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México, DF, a 07 de marzo de 2012

Boletín 063/12

 El hostigamiento sexual es una forma de violencia que atenta contra la integridad física, psicológica y económica de las personas: Jesús Sesma

El Partido Verde propuso establecer una cultura de la denuncia en las mujeres que sufren de acoso sexual en los centros de trabajo, debido a que esta forma de violencia atenta contra su integridad física, psicológica y económica.

En el marco del día Internacional de la Mujer Jesús Sesma Suárez, secretario de Comunicación Social del Partido Verde, destacó que es necesario establecer políticas públicas que eviten y combatan el acoso sexual en el ámbito laboral, así como determinar la forma de denunciarlo por parte de las trabajadoras sin que ello genere represalias.

“Muchas veces los centros de trabajo se convierten en lugares hostiles para las personas que sufren de acoso sexual, por lo que es necesario establecer programas que ayuden a prevenir ambientes laborales intimidantes u ofensivos que afecten la integridad de las mujeres”, explicó.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo revelan que el acoso sexual es la causa de que una de cada cuatro mujeres sea despedida, y cuatro de cada diez renuncien a su empleo.

Precisó que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que atenta contra la integridad física, psicológica y económica de las personas; elimina sus oportunidades de desarrollo y la posibilidad de desenvolverse en un ambiente sano, digno y seguro.

El ecologista comentó que el acoso sexual es una arma que se utiliza para obtener favores sexuales a cambio de un puesto, sueldo o simplemente de conservar u obtener un trabajo, y si bien este problema afecta ambos sexos, principalmente predomina en el género femenino.

“México necesita desarrollar una cultura de igualdad y equidad libre de violencia y discriminación que promueva el desarrollo integral de las mujeres y les permita ejercer plenamente todos sus derechos”, aseguró Sesma Suárez.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F., a 6 de marzo de 2012 Boletín número  62/12

   La trata de personas es la actividad más lucrativa después del tráfico de drogas y armas.

  Anualmente, cerca de 16 mil menores de edad son explotados sexualmente en México y cerca de 85 mil son usados en la industria pornográfica. Ante esta problemática, el Partido Verde propuso que se tomen medidas de prevención y que se sancione a quienes comentan el delito de trata de personas.   El vocero del partido, Arturo Escobar y Vega, explicó que las medidas preventivas propuestas incluyen organizar y desarrollar actividades de capacitación para actualizar servicios públicos que ayuden a identificar posibles víctimas y a proteger los derechos humanos de éstas. También propuso brindar información en las escuelas de nivel básico, medio y superior, así como en las comunidades que son vulnerables a la trata de personas, para advertir a la población sobre la amenaza que representa.   En nuestro país no sólo los mexicanos son el blanco de este delito, sino también los migrantes, por lo que se propuso implementar programas de sensibilización pública para dar a conocer los peligros de la migración internacional en condiciones de riesgo o ilegalidad.   El vocero definió la trata de personas como “la esclavitud del siglo XXI” y aseguró que se ha convertido en la actividad más lucrativa, después del tráfico de drogas y de armas, y que “se perpetra mediante el abuso, la tortura y la degradación de la condición humana”.   Escobar y Vega denunció que de acuerdo a datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Fondo Internacional para la Infancia, en 21 de las 32 entidades federativas de nuestro país, se practica el turismo sexual.     

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, DF, a  5 de marzo de 2012 Boletín 39/12

  Exigimos informes reales y oportunos del programa llamado bachetel, evitando se convierta en otra cortina que oculte la ineficiencia oficial. Samuel Rodríguez

Calles y avenidas del Distrito Federal siguen con problemas por baches debido a la irresponsabilidad de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quienes para realizar sus labores hacen excavaciones que duran semanas o meses semiabiertas, provocando daños a vehículos y contaminación ambiental cuando se dispersan los escombros y el cascajo abandonado en la vía pública.   El Partido Verde del Distrito Federal recordó el fallido programa del GDF llamado bachetel, cuyo objetivo era reportar telefónicamente cualquier bache, mismo que en la realidad de poco ha servido para responder a las demandas ciudadanas, que observa toda la ciudad llena de agujeros en el asfalto.   Samuel Rodríguez Torres líder del Partido Verde del DF puso énfasis en esta situación, ya que las calles de muchas colonias de la ciudad presentan daños, sin lograr respuesta oportuna de las autoridades. Demandó que el gobierno capitalino informe los resultados del programa bachetel, para así evitar que se convierta en otra cortina que oculte la ineficiencia del GDF para resolver el atolladero.   En diciembre pasado se informó el tapado de 200 mil baches en calles secundarias de las 16 delegaciones políticas, sin embargo la ciudadanía no miente indicando que en todos los rumbos de la capital hay agujeros y cascajo regado en calles y avenidas.   Supuestamente se gasto el año pasado 171 millones de pesos adicionales en tapar baches, pero en un breve recorrido hecho por calles de las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón brigadas del Partido Verde encontraron múltiples agujeros que causan daños a vehículos de ciudadanos.   Samuel Rodríguez Torres demandó mayor honestidad de las autoridades capitalinas, tanto en la información como en la aplicación de los recursos ya que la ciudadanía está cansada de engaños y de recibir información que suena falsa, en la que se ostenta un gran gasto oficial pero se observan pocos resultados.

  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 02  de marzo de 2012 Boletín 059 /12

  Imperan los abusos, negligencia, asaltos y crímenes a bordo de las unidades     Con la finalidad de garantizar la seguridad de los más de 12  millones de usuarios diarios de autobuses y microbuses, el Partido Verde le exigió al GDF implementar sanciones más severas para los conductores de transporte público que violen las leyes, así como instalar cámaras de vigilancia y artefactos que permitan la geolocalización exacta y en tiempo real de las unidades.   Jesús Sesma Suárez, secretario de Comunicación Social del Partido Verde, señaló que el GDF debe realizar una reordenación efectiva del transporte público en la Zona Metropolitana, donde se adopten medidas de seguridad para los operadores y que estos a su vez tengan la posibilidad de implementar protocolos que protejan el patrimonio y la integridad física de los pasajeros.   Asimismo, el ecologista señaló que el problema de fondo es que no se respeta el marco jurídico en la materia, pues a pesar de que existen leyes que establecen los lineamientos para hacer eficiente y seguro el uso del transporte público, imperan los abusos, negligencia, asaltos y crímenes a bordo de las unidades de transporte colectivo y el metro.   “Es inaceptable el autogobierno que se vive en el transporte público,  que a la vista de la autoridad viola diversas disposiciones en detrimento de los usuarios, quienes lo perciben como sinónimo de inseguridad, además cada día se presentan crímenes más violentos y como ejemplo está el caso del chofer de microbús, presunto violador y asesino serial, relacionado con el abuso sexual de ocho mujeres y la muerte de siete ellas, todo a bordo de una unidad de transporte público”, comentó.   Sesma Suárez explicó que especialmente las mujeres son un sector vulnerable, sensible a ser objeto de actos violentos que afectan su integridad física y sexual, “nueve de cada 10 mujeres han sido víctimas de las formas de violencia sexual, 29.4 por ciento de mujeres usuarias del transporte público han sentido miedo a sufrir un ataque o abuso sexual, el 15 por ciento de las usuarias han sido perseguidas por hombres para ser atacadas sexualmente y el 2.1 por ciento ha sufrido abuso sexual, de acuerdo datos de la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D. F., a 1 de marzo de 2012 Boletín número: 58/12  

·         Es necesario definir qué aspectos de la Constitución no son modificables.     Debido a que desde el año 2007 la Constitución mexicana ha sufrido una serie de modificaciones propuestas por el Poder Legislativo, muchas de las cuales limitan o impiden que se respeten algunos derechos humanos, como la libertad de expresión, el Partido Verde propuso que se cree un medio legal a través del cual la población pueda impugnar estos cambios.   El vocero del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, señaló que es necesario definir qué principios reflejados en la Constitución son irreformables, ya que si bien este documento incluye en sí la posibilidad de modificación y el procedimiento legal que debe realizarse para que los cambios sean aprobados, existen ciertas reformas que van en contra de la esencia misma de la Constitución.   Recordó que el hecho de que en este documento estén contempladas las garantías individuales de los mexicanos, es considerado un gran logro para los ciudadanos, ya que es la protección de ellos frente al Estado y desconocerlas o limitarlas podría provocar que las personas quedaran indefensas ante el gobierno.   Actualmente, cualquier persona tiene la potestad de promover un juicio de amparo en contra de normas generales, actos u omisiones de las autoridades, y el Poder Judicial será el encargado de revisar el caso y hacer que se cumplan las leyes y tratados internacionales. Sin embargo, este juicio puede ser promovido únicamente por las personas que son directamente afectadas por la ley. Aquellos que no son afectados directamente pero que consideran que las reformas violan o limitan las garantías individuales no pueden hacer nada.    

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D. F., a 29 de febrero de 2012 Boletín número: 57/12

En México los accidentes automovilísticos son la primera causa de muerte en la población menor de 29 años.  

El Partido Verde denunció que en México los accidentes automovilísticos son la primera causa de muerte en la población de entre cinco y 29 años, y la segunda causa de orfandad. Por este motivo, Jesús Sesma Suárez, Secretario de Comunicación Social del Partido Verde pidió que los gobiernos estatales y municipales, en colaboración con el Gobierno Federal, impulsen medidas que ayuden a prevenir accidentes, lesiones y atropellamientos.   Sesma Suárez sugirió además, que la Secretaría de Salud elabore un informe en el que se determinen los factores de riesgo que causan atropellamientos de niños en zonas escolares, ya que es en estos lugares donde ocurren la mayor parte de los accidentes que involucran infantes.   El Secretario de Comunicación Social planteó la necesidad de impulsar la educación vial a través de la implementación de programas gubernamentales que brinden conocimientos teóricos y prácticos, tanto a conductores como peatones, para que aprendan a desplazarse de forma segura. Argumentó que diversos estudios demuestran que tanto la falta de educación vial como la ausencia de señalamientos de tránsito y el desempeño ineficiente de las autoridades para hacer cumplir el reglamento vial, son algunos de los factores que aumentan el riesgo de accidentes.   En México mueren alrededor de 24 mil personas al año, a causa de accidentes de tránsito. De ellos, cerca de mil 400 son niños menores de 14 años.    

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 28 de febrero de 2012 Boletín 053/12

La condición migratoria no debe ser motivo de persecución, discriminación o violación de sus garantías individuales: Manuel Velasco

Frente al llamado de la Unión Europea en el sentido de respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes, el senador Manuel Velasco Coello, urgió a las comisiones dictaminadoras aprobar el dictamen para eliminar la visa a centromericanos, propuesta que presentó en septiembre del año pasado.

Tras la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores, en Bruselas, donde se presentó un informe en torno a la asociación estratégica con México y Brasil para proteger los derechos humanos de los indocumentados y el combate a la delincuencia organizada, el legislador dijo que su propuesta explica claramente que para evitar extorsiones, secuestros y la trata de personas en contra de los migrantes centroamericanos que viajan por México, debe desaparecer dicho requisito migratorio.

En este sentido, el senador del Partido Verde consideró urgente una reforma integral que aborde el fenómeno de la migración, “de tal forma que la condición migratoria no sea motivo de persecución, discriminación o violación de sus garantías individuales, así como secuestros y abusos de autoridades”.

Luego de que la Alta Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, asegurara que en nuestro país se ha recrudecido la violación a las garantías de los indocumentados, no sólo por bandas del crimen organizado, sino también por autoridades migratorias, el senador por Chiapas indicó que en su propuesta exhorta al Ejecutivo Federal, para que gire instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que se lleve a cabo un análisis sobre la posibilidad de eliminar la visa a los ciudadanos de los países centroamericanos y con ello, garantizar el libre tránsito y los derechos fundamentales de los migrantes.

“El negocio de la migración se ha visto favorecido con el proceso de globalización económica, ya que éste ocasiona un mayor empobrecimiento en países subdesarrollados y por tanto,  un mayor y continuo flujo migratorio hacia las naciones desarrolladas; ésta es la razón del establecimiento de bandas internacionales que se dedican a extorsionar, robar, violar o destrozar la vida de los migrantes, por ello, el programa para eliminar la visa tiene el propósito de que en su camino a los Estados Unidos, cuenten con las garantías que brinda nuestra legislación y reciban un trato íntegro y respetable en nuestro país”, precisó.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

La Diputada Yvett Salazar Torres de la fracción parlamentaria del PVEM recomendó al Consejo Estatal de comunicaciones y Transporte de San Luis el suspender la concesión a camiones urbanos implicados en accidentes por imprudencia de sus choferes.

Reconoció que es urgente implementar un sistema integral que fomente un verdadero control y verificación del servicio de transporte público en el Estado.

Ello, al señalar que las propuestas de aumento a la tarifa del servicio publico  “carecen de un estudio real y convincente” y medidas a largo plazo para solucionar la problemática del transporte público, especialmente del “mal servicio que ofrecen los permisionarios”.

La Legisladora ecologista recordó que la misma ciudadanía es la que se queja recurrentemente de los abusos por parte de los prestadores del servicio publico, ya que es común ver como los choferes hablan por celular mientras conducen, o mientras van contando el cambio, o simplemente maltratan a los estudiantes o ancianos.

Abundó que es necesario contar con el reporte de accidentes y afectaciones que han causado dichas unidades de transporte para comparar año con año si han ido aumentando o si de verdad han mejorado en la prestación del servicio.

Por ello menciono es urgente implementar, además de sanciones y el cambio de unidades, un sistema integral que fomente un verdadero control y verificación del servicio de transporte público, a la par que dichas unidades utilicen combustibles amigables con el medio ambiente, como lo es el gas natural.

Por ultimo aclaro que las propuestas que han hecho los permisionarios en cuanto a aumentar la tarifa del transporte publico deben ser respetadas y consensadas, a la par que se comparen con las afectaciones que han causado a la ciudadanía, para con ello tomar una decisión justa de cara a la gente Potosina.

México, D. F., a 26 de febrero de 2012

Boletín 25/12

La participación de los particulares persigue elevar los niveles de eficiencia en la reinserción social de los presos, así como reducir los costos operativos de los centros: diputada Sarur

La reforma permitirá que dentro del sistema penitenciario los internos obtengan un salario

Ante los recientes acontecimientos en la cárcel de Apodaca, en el estado de Nuevo León, la diputada Adriana Sarur Torre vuelve a insistir como lo ha venido haciendo a lo largo de esta Legislatura, en la modernización del sistema penitenciario nacional.

Dijo la legisladora veracruzana que dado que los prisioneros le cuestan al erario más de 34 millones de pesos por día; desde el año pasado presentó en la Comisión de Seguridad Pública una iniciativa que modifica el artículo 18 Constitucional, referente al Sistema Penitenciario, en la que propone la participación del sector privado en esta materia.

El dictamen, aprobado en dicha Comisión, prevé que puede ser benéfica la intervención privada en la construcción, operación y administración de las cárceles en México, afirmó la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados.

Explicó que la participación de los particulares persigue elevar los niveles de eficiencia en la reinserción social de los presos, así como reducir los costos operativos de los centros.

"Es importante considerar esta propuesta como un elemento que servirá para revolucionar el sistema penitenciario del país y llevar a cabo, de manera eficiente y eficaz, los fines de reforma constitucional en esta materia", dijo la legisladora.

Sarur Torre, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que este es un avance fundamental, toda vez que la legislación penitenciaria no ha sufrido cambios a fondo desde hace 40 años, de ahí que hoy en día nuestro sistema penitenciario se encuentre en crisis, “era necesario poner el tema a discusión y buscar nuevos instrumentos normativos para darle efectividad a la operación y la administración penitenciaria”.

Señaló que en países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá, Perú y Puerto Rico, entre otros, debido a los problemas de corrupción e ineficiencia del sistema penitenciario, optaron por permitir la intervención del sector privado nacional o internacional en la construcción y administración de las cárceles, contando siempre con la debida tutoría del Estado, obteniendo resultados exitosos.

Las autoridades encargadas de la administración y operación del sistema penitenciario, consideró, no han podido generar condiciones para una reinserción real del recluso a la sociedad, pues durante su estancia en prisión los internos delinquen y un gran porcentaje reincide, además de que utilizan otras formas de operar.

Explicó que la reforma permitirá que dentro del sistema penitenciario los internos obtengan un salario que tendrá vertientes de contribución para el sostenimiento de ellos, pero también "les brindará la oportunidad de la manutención de sus familias y crear un ahorro y el pago de sus tratamientos de adicciones". Destacó que el trabajo dignifica por lo que será una herramienta valiosa en el proceso de reinserción.

La propuesta establece como punto clave mayor eficiencia en el trabajo de los sujetos que intervienen en la readaptación de los internos, por lo que se crearía la Unidad Especial de Recepción y Clasificación del Centro Penitenciario (proceso de recepción y clasificación) y se establecerían también las figuras de Oficial del Caso y Oficial de Vigilancia.

México, DF, a 23 de febrero de 2012 Boletín 051/12

La extorsión telefónica continúa sin control y las medidas tomadas por las autoridades están totalmente rebasadas: Arturo Escobar

Debido a que el delito de extorsión ha aumentado en nuestro país de forma alarmante, el Partido Verde propuso intervenir las comunicaciones privadas, sólo en caso de homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión y tráfico de menores.

Arturo Escobar y Vega, vocero del Partido Verde, comentó que la extorsión continúa sin control y las medidas que han tomado las autoridades para evitar este delito están totalmente rebasadas, ya que al menos 906 bandas de extorsionadores operan en los distintos penales del país, 15 de las más activas actúan en cárceles de la Ciudad de México.

“A pesar de las acciones emprendidas por el Gobierno para prevenir este tipo de delitos, la extorsión bajo amenazas de secuestro o de muerte y los fraudes telefónicos consistentes en supuestos concursos, siguen siendo prácticas cotidianas en los reclusorios”, advirtió.

Señaló que más de 700 mil celulares se emplean para extorsionar, de estos, 52 por ciento son originarios del Distrito Federal y siete por ciento de Estados Unidos. Incluso en cárceles capitalinas, convictos utilizan celulares registrados en entidades como Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Durango, entre otros.

Escobar y Vega sostuvo que el fenómeno de la extorsión ha crecido en el país y las bandas criminales han sofisticado sus formas de operar.

“La exigencia de cuotas para protección de empresas, comercios, vendedores ambulantes, incluso dentro de las prisiones, así como la extorsión telefónica, constituyen ya un grave problema de seguridad para muchos mexicanos”, subrayó.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO