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“INEXISTENTE POLÍTICA EN MATERIA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA SEGOB”: LORENA CORONA VALDÉS
“INEXISTENTE POLÍTICA EN MATERIA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA SEGOB”: LORENA CORONA VALDÉS, DURANTE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA.
México, D. F., a 13 de octubre de 2011
Gracias diputado presidente.
Licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación,
Compañeros diputados:
Iniciaré mi intervención señalando que el pasado 24 de septiembre del 2010, planteé una serie de temas que asumí sería innecesario reiterar este año; no obstante, los resultados plasmados en la glosa del Quinto Informe de Gobierno, ameritan que no sean ignorados y que se vuelvan a poner sobre esta mesa, ya que el balance es negativo.
En aquella ocasión mencioné distintos factores que amenazaban la estabilidad social de nuestro país. Hoy, reitero con desconcierto que nuevamente durante el 2011, las cifras de inestabilidad social continúan siendo alarmantes y totalmente inaceptables.
Esta Legislatura está a un año de concluir sus labores y durante este lapso los avances obtenidos no están al nivel de lo que en realidad podría realizarse si existiera una mejor conducción de la política interior. Incluso, bajo una óptica más detallada, todo apunta a que los daños son proporcionales a las acciones que se han omitido.
Los índices de inseguridad y la violencia tan brutal que padece nuestro país se han incrementado alarmantemente. Estos hechos que suceden diariamente, hacen que los mexicanos pierdan la dimensión de lo que realmente sucede a nuestro alrededor, y propicia que nuestra sociedad los perciba como simples actos violentos que hoy se toman como cotidianos en nuestro país.
Permitir que esto suceda, evidencia cómo la dependencia a su cargo ha fallado en contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, a promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática. Atribución que se encuentra prevista por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que es su obligación cumplir.
La Estrategia Nacional de Seguridad propicia más problemas que soluciones. En ciertas zonas del país los operativos y el despliegue de las fuerzas federales lejos de restablecer la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos, ha generado que las personas se sientan más inseguras, pues en ocasiones los que tendrían que combatir este fenómeno, son los más involucrados en la delincuencia organizada.
Está de más reiterar los casos que han tenido que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ilustrar este fenómeno, mismos que ya han sido explicados por el diputado Ibarra.
A principios de agosto del año pasado, el CISEN reconoció que en lo que va del sexenio hubo más de 900 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, dejando un saldo de 28 mil muertos. Es lamentable que durante este año esta cifra no se haya actualizado, y sería más lamentable que se desconociera la cifra real de cuántas personas más se han sumado a esta estadística.
Se insiste en que no puede ser posible que el Gobierno Federal continúa actuando de manera conveniente y evasiva, a través de una práctica instrumentada y manejada como una campaña mediática en la que se pretende enaltecer las funciones, que de hecho está obligado a realizar por mandato legal.
En consecuencia, cabe destacar, como hace un año, que el Gobierno Federal continúa dando un mal enfoque de la cobertura mediática en relación a las “capturas” de presuntos operadores de la delincuencia organizada, sin reparar en las consecuencias negativa que pueden derivarse de la falta de confidencialidad de los temas que han develado, y que juegan en contra de la propia estrategia para seguir en esas labores de inteligencia que se debe tener para continuar con la lucha en contra del narcotráfico.
En cuanto a la materia de Derechos Humanos, aún no conocemos o no se percibe con claridad, la estrategia que se sigue contra la violación de derechos humanos perpetrados contra grupos especialmente vulnerables.
Se habla acerca del avance en materia migratoria únicamente en lo relacionado a la expedición de Ley de Migración que por cierto es un producto de un trabajo legislativo de este Congreso; por lo tanto no se muestra ningún avance nuevo desde las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Incluso, los temas relacionados con la materia no coinciden con la realidad, en la que cada día hay más migrantes en nuestro país, que han sido víctimas de la delincuencia organizada, y que mediante engaños y estafas han sido sobajados en su integridad humana e ignorados por las autoridades.
Recordándole que el fenómeno migratorio se encuentra estrechamente ligado al fenómeno de trata de personas, que este informe no aborda exhaustivamente y que de hecho amerita su mención dentro del catalogo de delitos de manera integral. Es probable que muchos de los casos de trata de personas se encuentren en el rubro de secuestro o de delitos sexuales y en “otros”, como si esos otros no ameritaran un desglose.
