El dictamen que nos ocupa tiene por objeto la expedición de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que vendrá a sustituir a la legislación actual, la cual data de 1947; es decir, sólo tiene 67 años en vigor la actual ley. Por si fuera poco, ésta no había sido reformada nunca. Eso nos da un panorama de lo trascendente de la legislación que habremos de expedir.

México, D. F., a 03 de diciembre de 2014

Con su permiso, señor presidente,

Compañeras y compañeros legisladores,

El dictamen que nos ocupa tiene por objeto la expedición de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que vendrá a sustituir a la legislación actual, la cual data de 1947; es decir, sólo tiene 67 años en vigor la actual ley. Por si fuera poco, ésta no había sido reformada nunca. Eso nos da un panorama de lo trascendente de la legislación que habremos de expedir.

Para mi grupo parlamentario es fundamental destacar que la construcción de esta nueva ley es resultado de una amplia consulta entre el Ejecutivo, los permisionarios, la sociedad civil y, por supuesto, el Legislativo.

El cual dejó de lado los colores partidistas con el único objeto de regular todos los tipos de juegos con apuestas y sorteos; logrando así  que se lleven a cabo de forma responsable y más segura, establecimiento obligaciones y garantizando los derechos de los permisionarios, pero también y, de manera fundamental, las obligaciones de los participantes como la prevención y atención de quienes padezcan ludopatía.

De igual forma, se pretende establecer las bases y límites para la autorización, el control, la vigilancia, la inspección, así como las sanciones de conductas relativas a todos los tipos de juegos con apuestas y sorteos, ya sea de tipo administrativo o las de tipo penal; es decir, aquellos delitos que atenten contra el juego responsable.

No cabe duda que con el avance cada vez más acelerado en cuanto a las tecnologías de la información, es urgente y necesario regular, por ejemplo, todo lo relativo al juego con apuestas en línea.

En el dictamen que hoy nos ocupa existen desafíos que deben ser considerados de cara a la nueva ley, por ejemplo, los fraudes cometidos por los operados contra los consumidores por la falta de contacto directo, los sistemas para comprobar la residencia del jugador, la verificación de su edad, alertas para que el jugador controle su forma de jugar en referencia al tiempo, los montos; así como los controles de protección de datos y también las modalidades para el bloqueo de pagos y los servicios de juego en línea.

Otro de los puntos relevantes de esta reforma es la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos. Éste será un órgano desconcentrado de la Segob con autonomía técnica y operativa, misma que vendrá a sustituir a la actual Dirección General de Juegos y Sorteos.

El Instituto será quien determine a las personas a las que deberá otorgarse un permiso para la realización de las actividades previstas en esta ley.

Asimismo, será el encargado de supervisar que las disposiciones en materia sean cumplidas, para lo cual este Instituto contará con las facultades de inspección y vigilancia.

El Instituto podrá imponer sanciones que irán desde la multas en las fracciones menores hasta las revocación de los permisos cuando estas sean muy graves.

Finalmente el Instituto contará con el apoyo de las entidades en la administración pública federal así como de las entidades federativas y los municipios.

Compañeros y compañeras, en el Partido Verde consideramos que es impostergable la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula los casinos en México, ya que en los últimos años se ha observado un crecimiento acelerado de los establecimientos mercantiles donde se llevan a cabo apuestas relacionadas con eventos deportivos, los juegos de azar, que incluyen apuestas y sorteos, principalmente a través de las maquinitas.

De ahí el interés del Partido Verde, y la mayoría de los grupos parlamentarios, por empujar esta reforma que será congruente con la realidad que vive nuestro país.

En el texto anterior se habían dejado de considerar los impactos negativos que  el juego de apuestas pudiera ocasionar en el bienestar económico, físico, mental y emocional de algunas personas por las adicciones que llega a generar.

Desde el Partido Verde estamos de acuerdo que en esta nueva ley se establezcan las bases jurídicas para que los juegos con apuestas y sorteos se realicen en conciencia de un alto sentido de responsabilidad que, como se mencionó, se tiene como principio rector de este instrumento legal.

Mi grupo parlamentario considera que se debe entender al juego no como un mal ni como algo negativo, sino que se debe cambiar la premisa y pensar que el juego es una actividad recreativa cuando las personas lo practican como pasatiempo y distracción, y sobre todo cuando se ejerce con responsabilidad.

Con la aprobación del dictamen contaremos con una legislación de vanguardia que responde a las actuales necesidades, que dé certidumbre a todos los actores que intervienen en el sector y que garantice los derechos de los participantes.

Quiero hacer un reconocimiento a la comisión especial por este esfuerzo legislativo conjunto, traducido hoy en esta nueva ley que representa un gran avance en materia jurídica, la cual establece los principios rectores, el juego responsable, el interés superior de la salud y la máxima transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor del dictamen.

Muchas gracias.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Nuestra tarea como legisladores y, en especial, la que tenemos encomendada los miembros de la Comisión de Justicia, es la de concebir y discutir el contenido de normas jurídicas que protejan a toda la población, y permitan a los operadores jurídicos combatir con eficacia aquellos delitos que minan al tejido social y vulneran de forma irreversible los derechos humanos, fundamentalmente, los derechos de los sectores más vulnerables.

México, D. F., a 03 de diciembre de 2014

Posicionamiento del Partido Verde, en voz del Diputado Antonio Cuéllar Steffan, respecto al dictamen que reforma la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas

 

Gracias diputado presidente,

Nuestra tarea como legisladores y, en especial, la que tenemos encomendada los miembros de la Comisión de Justicia, es la de concebir y discutir el contenido de normas jurídicas  que protejan a toda la población, y permitan a los operadores jurídicos combatir con eficacia aquellos delitos que minan al tejido social y vulneran de forma irreversible los derechos humanos, fundamentalmente, los derechos de los sectores más vulnerables.

Hoy discutimos y votamos una reforma que tiene como eje central el combate y la sanción en contra de uno de los delitos más dolorosos que lesionan a nuestra sociedad; el de la trata de personas.

Un delito que es sinónimo de la disminución más vil de la que una persona puede ser sujeta. Un delito de privación de la libertad y violación de la autodeterminación humana equiparable a la esclavitud más absoluta, a la explotación, a la extinción de nuestra calidad humana.

De acuerdo con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, conocido como Protocolo de Palermo, se entiende la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Esta y otras normativas internacionales en la materia, guían y proveen de un estándar mínimo a los estados nacionales para implementar normas jurídicas claras y eficaces que combatan la trata de personas y sus variadas manifestaciones.

Hoy, en este Congreso, cumplimos con la obligación de ajustar nuestro Orden Jurídico Nacional a estos parámetros, y a las exigencias que nuestra sociedad y nuestra realidad histórica nos impone para extirpar este cáncer que tanto nos lastima.

Nuestro país, por circunstancias históricas, económicas, geográficas, políticas o, incluso, culturales, ha sido desafortunadamente presa de este tipo de prácticas lesivas contra la dignidad humana.

Por falta de un tratamiento típico jurídico adecuado o por omisión imputable de la autoridad, se ha dejado propagar, no únicamente la trata en las grandes ciudades o en los paraísos turísticos sino también en zonas rurales, centros laborales e, incluso, en el mismo seno familiar.

Las redes de prostitución y pornografía infantil, los servicios forzados, el tráfico de personas, la extracción y venta de órganos y demás prácticas análogas que se inscriben dentro del marco de la trata de personas, en países como México son visibles para todos, de fácil acceso y, por ende, de enorme propagación. La impunidad ha reinado por muchos años, al respecto.

Grupos como las mujeres y los niños, las personas indígenas y los migrantes indocumentados son los más vulnerables. Según lo ha reflejado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han identificado 21 de 32 entidades federativas como lugares en las que se realizan cotidianamente actividades vinculadas con la trata de personas.

Déjenme compartir con ustedes una estadística que refleja la magnitud del problema, no se trata de la ilustración del número de víctimas del delito, sino del vicio de nuestro Sistema de Justicia que tratamos de erradicar:

Entre 2007 y 2012, de 297 detenidos por la comisión de este delito, sólo 35 fueron condenados. Esto quiere decir que, o bien las acusaciones no se entablaron de manera correcta o, de lo contrario, quienes pudieran haber sido procesados, aludieron a la defensa de sus derechos a la exacta aplicación de la ley penal para ser exonerados de un delito que sí pudieran haber cometido.

Esta situación nos arroja, por consiguiente, la doble responsabilidad, claramente ineludible, de dotar a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución de los delitos, de normas claras que las habiliten para cumplir su función y castigar con eficacia y absoluto rigor a quienes cometen el delito de trata de personas.

Al mismo tiempo, para no incurrir en errores normativos que vulneren el derecho fundamental, a contar con una adecuada y exacta aplicación del derecho por parte de aquel que se vea sujeto a un proceso penal por esta causa.

Los avances que la minuta que hoy discutimos contiene son muy valiosos, entre ellos destaca uno de gran interés para la práctica del derecho penal, el cual consiste en la justa identificación de los requisitos que la Ley de Trata exige para acreditar este delito.

Como hoy se encontraba redactada la ley, para acreditar e imponer una sanción por el ilícito era necesario que se demostrara el daño a seis bienes jurídicos diferentes. Lo que resultaba altamente complejo integrar por parte de las autoridades ministeriales.

Con apego a la normativa nacional e internacional, así como a las mejores prácticas en materia de derechos humanos, la minuta establece que es el “libre desarrollo de la personalidad”, relacionado directamente con la dignidad humana, el único bien jurídico dañado que será necesario acreditar para sancionar el delito de trata de personas.

Con esto será menos complejo para las autoridades ministeriales y judiciales establecer una relación causal entre la conducta punible y el bien jurídico tutelado.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del dictamen, por distintas razones. Condenamos enérgicamente la trata de personas, en todas sus vertientes; somos conscientes de que la mejor manera de combatir la violencia y la inseguridad es por medio de la correcta y escrupulosa aplicación de la ley; entendemos que el cumplimiento de nuestra responsabilidad  parlamentaria, sólo se logra mediante la aprobación de normas jurídicas congruentes y bien estructuradas, apegadas al mandato que establece nuestra Constitución.

Asumimos, por consiguiente, que el defecto más grave de la actividad gubernativa que reprueba nuestra sociedad, hoy en día, es el de la impunidad.

Es cuanto, diputado presidente.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Como es del conocimiento de esta Asamblea, el artículo 123 constitucional se refiere al trabajo y a la previsión social y en su apartado A, fracción tercera, establece la edad mínima para trabajar, así como la duración de la jornada laboral para los menores de 16 años, la cual no debe rebasar las seis horas diarias.

México, D. F., a 2 de diciembre de 2014

 

 

Con la venia de la presidencia.

 

Como es del conocimiento de esta Asamblea, el artículo 123 constitucional se refiere al trabajo y a la previsión social y en su apartado A, fracción tercera, establece la edad mínima para trabajar, así como la duración de la jornada laboral para los menores de 16 años, la cual no debe rebasar las seis horas diarias.

 

El texto del artículo en cuestión fue reformado en junio de este mismo año, con la finalidad de que la edad mínima en nuestro país para que un menor de edad se encuentre vinculado a una relación laboral sean los 15 años y no 14 como se estipulaba en el pasado.

Lo anterior coincide con la intención de establecer una relación de congruencia específica entre el mandato constitucional de brindar educación básica, pública y gratuita a la población del país, así como la obligación del Estado de velar por el derecho de las niñas y los niños de alimentación, salud y desarrollo integral con la disposición que permite el trabajo de los menores de edad.

En este mismo sentido, la propuesta de elevar la edad mínima para que los menores puedan laborar tuvo sustento en el hecho de que nuestro país suscribió y ratificó en su momento la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos de índole civil, cultural, económica y social a la cual los menores deben tener acceso, en cuyos artículos 28 y 32 se establecen previsiones tendientes a garantizar la educación primaria y secundaria de los menores de edad, así como a protegerlos de la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad que pueda entorpecer su educación, asumiéndose con ello el compromiso de fijar una edad o edades mínimas para trabajar.

Por otra parte, cabe recordar que el máximo organismo mundial del sistema de Naciones Unidas para atender los asuntos del trabajo, estableció hace tiempo ya como una aspiración universal que la edad mínima de admisión al empleo debe ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar y en todo caso menor a 15 años.

Así pues, mediante la aprobación de la reforma citada se armonizó el ideal de la educación básica obligatoria con la edad mínima de los menores para trabajar, para hacerla coincidir con el criterio establecido en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

Permitir que los menores inicien actividades laborales antes de los 15 años promueve la inasistencia regular a la escuela y no contribuye a eliminar la ignorancia y el analfabetismo, entorpece la educación de los niños, niñas y adolescentes y puede afectar seriamente su desarrollo, por ello se deben adoptar medidas legislativas para evitarlo.

No obstante que el ideal de nuestro país debe ser erradicar el trabajo infantil y garantizar que las niñas, niños y jóvenes concluyan la educación obligatoria sin contratiempos, no se puede soslayar que en México existen diversos factores de carácter económico, social e incluso cultural que hacen que un número importante de menores se vean en la necesidad de trabajar para contribuir al ingreso familiar, o bien, para financiar sus estudios, con el riesgo que ello puede implicar para su desarrollo físico, psicológico, emocional y social.

Del mismo modo, tampoco puede pasar inadvertido el hecho de que la incorporación de los menores al mundo laboral está generalmente asociada con condiciones de pobreza y vulnerabilidad que facilitan la explotación económica de los mismos por parte de los adultos.

Ante esa circunstancia real, la aspiración de la más reciente reforma constitucional al artículo 123 era consolidar un orden jurídico más adecuado para la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Una vez concretada la modificación al texto de nuestra Norma Suprema procede la actualización de la legislación secundaria, en este caso la Ley Federal del Trabajo a efecto de que cambie la edad mínima para acceder al empleo de 14 a 15 años, de manera tal que las autoridades del trabajo asuman obligaciones de inspección y vigilancia que permitan garantizar que la necesidad de laborar de los menores no obstaculice el ejercicio de otros derechos.

Es por todo lo anterior, que nuestro partido, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen.

 

Es cuanto, diputada presidenta.

Muchas gracias.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El Estado de derecho está relacionado a tres factores: el primero atiende al respeto irrestricto de las leyes; el segundo criterio es la obediencia y reconocimiento de los derechos establecidos y consagrados en los registros públicos; y un tercero que atiende a la estricta observancia de las resoluciones dictadas por los tribunales y, en general, de todo los órganos implicados en la impartición y procuración de justicia.

México, D. F., a 02 de diciembre de 2014

Discurso del  Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares del Partido Verde, respecto al dictamen que expide la Ley Nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal

Con la venia de la Presidencia;

Compañeras y compañeros legisladores,

El Estado de derecho está relacionado a tres factores: el primero atiende al respeto irrestricto de las leyes; el segundo criterio es la obediencia y reconocimiento de los derechos establecidos y consagrados en los registros públicos; y un tercero que atiende a la estricta observancia de las resoluciones dictadas por los tribunales y, en general, de todo los órganos implicados en la impartición y procuración de justicia.

Porque sí, es al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, como mencionaron hace un momento, a quien le compete en términos constitucionales la aplicación de las leyes a través de las resoluciones y sentencias judiciales. Sobre este último rubro sabemos que es una exigencia de la población la respuesta pronta a las peticiones de justicia.

Así, en nuestra Constitución, hoy en día el artículo 17 reconoce como derecho humano la prerrogativa que tiene toda persona de que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

La agilidad en la justicia es una exigencia que deviene desde épocas antiguas, de hecho Séneca, aquél senador romano, decía ya en la época del Imperio que nada se parece tanto a la injusticia, como la injusticia tardía.

En este sentido, y de modo muy lamentable, podemos expresar que la justicia en México puede tener asignados todos los calificativos pensados, menos el de ser expedita.

Por ello, los legisladores mexicanos han intentado idear fórmulas que pudieran establecer métodos que hagan de la impartición de justicia una labor ágil. Empero, todo ha sido hasta este momento un esfuerzo vano.

Hoy en día se está sometiendo a nuestra aprobación una serie de modificaciones. La más importante es la norma que proviene como minuta del Senado de la República que pretende erigirse dentro de nuestro orden jurídico como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. A su vez, y por el principio de coherencia de los cambios, también permean sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los medios alternativos de solución de controversias pueden ser una serie de medios en contra del congestionamiento de miles de causas en tribunales o ante el Ministerio Público. Luchar contra la inevitable dilación en solución por carencias presupuestarias, abatir la ineficiencia y ganar la confianza en el sistema procedimental.

Para ello la ley que se propone está regulando las figuras de mediación, de conciliación y la junta restaurativa. La mediación es el mecanismo a través del cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia.

La conciliación serán los mecanismos voluntarios mediante los cuales los intervinientes, en ejercicio también de su autonomía, tendrán opciones de solución a la controversia en que se encuentren involucrados.

Por último, la junta restaurativa será el medio en donde la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada en el libre ejercicio de su autonomía, busquen, construyan y propongan opciones de solución a la controversia.

Con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la integración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y, con ello, buscar la recomposición del tejido social.

Todo lo anterior, atendiendo a la libre autodeterminación de las personas y bajo el reconocimiento de que los derechos fundamentales no están sujetos a negociación de ningún tipo. Así pues, todos los involucrados en los métodos alternos de solución de controversias, deben atender a la voluntariedad, la información, la confidencialidad, la flexibilidad, imparcialidad, equidad y honestidad.

Los medios alternativos procederán por mandato del Código Federal de Procedimientos Penales, y la aprobación de los convenios provendrá de los ministerios públicos y los jueces; resaltando que el cumplimiento de los acuerdos no se deja sin atender, por el contrario, se faculta al órgano especializado en medios alternativos de solución de controversias, para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios alcanzados por los intervinientes en el mecanismo alternativo.

De esta manera, se establece una especie de control ex post para que efectivamente se cumpla la solución de los conflictos.

Por todo ello estamos convencidos de que se debe de aprobar esta normatividad con urgencia para el bien de todos los mexicanos. Así la justicia, además de ser más ágil, será en menor medida una demanda de la ciudadanía.

Es cuanto, señor presidente.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO