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México, D. F., a 7 de marzo de 2012 Boletín 036/12

 

El INMEGEN costaría inicialmente 1.190 millones de pesos. Al día de hoy se han pagado 2.000 millones de pesos

Una obra comenzada hace más de 6 años, inconclusa y abandonada que se ha convertido en otro Elefante Blanco

El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, anunció que en los próximos días se realizará una inspección física para ver el estado que guarda la construcción.

El Presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, en entrevista en San Lázaro informó que de la revisión a la Cuenta Pública 2010, se le sigue dando seguimiento a las inversiones realizadas por el ejecutivo Federal, de las cuales cada día surge una nueva Estela de la Corrupción”.

Entre ellas, sobre salen los trabajos de obra del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el cual inició su construcción el 12 de septiembre de 2005, en un terreno de 40 mil 97 metros cuadrados  con un costo de un millón 190 millones de pesos. Al día de hoy  se han pagado dos mil millones de pesos, es decir, 800 millones de pesos adicionales.

El Instituto Nacional de Medicina Genómica, lleva en construcción más de seis años y no se termina,  está abandonado, no hay trabajadores y tiene graves fallas estructurales, precisó Pablo Escudero.

Lamentablemente ver como se repite la historia de la “Estela de Luz” con el Instituto Nacional de Medicina Genómica,  es ver otra historia más de corrupción e ineficacia.  Un Elefante Blanco olvidado y arrumbado el que cada día se deteriora más, señaló Escudero Morales

El también Vicecoordinador del Partido Verde, precisó que de la auditoría realizada a la construcción del INMEGEN, se pueden seleccionar las observaciones más escandalosas, por su alto contenido de corrupción y mala gestión en la vigilancia del ejercicio del presupuesto.

1.- Nuevamente se contemplan materiales del extranjero. Se utilizaron placas de acero de Ucrania de las cuales se cuestionó su calidad.

2.- “En la reestructuración de la obra se utilizaron placas de acero estructural a-36 y a-50, procedentes de Ucrania, de las cuales se cuestionó a Fonatur, constructora S.A. de C.V. su calidad por su dureza al contener más carbón y sufrir fracturas al trabajar en su eje :z, según nota de bitácora número 91 del 21 de enero de 2010, por lo que se requiere un dictamen estructural del director responsable de obra y de su corresponsable, mediante dictamen de laboratorio, que avale su calidad y las seguridad estructural de la reestructuración”

3 Del sótano número dos se advierte lo siguiente:

Se encuentra totalmente inundado con un espejo de agua de 15 a 20 centímetros, no obstante que hay 8 bombas instaladas, no es posible desalojar el agua pluvial o freático, ya que la capacidad de las instalaciones es insuficiente y el colector del periférico está saturado.

No está energizado este nivel por su inundación para evitar accidentes, lo que genera más problemas, pues no se pueden terminar los trabajos en la zona, y sirven también de almacén de los materiales que se han desmontado.

4 En el área de oficinas se demolieron todos los trabajos: debido a su mala calidad, intemperismo, errores y cambios en el proyecto, como muros divisorios con durok, se quitaron los plafones y toda la canalización efectuada, pero aún no estaba cableado.

Se desmontó el aire acondicionado por errores de diseño y cálculo, y se modificarán sus accesorios, los que se desmontaron ya no cumplen con el nuevo diseño (al inicio de la obra no existía un diseño ni proyecto totalmente terminados y autorizados, por lo cual la empresa fue montando con la información existente en ese momento como anteproyecto).

Se demolieron los pisos existentes porque sus espesores no se ajustaron al diseño y norma (en promedio 20 centímetros debiendo ser 10 centímetros), se coló el nuevo piso y se colocaran acabados de pisos con una carga muerta menor por exigencias del proyecto, en este piso existe un desnivel de origen debido a las vigas acarteladas que se colocaron, por lo que se tuvo que colar un nuevo piso, nivelar el piso y corregir el desnivel existente.

5 Respecto al quinto piso: este piso tiene problemas similares al sexto, se desmontó lo ya existente por la mala calidad y el intemperismo de los trabajos como: los muros divisorios con durok, se quitaron los plafones y toda la canalización efectuada, pero aún no estaba cableado.

Se demolieron los pisos existentes porque sus espesores no se ajustaron al diseño y norma (en promedio 20 centímetros debiendo ser 10 centímetros), se coló el nuevo piso y se colocarán acabados de pisos con una carga muerta menor por exigencias del proyecto, en este piso existe un desnivel de origen debido a las vigas acarteladas que se colocaron, por lo que se tuvo que colar un nuevo piso, nivelar el piso y corregir el desnivel existente.

La Auditoría Superior de la Federación realizó promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias ante el órgano interno de control en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, para que realicen las investigaciones pertinentes, y en su caso , inicié el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión permitieron una mala calidad en los trabajos ejecutados y dejaron inconclusos trabajos objeto de su contrato, sin que a la fecha se hayan ejercido las acciones jurídicas para exigir el cumplimiento del contrato o la aplicación de la pena convencional correspondiente a la empresa contratada.

“En mi calidad de presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presidiré una comisión especial para que en los próximos días realicemos un recorrido en el Instituto para conocer a detalle las irregularidades que ha venido denunciando la Auditoría Superior de la Federación desde 2007”. Finalizó Escudero Morales.

México, D. F., a 8 de marzo de 2012 Boletín 31/12

  El paciente podrá elegir el medicamento, de acuerdo a su preferencia y capacidad económica  

El diputado del Partido Verde Carlos Ezeta Salcedo presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 225 y adiciona un 225 bis a la Ley General de Salud, con el fin de que los médicos al prescribir medicamentos estén obligados por ley anotar en la receta la Denominación Genérica primero, y la Denominación Distintiva de su preferencia.

Con esto se busca que el paciente pueda elegir el medicamento, de acuerdo a su preferencia y capacidad económica, siempre y cuando este se encuentre referido en el Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables.

“En nuestro país, hay 35.4 millones de personas pobres sin acceso a los servicios de salud, de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza 2010 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Si a ello le sumamos el costo de las consultas médicas y por surtir las recetas; estas personas no tienen la posibilidad de asistir al médico cuando enferman y tampoco de adquirir medicamentos” afirmó el legislador.

Los medicamentos, como bienes de salud constituyen el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Asimismo, no son un bien común y corriente, en diversas ocasiones la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos.

En México, el mercado farmacéutico ofrece opciones para poder acceder tanto a medicamentos innovadores como genéricos, en ambos casos, de calidad; con diferencias en los precios para que el consumidor pueda elegir, de acuerdo a su capacidad económica, entre diversos productos.

Cabe mencionar que en nuestro país existe un Catálogo de Medicamento Genéricos Intercambiables, que respecto del medicamento innovador o producto de referencia, tienen la misma sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia.

En ese sentido, es importante destacar que no existe justificación científica alguna para que, al momento de que se prescriban medicamentos, prevalezca la denominación distintiva de un medicamento sobre la denominación genérica de la sustancia activa, siempre y cuando, los medicamentos genéricos cumplan con lo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud.

Además, el Estado debe garantizar la libre competencia evitando la concesión de ventajas indebidas a favor de una o varias personas determinadas, es decir debe procurar el bienestar del interés colectivo de los consumidores y la equidad entre competidores.

Con el propósito de garantizar el acceso a los medicamentos de distintos precios a las personas, es necesario modificar las disposiciones legales para que se permita a los pacientes, previa prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir, con base en su poder adquisitivo, entre las diferentes denominaciones distintivas que reciba el medicamento que contenga la misma sustancia activa que le hubiere sido recetada.

México, D. F., a 5 de marzo de 2012 Boletín 30/12

  El coordinador de la fracción ecologista en la Cámara de Diputados confía en que el Presidente se comporte como jefe del Estado mexicano y que no utilizará esta fuerza para apoyar a algún candidato o denostar a otros

El Partido Verde pondera que el Gobierno federal se comprometa a realizar un proceso electoral limpio y tranquilo este año. Tras hacer públicos los compromisos del Gobierno por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el coordinador de los diputados ecologistas, Juan José Guerra Abud, declaró que es muy buena noticia el decálogo de compromisos del Gobierno.

Sin embargo, advirtió que eso no será suficiente para garantizar un proceso electoral intachable si el Presidente no saca totalmente las manos del mismo y no se compromete a comportarse como un demócrata, como un estadista cuya postura debe ser neutral y garantizar un proceso electoral equitativo, justo y que no deje el menor resquicio de dudas.

“El Partido Verde confía en que el Presidente se comporte como jefe del Estado mexicano y que no utilizará esta fuerza para apoyar a algún candidato o denostar a otros”, declaró el legislador mexiquense.

Esto, luego de las declaraciones de hoy en la mañana del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien hizo saber los compromisos y responsabilidades del Gobierno federal ante el proceso electoral de este año, para que se lleve a cabo con tranquilidad, sin infiltración del crimen organizado, garantizado la seguridad del proceso y de los propios actores políticos que participarán en este ejercicio democrático.

Por último, el diputado Juan José Guerra reiteró que solo que el Gobierno cumpla cabalmente con estos compromisos y el Presidente se abstenga por completo de meter las manos en el mismo, se podrá pensar en tener una elección creíble, cuyos resultados puedan ser avalados por todas las fuerzas políticas.

México, D. F., a 2 de marzo de 2012 Boletín 27/12  

Los mexicanos en el exterior deben participar en la elección federal de 2012  Los mexicanos que se encuentran en el extranjero forman parte importante en el desarrollo del país, por ello es necesario que nuestros connacionales tengan la oportunidad de obtener, corregir o actualizar la credencial de elector y participar en la elección federal del 2012, así lo demandó Jorge Herrera Martínez, diputado del Partido Verde en la LXI legislatura. Por ello, Herrera Martínez presentó iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la ley del Servicio Exterior Mexicano, para que la Secretaria de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Federal Electoral, instalen Módulos de Atención Ciudadana en consulados, para actualizar y emitir credencial para votar, bajo los términos siguientes: a)    Ciudadanos Mexicanos que se encuentren en el extranjero que deseen actualizar su credencial de elector, con el último domicilio en territorio nacional. b)    Hijos de padre o madre de nacionalidad mexicana, que hayan cumplido con la mayoría de edad y que deseen adquirir credencial para votar, la cual tendrá el último domicilio en territorio nacional, ya sea del padre o madre mexicana, según sea el caso. El diputado Jorge Herrera expresó que el Estado mexicano abrió en 2005 la posibilidad de que por primera vez en el país, los ciudadanos residentes en el extranjero pudieran ejercer su derecho al voto. El Legislador recordó: “No olvidemos que nuestros consulados en el extranjero son la casa de los mexicanos en territorio extranjero”, por lo tanto estas oficinas que son coordinadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores, tienen a bien expedir la matricula consular, cartilla militar, etc. Finalmente, Herrera Martínez dijo que la presente iniciativa busca atender la petición de nuestros connacionales, el otorgar a los mexicanos residentes en el extranjero la posibilidad de obtener, corregir o actualizar su credencial de votar con fotografía a través de la sede del consulado mexicano.  

México, D. F., a 01 de marzo de 2012 Boletín 26/12

La intención es asignarle más dinero a Conacyt, ya que México es de los países que menos destina al rubro de investigación científica y tecnológica, con 0.40 % del PIB.

A fin de que las sanciones que aplique el Instituto Federal Electora no se limiten a los partidos políticos, el diputado Alejandro del Mazo Maza presentó una iniciativa que reforma el artículo 56 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, para lograr que las multas se apliquen también a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión durante este año electoral.

El legislador ecologista expuso que el actual PEF establece en su artículo 56 que “Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Federal Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2012, serán reintegradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento”.

En dicho párrafo propone agregar, después de partidos políticos: “concesionarios y permisionarios de radio y televisión”. La propuesta tiene como fin beneficiar a la ciencia y tecnología, ya que el artículo referido estipula que “Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Centros Públicos de Investigación, los cuales deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos.

Añade el legislador mexiquense que en el ejercicio fiscal 2010, el IFE reasignó al Conacyt un monto de 50 millones 127 mil 313 pesos, correspondientes al periodo de enero a julio de 2010, de los cuales poco más de 46 millones están en proceso de adecuación presupuestaria ante la SHCP, a fin de ser aplicados a los proyectos estratégicos aprobados, en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación de los Centros Publico de Investigación y del propio Conacyt.

Explicó que no obstante los recursos asignados al Conacyt dentro del PEF 2012 y de los montos reasignados por parte de la SHCP, México se encuentra como último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de capacidad de “innovación”, al registrar el más bajo nivel de patentes para desarrollo científico. Además de ubicarse en el nivel más bajo en cuanto a inversión en ciencia y tecnología y en el número de personas dedicadas a este sector.

En México la inversión en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología en el 2011, registró la más baja inversión respecto a los países miembros de la OCDE. En nuestro país se invirtió cerca del 0.40% del PIB, quedando por debajo de otras naciones cuya inversión oscila entre el 0.5% y 0.9% del PIB, siendo Suecia con un 3.60%, el país que más recursos destina al desarrollo científico y tecnológico.

Por ese motivo el diputado pretende que las asignaciones a ciencia y tecnología se incrementen de dicha forma.

México, D. F., a 26 de febrero de 2012

Boletín 25/12

 

La participación de los particulares persigue elevar los niveles de eficiencia en la reinserción social de los presos, así como reducir los costos operativos de los centros: diputada Sarur

La reforma permitirá que dentro del sistema penitenciario los internos obtengan un salario

 

Ante los recientes acontecimientos en la cárcel de Apodaca, en el estado de Nuevo León, la diputada Adriana Sarur Torre vuelve a insistir como lo ha venido haciendo a lo largo de esta Legislatura, en la modernización del sistema penitenciario nacional.

Dijo la legisladora veracruzana que dado que los prisioneros le cuestan al erario más de 34 millones de pesos por día; desde el año pasado presentó en la Comisión de Seguridad Pública una iniciativa que modifica el artículo 18 Constitucional, referente al Sistema Penitenciario, en la que propone la participación del sector privado en esta materia.

El dictamen, aprobado en dicha Comisión, prevé que puede ser benéfica la intervención privada en la construcción, operación y administración de las cárceles en México, afirmó la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados.

Explicó que la participación de los particulares persigue elevar los niveles de eficiencia en la reinserción social de los presos, así como reducir los costos operativos de los centros.

"Es importante considerar esta propuesta como un elemento que servirá para revolucionar el sistema penitenciario del país y llevar a cabo, de manera eficiente y eficaz, los fines de reforma constitucional en esta materia", dijo la legisladora.

Sarur Torre, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que este es un avance fundamental, toda vez que la legislación penitenciaria no ha sufrido cambios a fondo desde hace 40 años, de ahí que hoy en día nuestro sistema penitenciario se encuentre en crisis, “era necesario poner el tema a discusión y buscar nuevos instrumentos normativos para darle efectividad a la operación y la administración penitenciaria”.

Señaló que en países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá, Perú y Puerto Rico, entre otros, debido a los problemas de corrupción e ineficiencia del sistema penitenciario, optaron por permitir la intervención del sector privado nacional o internacional en la construcción y administración de las cárceles, contando siempre con la debida tutoría del Estado, obteniendo resultados exitosos.

Las autoridades encargadas de la administración y operación del sistema penitenciario, consideró, no han podido generar condiciones para una reinserción real del recluso a la sociedad, pues durante su estancia en prisión los internos delinquen y un gran porcentaje reincide, además de que utilizan otras formas de operar.

Explicó que la reforma permitirá que dentro del sistema penitenciario los internos obtengan un salario que tendrá vertientes de contribución para el sostenimiento de ellos, pero también "les brindará la oportunidad de la manutención de sus familias y crear un ahorro y el pago de sus tratamientos de adicciones". Destacó que el trabajo dignifica por lo que será una herramienta valiosa en el proceso de reinserción.

La propuesta establece como punto clave mayor eficiencia en el trabajo de los sujetos que intervienen en la readaptación de los internos, por lo que se crearía la Unidad Especial de Recepción y Clasificación del Centro Penitenciario (proceso de recepción y clasificación) y se establecerían también las figuras de Oficial del Caso y Oficial de Vigilancia.

 

México, D. F., a 25 de febrero de 2012 Boletín 24/12 

 

• Las acciones pertinentes no se han llevado a cabo de manera total ni adecuada para frenar y revertir el daño ecológico

El diputado Alejandro Carabias Icaza presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta al Ejecutivo federal, al Ejecutivo de Guerrero y al H. Ayuntamiento de Acapulco para que realice un diagnóstico de la situación física, biológica y social de la laguna de Tres Palos y definir acciones para su protección, restauración y manejo sustentable que permitan inhibir la contaminación.

Desde hace varios años, la cuenca del río de la Sabana-Laguna de Tres Palos ha venido enfrentando graves problemas de contaminación que infieren negativamente para el desarrollo y progreso de sus 365 mil habitantes, que se encuentran asentados a lo largo de la misma y que no cuentan con servicios urbanos suficientes para desechar sus residuos domésticos e industriales.

La laguna es el único contenedor de los desechos del río La Sabana, que en su trayecto es colector de aguas residuales de diversas comunidades, factor que ha originado la contaminación del cuerpo de agua e incluso ha causado la muerte de peces y la aparición de enfermedades de la piel y ojos en los habitantes del lugar.

El subdirector de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias de la Conagua, informó que existe un programa de saneamiento de la microcuenca que incluye acciones a corto, mediano y largo plazos, pero en este caso se requerirán al menos cinco años para sanearla.

Así mismo, comentó que durante los trabajos de monitoreo de las cuencas se realizó un estudio sobre los focos rojos de contaminación del río de la Sabana y de la laguna de Tres Palos y se detectaron acumulamiento de basura y descargas de aguas negras clandestinas por lo que es necesario que no se continúe autorizando la construcción de desarrollos habitacionales en los márgenes o cercanías de la laguna, ya que dichos desarrollos comprometen gravemente la viabilidad futura de la misma, así como la de las poblaciones humanas asentadas en sus inmediaciones.

No obstante, los recursos necesarios que en su momento se estimaron para la realización de las citadas acciones no han sido suficientes y las acciones pertinentes no se han llevado a cabo de manera total ni adecuada para frenar y revertir el daño ecológico que ha sufrido la laguna de Tres Palos.

Por lo anterior, se solicita que se lleven a cabo las acciones que permitan proteger, restaurar y manejar de manera integral y sustentable la laguna de Tres Palos, acorde con sus características ecológicas (originales), que garanticen mantener los servicios ambientales que presta el humedal, así como sus atributos físicos, biológicos y culturales para el goce de las presentes y futuras generaciones.

México, D. F., a 19 de febrero de 2012 Boletín 22/12

  La Suprema Corte de Justicia aclaró que el Derecho por Alumbrado Público es inconstitucional, pues en realidad no es un derecho sino una contribución basada en consumos y porcentajes

El diputado Alejandro Carabias Icaza presentó una iniciativa con el fin de transparentar el cobro por suministro de electricidad para alumbrado público, sin importar el criterio de cobranza, por medio de la adición de un artículo 25 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El legislador del Partido Verde hizo notar que los municipios tienen a su cargo el servicio de alumbrado público; sin embargo en muchos casos Comisión Federal de Electricidad cobra el suministro de electricidad para este fin, directamente a los ciudadanos mediante el recibo de luz, utilizando criterios de cobranza variables y arbitrarios. Dijo que este mecanismo es susceptible de opacidad e incluso fue declarado inconstitucional, de modo que deben buscarse alternativas legales para transparentar el cobro de este servicio.

Comisión Federal de Electricidad recauda el llamado Derecho de Alumbrado Público (DAP). En dichos casos, en los recibos de cobro que CFE envía a los usuarios, aparece el concepto de DAP. A pesar de que las  tarifas son fijas, el criterio para el cobro del DAP es variable y se establece en el convenio celebrado con cada municipio, en donde se estipula la cantidad fija o porcentaje a cubrir por cada usuario del servicio público de energía eléctrica. Este mecanismo de cobro está sujeto a una gran discrecionalidad y opacidad, provocando situaciones confusas, aseguró el diputado guerrerense.

En el caso del Municipio de Sabinas, Coahuila, indicó qué el cobro de DAP ha sufrido cambios en cada administración; antiguamente se cobraba el 4% sobre el consumo y actualmente se cobra un monto fijo de 130 pesos.

La Suprema Corte de Justicia, a través de la tesis jurisprudencial número 84, aclaró que el llamado “Derecho por Alumbrado Público” que se cobra en los municipios resulta inconstitucional, debido a que en realidad no es un derecho, sino una contribución basada en consumos y porcentajes, y que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión imponer contribuciones sobre energía eléctrica.

Añadió que la Comisión Federal de Electricidad afirma que el sistema de facturación y cobranza del DAP opera de manera desconcentrada a nivel de cada municipio; de modo que no se cuenta con reportes de cuánto se recauda por dicho cobro a nivel federal.

Así pues, no existe intención de los ayuntamientos de eliminar el cobro del DAP, debido a que una buena parte de los ingresos municipales provienen de esta percepción. Por ello, resulta necesario buscar alternativas legales para conservar el cobro del DAP, de manera transparente para toda la ciudadanía, concluyó Carabias Icaza.

México, D. F., a 18 de febrero de 2012 Boletín 21/12

  “La comisión Nacional de Salarios Mínimos no hace un trabajo eficiente, por lo que se considera oportuna su desaparición”: Alejandro Carabias   El diputado del Partido Verde Alejandro Carabias Icaza presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar un incremento al salario mínimo general, ya que actualmente no existe congruencia entre éste y la inflación del país. Afirmó que la clase obrera no merece vivir de un salario mínimo el cual es por demás precario y que éste sea el sustento de toda una familia, sino con un salario con el cual pueda satisfacer todas sus necesidades. El legislador consideró que la situación que se vive en el país no es la más óptima para seguir con un salario tan bajo ya que los negocios están decayendo dejando sin trabajo a muchas familias, obligándolos prácticamente a conseguir un trabajo mal pagado si es que lo encuentran. De cuatro años a la fecha se ha incrementado el salario mínimo general de una manera totalmente deficiente, ya que en este lapso de tiempo tan sólo ha habido un aumento insignificante de $11.76 MN de acuerdo a datos proporcionados por el INEGI. En el 2007 el salario mínimo general oscilaba en los $50.57 y para este año está en $62.33, lo cual nos da una clara muestra de que éste aumento no es acorde a la inflación del país y de que el aumento que se realiza anualmente no alcanza a las familias mexicanas para poder complementar sus necesidades. Los productos básicos sí han ido en aumento en los últimos años.     “Es por ello que estamos totalmente convencidos que la encargada del aumento al salario mínimo general, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no hace un trabajo eficiente de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Federal del Trabajo por lo que se considera oportuna su desaparición definitiva, ya que no ha tenido un buen desempeño en sus funciones”, afirmó el legislador. Hoy en día los trabajadores y sus familias deben de tener una mejor calidad de vida, por ello la preocupación de incrementar el salario para que éstos puedan proporcionarle a los suyos tranquilidad y bienestar general.

México, D. F., a 15 de febrero de 2012 Boletín 20/12 

 

El Presidente de la Comisión de la Función Pública impulsa la Ley Federal Anticorrupción   Con ella se logra dotar de una importante herramienta en el combate a la corrupción   Esta iniciativa pone a México a la par de los acuerdos internacionales signados en el combate a la corrupción

Durante los trabajos de la Décimo Octava reunión ordinaria de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Escudero Morales, como presidente de la misma, logró el consenso para la aprobación por unanimidad de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Este importante ordenamiento legal, que fue discutido y votado por los diputados integrantes de la comisión. Ante diversos medios de comunicación, Escudero Morales ha señalado que la aprobación de esta nueva ley pone a México a la par de los acuerdos internacionales signados en el tema de combate a la corrupción y precisó que esta nueva herramienta será utilizada por las autoridades federales, estatales y municipales para combatir la corrupción en los procesos de contratación, tanto de naturaleza nacional, como internacional.

Con la aprobación de la Minuta, se permitirá la mejora de los actos administrativos contractuales, al dotarlos de transparencia, y no solo ello, su aplicación inhibirá actos de corrupción, establecerá sanciones para los infractores que podrán ser inhabilitaciones y multas, se establecerá el procedimiento administrativo sancionador, y las atenuantes para el caso de confesión de alguno de los presuntos infractores.

Señaló que este proyecto de ley, propone un marco jurídico que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción XXI y 134 Constitucionales, permita a las autoridades federales sancionar en el ámbito administrativo, los actos de corrupción en que incurran los particulares en el desahogo de procedimientos de contratación pública, lo que constituirá una herramienta adicional a las ya existentes, a efecto de garantizar que los citados procedimientos se lleven a cabo con estricto respeto a la legalidad y a los principios consagrados en el marco constitucional.

El diputado Escudero Morales externó que durante los trabajos de análisis del dictamen se contempló la necesidad de perfeccionar el documento enviado por el Senado, al modificarse diez artículos del proyecto original, con ello se busca armonizar el ordenamiento legal, así como mejorar su redacción para adecuarla a un vocabulario técnico jurídico acorde a la materia de la ley, entre ellos se observó la necesidad de precisar el procedimiento de investigación contemplado en los artículos 14 y 15 del proyecto.

Hizo hincapié el diputado ecologista en que con la aprobación de la minuta se solventa el vacío legal en el marco jurídico actual, en virtud de que al día de hoy, no se puede sancionar desde el punto de vista administrativo a los particulares que cometan actos de corrupción en los procesos y contrataciones públicas, por lo que se considera necesario e inaplazable la aprobación de este proyecto, para que la persona o personas del sector privado que lleven a cabo o incurran en las conductas señaladas en la ley propuesta, puedan ser sancionadas con las multas e inhabilitaciones que se contemplan y que les impidan continuar como proveedores del gobierno.