México, D. F., a 22 de octubre de 2013

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DEL DIPUTADO FELIPE ARTURO CAMARENA GARCÍA, RELATIVO A LA MINUTA QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con la venia de la Asamblea:

La confianza pública como factor de credibilidad es muy útil, tanto para la legitimación política, como para los rendimientos, por eso, todos los sectores del Estado y de la sociedad civil recibieron con agrado en el año 2009, la noticia de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, imponía a los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno en el país la obligación de certificarse.

Sin embargo, el camino ha sido sinuoso, pues se han presentado infinidad de problemas para cumplir cabalmente con el objetivo planteado.

En este contexto y con la única finalidad de no violentar la propia norma publicada en enero de 2009, es que se vuelve determinante prorrogar el tiempo límite que hasta el día de hoy está mencionado en el decreto, en el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

Es necesario prorrogar el término de la certificación, de lo contrario, se producirían escenarios nada propicios para la sociedad como la destitución de varios elementos que no hayan sido certificado aún por razones ajenas a ellos mismos, o bien; podría presentarse la triste opción de sustituir o cesar a varios elementos de seguridad pública sin causa justa o legitimada, cometiéndose así una vulneración a los derechos laborales y humanos de los mismos.

Todo lo anterior sin detenernos a explicar las consecuencias económicas producidas en las familias de los guardianes del orden al verse desplazados de su empleo.

Si bien es cierto que no pueden soslayarse los avances que se han venido presentando en materia de seguridad pública, también debemos reconocer que estos aún no resultan suficientes para revertir por completo el grave problema de la inseguridad por el cual atraviesa nuestro país.

Por lo anterior, la bancada del Partido Verde Ecologista de México, expresa su postura a favor de ampliar el lapso de la certificación, ya que estamos convencidos de que los procesos de esta naturaleza, tan determinantes del orden público, deben ser llevados a cabo con prudencia y profesionalismo y, no permitir que la premura señale los tiempos pasando por alto los estudios meticulosos a los cuales deben someterse todos los guardianes del orden.

En este sentido, consideramos que el plazo de doce meses que se propone es propicio para asegurar, en todos los niveles federales y en todas las entidades federativas, una certificación eficiente.

Compañeros y compañeras, las autoridades ejecutivas no deben dilatar más el proceso, es hora de avocarse con disposición y compromiso para la obtención de la certificación respectiva, pues una nueva postergación solamente dejaría ver la debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país, lo cual seguramente sería recibido con desagrado por parte de la población.

Recordemos que la seguridad pública es uno de los elementos fundamentales del orden público, por lo cual este tema no puede tomarse a la ligera, pues se está hablando de todos quienes exponen su vida por preservar un estado de paz y tranquilidad para los ciudadanos, que les permita a estos desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente.

Es hora de ser conscientes y sensibles de la realidad que viven muchos mexicanos, cerrar los ojos y no considerar cuando menos la posibilidad de que algunas de las personas encargadas del orden estén siendo influenciados en estos momentos por los grupos criminales para delinquir es algo ingenuo.

Reiteremos, no cerremos los ojos ante sucesos como el acontecido en la Ciudad de México en donde se advirtió que policías de esa misma localidad, todos con grado de policía segundo, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana, colaboraron para sustraer a un extranjero de origen colombiano, del cual hasta la fecha se desconoce su paradero.

Ahora bien, ampliar el plazo original no servirá de nada si no se invierten también los recursos necesarios para convertir la aspiración de la certificación en una realidad, por lo cual, se está dando el apoyo a esta minuta para que se requiera al Gobierno Federal como a las entidades federativas apoyar el presupuesto.

Pero no podemos perder de vista que una de las responsabilidad que se tiene por el Gobierno Federal es que no se ha nombrado al Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación o al que ejerce la orientación y doctrina operativa del proceso de evaluación y certificación, ya que dicho órgano le corresponde verificar que los Centros de Evaluación y Control de Confianza de la federación, estados y Distrito Federal realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos, en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.

Al igual también si bien es cierto se aprovecha y se da este plazo y este apoyo económico, no podemos dejar de señalar que existe un subejercicio constante en las entidades federativas, que en este año alcanzó el 88 por ciento.

Yo creo que tenemos que obligar también a los gobernadores de las entidades federativas para hagan el mejor y el mayor de los esfuerzos y cumpla, y no dentro de seis meses estemos otra vez buscando ampliar el término del año que se está dando ahorita para que puedan cumplir con esa obligación que se tiene

Por lo tanto y por todo lo esgrimido reiteramos la necesidad de colaborar en pro de este asunto el cual beneficiará a toda la población.

Es cuanto señor Presidente