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México D.F. a 30 de marzo del 2014

Boletín 050/14

 

 

• Por primera vez, el Senado de la República, Semarnat, Banco Mundial y OEA trabajarán juntos para mejorar el marco legal en esta materia
• La solución a los problemas ambientales no puede ser enfrentada desde una sola trinchera: Salinas Sada

 

Con el fin de subsanar e identificar los vacíos y contradicciones legales en materia ambiental la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ninfa Salinas Sada y el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, firmaron un convenio de colaboración.

Durante la firma del acuerdo, en el que participaron también la doctora Gloria Grandolini, directora del Banco Mundial en México y Colombia, así como el embajador Aníbal Enrique Quiñonez Abarca, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en México, la senadora del Partido Verde comentó que el convenio se trata del acuerdo para la planificación estratégica y el desarrollo de oportunidades en el marco legal de México en materia ambiental.

Lo anterior, abundó, se debe a que  la legislación actual “tiene algunos aspectos contradictorios que impiden una posición más eficiente a los asuntos en la materia”.

En este sentido, hizo énfasis en que la solución a los problemas ambientales no puede ser enfrentada desde una sola trinchera,  como tampoco es factible blindar respuestas legales desde una sola perspectiva, por lo que consideró que su obligación como senadores es de “asesorarnos de todos los que saben el tema, además de escuchar y establecer alianzas de cooperación para que podamos identificar y subsanar los vacíos y contradicciones en el marco legal”.

Con el establecimiento de este acuerdo de colaboración, añadió,  los legisladores hacemos patente nuestro deseo de contribuir desde el ámbito que nos ocupa en la creación de un andamiaje legal e institucional en materia ambiental en beneficio de todos aquellos a quienes representamos”.

A la firma del convenio asistió con la representación del Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República,  la senadora Ana Lilia Herrera, entre otros legisladores de los distintos grupos parlamentarios.

     

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 27 de marzo del 2014

Boletín 049/14

 

 

• La acción local es indispensable para la puesta en marcha de los compromisos nacionales en la materia: Sen. María Elena Barrera

 

Con 77 votos a favor y cero en contra el Pleno del Senado aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Cambio Climático, la cual busca integrar el ordenamiento ecológico a la planeación nacional del desarrollo, a fin de fortalecer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en México.

Por ello la senadora mexiquense del Partido Verde, María Elena Barrera Tapia se manifestó a favor de la reforma pues “es innegable que el cambio climático es una de las principales amenazas al desarrollo y bienestar de la población mundial, dijo”.

Además enunció que la reforma coadyuvará en gran medida a prevenir con mayor eficiencia los riesgos para la población derivados de fenómeno del cambio climático, pues la Política Nacional de Desarrollo, como la Estrategia Nacional, deberá integrar los programas de ordenamiento ecológico territorial, toda vez que son concebidos como instrumentos mediante los que se regula el uso del suelo y las actividades productivas, cuyo propósito es el de contribuir a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

“La urgencia con que debemos responder a los retos del cambio climático requiere de un marco jurídico capaz de aportar herramientas de planeación eficientes, para así minimizar los riesgos que este fenómeno implica al desarrollo de todos los mexicanos”, agregó.

De acuerdo a las evidencias científicas que aporta por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático muestran que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, como consecuencia de actividades humanas, se han incrementado en un 70 por ciento desde la era preindustrial, siendo probablemente la causa principal de dicho fenómeno.

Los impactos del cambio climático en regiones de América Latina incluyen una sustitución gradual de la vegetación, pérdidas de diversidad biológica y la disminución de la productividad de algunos cultivos importantes, “debido a ello la actividad pecuaria; la afectación de la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidrológico, además de un incremento en fenómenos meteorológicos como sequías, inundaciones y huracanes, ponen en riesgo la integridad de la población”, explicó.

Nuestro país es particularmente vulnerable a estos impactos porque su ubicación geográfica, sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, contribuyen a que se encuentre expuesto a eventos extremos y con efectos graves, principalmente en las zonas costeras, áreas inundables, laderas y montañas.

“Es muy importante considerar que los efectos de estos procesos se intensifican, lamentablemente, por las desigualdades sociales, económicas y regionales; sin embargo, México está dando pasos firmes en el tema desde su adhesión al Protocolo de Kioto, lo que ha fomentado arreglos institucionales para la elaboración de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático”, expuso.

En una de las primeras líneas de acción en materia de adaptación contempladas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de junio de 2013, es precisamente el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos de la población.

Por lo anterior, Barrera Tapia consideró que las acciones y programas de mitigación o adaptación frente al cambio climático, sólo pueden alcanzar mejores resultados si se atiende en principio el ordenamiento ecológico del territorio, concebido como instrumento de la política ambiental mediante la regulación del uso de suelo y de las actividades productivas. “También, la acción local es indispensable para la puesta en marcha de los compromisos nacionales en la materia”, enfatizó.

     

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 23 de marzo del 2014

Boletín 046/14

 

 

• Gracias a programas de reciclaje se recolectaron 20 mil toneladas de papel lo que se traduce en más de 14 hectáreas de árboles que no fueron talados..

 

La senadora Ninfa Salinas Sada del Partido Verde presentó una iniciativa para que se elaboren, editen y produzcan libros de texto gratuitos u otros materiales didácticos que contengan un mínimo de 50 por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de modo sustentable.

El documento que presentó en el Pleno del Senado también especifica que las autoridades educativas locales, en coordinación con la autoridad educativa federal, diseñarán e implementarán acciones que promuevan el reciclado de libros de texto gratuitos que hayan perdido vigencia o utilidad, a fin de que los materiales con que éstos fueron elaborados sean reutilizados en la producción de nuevos libros.

La legisladora comentó que el propósito de las reformas que presentó consisten en impulsar el uso de papel de bajo impacto ambiental a través del sector de libros de texto gratuitos y materiales didácticos, así como promover la congruencia entre las acciones ambientales y las educativas a fin de que se logre un mayor impacto en la conciencia ambiental de los estudiantes.

Indicó que en México cada ciudadano genera cerca de 370 kilogramos (kg)  de residuos al año, cifra que se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE que es equivalente a 540 kg, pero que el país no es capaz de recolectarlos, ni posee la infraestructura para disponerlos adecuadamente.

Salinas Sada lamentó que en la nación la tasa de separación y reciclado de papel, vidrio y plástico sea muy baja. “Casi el 40 por ciento de los residuos generados son susceptibles de aprovechamiento, y sin embargo sólo el 11 por ciento se somete a una recolección selectiva para finalmente ser reciclados”.

Por ello, dijo, el reciclado de papel constituye una valiosa oportunidad para minimizar los daños ambientales inherentes a su ciclo de vida, como la disminución de la superficie forestal, el uso de grandes cantidades de agua y la emisión de gases de efecto invernadero. De igual forma, ofrece ventajas económicas como el ahorro de recursos.

Asimismo, recordó esfuerzos institucionales como los que desarrolla la Comisión Nacional de Libros de Texto (Conaliteg) que a través del programa “Recicla para Leer”, de acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012, logró la recolección de 20 mil toneladas de papel y cartón en desuso de las cuales se obtuvieron cerca de mil 500 toneladas de papel nuevo. Ello representa ahorros anuales del orden de 25 millones de pesos en la compra de papel para la elaboración de libros de texto gratuitos.

Además, lo anterior se traduce en 14.49 hectáreas de árboles que no fueron talados, 37.81 toneladas de contaminantes que no se emitieron y el ahorro de 31 mil metros cúbicos de agua así como de 5.17 millones de kilowatts por hora de energía eléctrica.

Mencionó que a pesar de que actualmente un gran número de libros de texto gratuitos ya se elaboran a base de papel reciclado, las reformas propuestas continúan resultando pertinentes, no sólo porque elevan al grado jurídico los esfuerzos institucionales de la Conaliteg, sino también porque fortalecen los medios para coadyuvar simultáneamente a su logro.

Ello en razón de que si bien los esfuerzos actuales han generado un nicho comercial favorable al medio ambiente, no tienen sustento legal alguno pues el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público establece que “el papel para uso de oficina del sector público deberá contener fibras recicladas o prevenir de aprovechamientos forestales sustentables”, declaró.

“Sin embargo, no se convoca a que así sea en el caso específico de los libros de texto gratuitos, ni tampoco plantea medios para lograrlo. Esta falta de sustento legal deja los esfuerzos institucionales a la ‘buena voluntad’ de la Administración Pública Federal, voluntad que puede o no ser permanente. Así las reformas que propongo resultan necesarias para garantizar a largo plazo la incorporación de la visión sobre la importancia ambiental de utilizar materiales reciclados en el sector educativo”, finalizó la legisladora ecologista.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 21 de marzo del 2014

Boletín 044/14

 

 

Las peleas de gallos están reguladas en materia de apuestas por parte de Segob pero se omite un trato digno hacia estas aves.  El coordinador del Partido Verde en el Senado, Jorge Emilio González Martínez, propuso prohibir la organización, inducción o provocación de las peleas de gallos en todo el país.   El senador ecologista indicó que si bien los gallos no se encuentran en peligro de extinción, esto no implica que se permita como parte de una diversión para los humanos.   Por lo que lamentó González Martínez que esta actividad esté arraigada entre los criadores y los aficionados pues ha resultado muy complicado hacer conciencia a la gente sobre la crueldad hacia estas aves.   Dijo que la propuesta presentada en el Senado busca que las peleas de gallos sean prohibidas para evitar el maltrato animal, además de prevenir enfrentamientos entre espectadores y aficionados.   Explicó que la regularización de las peleas de gallos ha tenido poco avance en el país, ya que esas actividades se realizan mediante apuestas, reguladas por la Segob, pero al no existir una legislación que prevea o regule la parte operativa de éstas se omite el trato digno hacia los gallos.   “Es lamentable que las peleas de gallos en México sean  un espectáculo donde asisten menores de edad, niños, que no tienen el suficiente criterio para decidir en asistir o no, se les hace un asunto normal ser testigos de semejante acontecimiento, cuando en realidad lo que está pasando es que se está potencializando un factor violento en ellos”.   Declaró que no pasa por alto que muchas de las actividades que se llevan a cabo en las peleas de gallos son de forma ilegal, dándose en casas o lugares no acondicionados para esa práctica, lo que fomenta las apuestas, lavado de dinero y venta de los gallos.   Destacó que a nivel internacional países como Costa Rica, Paraguay, Argentina y Cataluña, España, se han prohibido las peleas de gallos. En México falta mucho por hacer y aunque tengan gran arraigo social no representa una actividad que fomente la cultura y el sano desarrollo en niños y jóvenes”, finalizó.  

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 20 de marzo del 2014

Boletín 043/14

 

 

• La industria energética debe evolucionar y adaptarse a las exigencias de un mundo globalizado: Sen. Gerardo Flores.

 

Tras celebrar el 76 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el Senador Gerardo Flores Ramírez del Partido Verde, señaló que pretender que el petróleo continúe siendo la única fuente de energía y al mismo tiempo sostenga las finanzas públicas del país no sólo es ingenuo sino materialmente imposible.

En el Partido Verde reconocemos la trascendencia histórica de la expropiación petrolera en México, acontecimientos que han contribuido a la identidad de los mexicanos, pero también coincidimos que nuestro país tiene que avanzar en los nuevos retos que se presentan en un contexto muy distinto al de 1938, comentó.

Por ello, indicó que tomando como inspiración los ideales del Cardenismo, legisladores integrantes del órgano reformador de la Constitución respaldó la intención de otro hombre de Estado para emprender un debate plural y abierto que permitió materializar el anhelo de modernizar a la industria de la energía en nuestro país, superando de ese modo, tabúes y prejuicios que impedían que el modelo energético nacional fuese acorde a las necesidades del siglo XXI.

Flores Ramírez enfatizó que la transformación de la industria de la energía debe atender a las necesidades de un suministro continuo, confiable y sustentable de energéticos, bajo un régimen jurídico que elimine la existencia de una empresa monopólica, costosa e ineficiente, para dar paso a una apertura responsable que permita al sector competir bajo las reglas del mercado, en beneficio del bolsillo de las familias mexicanas.

Por último,"las senadoras y los senadores del Partido Verde estamos convencidos que el modelo de la industria energética debe evolucionar y adaptarse a las exigencias de un mundo globalizado, pero siempre bajo los principios que dieron cauce a esta industria desde hace 76 años. Pues a pesar de que las circunstancias económicas y energéticas han cambiado, las motivaciones para la transformación de la energía permanecen intactas.

“La defensa de los recursos que son propiedad de la Nación y el impulso del sector energético nacional, con miras a ser una verdadera palanca del desarrollo con claros beneficios para los mexicanos", concluyó el senador.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 14 de marzo del 2014

Boletín 039/14

 

 

• Sanciones de 150 a 30 mil días de salarios mínimos a quienes provoquen incendios en terrenos agropecuarios y se propague a zonas forestales.

 

El Senado de la República aprobó mayores multas a quienes provoquen incendios forestales con la intención de cambiar el uso de suelo, pues el 98 por ciento de las actividades humanas ocasionan los incendios forestales y de este porcentaje el 36 por ciento corresponde a actividades agropecuarias.

Al respecto, el coordinador del Partido Verde, promovente de esta iniciativa, aseguró que uno de los móviles para causar un incendio forestal es la intención de cambiar la vocación natural del uso de suelo, ocasionando con ello una grave pérdida forestal para el país.

Agregó que con ello buscan aumentar la productividad de los pastos que se utilizan para el ganado, o para reclamar árboles en áreas que no tienen permisos de aprovechamiento, así como tener la oportunidad de apropiarse de zonas forestales. Además, los reiterados incendios en zonas forestales específicas impide la pronta regeneración del suelo, declaró.

Por ello, bajo la idea de “el que contamina paga” se incrementó la protección jurídica de los recursos forestales incrementando el monto de las multas que pueda imponer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Con esto, dijo, se evitarían las actividades, uso o aprovechamiento de suelo en terrenos incendiados durante 20 años, permitiendo que sólo las actividades de restauración sean las únicas autorizadas para ello, y con el objetivo de realizar laborales de rehabilitación, se facultaría al presidente para decretar veda forestal en terrenos incendiados.

Respecto a las multas serán de 40 a mil días de salarios mínimos a quienes establezcan cultivos agrícolas o realicen labores de pastoreo en terrenos forestales, e incumplan, presten u omitan trabajos técnicos de restauración forestal.

De 100 a 20 mil días de salario a quienes realicen obras o actividades distintas en terrenos forestales; obstaculicen visitas al personal autorizado; cambien la autorización de los terrenos forestales; omitan realizar guardarrayas de protección contra el fuego; extraigan, transporten, almacenen, transformen o posean materias primas forestales; no combatan las plagas, enfermedades o incendios forestales; violen la veda forestal, y depositen residuos peligrosos en dichos lugares.

Y por último, de 150 a 30 mil días de salario a quienes realicen, provoquen quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie la propagación a zonas forestales o cualquier actividad, uso y aprovechamiento que sean distintos a la restauración que estén dentro de los 20 años siguientes a que hayan sufrido un incendio. Así como a quien se niegue a combatirlos.

“Esta propuesta busca mecanismos para inhibir las malas prácticas del ser humano en relación a los incendios forestales, bien sean culposos o dolosos, asimismo permite a la autoridad cuente con los fundamentos legales para sancionar y realizar actos pendientes para lograr el equilibrio, la sustentabilidad y la preservación del medio ambiente”, finalizó.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, DF, a 9 de marzo de 2014

Boletín 037/14

 

 

• En 2012 le costó a México 80 mil millones de pesos atender enfermedades relacionadas con el sobrepeso: Sen. María Elena Barrera.

 

La senadora María Elena Barrera Tapia presentó una iniciativa para incluir al servicio de salud público las cirugías bariátricas (como el bypass gástrico), como tratamiento para la obesidad mórbida.

La legisladora mexiquense dijo que la iniciativa pretende incorporar a la Ley General de Salud un capítulo que contemple la protección social a la enfermedad crónica de obesidad, con el fin de garantizar la gratuidad de la cirugía en las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud Pública.

Explicó que los candidatos a este servicio serán los que después de intentar bajar de peso por varios métodos no lo hayan logrado.

La propuesta presentada en el Senado de la República también contempla la implementación de Unidades Multidisciplinarias especializadas en el Tratamiento de Obesidad y Obesidad Mórbida, integrada por cirujanos, endocrinólogos, nutriólogos y psicólogos, los cuales tendrán capacitación y las herramientas necesarias para proporcionar un tratamiento adecuado.

Comentó que en otros países como, España y Estados Unidos han reconocido como única solución médica para la obesidad mórbida a la cirugía bariátrica. En estos países se calcula que anualmente se realizan entre 2 mil y 5 mil operaciones.

En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, existían 48.2 millones de personas con problemas de obesidad, la mayor prevalencia fue en mujeres de entre 50 y 59 años de edad. Siendo las áreas urbanas, las que registran el mayor porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad.

Barrera Tapia, también integrante de la Comisión de Salud comentó que en 2012 le costó a México 80 mil millones de pesos atender enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

Además, destacó que las personas con obesidad son propensas a presentar otro tipo de enfermedades crónico degenerativas y la mayoría sufren discriminación familiar, social y laboral.

Finalmente, comentó que la Organización Mundial de la Salud contempla que para el 2015 existirán mil 500 millones de adultos con sobrepeso y más de 300 millones con obesidad, por lo que es impostergable desarrollar estrategias que contrarresten la tendencia.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 26 de marzo del 2014

Boletín 048/14

 

 

 

• Mortalidad materna e infantil debido a brechas de oportunidades para el desarrollo, servicios y nutrición: Sen. María Elena Barrera

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia del Partido Verde propuso en el Senado de la República dar el servicio de atención maternal y neonatal de modo gratuito, de acceso universal, con igualdad, equidad, y calidad.

Para ello, la integrante de la Comisión de Salud presentó una iniciativa que expide la Ley de protección Materna y Neonatal, para proteger la salud de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos.

Comentó que esta propuesta atiende los derechos humanos de la mujer en periodo de embarazo, parto y puerperio; garantiza la universalidad de los servicios de salud materna y neonatal en forma oportuna, gratuita y de calidad, así como establece por nivel de gobierno las atribuciones en esta materia.

Abundó que la iniciativa tiene como fines declarar la protección materna y neonatal; fortalecer los programas de educación en materia de salud sexual, salud reproductiva, y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para medir su morbilidad y mortalidad; promover la inclusión de mujeres embarazadas al sector laboral y reproductivo, las estrategias de desarrollo social al Sistema de Salud Materna y Neonatal, y la participación intersectorial de las estrategias de vigilancia epidemiológica, a fin de potenciar las acciones encaminadas a la reducción de la mortalidad.

Y es que datos de la Organización Panamericana de Salud, indican que en el 2010 fallecieron 992 mujeres a causa de las complicaciones del embarazo post-parto; en el 2011 se registraron 971; en 2012 fueron 949, y el porcentaje de mujeres que no recibieron atención médica osciló entre el 10.8 y el 12 por ciento.

Barrera Tapia explicó que las causas de la mortalidad materna e infantil son multifactoriales debido a que subsisten brechas de oportunidades para el desarrollo, servicios y nutrición en la población, principalmente de habla indígena con la no indígena, y la del área rural con la urbana, donde se destacan características sociodemográficas.

Ejemplificó dichas características como la vulnerabilidad por ingreso o carencia; ser madre soltera o en unión libre; carencia de alimentos; preexistencia de infecciones, hipertensión, diabetes y otras enfermedades; falta de educación e información en el autocuidado antes, durante y después del embarazo, entre otros factores.

Lamentó que derivado de lo anterior el 25 por ciento de la mortalidad infantil se presenta en el periodo perinatal y que se deba a causas maternas relacionadas con las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. “600 mil niños mexicanos nacen anualmente con uno o varios problemas que ponen en riesgo su vida o dejan secuelas como parálisis cerebral o retraso mental”.

En cuanto a la cobertura de protección social, la atención médica materno-neonatal es fragmentada debido a que cada institución pública regionaliza los servicios de salud; hay insuficiencia de las acciones de prevención y seguimiento de la mujer embarazada; la capacidad de respuesta de los servicios es insuficiente; carencia de personal, equipamiento, medicamentos, materiales, suministros, y personal que carece de formación e información suficiente o antepone sus derechos laborales.

Es por lo que esta propuesta considera la necesidad de que las instituciones responsables suscriban los acuerdos de portabilidad que se requieran, a fin de que las mujeres sean atendidas en establecimientos médicos con capacidad resolutiva, comentó.

En México existen 60.2 millones de mujeres, de éstas el 33.2 por ciento son adolescentes; 30 millones son madres y 2.6 millones en promedio se embarazan al año, de las cuales el 66.6 por ciento lo planeó, el 20 por ciento no lo planeó y el 13.4 es un embarazo no deseado.

“La presente iniciativa de ley, para alcanzar sus objetivos, plantea reorganizar, unificar y administrar el trabajo institucional del sector salud e interactuar con los sectores responsables en la mejora de las condiciones de vida de la población y en especial de las mujeres embarazadas, de los neonatos y de la lactancia materna, sin que ello implique la aplicación de mayor presupuesto”, concluyó la senadora.

     

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO