso que conlleva la protesta que rendimos al asumir el cargo de legisladores y cumplir cabalmente el compromiso adquirido con el pueblo mexicano”.

En tanto que, a nombre de la comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar remarcó que todas las senadoras y senadores han construido una de las reformas más importantes del país, toda vez que se decidió concretar los primeros cambios a la estructura política del Estado mexicano.

Expuso que esta no es una reforma electoral, sino el comienzo de la transformación del sistema político mexicano, toda vez que cambian las normas para acceder al poder político y establece elementos importantes para el ejercicio del mismo a través de controles constitucionales y la instauración de nuevas instituciones.

Por su parte, el senador Raúl Gracia Guzmán aseveró que la reforma político-electoral tiene gran relevancia en puntos sustanciales y que su punto medular es la verdadera representación ciudadana que se da en primer lugar, con la reelección legislativa inmediata y la de ayuntamientos.

La reelección es darle poder a los ciudadanos, ya que con las modificaciones, el voto ciudadano emitido a favor de un partido político en una elección legislativa nunca más será despilfarrado a través de “falsas mayorías abultadas”, sostuvo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativas, Primera.

Al fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, la senadora María Verónica Martínez Espinoza señaló que esta enmienda es la más profunda de los últimos 15 años, pues responde a las demandas de la sociedad al establecer mecanismos de equilibrio en la contienda electoral y otorgar certeza en el ejercicio de la representación.

Aseguró que incidirá de manera firme en el desarrollo de procesos justos, equitativos y transparentes, al crear nuevas instituciones que elevarán la calidad de la democracia a nivel federal y en las entidades del país. “Con ella la segunda alternancia que vive la historia de México permitirá avances sin precedentes en el sistema político nacional”.

A su vez, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, sostuvo que la democracia mexicana ha tenido avances significativos en las últimas décadas, “pero nada como lo que estamos viviendo”, pues los senadores han realizado un trabajo a detalle, con voluntad política y responsabilidad para lograr un marco jurídico moderno y eficiente, que responda las demandas de la sociedad.

“Estamos –subrayó– ante un esfuerzo legislativo con todos los que se hayan querido sumar y con toda la inteligencia que se ha vertido en éste. Estamos convencidos que se han alcanzado acuerdos de un gran calado y nos dan un marco de un país moderno, sentando las bases para transitar en un régimen democrático de reglas claras, que nos permitan a los legisladores y a los ciudadanos, exigir un mejor marco político electoral”.

Por el PT, su coordinador Manuel Bartlett Díaz calificó de positiva la creación del INE, “para quitarle a los gobernadores caciques la manipulación de las elecciones; eso me parece muy bien, indispensable, porque en Puebla sacaron a un senador de la oficina del gobernador y eso ocurre en todos los estados.

Sin embargo, calificó como un “adefesio” el dictamen pues, sostuvo, se crea un híbrido, propuesto desde el Pacto por México, con un aparato nacional centralista que entra en contradicción con los organismos electorales estatales.

“Es una reforma que sigue los mismos pasos de repartición de posiciones para las cúpulas de los partidos, consolidando desde la cúpula hasta el último municipio una oligarquía feroz que se ha dedicado a atacar todas las actividades y esfuerzos democráticos” declaró.

En tanto, la senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, destacó que se da un gran avance para la democracia con la aprobación de la reforma, pues se reduce y acota la intervención de gobernadores, autoridades locales y federales en procesos electorales.

Además, se limita y regula el financiamiento a las campañas, se crea un órgano nacional de elecciones con mayores facultades que da certeza a los partidos y se da autonomía de la fiscalía y al Coneval, se permite la reelección de legisladores y presidentes municipales y se abre la posibilidad de construir gobiernos de coalición, con lo que se cambia el sistema político.

Precisó que se busca abrir espacios, establecer mecanismos de rendición de cuentas y brindar confianza a las personas sobre el ejercicio de la función pública y el desarrollo de los procesos electorales; además, constituye una respuesta de los partidos y del gobierno a la inconformidad y críticas sobre el desarrollo de procesos electorales y del funcionamiento de las instituciones.

Cabe destacar que una vez que fue turnada a San Lázaro y luego de que se analice y apruebe por los diputados, deberá ser enviada a los congresos estatales, que deberán avalarla por lo menos la mitad más uno, es decir 17 legislaturas locales, ya que se trata de una reforma constitucional.

Fuente: EXCELSIOR

Los resultados de la prueba que aplica el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló diferencias “sustantivas” entre el desempeño de los jóvenes que viven en el norte y el sur del país, esto es entre quienes ocuparon el primero y el último lugar de la clasificación nacional, (Aguascalientes y Guerrero).

En el reporte detallado de la OCDE se advierte que mientras los jóvenes quinceañeros de Aguascalientes obtuvieron 437 puntos en matemáticas, los de Guerrero se ubicaron al final de la tabla al apenas alcanzar 367 puntos en promedio.

El comparativo, que es representativo del país sólo mide 29 entidades y excluye a Oaxaca, Michoacán y Sonora, debido a que la tasa de participación de sus escuelas fue inferior a la requerida (65%).

Los resultados de los jóvenes en la prueba PISA al llegar al final de la educación básica y cumplir los 15 años en promedio coloca en una escala diferente a las entidades si se comparan los resultados con la medición de calidad que hace la prueba nacional, que aplica la Secretaría de Educación Pública en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE).

En ENLACE en este año los niños de primaria y secundaria de Campeche, Chiapas obtuvieron los primeros sitios cuando se midió matemáticas y lectura, mientras que Durango lo hace en el nivel de bachillerato.

De acuerdo con los datos de la OCDE los mejores desempeños en PISA cuando se midieron las capacidades en matemáticas, lectura y ciencias fueron para Aguascalientes seguido de Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Colima; mientras que en el más bajo desempeño se ubicaron Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz.

Ayer por la tarde, la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes, presentó el denominado Informe México en PISA 2012, en el que se hace un desglose estatal de resultados en esa evaluación.

Dijo que los resultados obtenidos deben tomarse como un indicador del nivel que logran los estudiantes de 15 años en cuanto a las competencias para la vida, por lo que sus resultados deben contribuir a mejorar la calidad de la educación.

Eduardo Backhoff Escudero, Consejero del Instituto dijo que en el análisis por entidades avanzaron mucho Tlaxcala y Durango.

Destacó la importancia de buscar medidas para disminuir las diferencias entre entidades, “las cuales seguramente son un reflejo de diferencias que se dan también al interior de cada entidad”.

Los estados con un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles altos son Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Chihuahua, con 8%. Mientras que Tabasco, Chiapas y Guerrero presentan, por el contrario, 70% o más de sus estudiantes en los niveles bajos.

“Estos datos muestran la desigualdad al interior del país, hecho que habrá de atenderse con urgencia”.

En la prueba de ciencias sólo 2% de los estudiantes se ubicaron en los niveles altos y 47% en los niveles bajos.

Los estados con el mayor porcentaje de estudiantes en los niveles altos son Colima, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Morelos, todos ellos con 4% de sus estudiantes en esos niveles.

En tanto que Guerrero, Tabasco y Chiapas presentan más del 60% de sus estudiantes en los niveles bajos. En la prueba de la OCDE, sólo 5% de los estudiantes mexicanos se encontraron en los niveles altos y 41% por debajo del nivel más bajo del examen.

En el reporte del INEE se especifica que existen diferencias de puntajes entre las escuelas públicas y privadas y dice que hubo 34 puntos de avance en los planteles públicos, mientras en los privados sólo fue de 11 puntos.

Respecto al desempeño entre hombres y mujeres, adelantaron que es parejo.

Fuente: EL UNIVERSAL

México, D. F., a  03  de diciembre de 2013

Muchas gracias, con la venia de la Presidencia

Compañeras y compañeros legisladores:

El Senado de la República está discutiendo un dictamen trascendente para el sistema político mexicano.

Estamos debatiendo una reforma que es de la mayor profundidad. El día de hoy estamos inmersos en un proceso de reingeniería institucional para poder contar con un Estado eficaz.

Para llegar a tal objetivo, la pregunta de fondo que guía la discusión y el debates es: ¿qué instituciones permiten a los gobierno gobernar, al tiempo que habilitan a los ciudadanos para controlar a esos gobiernos?

La respuesta a esta interrogante tiene cinco ejes fundamentales a mi parecer:

Primero, la posibilidad de formar gobiernos de coalición.

Segundo, la creación de una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo.

Tercero, la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Cuarto, la reorganización del sistema electoral mexicano que nos llevará a homogeneizar las reglas electorales en el país y,

Quinto, la reelección legislativa.

En esta intervención abundaré en los dos primeros puntos.

1997 fue el año en el que el partido político que ganó las elecciones presidenciales no obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. A partir de ese año, en el sistema político mexicano cambiaron los incentivos para que las fuerzas política cooperaran o no cooperaran. El gobierno dividido provocó, en primera instancia, incertidumbre ante la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos; pero al mismo tiempo, hizo que los partidos políticos aprendieran a construir coaliciones para gobernar.

Con el dictamen se da solución a la situación descrita, al establecer en la Constitución la posibilidad de formar Gobiernos de Coalición. La reforma establece incentivos para mejorar la toma de decisiones y la construcción de mayorías que den lugar a la gobernabilidad democrática. Las nuevas disposiciones mejorarán la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, manteniendo el equilibrio entre los órganos del Estado, por las siguientes razones:

El Titular del Poder Ejecutivo podrá definir conjuntamente un programa de gobierno y una agenda legislativa común con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.

Si el Presidente opta por la coalición, los nombramientos de los Secretarios de Estado tendrán que ser ratificados por el Congreso de la Unión, a excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina.

Independientemente de si el Presidente opta por el gobierno de coalición o no, el Senado deberá ratificar al Secretario de Relaciones y la Cámara de Diputados deberá ratificar el nombramiento del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, la colaboración entre los Poderes de la Unión quedará plasmada también en la facultad que se le otorga al Congreso para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y a la Cámara de Senadores para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El segundo punto y de gran trascendencia para la procuración de la justicia es la autonomía del Ministerio Público.

Con la reforma, el Ministerio Público ejercerá su principal función, que es la de investigar y perseguir los delitos con estricto apego a la ley, libre de injerencias de otros poderes u órganos y de los vaivenes políticos.

Otro de los aciertos contenidos en el dictamen es que la designación del Fiscal General de la República corresponderá al Senado, previo desahogo del procedimiento que el mismo establezca para seleccionar a las personas idóneas para el cargo. El Fiscal durará en su encargo nueve años.

Además, es preciso subrayar que la remoción del Fiscal podrá ser objetada por las dos tercera partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Este esquema es transparente y equilibrado, el cual demuestra voluntad de coordinación entre los Poderes del Estado.

También destaco la adecuación que se hace al Ministerio Público conforme a la reforma constitucional de 2008 que establece un sistema penal oral y acusatorio. El dictamen sustituye la denominación de “inculpado” a “imputado”, con lo que se prevén los derechos procesales del imputado.

Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos por aprobar un proyecto que contribuirá a la gobernabilidad democrática. Que las pretensiones personales o de grupo no impidan dotar al Estado Mexicano de herramientas más eficaces que permitan su funcionamiento eficaz.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  03  de diciembre de 2013

Con su permiso Señor Presidente,

Compañeras y compañeros Senadores,

Yo respeto las diferentes opiniones que en esta tribuna se pueden venir a vertir sin lugar a dudas.  Difiero y lamento  que en un esfuerzo por avanzar en reglas de acceso y administración de poder, reglas modernas, reglas  que nos den como país, una  mayor posibilidad de lograr los grandes acuerdos que necesitamos, sean descalificadas sin más y sin menos.

La democracia mexicana ha tenido avances significativos en las últimas décadas, pero nada como lo que estamos viviendo hoy, yo creo que se están logrando avances importantísimos, se están  logrando avances que fueron y vinieron durante muchos años recientes, donde se hablaba de una reforma política, donde se hablaba de la necesidad  de cambiar y generar una ingeniería  política diferente para nuestro país.

Hoy,  a pesar de las diferentes opiniones  que se puedan dar en contrario a pesar del esfuerzo que ha habido por parte de todas las fuerzas para que todas las fuerzas políticas de este país se involucren en un debate serio y un debate a detalle en donde no cabe duda que ha habido ese esfuerzo.

Hoy los que hemos querido estar ahí, nos hemos reunido para coincidir en la necesidad de una reforma a fondo, por lo que en conjunto con la administración que encabeza nuestro presidente. Enrique Peña Nieto se está logrando y estamos coincidiendo en una reforma moderna, una reforma que avanza.

El dictamen que hoy presentamos, es el resultado de un trabajo a detalle, de todas mi compañeras y de todos mis compañeros Senadores, pero sobre todo, es el trabajo y el resultado de una voluntad política y una responsabilidad de cada uno de los involucrados en hacer y en lograr que tengamos las acciones necesarias para lograr un marco jurídico moderno y eficiente que responda a las demandas  de nuestra sociedad

Se reconoce en este marco regulatorio con la reelección consecutiva de representantes populares, el gobierno de coalición y la ratificación del gabinete presidencial, lo cual fortalece el federalismo y la división de poderes, y además establece mecanismos para hacer del ejercicio del poder una verdadera herramienta al servicio de los ciudadanos.

Por primera vez en la historia del México post-revolucionario, el Poder Legislativo ha tenido el valor de abordar uno de los temas más polémicos en el ámbito político nacional: la reelección.

Esta decisión de ninguna manera contradice los valores de la Revolución Mexicana de 1910, que históricamente hemos recordado con la frase “sufragio efectivo, no reelección”.

Por el contrario, se trata de un ejercicio de crítica responsable por parte de este Congreso, al aceptar que el ejercicio de los que ostentamos este cargo de elección popular, exige un mayor grado de compromiso, una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia en nuestro ejercicio como legisladores.

Como resultado, la reelección legislativa los Diputados Federales ya podrán ser electos a partir del 2015 si es aprobada esta iniciativa los Senadores elegidos en 2018.

Otro punto fundamental que propone este dictamen, es la autonomía del Ministerio Público de la Federación, para que la investigación y persecución de los delitos del fuero federal se realice con independencia de la administración en turno o de las decisiones políticas.

Un viejo reclamo, sin lugar a dudas. Hemos  y estamos compañeras y compañeros ante un esfuerzo legislativo que con todos los que se hayan querido sumar y con toda la inteligencia que se ha vertido en este, estamos convencidos los que así lo hicimos  que con esto se alcanzan acuerdos de gran calado, acuerdos que nos dan un marco de un país moderno, un marco  que avanza en materia política y en materia electoral, sentando las bases para transitar en un régimen democrático de reglas claras, de reglas que nos permitan a todos a nosotros como legisladores y a los ciudadanos, exigir un mejor marco político electoral.

Por lo tanto, señores senadores, señoras senadoras, nosotros nos sumamos a la aprobación de una reforma histórica y sin precedentes porque estamos a favor de un régimen político electoral moderno, transparente, participativo y eficiente, y en donde no ha existido en ningún momento, la sinrazón y la cerrazón para que  ninguna de las fuerzas políticas aquí representadas, hayamos tenido oportunidad de participar a todo detalle.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto señor Presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D.F. a  03 de diciembre  de 2013

Boletín 208/13

   La autoridad debe garantizar la integridad física y psicológica de la comunidad escolar: Sesma El bullying, cuyo significado en Holandés es acoso, se ha propagado en escuelas secundarias y preparatorias públicas o privadas de la ciudad de México, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de muchos jóvenes que son víctimas y por miedo no denuncian.

Ante los recientes casos: el de un joven al que le rompieron las costillas en una secundaria de la delegación Tláhuac y el de la jovencita  de origen mixteca que fue agredida en una secundaria de Tepito, el coordinador de la diputación ecologista del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, hizo un llamado a la Secretaría de Educación del DF, a  brindar  atención psicológica y apoyo legal a los agresores y afectados así como a denunciar ante las autoridades cualquier conducta delictiva registrada en ambos sucesos.

También solicitó a la dependencia informes sobre el diagnóstico y la incidencia de este fenómeno, así como de su impacto en la deserción y desempeño escolar, con el  propósito de  plantear acciones que tiendan a su erradicación.

La autoridad, concluyó debe adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad educativa la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.