Tras una lectura objetiva de la glosa, se puede concluir que los resultados son insatisfactorios ya que hay cuestiones que son urgente resolver y que se han obviado, en un afán de politizar la actuación de esta dependencia, como el caso de la conferencia de prensa que ofreció hace tres días el Subsecretario de Enlace Legislativo sobre la Agenda Legislativa en la que compartió, entre otros temas legislativos, la inquietud de que el dictamen de reforma política incluyera el tema de reelección. Cuando ésta definitivamente no se relaciona en ningún sentido con los informes que se podría dar acerca de lo que realmente es importante, como lo es el cumplimiento de las sentencias que condenan al Estado Mexicano a reparar los daños de las víctimas. De hecho habría de preguntar por qué no se ha creado el fondo para la reparación del daño de las víctimas, pues este es un tema pendiente desde el 2009.
Hoy se reportan aproximadamente 236 operaciones de alto impacto, durante los últimos cuatro años por parte de las Fuerzas Armadas, de lo cual resalta que este logro se ha adjudicado arbitrariamente la Secretaría de Gobernación, en realidad corresponde a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que arriesgan su vida a costa del desprestigio que se ha generado por una inexistente política en materia de Defensa de Derechos Humanos que sí es atribuible a la Secretaría de Gobernación.
Es inevitable retomar y reiterar el exhorto emitido desde esta Tribuna, el año pasado, a todas las autoridades involucradas en la procuración de justicia en nuestro país, para que casos como el de Rosendo Radilla, Campo Algodonero, la matanza de San Fernando y este año el de Cabrera García y Montiel Flores, conocido como el caso de “los ecologistas”, dejen de ocurrir en nuestro país, y que las victimas y sus familias reciban atención integral en cumplimiento de la sentencia emitida contra el Estado Mexicano por flagrantes violaciones a los derechos humanos, máxime cuando recién se ha aprobado la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
Es cuanto señor presidente.
PARTIDO VERDE
APRUEBAN MINUTA DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó "en lo general" la "minuta" de Ley de Seguridad Nacional; sin embargo, la bancada del PRI presentó reservas para su discusión "en lo particular" que tienen que ver con seguridad nacional, seguridad interior, fuerzas federales, las facultades del Cisen y que el Poder Legislativo participe como un control y un contrapeso al Poder Ejecutivo.
Los perredistas expresaron que dar a las Fuerzas Armadas un nivel, un peso más específico, más fuerte, es estar a un paso del fascismo. Mientras el PAN destacó que la comisión y el trabajo legislativo pueden alcanzar el respeto a los derechos humanos y también un reclamo de seguridad que existe hoy en nuestro país.
La secretaría técnica de la Comisión de Gobernación informó que será a partir de ayer lunes, el registro de todas las reservas que presenten los legisladores, para que posteriormente se vote en lo particular.
Durante las discusiones, la diputada priísta Claudia Ruiz Massieu señaló que su grupo parlamentario, el PRI, se reservan todos los artículos que tengan que ver con el marco conceptual, para revisar con detalle las definiciones de seguridad nacional e interior, fuerzas federales, el listado de amenazas a la seguridad interior y el catálogo contenido en el proyecto.
También se aparta los artículos que versen sobre la clasificación y reserva de información, particularmente los que tienen que ver con el concepto y manejo de la información pública confidencial, y la participación del Poder Legislativo.
Los artículos relacionados con las facultades genéricas de las autoridades de inteligencia relativos a la intervención de comunicaciones, las facultades del Cisen y del Consejo de Seguridad Nacional. El procedimiento y el contenido de afectación, la relación entre las autoridades que realizan actividades de inteligencia y el Ministerio Público federal y revisar a detalle el papel del Ministerio Público federal que, como representante social, debe tener en todas las investigaciones y actividades de seguridad nacional.
En tanto, la diputada Beatriz Paredes Rangel, también priísta, señaló que se está actuando con absoluta seriedad, "concurrimos al foro que convocó la Comisión de Gobernación, nos pareció un foro extraordinariamente rico, las presentaciones de los distintos panelistas, sin duda, han enriquecido el criterio de los legisladores que van a expresar su opinión sobre el debate sobre esta minuta".
Recordó que la propuesta que salió del Senado fue aprobada por todas las fuerzas políticas representadas, "sé que en Senado hubo dos excepciones en la votación, dos individuos".
Convocó a no partidizar el debate, "porque estoy segura que todos vamos a hacer un esfuerzo para tener una legislación que corresponda al pleno respeto a los derechos humanos, a la necesidad del Estado mexicano, que está enfrentando problemas muy graves de disponer de instrumentos jurídicos válidos y democráticos, que permitan agotar el comportamiento de las instituciones y salvaguardar los intereses de la dignidad nacional de las instituciones".
Por su parte, el diputado Agustín Torres Ibarrola, del grupo parlamentario del PAN, consideró que el trabajo realizado por el Senado no es despreciable, "es algo que aborda el tema, y precisamente, lo que queremos hacer en esta comisión es avanzar, discutir los pormenores de cada uno de los puntos que no hemos podido, sobre el procedimiento de declaratoria, la intervención de comunicaciones y las causales.
Reservó los artículos 44, el 51, el 52, el 57 fracciones II, IX y X, el 67, el 19 fracciones IV; XIV, XV y XVI, el 30, el 33, el 34, el 35, el 36, el 38 fracciones I, II, III, IV y V, el 39, el artículo 5 fracciones VIII y fracción XIV, el artículo 6 fracción I y VIII, el artículo 7, el 10, el artículo 13 fracción III, IV, X, XI, XII y XIII, el artículo 15 fracción V y fracción XIII, así como todo el procedimiento de declaratoria Presidente para entrar al debate ya de los pormenores de este tema.
La diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero, manifestó su voto a favor en lo general de la minuta, pero reservó los artículos 1, 3, 4, 5, 7, en donde se plantea el concepto de seguridad.
También el artículo 13 que tiene que ver con el tema de la planeación y el tema de la agenda de riesgos y amenazas para hacer compatible esa agenda de riesgos y amenazas con este concepto de seguridad nacional y por supuesto todo lo relacionado con el Cisen.
"Los artículos, del 18 al 31, porque debe haber un Sistema Nacional de Información con carácter de Estado y no un órgano del Ejecutivo, que es el que maneja todo el tema de la investigación y de la información de inteligencia y contrainteligencia", precisó.
Asimismo, los artículos relacionados con la intervención de las comunicaciones, del 38 al 53, que deben ser revisados en orden a la legalidad de cada uno de estos artículos conforme a las leyes de la materia. Los artículos 21, 13, 119, 129, de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de perturbación grave del orden y lo que implica. Y los artículos 72 del fuero; el 82, de las garantías de derechos humanos y el artículo 86, respecto a la defensa exterior.
En su turno, la diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del PVEM, manifestó su voto a favor del dictamen en lo general y reservó 20 artículos, en los temas de acotar los conceptos en cuanto a riesgo y amenaza; y modificar la conformación de la comisión bicamaral para que se integre por un representante de cada grupo parlamentario.
Delimitar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y efectivos que intervengan en el proceso de seguridad nacional; la intervención en las comunicaciones; armonizar conforme a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de jurisdicción militar; el principio de confidencialidad, salvaguardar el respeto a la soberanía de las entidades federativas y analizar la constitucionalidad de la declaratoria de afectación de seguridad interior.
El diputado Enrique Ibarra Pedroza, del grupo parlamentario del PT, se pronunció en contra en lo general del dictamen y se reservó cada uno de los 20 artículos que comprende el artículo único de esta minuta.
El presidente de la instancia legislativa, el panista Javier Corral Jurado, explicó que el proyecto de dictamen es prácticamente en sus términos la minuta del Senado "porque no se tenía otro documento que pudiera representar tal calidad en el consenso por la decisión unánime de la colegisladora. Fue votado por unanimidad de todos los integrantes presentes, argumentó.
ENTREVISTA A LORENA CORONA, DIPUTADA DEL PVEM: ¿CÓMO COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS?
Recientemente fueron en el Congreso diversas reformas a la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. La iniciativa de reforma que fue presentada en noviembre de 2010 por las diputadas del Partido Verde Ecologista de México, Caritina Saénz Vargas y Lorena Corona Valdés, fue turnada al Senado donde también fue aprobada.
Estas reformas imponen severos castigos para quienes por cualquier medio de comunicación, contraten publicidad y/o publiquen anuncios que alienten el delito de la trata de las personas.
Fecha: 4/19/2011
Hora: 10:26AM
Duración: 15 minutos 16 segundos
Conductor: Leo Zuckerman
Reportó: Leo Zuckerman
Fuente: Es la hora de opinar
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EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE SE PRONUNCIA A FAVOR DEL DECRETO FIRMADO POR EL PRESIDENTE CALDERÓN PARA DEDUCIR IMPUESTOS DEL PAGO DE COLEGIATURAS
México, DF, a 14 de febrero de 2011
Boletín 020/11
- · No obstante, hubiera sido más adecuado una reforma legal
La diputada ecologista Lorena Corona Valdés, secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, declaró que apoya decididamente dicha medida, la cual beneficiará a la población mexicana.
La educación es un instrumento importantísimo para el desarrollo del país y el apoyo que se les dará a los padres de familia es fundamental, dijo la diputada, pero apuntó que hubiera sido más adecuado implementar dicha medida a través de una reforma legal y no un decreto presidencial, debido a que éstos pueden ser revocable por el propio Ejecutivo Federal, mientras que una ley debe seguir todo un proceso legislativo y de consenso.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
