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México, DF, a 22 de febrero de 2012 Boletín 050/12

 

El tráfico de armas en México se ha convertido en el segundo delito cometido por el crimen organizado: Arturo Escobar

 

El Partido Verde propuso sancionar como delito grave, la portación de armas ligeras y de calibre pequeño que no cuenten con la licencia correspondiente, a fin de reducir los índices de violencia, homicidio e inseguridad en el país.

Arturo Escobar y Vega, vocero del Partido Verde, comentó que su propuesta establece penas de dos a siete años de prisión, y de 50 a 200 días de multa, a quien porte un arma sin contar con el permiso adecuado, y las personas que sean culpables no podrán salir bajo fianza.

Sostuvo que el comercio ilícito de armas en nuestro país se ha convertido en el segundo delito en importancia cometido por el crimen organizado, tan sólo por debajo del tráfico de drogas.

“Los altos índices de delincuencia colocan a México como uno de los países más violentos de América Latina, y es precisamente la gran cantidad de armas que circulan en el país, uno de los principales factores que provocan este delito”, explicó.

Diversos estudios señalan que en México existen alrededor de 15 millones de armas, mientras que cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirman que entre 1972 y 2001 se otorgaron cinco millones 443 mil 547 licencias para la portación de artefactos.

Comentó que los países que cuentan con elevadas tasas de violencia se debe a la tolerancia en el uso de armas, inclusive en naciones con un alto desarrollo económico como Estados Unidos.

Por último, Escobar y Vega lamentó que programas como “Proyecto Gunrunner” y la Iniciativa Mérida, creados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, no han podido erradicar el tráfico de armas de fuego a nuestro país.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 2 de febrero de 2012

COMUNICADO

El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, exigieron a la Procuraduría General de la República que investigue a fondo las llamadas telefónicas, donde se amenaza de muerte al senador Manuel Velasco Coello.

En un comunicado conjunto, el PRI y el Verde repudiaron la guerra sucia que se desató desde el mes de diciembre en contra del senador chiapaneco a través de grabaciones telefónicas en las cuales se incitaba a atentar contra la integridad física de Velasco Coello e incluso a atentar contra su vida.

Ambos partidos reaccionaron de esta manera sobre el tema luego de que la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas diera seguimiento a diversas denuncias ciudadanas y asegurara a un presunto implicado, quien operaba estas llamadas desde un domicilio ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y de manera conjunta con una empresa ubicada en la ciudad de México.

Tanto el PRI como el Verde Ecologista pidieron a la PGR y a la PGJE de Chiapas que investiguen a fondo a los responsables intelectuales de dichas llamadas de muerte contra el senador Manuel Velasco y se les castigue con todo el peso de la Ley.

Asimismo, lamentaron que este tipo de acciones se estén dando de forma anónima y en la clandestinidad con el único fin de desprestigiar e intimidar a los actores políticos de cara a la contienda electoral de julio próximo.

Expresaron que en democracia se debe competir y ganar en buena lid, pero al mismo tiempo remarcaron que cuando existe un delito como el que hoy se muestra con estas llamadas de muerte, se debe ir a fondo para esclarecer este delicado asunto y se aplique un castigo ejemplar a los responsables.

Finalmente, el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, destacaron que después del operativo realizado por la PGJE, habitantes de diferentes regiones del estado de Chiapas han manifestado que la frecuencia de las llamadas telefónicas contra el senador Velasco Coello han disminuido luego de dos meses de estarse presentando dichas grabaciones todos los días.

México D. F., a 24 de enero de 2012

Boletín número 12/12

Urge poner un alto a la prepotencia de las seguridad privada: Nava Vega

 

Con el fin de contar con un registro de unidades que prestan el servicio de seguridad privada y asegurar que los denominados escoltas sean personas profesionales y debidamente capacitadas, el Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Privada y a la Ley de Transporte y Vialidad, locales.

 Esta propuesta presentada por el diputado Raúl Nava Vega, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pretende regular la seguridad privada con mayor precisión.

El legislador explicó que a pesar de la regulación existente en la materia, ésta no es acorde a la realidad social que se vive en la ciudad de México.

Y es que, según dijo, cada vez son más recurrentes los percances que ocasionan los escoltas, derivado de sus conductas prepotentes, de las faltas al marco jurídico correspondiente y de las situaciones peligrosas innecesarias para tratar de perseguir o alcanzar a la persona que protege.

Nava Vega comentó que ya es costumbre observar como los guardaespaldas cierran el paso a muchos automovilistas con el pretexto de que no pueden perder de vista a la persona que cuidan

Además, en reiteradas ocasiones se ve como el usuario del servicio de seguridad privada o en algunas ocasiones sus escoltas van a exceso de velocidad, haciendo maniobras peligrosas que ponen en peligro la integridad de terceros.

Por otro lado, explicó que otra situación que tampoco se encuentra regulada es la confiabilidad de los escoltas, lo que en muchas ocasiones pone en peligro a quien contrata el servicio privado de seguridad, pues no tienen un perfil adecuado, la capacitación requerida, ni el conocimiento de la legislación en la materia. 

El líder de la fracción ecologista indicó que las modificaciones a la Ley de Seguridad Privada del DF, otorgan la facultad a la Secretaría de Transporte y Vialidad para que registre y entregue constancias a los vehículos destinados a esta practica. 

Además, deberá controlar, supervisar y vigilar los vehículos de seguridad privada; determinar e imponer las sanciones correspondientes; integrar y actualizar el registro de estos vehículos; denunciar ante el Ministerio Público la comisión de un delito por parte de los que ofrecen este servicio.

De igual forma, se contempla como obligatorio para los escoltas, que quieran contar con la licencia para prestar sus servicios, aprobar una prueba del polígrafo que será aplicada por la SETRAVI.

En tanto, las propuestas para modificar la Ley de Transporte y Vialidad, tienen que ver con homologar esos criterios en ese ordenamiento, para evitar contradicciones.

Asimismo, se establece que los vehículos destinados al servicio de seguridad privada deberán cumplir con ciertas especificaciones para poder ser identificados y registrados.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El vicecoordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, en entrevista en San Lázaro, celebra la aprobación ante el Pleno del dictamen que contiene las modificaciones a la ley penal que sanciona con cadena perpetua el delito de secuestro

México, D. F., a 29 de noviembre de 2011

Boletín 218/11

• • Con la aprobación de este dictamen se logra alcanzar una de las propuestas más importantes del Partido Verde

• • Se aprueba la cadena perpetua a secuestradores que infrinjan tortura, agresión sexual y la muerte a su víctima

• • Se fortalece la protección a víctimas y testigos protegidos

El vicecoordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, en entrevista en San Lázaro, celebra la aprobación ante el Pleno del dictamen que contiene las modificaciones a la ley penal que sanciona con cadena perpetua el delito de secuestro, y manifestó que aplicar la pena máxima a los secuestradores es un logro que su partido promovió desde el inicio de esta Legislatura.

“Consideramos que es un gran avance en materia de castigo y prevención del delito de secuestro, porque las reformas que hoy se aprobaron establecen que los secuestradores que implementen la tortura, agresión sexual e incluso provoquen la muerte a su víctima, serán sancionados con cadena perpetua, a fin de que estemos seguros de que estas personas no volverán a incorporarse a la sociedad,” explicó el legislador.

Comentó que con estas reformas se inserta en el marco jurídico los criterios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece que la prisión vitalicia debe ser aplicada para los crímenes más graves, siendo el secuestro, sin duda alguna, el peor de ellos.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la aplicación de la cadena perpetua por varios aspectos, entre los que destaca: que no es una pena considerada como prohibida por el artículo 22 constitucional, así como también esclarece que el Constituyente de 1917 no estableció que la prisión tuviera como única consecuencia la readaptación social del sentenciado, y sí permite la aplicación de esta pena para el restablecimiento del orden social”, puntualizó Pablo Escudero.

Otro aspecto importante de la reforma, agregó el legislador, es el aumento de penas a las demás modalidades, ya sea por simulación o bien, las muy recurrentes amenazas telefónicas de secuestro.

En materia de prevención de este delito, se establece eliminar la sanción a quien habiendo participado en la planeación del delito, proporcione  información a las autoridades con el fin de evitar que se cometa.

“La aprobación de este dictamen representa un logro en las metas que el Partido Verde se fijó al inicio de esta Legislatura, con la imposición de penas más duras para el delito de secuestro y la regulación de mecanismos que apoyen y protejan a las víctimas. Además de la figura de testigos que ayuden al esclarecimiento de este tipo de delitos, al tiempo que se fortalece la estabilidad del Estado de Derecho en nuestro país”, concluyó Escudero Morales.

 

PARTIDO VERDE

 

El homicidio se convirtió en la primera causa de muerte entre jóvenes del país entre 2007 y 2009, tendencia que superó a los accidentes automovilísticos que durante años fueron la causa principal de decesos en este grupo de la población.

El Universal/12 de Septiembre 2011

El homicidio se convirtió en la primera causa de muerte entre jóvenes del país entre 2007 y 2009, tendencia que superó a los accidentes automovilísticos que durante años fueron la causa principal de decesos en este grupo de la población

 

Entre 2007 y 2009 el número de jóvenes asesinados creció 147%, según las cifras de muertes violentas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Pese a que desde el año 2000 se venía registrando un descenso en el homicidio de jóvenes, con un ligero aumento en 2005 y 2006, a partir de 2007 esta tendencia se revirtió completamente. Mientras que en 2007 fueron ultimados 2 mil 977 jóvenes, en 2009 esta cifra creció a 7 mil 348.

Así, el homicidio se convirtió en la primera causa de muerte entre los jóvenes en 2009, superando a los accidentes automovilísticos, que durante años fue el motivo principal de decesos en ese grupo poblacional.

Por rangos de edad, el homicidio de adolescentes de entre 15 y 19 años creció 124% entre 2007 y 2009; el de los jóvenes de 20 a 24 años, 156%, y el de 25 a 29 años, 152%.

Por otra parte, el homicidio de hombres de 15 a 29 años creció en 154%, mientras que el de las mujeres, en 89%.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las pocas cifras oficiales existentes revelan que desde que el Gobierno federal emprendió la lucha contra el crimen organizado el número de homicidios de jóvenes se ha incrementado sensiblemente.

El 5 de julio pasado, durante una reunión con Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se le solicitó intervenir para que el Estado mexicano garantice el interés superior de la infancia frente a la violencia armada que se vive y que defina acciones preventivas para frenar totalmente el asesinato niños.

Chihuahua, el más afectado

La mitad de los homicidios juveniles entre 2007 y 2009 se concentró en Chihuahua, Estado de México, Baja California, Guerrero y Sinaloa.

Prácticamente en todas las entidades se incrementó este número, con excepción de Baja California Sur y de Yucatán, con disminuciones de 33% y 7%, respectivamente (además de que los homicidios no rebasaron los 20 por año).

En Chihuahua, el aumento de la cifra se disparó: mientras en 2007 fueron ultimados 201 jóvenes, en 2009 el registro pasó a mil 647, lo que representa un incremento total de 719% en tres años.

Otros estados con fuerte presencia del crimen organizado registraron aumentos de homicidios juveniles: Durango, con 514%; Baja California, con 307%; Sinaloa, 298%; Morelos, 190%; Guerrero, 180%, y Nayarit, 162%.

Chiapas es el tercer estado con mayor incremento de homicidios de jóvenes. Mientras en 2007 se registraron 27 asesinatos, en 2009 fueron 151, un aumento total de 421%.

Parte del incremento de estos delitos se debe a la intensificación de la violencia entre bandas criminales.

Con la Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada de la Presidencia de la República, este diario estimó que en 2007 fueron ejecutados alrededor de 366 jóvenes de 16 a 30 años, 14.1% de las ejecuciones registradas en ese año.

En 2008 esta cifra ascendió a mil 638 (26.5% del total de ejecuciones); en 2009, a 2 mil 511 (28.2%), y en 2010, a 3 mil 741 (28.4%).

Las ejecuciones reportadas en esta base son aquellas en que por sus características se presume que víctima, victimario o ambos pertenecían a una organización criminal.

Cabe señalar que estas cifras están subestimadas, ya que en todos los años no se determinó la edad de al menos 40% de las víctimas. Incluso, en 2007 no se tienen registros de la edad de 63.2% de los muertos por el crimen.

Otro dato relevante es el bajo perfil educativo de las víctimas: 4% de los jóvenes asesinados entre 2007 y 2009 carecían de instrucción escolar.

Asimismo, 31% sólo había concluido algún grado de primaria y 8% no acabó la secundaria. De los asesinados de entre 25 y 29 años, apenas 6% contaba con estudios profesionales. Casi 70% de las víctimas sólo tenía educación primaria, secundaria o no recibió instrucción escolar.

El Estado Mayor Presidencial (EMP) ha destinado a lo largo del sexenio un batallón entero de sus elementos no para proteger al Presidente de la República o al gabinete, sino para la custodia, vigilancia y traslado de familiares de políticos, empresarios y sujetos de interés para el gobierno mexicano.

Milenio/29 de Agosto 2011

Son 300 efectivos del Estado Mayor con entrenamiento y equipo que ha costado millones de pesos, cuyos gastos, manutención y salario corre a cuenta de la Presidencia de la República.

 

Son la crema y nata de las Fuerzas Armadas. El equivalente mexicano al Servicio Secreto de Estados Unidos y tienen entrenamiento y equipo que ha costado millones de pesos al erario. Pero hoy cientos de sus elementos —hasta una quinta parte de todas sus fuerzas— están comisionados en labores de choferes o escoltas para personas ajenas al gobierno federal.

El Estado Mayor Presidencial (EMP) ha destinado a lo largo del sexenio un batallón entero de sus elementos no para proteger al Presidente de la República o al gabinete, sino para la custodia, vigilancia y traslado de familiares de políticos, empresarios y sujetos de interés para el gobierno mexicano.

En respuesta a una solicitud de transparencia inicialmente bloqueada por la Presidencia de la República y que escaló hasta llegar al pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Estado Mayor confirmó, por primera vez en su historia, el uso que da a todos sus elementos: ha enviado a lo largo del sexenio a poco más de 20 por ciento de sus fuerzas a emprender labores de protección para ciudadanos privados a los que considera expuestos o en riesgo de sufrir ataques por parte del crimen organizado.

En total son 300 militares —el equivalente a un batallón— cuyos gastos, manutención, salarios y vehículos corren a cuenta del presupuesto de la Presidencia de la República, aun cuando sus labores los llevan a proteger a individuos emanados, en algunos casos, de la iniciativa privada.

En un principio, el Estado Mayor Presidencial clasificó la información como reservada, bajo el argumento de que darla a conocer permitiría a fuerzas criminales determinar las vulnerabilidades de las escoltas desplegadas en labores privadas. Ello, insistió, abriría la vía a que se emprendan atentados contra las personas menos protegidas.

“El número de elementos del EMP que se asigna para la protección de personas es variable de acuerdo a la evaluación y riesgo de las circunstancias durante las diferentes actividades que éstas llevan a cabo (…) su difusión permitiría deducir el número de personal a cargo de la seguridad de cada una de las personas a las que este organismo proporciona seguridad, poniendo en riesgo su integridad”, argumentó el cuerpo militar en respuesta a una solicitud de información.

Sin embargo y después de que MILENIO interpusiera un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuatro de sus cinco comisionados revocaron la clasificación de reservado y ordenaron al EMP entregar los datos, al considerar que no se pondrá en riesgo la seguridad de ninguna persona, en especial porque no se solicitó la identidad de las familias beneficiadas con soldados a su servicio ni el número de escoltas que les han sido asignados.

“Si bien es cierto que el EMP manifestó que la difusión de la información causaría un daño a los dispositivos de seguridad que implementa para la protección de personas, también lo es que fue omiso en señalar cómo es que dicho daño se llevaría a cabo”, determinó el pleno del Instituto.

“No existe —añadió— una congruencia lógica que permita concluir que al dar a conocer el número total de elementos dedicados a la seguridad de personas, se permita deducir, sin datos adicionales, el número de elementos asignados a cada uno de los individuos que reciben protección.”

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El tema generó ruptura en el instituto: la comisionada Sigrid Arzt votó contra la apertura de dicha información. “En mi opinión resultaba procedente confirmar la clasificación”, consideró. “La información solicitada no es ‘genérica’ sino por el contrario refiere a un nivel de desagregación respecto a una de las secciones del EMP encargada de la seguridad inmediata de las personas”.

Pese a su oposición, al final el IFAI votó 4 a 1 a favor de abrir los datos. Ya obligado por ley a revelar la información, en su respuesta CI-PR-027 el Estado Mayor Presidencial admitió que desde el inicio de su mandato el presidente Felipe Calderón ha dispuesto de 300 elementos, entre marinos, soldados y policías federales, para proteger a particulares

En particular, Calderón se ha ceñido a la fracción III del artículo 24 del reglamento del EMP, que deja las funciones de militares al servicio de la Presidencia de la República a discreción de su titular.

Textualmente, establece que será facultad del Ejecutivo “planear, organizar, proporcionar y controlar los servicios para garantizar la seguridad inmediata de las personas que por la importancia de su cargo, encomienda o situación, expresamente ordene el titular del Ejecutivo federal”, siendo la palabra clave “situación”.

Al mismo tiempo, en su respuesta el EMP reveló que otros 600 integrantes del Estado Mayor Presidencial actualmente hacen las veces de guardaespaldas de los distintos integrantes del gabinete federal. En total, unos 900 elementos —50 por ciento del todo su personal— han sido asignados a tareas de escolta en el actual sexenio.

Hacienda pide más equipo

A “consecuencia del incremento en la inseguridad” la Secretaría de Hacienda planea ahora gastar un millón seiscientos mil pesos en la renovación de la flota vehicular de sus escoltas para altos mandos —secretario y subsecretarios—, proyecto que se suma a la adquisición de cinco camionetas con blindaje nivel V.

De acuerdo a un proyecto ejecutivo de Hacienda titulado “Adquisición de Vehículos para el Servicio de Protección y Seguridad a Funcionarios de Alto Nivel de Responsabilidad”, la dependencia encabezada por Ernesto Cordero adquirirá cinco vehículos último modelo para sustituir los que utilizan las actuales escoltas del secretario y sus subalternos.

Entre estos se encuentran cuatro vagonetas modelo 2002 y una motocicleta modelo 2002 debido a que dichos vehículos, sostuvo la dependencia encargada de las finanzas públicas del país, “ya no cumplen con los estándares de seguridad y servicio adecuado”. Y en especial por el recrudecimiento de la violencia.

“La adquisición de vehículos para el servicio de escolta y custodia de los mandos superiores de la SHCP”, insistió la secretaría, “es prioritaria por los tiempos de inseguridad que vive actualmente nuestro país, por lo que es necesario contar con los elementos necesarios para salvaguardar la integridad de los funcionarios de alto nivel”.

La semana pasada, MILENIO reveló otro proyecto de lujo para los altos mandos de Hacienda: la secretaría apartó 10 millones de pesos de su presupuesto para adquirir cinco camionetas blindadas para sus altos mandos, pese a que apenas en 2008 renovó toda su flota vehicular con 25 vehículos.

Las cifras

Mil 321 Efectivos comisionados

90 Marinos

20 Policías federales

411 Civiles

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decomisó 3 mil 500 máquinas de juegos y apuestas ilegales durante el operativo realizado el viernes y sábado en 11 casinos del área metropolitana de Monterrey. Además, durante las acciones para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y de comercio exterior se detuvo a tres personas, a quienes se les aseguró tres armas de fuego.Reforma/29 de Agosto 2011

Decomisa Hacienda 3,500 mil máquinas. Detecta Hacienda irregularidades sobre la procedencia del equipo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decomisó 3 mil 500 máquinas de juegos y apuestas ilegales durante el operativo realizado el viernes y sábado en 11 casinos del área metropolitana de Monterrey. Además, durante las acciones para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y de comercio exterior se detuvo a tres personas, a quienes se les aseguró tres armas de fuego. El Jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, expuso que durante la verificación de más de 5 mil máquinas se detectó que casi el 70 por ciento presentaba irregularidades sobre su introducción al País. "De este operativo podemos concluir, que de más de 5 mil máquinas de juego y apuestas que se revisaron, más de 3 mil 500 fueron embargadas a efecto de que se continúe con el procedimiento administrativo en materia aduanera y determinar a través del mismo, su propiedad y legal estancia en el País", manifestó. "Las máquinas aseguradas fueron trasladadas al recinto fiscal y las personas detenidas, junto con las armas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación para las investigaciones correspondientes". Desde el viernes, personal del SAT con el apoyo de policías federales, elementos del Ejército y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), montaron un operativo en las casas de juego. El sábado, camiones de mudanzas y camionetas de Servicios Públicos de Monterrey retiraron las maquinitas de casinos como Revolución, Miravalle Palace, Hollywood, Paradise, Crystal Palace, entre otros. Las revisiones a estos centros de apuestas se realizaron después de que el jueves, un ataque al Casino Royale en San Jerónimo provocó la muerte de 52 personas. Ayer, estos locales permanecieron cerrados, pero ya sin la presencia de las autoridades. El casino Play City, establecimiento que opera en el interior del centro comercial Plaza Real, en la Av. Gonzalitos, estaba operando con normalidad. Tras resaltar que el operativo estuvo encabezado por 700 elementos federales, el funcionario federal condenó el atentado ocurrido en el Casino Royale y aseguró que cualquier conducta ilícita que se detecte, será combatida con todas las herramientas que la ley otorga a las instituciones federales. "Como ya lo ha mencionado el Presidente Felipe Calderón, es fundamental debilitar de manera sistemática la estructura financiera y operativa de grupos criminales, por ello, con este tipo de acciones se materializan estas instrucciones a efecto de combatir las actividades que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los mexicanos", externó. Por otra parte, Gutiérrez Ortiz Mena destacó que en lo que va del año se han realizado 40 operativos, algunos de ellos de alto impacto en Nuevo León, Sonora, Jalisco y Baja California, en los que se han asegurado 4.7 millones de bienes (entre ellos ropa, calzado, alcohol, electrónicos) con un valor estimado en el mercado de 278.5 millones de pesos. Sólo en Monterrey, dijo, en el transcurso de 2011 se han llevado a cabo tres operativos que han resultado en el aseguramiento de 290 toneladas de mercancía de procedencia extranjera. En tanto, se han asegurado 29 mil 110 bienes consistentes en ropa, cigarros, perfumes y vehículos en puntos de revisión carreteros del País. Mala jugada Un día después de la tragedia en el Royale, Hacienda hizo un operativo en casinos: 5,000 mínimo de máquinas de juegos y apuestas inspeccionadas. 70% o más presentaban irregularidades en su estancia legal. 700 agentes participaron en los operativos. 11 casinos inspeccionados.

“Es responsabilidad del Estado garantizar que cualquier representante de los medios ejerza su profesión de manera segura”: Natale López México, D. F., a 02 de septiembre de 2011 Boletín 169/11

• “Es responsabilidad del Estado garantizar que  cualquier representante de los medios ejerza su profesión de manera segura”: Natale López

 

• Ha aumentado el número de homicidios contra periodistas, lo que convierte a esta profesión en una de las de mayor riesgo

 

El diputado del Partido Verde, Juan Carlos Natale López, lamentó los hechos ocurridos contras las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, asesinadas el día de ayer en la ciudad de México, al tiempo que condenó la indefensión en que trabajan algunos comunicadores en México, situación que pone en riesgo su actividad e integridad física.

 

Natale López, integrante de la Comisión especial de seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, comentó que es responsabilidad del Estado garantizar que  cualquier representante de los medios, ya sea reportero, articulista, conductor, locutor,  fotógrafo y camarógrafo,  ejerza su profesión de manera segura, sin amenazas, ni censura.

 

Sostuvo que aun cuando es responsabilidad de las autoridades garantizar el libre ejercicio periodístico, ha aumentado el número de homicidios en lo que va del año, lo que convierte a esta profesión en una de las de mayor riesgo para ejercer.

 

El diputado poblano comentó que es necesario dotar a la autoridad de instrumentos y herramientas jurídicas que inhiban, sancionen y, en su caso, condenen todas las manifestaciones que violen los derechos y la integridad física de quienes ejercen el trabajo periodístico 

 

Reunidos en Chihuahua, analizan su participación en el ataque de ese delito y la necesidad de tener más recursos. Alcaldes de diversas entidades del país analizan en la ciudad de Chihuahua su participación en el combate al narcomenudeo y la necesidad de que la Federación aporte mayores recursos para hacer posible esta acción.

Excélsior/22 de Agosto 2011

Reunidos en Chihuahua, analizan su participación en el ataque de ese delito y la necesidad de tener más recursos

Alcaldes de diversas entidades del país analizan en la ciudad de Chihuahua su participación en el combate al narcomenudeo y la necesidad de que la Federación aporte mayores recursos para hacer posible esta acción.

Este lunes se inició en la capital del estado de Chihuahua la segunda reunión anual de la Federación Nacional de Municipios de México A.C. (Fenam), donde según la alcaldía de Chihuahua se espera la participación de cerca de 30 alcaldes de diferentes puntos del país.

En esta reunión se analizarán principalmente temas relacionados con la seguridad púbica, específicamente el planteamiento federal de que los municipios participen de una manera más decidida y coordinada en el combate al narcomenudeo.

La primera de este tipo de reuniones de la Fenam se desarrolló en la ciudad de Mérida, donde se abordó el tema de los recursos aportados a los ayuntamientos del Subsemun.

Chihuahua, como otras entidades del país, han rechazado participar en el combate al narcomenudeo, argumentando que se requieren mayores recursos para capacitar a los agentes municipales y adquirir mayor equipo.

Los alcaldes reunidos en la Fenam iniciaron este lunes una serie de mesas privadas de trabajo, donde se les transmitirá un video conferencia del rector de la UNAM, José Narro Robles, para luego escuchar a Raúl González Pérez, abogado de la misma Universidad.

En un informe adelantado de la alcaldía de Chihuahua, se indicó que cerca de las 14:00 horas se tomarán posicionamientos ante los temas del combate al narcomenudeo y la violencia por parte de los presidentes municipales.

 

Miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se reúnen esta mañana con legisladores en San Lázaro, como parte de los diálogos de discusión sobre la Ley de Seguridad Nacional. El encuentro comenzó alrededor de las 9:00 horas y se realiza a puerta cerrada.

Reforma/17 de Agosto 2011

Miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se reúnen esta mañana con legisladores en San Lázaro, como parte de los diálogos de discusión sobre la Ley de Seguridad Nacional.

El encuentro comenzó alrededor de las 9:00 horas y se realiza a puerta cerrada.

Por parte del Movimiento acudió el poeta Javier Sicilia, Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Miguel Álvarez y algunas víctimas, como Araceli Rodríguez, madre de un policía federal desaparecido.

En la reunión se encuentran los líderes de las bancadas en la Cámara de Diputados.

El domingo, Javier Sicilia anunció la reanudación del diálogo con los legisladores, luego de haberlo suspendido durante dos semanas, en rechazo a la aprobación en comisiones de la Cámara baja de la minuta enviada por el Senado.

Asimismo, cerca de 35 líderes sociales, empresariales y académicos se reunieron ayer en la Secretaría de Gobernación con Francisco Blake para discutir las reformas que el Gobierno federal impulsa a la Ley de Seguridad Nacional.