Los atentados contra funcionarios y ataques a oficinas de Gobierno van al alza. Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) revela que los homicidios de servidores públicos han ido en aumento desde 2007, año en que se reportaron 274; en 2008, se registraron 384; un año después, 528, y en 2010, la cifra alcanzó los 625. Mientras tanto, los ataques contra sedes de gobierno también se han incrementado considerablemente. En 2010, se reportaron 26, y hasta agosto del 2011, se habían contabilizado 105. Los atentados se han registrado con armas de fuego de alto poder, granadas de fragmentación y artefactos explosivos, principalmente en los estados de Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo. Uno de las agresiones más cruentas se registró en Zitácuaro, Michoacán, en julio de 2009. Al menos siete sicarios fueron captados por una cámara del Gobierno del estado mientras atacaba con rifles de alto poder y granadas un cuartel de la Policía Federal. A unos metros del lugar, dos federales -quienes se encontraban a bordo de una patrulla- quedaron abatidos por los delincuentes. En julio pasado, sicarios armados con con fusiles, granadas y una Barret, atacaron el edificio donde dormían 30 agente federales y el inspector de la Policía Federal, en La Piedad, Michoacán. Tras la refriega, las autoridades encontraron en el área más de 5 mil 400 casquillos de diversos calibres y dos granadas sin detonar. Apenas en septiembre, miembros del crimen organizado atacaron con granadas de fragmentación y fusiles de asalto tres sedes policiacas en Monterrey: el cuartel de Seguridad Pública de Nuevo León, en la Zona Norte; la delegación poniente de esa misma corporación, y la caseta de vigilancia de la Policía Regia. De acuerdo con la PGR es urgente reforzar las instalaciones de nueve delegaciones, 13 subsedes, el Centro de Mando Inteligente (CMI-C4) y la Unidad de Explosivos y Narcóticos. La PGR planea invertir para el 2012 cerca de 50 millones de pesos para la adquisición de sofisticados equipos de vigilancia, sistemas de control de accesos y equipos de inspección, pues en el informe se concluye que los atentados, sabotajes y espionaje contra instalaciones estratégicas por parte de la delincuencia organizada, grupos subversivos, guerrilleros y de agencias de contrainteligencia clandestinas han repuntado en los últimos años. "El número de ataques y atentados a instalaciones e inmuebles de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, con materiales explosivos, ha crecido en el último año; como ejemplo podemos mencionar los casos de los coches bomba, en los municipios de Ciudad Juárez, Reynosa Tamaulipas y recientemente en Pachuca, actos que lamentablemente por su magnitud, han cobrado la vida a servidores públicos de otros órdenes de gobierno. "(...) Derivado de lo anterior, es necesario que la PGR se fortalezca a través de sus unidades encargadas de la seguridad institucional, a fin de que cuenten con equipos y sistemas especializados para la vigilancia y monitoreo en este caso en las Delegaciones y Subsedes Estatales, así como para prevenir y evitar en todo momento posibles intrusiones de agentes químicos, artefactos explosivos, narcóticos o cualquier otro tipo de arma, o dispositivo electrónico, que ponga en riesgo la vida del personal", se lee en el informe base para el establecimiento del programa de la Dirección General de Seguridad Institucional de la Procuraduría. Advierten aumento de violencia Expertos en seguridad pública coincidieron en que los ataques del crimen organizado a sedes gubernamentales y a servidores públicos de los tres niveles de gobierno son una muestra de que las autoridades han sido rebasadas y advirtieron que esa violencia se va a incrementar en pleno año electoral. "Es mucho más sensible una baja de un mando medio o superior que un policía, un soldado o un marino, por eso su estrategia es lógica", consideró Ghaleb Krame, académico especialista en temas de seguridad y terrorismo. "El próximo año va a subir ejemplarmente la violencia, el número de muertes va a ser directamente proporcional al número de votantes en cada estado", expuso. Pedro Peñaloza, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal de la UNAM, advirtió que la delincuencia ataca a las instituciones para vulnerarlas en la medida en que se perciben como instituciones demasiado frágiles. "Demasiado fáciles de atacar y es lo que estamos viendo. En el caso de los presidentes municipales es un caso altamente emblemático porque nunca en la historia de México habíamos tenido tal cantidad de asesinatos contra presidentes municipales", indicó. "El mensaje que nos están diciendo es que hay una fragmentación social creciente que hace que los funcionarios se conviertan en blancos fáciles y muy accesibles para una sociedad que está viviendo un proceso de descomposición creciente, ese es el contexto en que hay que entender esto, si no lo vemos así vamos a hacer una visión simplemente parcial". Krame añadió, por su parte, que los ataques también representan un reto a la autoridad para demostrar su poder de fuego. "Debilitados no están, ni mermados, eso es un falacia que se vende a nivel nacional. Tienen mejores o las mismas granadas que la autoridad", expresó el investigador de la Universidad Alliant International University, campus México. Para ambos académicos blindar las sedes gubernamentales con mejores equipos no es garantía de seguridad. "Es un absurdo cómo reaccionan las autoridades, reaccionan típicamente como lo hacían hace más de un siglo los duques y los reyes, ponían cocodrilos alrededor de sus castillos y creían que con eso la plebe no podían atacarlos ni tener acceso a ellos. Al final del día los funcionarios van a tener que salir de las instalaciones", indicó Peñaloza. "Lamentablemente la autoridad requiere de territorios fijos para operar, como cuarteles, delegaciones o centros de mando, ellos tienen la ventaja de cambiar sus casas de seguridad, laboratorios o escondites", agregó Krame.