Simulación la que hacen algunos actores cuando señalan a los otros y se les olvida lo que hacen ellos. Fue el historiador británico, Lord Acton, quien afirmó, “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

México, D. F., a 26 de febrero de 2015

Compañeras y  compañeros,

Simulación la que hacen algunos actores cuando señalan a los otros y se les olvida lo que hacen ellos. Fue el historiador británico, Lord Acton, quien afirmó, “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

El servicio público es parte del ejercicio del poder, y tiene como base la atención a la “cosa pública”. Lamentablemente, hace tiempo que la cosa pública es vista, por algunos, como la posibilidad de enriquecimiento personal.

Es necesario atajar, limitar, impedir cualquier indicio o posibilidad para que los servidores públicos y los particulares se corrompan, por qué tenemos que hacerlo, evidentemente por sentido moral y ético, en primer lugar; por la defensa de los intereses de la mayoría por encima de los intereses particulares; por la posibilidad de que las leyes no se violen y garanticen la existencia del pacto político, económico y social que nos alberga a todos y porque no debemos fracasar en la construcción de una nación libre e igualitaria.

El Diccionario de Alonso define “corromper” como: “Alterar y trastocar la forma de una cosa”; “sobornar o cohechar a un juez o cualquier persona con dádivas o de otra manera”; y también como “Echar a perder, dañar o podrir”

La corrupción oscurece la función pública, la confianza de la cosa pública. No está de más recordarlo, la corrupción reduce la productividad, como ya lo han dicho otros compañeros que me han antecedido en la palabra; incrementa los gastos del Estado, reduce la calidad de las obras e infraestructura, disminuye los ingresos del gobierno, distorsiona los incentivos de la política y el servicio público, reduce la inversión, distorsiona el papel del Estado como garante de los derechos de propiedad y del cumplimiento de contratos y, sobre todo, impone un “impuesto” arbitrario a la sociedad.

Cito a Federico Reyes Heroles: “la corrupción es un impuesto altamente regresivo, un impuesto que vuelve más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”.

El dictamen que fue elaborado con toda eficiencia y eficacia por la Comisión de Puntos Constitucionales es un conjunto de reformas a la Constitución de forma profunda. En cada una de estas reformas hay un objetivo fundamental: la reconstrucción de la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

Este debate y su resultado positivo iniciaron el 12 de noviembre de 2012, cuando nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso de la Unión, la iniciativa de anticorrupción que corresponde a los “Compromisos por México”.

En ese entonces, que no se les olvide, fue PAN, PRI, PRD y PVEM quienes suscribimos la modificación a los artículos 21, 73, 76, 89, 102, 105, 111 y 134, que establecían dar vida a la Comisión Nacional Anticorrupción y, entre otras cosas, facultaba al Congreso para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Delitos de Corrupción y contra el Patrimonio Público.

El dictamen que hoy se presenta advierte puntos clave para el combate a la corrupción: constituye un sistema nacional capaz de coordinar acciones preventivas a nivel nacional, estatal y municipal, y obliga a que las entidades federativas cuenten con sistemas homólogos; tiene instituciones bases para su acción, un Comité Coordinador –donde se integra también a la sociedad civil-, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoria Superior de la Federación –a la que se fortalece y amplían facultades-, la Secretaría de la Función Pública -que será ratificado su nombramiento por el Senado-, órganos de control interno en los entes públicos antes denominadas contralorías; y la Fiscalía Especial Anticorrupción, que será nombrada por el Senado de la República.

Compañeras y compañeros, es necesario recalcar aquí la importancia del incremento de las facultades de la Auditoria Superior de la Federación porque con ello se robustece la función del control del Poder Legislativo; es decir, garantizamos un mayor equilibrio de poderes.

También define claramente las sanciones que se impondrán a servidores públicos y particulares que se hayan enriquecido o se estén enriqueciendo ilícitamente con la corrupción; define sanciones a los particulares que intervengan en actos de corrupción con sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcir  el daño y prejuicio ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales.

Es decir, no habrá más impunidad como la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, no más Gobernadores impunes que se roban el erario público y que no están en la cárcel.

El 14 de diciembre de 2005, entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de Mérida, cuyos ejes fueron suscritos por el Estado mexicano. Dicha convención señaló, entre sus principales puntos, que los Estados suscribientes deberían crear órganos de prevención de la corrupción, otorgar al órgano la independencia necesaria para desempeñar sus funciones, crear sistemas eficaces de gestión de riesgos y control interno, y crear autoridades especializadas en la lucha contra la corrupción.

Compañeras y  compañeros, el Sistema Nacional Anticorrupción que hoy aprobaremos integra estas directrices, pero sobre todo, contempla las propuestas de la sociedad civil a quienes debemos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por la insistencia de que se aprobara este sistema anticorrupción.

Al aprobar esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión toma dos decisiones sustanciales, por una parte, define su posición moral y ética a favor de la construcción de normas e instituciones que aseguren que el servicio público sea un servicio para el beneficio de las mayorías; y, por otra, afirma que el Estado mexicano fortalece los sistemas preventivos para lograr una democracia verdadera con instituciones fortalecidas con confianza.

Quienes vamos a votar a favor de este dictamen, incluida nuestra fracción parlamentaria, por supuesto, del Partido Verde Ecologista de México estamos con una clara posición política, ética y moral respecto a lo que se requiere reconstruir en nuestro país.

Compañeras y compañeros, no hay simulaciones, ningún color de partidos tenemos posibilidades de decir que no hemos tenido o enfrentado conflictos al interior de nuestros gobiernos, eso es lo que queremos evitar con este sistema anticorrupción.

No menospreciemos los acuerdos que hemos construido, si bien es cierto, en muchas legislaturas se han propuesto iniciativas como estas; es hoy, con voluntad política de la mayoría que integra esta Legislatura la que ha logrado aprobar las importantes reformas que van a reconstruir a nuestra nación.

Desde los momentos coyunturales que vivimos, no cejemos en nuestra voluntad de seguir creando un Estado libre y soberano, crear un Estado mexicano que sea ejemplo del mundo. No podemos permitir que nadie, aquí en esta Tribuna, venga a disminuir lo que el Poder Legislativo ha logrado a nivel federal, a nivel nacional y sobre todo para la democracia de nuestro país.

Muchas gracias.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO