México, D. F., a  03  de diciembre de 2013

 

 

 

Muchas gracias, con la venia de la Presidencia

Compañeras y compañeros legisladores:

 

El Senado de la República está discutiendo un dictamen trascendente para el sistema político mexicano.

Estamos debatiendo una reforma que es de la mayor profundidad. El día de hoy estamos inmersos en un proceso de reingeniería institucional para poder contar con un Estado eficaz.

Para llegar a tal objetivo, la pregunta de fondo que guía la discusión y el debates es: ¿qué instituciones permiten a los gobierno gobernar, al tiempo que habilitan a los ciudadanos para controlar a esos gobiernos?

La respuesta a esta interrogante tiene cinco ejes fundamentales a mi parecer:

Primero, la posibilidad de formar gobiernos de coalición.

Segundo, la creación de una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo.

Tercero, la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Cuarto, la reorganización del sistema electoral mexicano que nos llevará a homogeneizar las reglas electorales en el país y,

Quinto, la reelección legislativa.

En esta intervención abundaré en los dos primeros puntos.

1997 fue el año en el que el partido político que ganó las elecciones presidenciales no obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. A partir de ese año, en el sistema político mexicano cambiaron los incentivos para que las fuerzas política cooperaran o no cooperaran. El gobierno dividido provocó, en primera instancia, incertidumbre ante la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos; pero al mismo tiempo, hizo que los partidos políticos aprendieran a construir coaliciones para gobernar.

Con el dictamen se da solución a la situación descrita, al establecer en la Constitución la posibilidad de formar Gobiernos de Coalición. La reforma establece incentivos para mejorar la toma de decisiones y la construcción de mayorías que den lugar a la gobernabilidad democrática. Las nuevas disposiciones mejorarán la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, manteniendo el equilibrio entre los órganos del Estado, por las siguientes razones:

El Titular del Poder Ejecutivo podrá definir conjuntamente un programa de gobierno y una agenda legislativa común con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.

Si el Presidente opta por la coalición, los nombramientos de los Secretarios de Estado tendrán que ser ratificados por el Congreso de la Unión, a excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina.

Independientemente de si el Presidente opta por el gobierno de coalición o no, el Senado deberá ratificar al Secretario de Relaciones y la Cámara de Diputados deberá ratificar el nombramiento del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, la colaboración entre los Poderes de la Unión quedará plasmada también en la facultad que se le otorga al Congreso para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y a la Cámara de Senadores para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El segundo punto y de gran trascendencia para la procuración de la justicia es la autonomía del Ministerio Público.

Con la reforma, el Ministerio Público ejercerá su principal función, que es la de investigar y perseguir los delitos con estricto apego a la ley, libre de injerencias de otros poderes u órganos y de los vaivenes políticos.

Otro de los aciertos contenidos en el dictamen es que la designación del Fiscal General de la República corresponderá al Senado, previo desahogo del procedimiento que el mismo establezca para seleccionar a las personas idóneas para el cargo. El Fiscal durará en su encargo nueve años.

Además, es preciso subrayar que la remoción del Fiscal podrá ser objetada por las dos tercera partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Este esquema es transparente y equilibrado, el cual demuestra voluntad de coordinación entre los Poderes del Estado.

También destaco la adecuación que se hace al Ministerio Público conforme a la reforma constitucional de 2008 que establece un sistema penal oral y acusatorio. El dictamen sustituye la denominación de “inculpado” a “imputado”, con lo que se prevén los derechos procesales del imputado.

Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos por aprobar un proyecto que contribuirá a la gobernabilidad democrática. Que las pretensiones personales o de grupo no impidan dotar al Estado Mexicano de herramientas más eficaces que permitan su funcionamiento eficaz.

 ESCUCHAR AUDIO

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO