El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que es necesaria una reestructuración a fondo de todas las procuradurías de justicia del país, incluida la PGR, a fin de que su actuación sea “implacable pero también impecable” y garantice una adecuada integración de expedientes de quienes cometan un delito. Ayer, al inaugurar la 29 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que estuvo acompañado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el presidente Peña Nieto definió tres retos que tiene el sistema de procuración y administración de justicia del país: la profesionalización de las procuradurías, consolidar el nuevo sistema adversarial penal y aprobar la reforma constitucional que permita al Congreso expedir el Código Único de Procedimientos Penales y la Ley General Penal. Sostuvo que si se reduce el delito y la impunidad, los emprendedores y empresarios habrán de invertir menos en seguridad y más en lograr que sus actividades sean más productivas y con ello elevar la calidad de vida de los mexicanos. Se pronunció por contar con un Estado de derecho sólido y eficaz donde la ley se cumpla sin excepciones, sin preferencias y sin demoras. Asentó que hoy las procuradurías tienen un doble reto: atender su trabajo diario y ocuparse de su transformación. Ante procuradores de todo el país, el presidente Peña Nieto refirió que lo anterior significa que las procuradurías deben actuar con mayor profesionalismo y más elementos que permitan a la investigación asegurar que todo el que cometa un delito sea sometido a la justicia, con los elementos que aporten los fiscales. Peña se manifestó por alentar la especialización, a fin de tener investigadores con renovadas capacidades científicas y técnicas, y contar con servidores públicos más comprometidos con su responsabilidad social. “El ideal de la justicia plena es muy claro: que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo tiempo, una persona inocente en la cárcel. Sin embargo, lograrlo no es igual de sencillo”, detalló. Reconoció que los desafíos de México no pueden ser superados por una sola persona ni siquiera por un solo gobierno. “No caben en esta tarea y en esta misión esfuerzos individualistas, tiene que haber corresponsabilidad”, dijo el Presidente. Afirmó que “contar con una justicia pronta, expedita, imparcial y efectiva es una demanda y un derecho de los ciudadanos; asegurar que así sea es una obligación de todos nosotros”. Consideró que la eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Único de Procedimientos Penales y una Ley General Penal “significará un cambio de fondo al sistema de justicia”. Ratificó el compromiso de su administración para trabajar al lado de los poderes judiciales, a fin de que la reforma penal sea una realidad en todo el país, lo que permitirá que las procuradurías liberen y reorienten sus recursos hacia la investigación y el esclarecimiento de los delitos de mayor impacto entre la sociedad. Dijo que con la reforma constitucional ya aprobada además se garantizará el debido proceso, se respetará el principio de presunción de inocencia al tiempo de que se garantizará el respeto a los derechos humanos. En su discurso, el presidente Peña recordó que uno de los objetivos prioritarios de su administración es elevar la productividad y asegurar que a consecuencia de ello las familias mexicanas tengan mejores ingresos. “Para lograr este objetivo, además de las distintas acciones y políticas públicas en materia económica, se hace fundamental lograr condiciones de mayor seguridad”, argumentó.

Fuente: EL UNIVERSAL