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Milenio/21 de Diciembre 2011
Busca el Instituto Federal Electoral consolidar presencia en internet
El Consejo General del Instituto Federal Electoral someterá a votación durante la sesión de hoy, los criterios para el uso institucional de las redes sociales en internet, a través de las cuales pretende tener mayor acercamiento con la ciudadanía a fin de brindarle información sobre el proceso electoral en curso.
El proyecto plantea desde los funcionarios que tendrán facultades para administrar las cuentas en las redes sociales, así como los objetivos que deberá buscar cada área administrativa del árbitro electoral que determine tener presencia en estas páginas de internet.
Según el acuerdo que será sometido a consideración de los consejeros electorales, la finalidad del uso de redes sociales a nombre del IFE serán consolidar y promover la presencia del órgano entre la ciudadanía y alcanzar a públicos que difícilmente obtendrían información por los medios de comunicación tradicionales.
Asimismo, se buscará generar un acercamiento con el entorno cotidiano de los ciudadanos, aprovechar canales para la difusión de información y promover los lugares o los sitios web, así como exponer los procesos internos de forma clara y accesible al público.
Otro de los principales objetivos del IFE en su incursión en redes sociales como Twitter es generar espacios para recibir sugerencias del público e interactuar con la ciudadanía, “considerando sus intereses y preocupaciones”.
En los criterios se establece que las publicaciones realizadas en las páginas y cuentas de los consejeros electorales serán responsabilidad exclusiva de ellos.
“Las cuentas de redes sociales abiertas, operadas y relacionadas directamente con el instituto son consideradas instrumentos de trabajo, por lo que cualquier uso indebido o fuera de las normas, lineamientos, políticas y principios rectores del IFE será investigado y sancionado de conformidad a lo previsto en el Estatuto del Servicio Profesional y del Personal del IFE sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de dichos actos”, detalla el documento respecto del uso por parte de otros funcionarios electorales.
Milenio/21 de Diciembre 2011
La constructora se vio obligada a deshacerse de más de 126 millones de títulos para renegociar deudas por 4 mil 908 millones de euros que sostenía con diferentes instituciones financieras.
La constructora española Sacyr Vallehermoso informó a sus accionistas sobre la reducción de su participación accionaria en la petrolera Repsol, lo cual también implica el rompimiento del acuerdo sindicado suscrito con Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Se ha determinado la reducción de la participación de Sacyr Vallehermoso en Repsol, a 10.01 por ciento, modificándose las bases del acuerdo de accionistas suscrito con Petróleos Mexicanos y PMI Holdings, habiendo de entenderse en consecuencia resuelto”, señaló la constructora en un documento emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en España.
El documento no aclara ni especifica las alteraciones que podría sufrir el mencionado convenio entre la constructora y la petrolera mexicana.
A un día de que Sacyr Vallehermoso se viera obligada a pagar o renegociar parte de un crédito por más de 4 mil 908 millones de euros con los bancos, la constructora española logró llegar a un acuerdo, para refinanciar dicho lastre hasta el 31 de enero de 2015, por un importe de 2 mil 446 millones de euros.
Sacyr confirmó que el financiamiento pudo amortizarse mediante la venta de 122 millones 86 mil 346 acciones, es decir casi 50 por ciento de su posesión original en Repsol, en favor de algunas de las instituciones financieras con las que contrajo deudas crediticias.
Originalmente Sacyr Vallehermoso, poseía 20.01 por ciento de los títulos accionarios de Repsol, con la venta pactada, su presencia se reduce a 10 por ciento.
Por separado, Repsol dijo a través de un comunicado emitido desde Madrid que de no lograrse un acuerdo entre los bancos y Sacyr, se podría haber producido un escenario de incertidumbre en la constructora, lo que además hubiera dañado la cotización de la petrolera, generando con ello efectos negativos en los proyectos de expansión y crecimiento planteados por la empresa.
La petrolera española afirmó que con la compra de las acciones a Sacyr se logrará una mayor estabilidad en la estructura accionaria de la compañía y al mismo tiempo permitirá “concentrar todos sus esfuerzos en el desarrollo y ejecución” de su estrategia de negocios.
El acuerdo original entre Sacyr y Pemex, firmado el 29 de agosto pasado, establecía entre sus cláusulas que ninguno de los dos actores que suscribieron el acuerdo sindicado podía vender o modificar el número de títulos de propiedad de Repsol, sin el previo consentimiento de su socio.
Las cláusulas del documento firmado por la constructora española y la petrolera mexicana, también mencionan que antes de transferir a cualquier otra entidad parte de las acciones en su poder, debían de ser ofrecidas en primera instancia a uno de los socios.
El Universal/20 de Diciembre 2011
Un millón 700 mil casas en el país tienen suelo de tierra, según INEGI
Tener un piso de cemento o de tierra puede ser la diferencia entre vivir sano y enfermar de por vida o, incluso, morir. El cemento repele la suciedad. El piso de tierra, por el contrario, genera condiciones insalubres. Quienes duermen o comen donde hay pisos de tierra son más propensos a padecer enfermedades infecciosas, parasitarias y respiratorias. Las enfermedades infecciosas y parasitarias son la cuarta causa de muerte en niños menores de un año.
Hace cinco años, el gobierno federal, a través de la estrategia denominada Piso Firme de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se propuso que, para antes de que culmine la gestión del presidente Felipe Calderón, ningún mexicano viviría en casas con piso de tierra. Restan 11 meses para que se cumpla la promesa. Todavía hay cerca de un millón 700 mil viviendas contabilizadas por el INEGI que tienen piso de tierra, lo que representa 5.8% de los hogares en el territorio nacional.
Hasta ahora se han instalado 2 millones 306 mil pisos firmes en las viviendas más precarias de todo el país, una cifra que el secretario de Desarrollo Social,Heriberto Félix, visualiza como una magna obra: “Si se colocaran en hilera serían una carretera que uniera la ciudad de México con Buenos Aires, Argentina”, asegura.
Pero esa carretera tiene baches en el camino. En al menos ocho estados de la república se han denunciado una serie de irregularidades en dicho programa de gobierno que hablan de corrupción por licitaciones amañadas o simuladas y cobros indebidos, obras deficientes y de mala calidad, explotación de mano de obra, deudas con empresas constructoras y transportistas, uso electoral, retrasos en la colocación de pisos y esperanzas resquebrajadas. Esos estados son: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
El senador del PRI, Carlos Jiménez Macías, propuso en julio pasado un punto de acuerdo para que el jefe del Ejecutivo federal informara sobre los avances del programa, pues aseguró que falta poner “la mitad” de los pisos comprometidos y hay casos de su uso con fines electorales o para beneficiar a “funcionarios sin escrúpulos”, además de que en algunos estados no hay coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.
El director general del programa de Microrregiones de la Sedesol, Ricardo Pérez Schechtel, asegura que la meta planteada hace cinco años tiene un avance de 94% y que el próximo año se cubrirá la totalidad, pero que la demanda creció, puesto que hay viviendas nuevas con piso de tierra. Aseguró que todas las irregularidades son atendidas por la Sedesol y por contralorías ciudadanas, y que hasta la fecha no hay ningún funcionario de la dependencia sancionado por cometer alguna falta.
Este diario recorrió municipios pobres de Veracruz y Puebla para recabar testimonios de los beneficiarios que se dicen decepcionados por el programa, pero también de los que están satisfechos y de quienes todavía esperan su piso firme.
Para las familias de la zona serrana de Veracruz tener piso firme ha implicado endeudarse porque la empresa constructora les cobró el acarreo del material. Otras que colaboraron con la mano de obra nunca vieron el producto completo de su esfuerzo, pues de los 3 mil 600 pesos convenidos sólo recibieron 800. Otras tantas se quedaron con las ganas porque la constructora se negó a llegar a zonas de difícil acceso.
En Puebla, para algunas familias tener piso firme es todavía una realidad incierta porque hace un año personal de Sedesol acudió a sus casas para medir los pisos de tierra y proyectar las obras de cemento, pero se fueron con esos números y no han regresado.
El programa Piso Firme consiste en la sustitución de pisos de tierra por los de cemento. A cada vivienda se le coloca concreto en 70 metros cuadrados de la superficie de su casa, sobre todo en recámaras y cocina. La estrategia es operada por los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y hasta la fecha sólo el gobierno federal ha invertido alrededor de 2 mil millones de pesos, informó Pérez Schechtel.
Lluvia de reclamos
Veracruz, reporta el INEGI, es el estado del país que tiene más viviendas con piso de tierra. El censo del 2010 evidencia que la existencia de pisos de tierra se presenta en todo el país, pero sobre todo en cinco estados, que concentran 52.5% del total de viviendas en esa condición: Veracruz (14.7%), Chiapas (10.9%), Oaxaca (10.7%), Guerrero (9.1%) y Puebla (7.1%).
El programa de la Sedesol llegó a la Sierra de Zongolica, una región ubicada en el suroeste de Veracruz que concentra a los municipios nahuas más pobres del estado. La mayor parte de los habitantes se dedican a la siembra, al comercio y a la construcción.
Cada jueves, en la cabeza municipal de la Sierra de Zongolica, su presidenta municipal Irma Mezhua Campos se reúne con los habitantes de las zonas aledañas para atender sus peticiones. En cuanto este diario planteó el tema de Piso Firme en una de esas reuniones ciudadanas, comenzó la lluvia de quejas de al menos una docena de pobladores.
La presidenta municipal informó que este año en cuanto comenzó su administración hizo un balance del programa con los agentes y subagentes locales y encontró que, a pesar de que debió cubrirse la totalidad de viviendas en el 2010, aún quedan pendientes de colocación de piso de cemento 90 mil 821 metros cuadrados en las viviendas de 15 comunidades.
“El 14 de mayo del 2011 yo envié un oficio al delegado de la Sedesol, Abel Ignacio Cuevas, para preguntar cuándo se tenían programadas esas obras, y como no había recibido respuesta mandé otro oficio el 1 de junio, que tampoco ha sido respondido”, dijo Mezhua Campos.
Enseguida los habitantes dieron su testimonio. Los de El Mirador señalaron que la constructora fue a dejar grava, pero no hizo las obras y el material fue arrastrado por la lluvia. En 13 viviendas de Zacatlán Chico se cuartearon los pisos, lo mismo en el paraje Ajuyapa. En Tonalixco y en El Porvenir quedaron casas pendientes. En La Palma y Cuatepec ayudaron con el acarreo de material, pero no les pagó la constructora.
En entrevista, Carlos Amayo Calihua, agente municipal de Zomajapa, dijo que él trabajó en las faenas colocando pisos en su comunidad y con base en su experiencia pudo notar algunas anomalías. “Esos pisos son de mala calidad, no van a durar mucho porque emplearon poco material. Por cada 13 latas de grava usaron un bulto de cemento, cuando por lo regular se deben usar cuatro o cinco”.
Édgar Sánchez, agente municipal de Tlanecpaquila, comentó que en su comunidad de 150 familias que solicitaron el apoyo y que cumplían con los requisitos sólo 70 fueron beneficiadas. En este caso, aseguró, los pisos están bien hechos, pues la anterior autoridad local estuvo al pendiente de que se hiciera el trabajo de la mejor manera.
Beneficios
Este diario visitó la comunidad de Ejuitepec, en compañía del subagente municipal Raymundo Tlaxcala, para hablar con algunas familias que fueron beneficiadas con dicho programa desde hace un año.
Teresa Chiquisque tiene cuatro hijos que solían jugar en la tierra y para tener piso de cemento tuvo que pagar mil pesos para acarrear el material hasta su casa. “Tuve que pedir prestado, pero pues es que el piso nos ayuda mucho porque ya no se enloda en tiempos de lluvia y mis hijos pueden jugar”, dice.
María Alicia Oltehua Tizoc tiene suerte: no pagó nada para que acarrearan su material y le colocaron concreto en recámara y cocina. Su piso está limpio y en buenas condiciones, pero se quedó con una promesa incumplida que deja en condiciones precarias el resto de la estructura de su hogar, de lámina y madera: “Me prometieron que también iban a cambiarme muro y techo, pero no nos dijeron cuándo”.
Los habitantes de la Sierra Zongolica aseguraron que esas irregularidades las cometió la empresa constructora Josan. La Unión de Transportistas de la región Zongolica denunció que dicha compañía le quedó a deber alrededor de un millón de pesos por los trabajos de acarreo y que la empresa argumentó falta de liquidez. EL UNIVERSAL buscó a los representantes de la empresa para conocer su punto de vista, pero, según la encargada de compras, Karla Patricia, la constructora no trabajó en dichas comunidades.
El encargado de Microrregiones de la Sedesol, Ricardo Pérez, informó que la queja más recurrente en donde ha operado el gobierno federal es la cuarteadura en los pisos. “Eso depende muchas veces del tipo de suelo, si es arenoso, si hay filtraciones o desplazamientos de tierra, pero también por el uso de material de mala calidad”.
En espera
Atoyatempan está en las zonas más áridas y cálidas de Puebla. Es una área semiurbana donde el polvo y los alacranes abundan, pero el agua escasea. Aquí hace un año llegó una comitiva de la Sedesol federal para censar las casas que aún tienen piso de tierra y avisarles de los beneficios del programa que este año correspondería poner en marcha en esta región.
Damián Jiménez, vecino de la calle 4 poniente, tiene una porción de su casa con piso de tierra y es el lugar donde su esposa prepara los alimentos. “Da pena decirlo, pero vivir así acarrea muchos problemas, sobre todo de salud… yo tengo varias alergias y estoy tomando medicamentos todo el tiempo”.
El secretario general de la presidencia municipal, Fernando Larios, aseguró que sí se va a ejecutar el programa, pero que sólo falta que se liberen los recursos económicos.
En abril del 2007, un estudio de la Universidad de California en Berkeley, patrocinado por el Banco Mundial, constató que el programa de Piso Firme disminuye las afecciones de la piel y ayuda a reducir enfermedades como diarrea, hepatitis, parasitosis intestinal, salmonela y fiebre tifoidea.
Milenio/20 de Diciembre 2011
En Chiapas y Michoacán el costo de los servicios personales de sus gobiernos registró un crecimiento de 10.3 y 10 por ciento, respectivamente.
El costo del aparato burocrático en diversas entidades federativas del país registró un crecimiento más elevado que el del propio gobierno federal en los recientes años, revelaron cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la calificadora estadunidense Fitch.
De acuerdo con la información, el gasto de servicios personales de los 31 estados y el Distrito Federal presentó una tasa media de crecimiento anual de 5 por ciento durante el lapso 2003-2009, en contraste con 0.6 por ciento que significó en el gobierno federal, es decir, 8.3 veces más.
Sin embargo, varias entidades federativas estuvieron por arriba del crecimiento promedio de 5 por ciento, lo que evidencia los pocos esfuerzos por disminuir el costo de la nómina de sus trabajadores en los últimos años.
Los servicios personales se encuentran dentro del llamado gasto corriente y en el cual se consideran los costos de los sueldos, prestaciones y aportaciones de seguridad social, entre otros.
De 2003 a 2009, el costo de la burocracia para el gobierno de Quintana Roo presentó una tasa media de crecimiento anual de 15.6 por ciento, es decir, la más alta de todas las entidades federativas del país.
Eso quiere decir que en esa entidad sureña el costo de la burocracia presentó un ritmo de crecimiento tres veces mayor al promedio de las 32 entidades federativas y 26 veces más alto que el del gobierno federal.
En Chiapas y Michoacán el costo de los servicios personales de sus respectivos gobiernos presentó una tasa media anual de crecimiento de 10.3 y 10 por ciento, respectivamente.
Arriba del promedio estatal, otras entidades que también registraron una tasa de crecimiento elevada fueron San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Campeche, Guerrero, Colima, Coahuila, Puebla y Oaxaca.
Estado de México tuvo una tasa de crecimiento de 5 por ciento, es decir, en el promedio.
Morelos fue la única entidad del país que no registró alzas en ese gasto, sino, por el contrario, redujo los niveles en lo referente al costo de sus servicios personales.
Las diferentes calificadores y consultorías han manifestado que uno de los factores de riesgo en las entidades federativas es la tendencia creciente del gasto corriente y de capital, la cual continuará debido a las actuales presiones del gasto, así como a las generadas por las elecciones del próximo año.
Moody’s reconoció que algunos estados han mejorado la recaudación de ingresos propios, lo que hace que haya una convergencia respecto a sus gastos.
Sin embargo, añadió que “la falta de disciplina en el gasto neutralizará la tendencia positiva del ingreso y los estados seguirán registrando déficit moderado”.
Agregó que en 2010, año en que se realizaron varias elecciones estatales en el país, se observó que en esos periodos existe una menor disposición de los gobiernos de las entidades federativas para ajustar su gasto.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ha insistido en la necesidad de implantar medidas para limitar el gasto corriente y el de nómina por medio de una Ley General de Responsabilidad Hacendaria que involucre los tres niveles de gobierno.
Asimismo, el Imco consideró importante que las nóminas de la burócratas, el magisterio y las policías, entre otros, sean fáciles de identificar y se clasifiquen de igual forma en todos los estados, de forma que sea más transparente la ejecución de ese gasto.
Advierten especialistas que ataques a sedes de gobierno son una muestra de que las autoridades están rebasadas.
Reportaron que las obligaciones de bloqueo y sus detalles serán analizados para un desahogo puntual en el caso de casi 200 señales
El Universal/16 de Diciembre 2011
Entre los documentos que se encuentran reservados están bases de datos elaboradas por la Presidencia, encuestas, cifras relacionadas con el crimen organizado y documentos económicos y financieros
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son las dependencias que más expedientes han reservado, al tener en promedio 500 mil documentos sin que se puedan dar a conocer.
De manera contraria, la Presidencia cuenta con 337 expedientes reservados.
El gobierno federal mantiene en reserva 7 millones 721 mil expedientes que las más de 240 dependencias del gobierno federal han clasificado y que no se podrán conocer hasta que concluya el actual sexenio —en el mejor de los casos— o hasta 2024.
De acuerdo con el Índice de Expedientes Reservados, las dependencias reservan bajo criterios distintos información que va desde bases de datos como los elaborados por la Presidencia de la República hasta encuestas, cifras relacionadas con el crimen organizado y documentos económicos y financieros.
Sólo la PGR, a través de su Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, tiene reservados 651 expedientes que incluyen averiguaciones previas y que varios de estos expedientes comenzaron a clasificarse en 2005 y otras que se clasificaron en 2006, y cuyo periodo de apertura será en 12 años más, es decir, se podrán conocer en 2018.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuenta con mil 420 expedientes clasificados como reservados sólo de la Delegación del Valle de México, que datan de 2004 y cuyo periodo de reserva concluirá en 2016.
Aunque es un derecho de los ciudadanos el presentar quejas ante la Profepa, para participar en la defensa y conservación del ambiente, los mismos ciudadanos no pueden conocer los expedientes de estas quejas que fueron presentadas hasta 12 años después.
El expediente con las actuales “Políticas de Seguridad y Protección en Telecomunicaciones de México” y que emite Telecomunicaciones, no se podrán conocer hasta 2020, según la Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia, que reservó dicho documento en 2008.
La clasificación
Los documentos son reservados por dos vías: En el momento de elaborarlos por parte del gobierno federal o porque al solicitarse vía Ley de Transparencia se determina reservar el documento.
Antes de que existiera la ley, es decir, antes de 2002, no existía la clasificación de documentos porque ni siquiera se tenía acceso a ellos.
Sin embargo, a pesar de que ya pasaron casi 10 años de que exista la Ley de Transparencia, hay documentos de sexenios anteriores que siguen siendo clasificados como reservados, como la averiguación previa iniciada por la PGR para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Excélsior/16 de Diciembre 2011
Sergio García Ramírez, Lorenzo Córdova y María Marván fueron designados luego de casi 14 meses en la Cámara de Diputados
María Marván Laborde, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdova Vianello rindieron protesta como consejeros del IFE en una sesión extraordinaria en la que externaron que las elecciones se desarrollarán en un escenario “preocupante” y con una confianza en el IFE “mermada”.
Al darles la bienvenida, el consejero presidente Leonardo Valdés comentó que durante los 14 meses que estuvo incompleto el Consejo General, el Instituto cumplió y probó que es una entidad fuerte.
En el marco de la llegada de los nuevos consejeros, el consejero Marco Baños comentó que tendrán que revisar si sus oficinas renuncian a los 150 mil pesos extras mensuales que recibieron a partir de noviembre por la carga de trabajo, aunque dijo no estar seguro de que se deban cancelar esos recursos, debido a que cuentan con equipos de trabajo reducido y la carga seguirá incrementándose.
Después de su toma de protesta, la consejera María Marván aseguró que todos los mexicanos tienen el reto de “relegitimar” nuestro sistema electoral. Agregó que “esta tarea se plantea compleja, las condiciones en que se desarrollarán los comicios son por decir lo menos, preocupantes; el escenario para el IFE no es distinto, en el proceso electoral que ya empezó se administrará una elección presidencial en el marco de las nuevas reglas impuestas por la reforma electoral 2007-2008 con inéditas obligaciones, otorgadas a la autoridad electoral”.
En tanto, el consejero Lorenzo Córdova señaló que “el proceso electoral en curso es la prueba del ácido definitiva de las nuevas normas introducidas por la reforma 2007-2008; éstas son las primeras elecciones generales que se desarrollan con las nuevas reglas y la importancia de que el órgano encargado de instrumentarlas estuviera debidamente integrado es vital.”
Añadió que “para nadie es un secreto que la confianza en el Instituto se ha visto mermada y que es indispensable una actuación que apueste por reconquistar el terreno perdido. Se ha avanzado pero todavía hay trecho por andar. Creo que la mejor manera de avanzar en ese sentido es mediante un apego a la Ley, sus principios y objetivos, sin estridencia y sobreactuaciones, pero sin claudicar en aplicarla en sus términos y sin flaquezas”.
Por su parte, el consejero Sergio García Ramírez expresó que “estamos en una etapa de una larga marcha de un esfuerzo infinito y profundo de la nación mexicana y sus instituciones para el perfeccionamiento de su democracia, no sólo de la electoral sino de la democracia integral. Esto es prenda de esta democracia integral entendida como una forma de vida, como un sistema de vida.”
En su mensaje de bienvenida a los nuevos funcionarios y el agradecimiento a todos los demás consejeros por su esfuerzo de los pasados 14 meses, Leonardo Valdés apuntó que “el acuerdo al que llegaron los diputados para nombrar como consejeros electorales, en ejercicio de su facultad exclusiva, a la doctora María Marván Laborde, al doctor Sergio García Ramírez y al doctor Lorenzo Córdova Vianello, debe verse como un refrendo de los grupos parlamentarios para contribuir al Estado de derecho”.
Milenio/15 de Diciembre 2011
Modifican régimen de fuerzas armadas; las viudas recibirán 10 mil pesos de pensión.
En una sesión en la que dio trámite a 65 dictámenes, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para beneficiar a las familias de los marinos y militares caídos en la lucha contra el crimen, al disminuir el tiempo necesario de 10 a 6 años para recibir pensión y fijar en un mínimo de 10 mil pesos las remuneraciones.
Como cada año, el Senado dejó para el último la discusión de decenas de dictámenes, entre leyes y reformas a la Constitución, recibió ocho iniciativas, turnó cinco proposiciones y tramitó nueve dictámenes más sin firmas.
Aprobó reformas en materia de salud, de educación, planeación, expropiación, medio ambiente, aeropuertos, derechos de autor y contra la piratería, así como al régimen de seguridad social de las fuerzas armadas, que se modificó para que la viudas o viudos de aquellos militares caídos en el cumplimiento de su deber tengan una pensión mínima de 10 mil pesos; los cónyuges pensionados del personal fallecido también podrán acceder a créditos, mientras que los militares incapacitados tendrán derecho a haber de retiro, “siempre y cuando hayan constituido depósitos a su favor, sin importar los años de servicio”.
Entre los cambios aprobados, y que fueron turnados a la Cámara de Diputados, se contempla además la reducción de 10 a 6 años para el otorgamiento del crédito hipotecario a los militares que se encuentren en activo.
La modificación en la seguridad social a los militares también facilita la acreditación de los hijos, al definir que se podrá afiliar a los hijos menores del personal militar con la sola presentación de la copia certificada del acta de nacimiento del menor que se trate o por mandamiento judicial sin más trámite alguno.
En el caso de la piratería, el Senado aprobó la minuta enviada por los diputados con la que se faculta a los agentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a filmar, fotografiar y presentar esas pruebas contra quienes cometan ese delito; asimismo, se aprobó elevar las sanciones que podrían ser de hasta 2 millones 480 mil pesos.
En reformas constitucionales en materia de límites, el Senado renuncia a su facultad de dirimir conflictos entre entidades y las transfiere por completo a la Suprema Corte.
El Senado, además, modifica su Ley Orgánica para crear el Centro de Estudios Internacionales del Senado.
Reforma/15 de Diciembre 2011
Eligen hoy diputados a tres consejeros. Llevan al pleno propuesta acordada por coordinadores de la Cámara baja
La Cámara de Diputados elegirá hoy jueves a tres consejeros para el Instituto Federal Electoral (IFE), luego de casi 14 meses de retraso debido a la falta de acuerdo entre los legisladores.
Al filo de las 10:00 horas se presentará la propuesta de terna formada por Sergio García Ramírez, ex Procurador General de la República y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; María Marván, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), y Lorenzo Córdova Vianello, doctor en Teoría Política, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pese a que la Junta de Coordinación Política (JCP) se negó a dar a conocer la terna, diputados consultados confirmaron que hasta la tarde de ayer esos eran los nombres que se propondrán al pleno y que generarán consenso entre los grupos parlamentarios. Aunque Clara Jusidman estaba considerada en la terna, ella declinó el ofrecimiento de la JCP por tener otros proyectos. Así surgió el nombre de María Marván, quien en diciembre de 2007 participó en el primer proceso de selección de consejeros electorales, pero declinó continuar después de que diputados del PRD y Convergencia impugnaron su postulación. La candidatura de García Ramírez siguió firme pese a los señalamientos de su ex esposa -la mañana de ayer en el noticiero de Carmen Aristegui-, quien lo acusó de ser violento y "desobligado" por no cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos. El presidente de la JCP, Armando Ríos Piter, dijo que tales acusaciones son un asunto personal y responde a la versión de sólo una de las partes. "Caer en una cuestión personal, en la cual no media ningún tipo de definición jurídica, porque no hay ningún tribunal que intervenga en esta situación, sería caer en un asunto de lavadero en la política", dijo el perredista. Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, consideró que los asuntos personales no pueden ser materia en la definición de la terna. "Hoy lo que queremos son nombres con prestigio académico, intelectual, con prestigio que le dé sustento a una trayectoria, que sepa el tema electoral y que venga a darle tranquilidad y estabilidad al IFE. "El otro ámbito es especulativo, no sabemos si sucedió o no, son del ámbito privado", afirmó. El diputado Jaime Cárdenas, del PT, quien presentó ante el Tribunal Electoral un juicio con el que alegó que se afectan sus derechos porque la Cámara le impedía votar por consejeros electorales, avaló el perfil de la terna. El tribunal le dio la razón y emplazó a la Cámara a elegir a los consejeros antes del inicio de las precampañas, el 18 de diciembre. "Creo que es una magnífica propuesta, le dará al IFE el nivel de credibilidad que necesita en estos momentos", dijo el también ex consejero electoral. Opinó que los perfiles darán fortaleza al IFE para conducir el proceso presidencial de 2012 y que son personas de renombre que no se permitirían actuar bajo consigna de partidos.
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SENADO DEVUELVE LA REFORMA POLÍTICA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PVEMEl Sol de México/14 de Diciembre 2011
El Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general y los artículos no reservados el dictamen de reforma política, y hoy mismo devolvió a la Cámara de Diputados con modificaciones la minuta, en la que insiste en su propuesta original de reelección de legisladores, reconducción presupuestal y veto del Presidente de la República al Presupuesto de Egresos, consulta popular y candidaturas independientes, que eliminó la colegisladora. Rsolvieron que en caso de que los diputados no acepten las modificaciones hechas, autorizan a la Cámara de Diputados a remitir a las legislaturas de los estados aquellos artículos que fueron votados por ambas cámaras, a fin de que continúe el proceso de reforma constitucional. Esto en base a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y evitar cambios importantes, que a su juicio amplían los derechos ciudadanos, como las candidaturas independientes en comicios posteriores al 2012. Los nueve temas avalados por las dos cámaras son: el derecho ciudadano a ser nombrado a cargos públicos, iniciativa ciudadana federal y local, obligación del ciudadano a participar en consulta popular, iniciativa preferente del Presidente, facultad del Congreso de legislar en consulta popular e iniciativa ciudadana. Serán enviados los relativos al plazo de revisión de la cuenta pública, ratificación de parte del Senado de integrantes de órganos reguladores, facultad de convocatoria de la Permanente a sesión extraordinaria para sustitución presidencial y sustitución del Presidente electo por falta absoluta. Acordaron allanarse a las modificaciones de la colegisladora sobre candidaturas independientes, requisito de porcentaje de iniciativa ciudadana, facultad del Congreso de conceder licencia al titular del Ejecutivo y constituirse en colegio electoral para designar Presidente interino o sustituto, así como la prohibición de volver a desempeñar dicho cargo. Están de acuerdo en la sustitución presidencial por falta absoluta y por licencia hasta por 60 días naturales y la protesta del Ejecutivo ante las mesas directivas del Congreso o ante el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aceptaron los cambios a la cláusula de sobrerepresentación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eliminación de reelección en ayuntamientos y a artículos transitorios para que en el plazo de un año el Congreso, legislaturas locales y ALDF adecuen su legislación secundaria. En la discusión de los artículos reservados en lo particular, se desecho con 51 votos a favor y 28 en contra, al no alcanzar el sufragio de las dos terceras partes, la modificación al artículo 115 constitucional, con lo que se rechazó la reelección de los alcaldes. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Melquiades Morales Flores, destacó que la reforma política aprobada por el Senado tiene como eje rector la ampliación de derechos ciudadanos, la actualización de disposiciones constitucionales obsoletas y el equilibrio y colaboración entre los poderes de la Unión. El senador priísta dijo que también se solicita a la colegisladora establecer la base Constitucional para la reconducción presupuestal, a fin de otorgar certidumbre y confianza a la sociedad, los contribuyentes, la economía en su conjunto y a la adecuada marcha de las instituciones y poderes del Estado. Los senadores respaldaron la pertinencia de aprobar una reforma que "zanje el litigio interpretativo en torno a la facultad de veto del Ejecutivo federal sobre el presupuesto de egresos de la Federación". Por el PAN, Alejandro Zapata Perogordo expresó que en el Senado "se hizo un enorme esfuerzo por avanzar" en la transformación y modernización del sistema político, para fortalecer la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con la sociedad, pero "nunca creímos que la Cámara de Diputados iba a rechazar esas alternativas". El titular de la Comisión de Estudios Legislativos dijo que se pretende ampliar los derechos políticos de los ciudadanos para que participaran de forma más activa con mecanismos como las candidaturas independientes, "pero lamentablemente" la Cámara de Diputados cambió los planteado originalmente por los senadores. El senador del PRD, Pablo Gómez Álvarez, consideró que la minuta de Reforma Política aprobada hoy por el Pleno del Senado, no garantiza un sistema político que propicie un país democrático, de transparencia y garante de derechos ciudadanos, sino una "comedia de equivocaciones que no reforma el sistema político. "Se trata de una miscelánea y no una reforma del sistema político de la Constitución que nos dote de un andamiaje institucional nuevo más democrático de una República participativa, de una transparencia de la acción de los poderes públicos y de unos nuevos derechos para los ciudadanos", indicó. Consideró que la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión contiene tres avances importantes para el desarrollo del sistema político mexicano.
El Universal/13 de Noviembre 2011
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó que el cártel de Los Zetas ha incrementado el número de plagios de especialistas en comunicaciones con el objetivo de que operen sus redes. A la fecha, señaló, hay 11 técnicos desaparecidos y dos han sido hallados sin vida en los últimos años
El cártel de Los Zetas ha centrado sus secuestros en personal especializado para que operen sus redes de comunicaciones, por lo que en a la fecha han sido privados de su libertad 13 técnicos de redes privadas de telecomunicaciones, 11 de los cuales siguen desaparecidos y dos han aparecido muertos en los últimos dos años, indica información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
Sin embargo, indica, los cárteles mexicanos ha desarrollado redes en diferentes estados contratando a recién graduados de universidades o escuelas técnicas a través de abogados o falsas empresas que les ofrecen pagos mensuales superiores a los 10 mil pesos, por trabajar incluso desde sus casas, en presuntos proyectos relacionados con videojuegos, construcción de redes internas de compañías, hackear páginas, intervención de comunicaciones, accesos remotos, robo de identidad, entre otras actividades.
El perfil de los técnicos que son reclutados, menciona la DEA, tiene una marcada diferencia con los técnicos en comunicaciones que han sido secuestrados en México y en la frontera, pues éstos son profesionales con experiencia probada, especializados en un área, cuentan con contactos así como acceso a zonas específicas de las empresas en las que laboraban.
Hasta ahora, refiere la información, sólo dos de los 13 técnicos secuestrados han sido encontrados, pero sin vida, mientras que sus familiares recibieron amenazas de muerte tanto en el caso de que dieran parte a las autoridades como por intentar establecer cualquier contacto, incluyendo la contratación de detectives o empresas especializadas en negociaciones.
La DEA no establece relación directa entre los secuestros de los técnicos y las redes de antenas de repetición que han sido instaladas en Veracruz, y Tamaulipas, así como tampoco ubica alguna relación entre el desmantelamiento de las mismas por parte de las fuerzas armadas y el asesinato de los técnicos encontrados.
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Sin embargo, el documento refiere que aún cuando los antenas desmanteladas no son sofisticadas y en la mayoría de los casos son equipos comerciales, y la ubicación de las mismas puede ser por espejo de otras que operan legalmente en ubicaciones altas, los cárteles requieren o tienen la idea de que necesitan técnicos para el mantenimiento de las redes que han construido, pero no blindado.
Las antenas, precisa la información, operan como enlaces o repetidoras, pero aún con el equipo que cuentan y los mecanismos de encriptamiento que han adoptado algunas organizaciones del narcotráfico, tanto las autoridades federales mexicanas como el gobierno de Estados Unidos han podido accesar a sus comunicaciones.
“La mayoría de los técnicos secuestrados por los cárteles mexicanos están relacionados con comunicaciones móviles, vía radio o celulares, eso nos centra en un perfil específico y en lo necesario que resultan para ellos este tipo de especialistas”, apunta el informe de la DEA.
Milenio/13 de Noviembre 2011
De 12 mil 459 mdp en 2006 este año se disparó a 41 mil 395 mdp, según el Imco
Los gobiernos municipales prefieren endeudarse con la banca en lugar de hacer más eficiente el cobro de impuestos, lo cual genera una mayor desconfianza entre la población, además de impactar en las prestaciones sociales que percibe la ciudadanía.
Así lo afirmó Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expuso que la deuda de los municipios se ha incrementado 232 por ciento en los últimos cinco años, al pasar de 12 mil 459.45 millones de pesos en 2005 a más de 41 mil 395.55 millones a septiembre de 2011.
En reunión con medios, Pardinas expuso que hay gobiernos subnacionales en los que tendrán que pasar cinco administraciones para pagar una deuda que se adquirió en los últimos tres años.
Destacó que los municipios más endeudados son Mexicali y Tijuana, en Baja California; Toluca, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan, en el Estado de México; Morelia, Michoacán, y Monterrey, Nuevo León.
“No queremos satanizar la deuda pública, ya que es una herramienta que tiene a su disposición el municipio y puede ser un elemento clave para impulsar la inversión en infraestructura, para construir ciudades más competitivas con mejor calidad de vida para los ciudadanos”, añadió.
Sin embargo, comentó que es muy preocupante que estas tendencias de incremento en deuda no vengan acompañada de mayores niveles de transparencia.
“Por ejemplo, el municipio de Cuernavaca, Morelos, tiene una deuda de 618 millones de pesos a septiembre de 2011, y por habitante es de mil 693 pesos. Vemos crecimiento ya que en 2009, el total de los municipios del estado de Morelos debían 346 millones de pesos y ahora se registra por los mil 887 millones, crecimiento de 546 por ciento en un lapso de tres años.
“Morelos está muy cerca del DF y muchos pasamos por ahí, ¿qué infraestructura nueva hay en los municipios morelenses que nos puedan justificar estas tasas de crecimiento, es algo que preocupa?”, indicó.
De manera puntual, la deuda de Mexicali asciende a 3 mil 367 millones de pesos, lo cual corresponde a 25 por ciento de su presupuesto; en tanto que Tijuana tiene una deuda por 3 mil 887 millones de pesos, que corresponde a 9 por ciento de su presupuesto.
Toluca debe 2 mil 829 millones de pesos, Tlalnepantla 2 mil 568 millones de pesos, Atizapán 2 mil 279 millones de pesos, Huixquilucan debe mil 316 millones de pesos, Morelia mil 145 millones de pesos, Monterrey, 3 mil 512 millones de pesos.
“Es un crecimiento importante y que hay que explicar por qué los municipios están comenzando a endeudarse más, no es una cifra que ponga en riesgo la estabilidad macro, es una cifra manejable.
Excélsior/8 de Diciembre 2011
El subsecretario de Estados Unidos Todd Robinson reconoce que agentes infiltraron el sistema financiero mexicano
Todd Robinson, subsecretario adjunto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno de Estados Unidos, reconoció que agentes de su país sí infiltraron el sistema financiero mexicano para investigar el flujo de lavado de dinero hacia México.
Entrevistado en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), a donde el funcionario estadunidense acudió a revisar la aplicación de los recursos en materia educativa en el marco de la Iniciativa Mérida, dijo que México y Estados Unidos seguirán trabajando para combatir a las organizaciones criminales. Ante la pregunta acerca de si agentes de Estados Unidos han estado lavando dinero en México y si éstas son operaciones encubiertas o forman parte de una estrategia, el funcionario respondió que "se van a usar todas las herramientas que podamos para luchar contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos". El tema de la infiltración de agentes de ese país en el sistema financiero mexicano para investigar los flujos de lavado de dinero causó gran polémica, luego de que The New York Times publicó que el gobierno de Barack Obama no sólo ha implantado estrategias de infiltración en el flujo de armas, como el operativo Rápido y Furioso, sino también de agentes de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que lavan dinero de cárteles mexicanos para identificar a miembros de esos grupos delincuenciales. Entrevistado luego de un recorrido por el Inacipe, Robinson reiteró que los gobiernos de ambos países trabajan en acciones coordinadas para combatir al crimen organizado y a los cárteles de la droga. "Tenemos muchos programas y muchas maneras de colaborar con el gobierno mexicano; somos socios en esta lucha contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos, y vamos a continuar la colaboración. Son buenos socios y vamos a continuar con esto", señaló. El domingo pasado, el influyente periódico estadunidense reveló que la DEA colabora con los cárteles del narcotráfico de México para lavar el dinero procedente de la venta de narcóticos en territorio estadunidense. The New York Times reveló que la DEA ayuda a los narcotraficantes a introducir a México cantidades desconocidas de millones de dólares. "Agentes antinarcóticos estadunidenses encubiertos han lavado o traficado millones de dólares procedentes de la venta de drogas, como parte del creciente papel de Washington en la lucha contra los cárteles en México", supuestamente, bajo el argumento de detectar e identificar las estrategias que usan los narcotraficantes para lavar dinero, asegura el reportaje firmado por Ginger Thompson, cuya base son declaraciones de agentes y ex agentes de la DEA que permanecen en el anonimato. Además el reportaje resalta que los agentes de la DEA "han manejado cargamentos de miles de dólares para su cruce fronterizo" e incluso depositan el dinero en las cuentas que les designan los mismos narcotraficantes o en otras creadas por las autoridades del gobierno de Obama.