México, D. F., a 25 de abril de 2013

   

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ, RESPECTO A LA LEY MINERA Y LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

 

Con la venia presidente, para compartir totalmente los argumentos del diputado Monreal, mi paisano.

Gracias a la gran riqueza geológica con la que contamos, la minería en nuestro país ha sido históricamente un sector de vital importancia para la economía nacional. En la actualidad la minería extractiva representa aproximadamente un dos por ciento del PIB y genera más de 300 mil empleos directos, sin contar aquellos que se crean en otros sectores derivados de las necesidades de la industria.

A nivel mundial, tal y como decía Fito Bonilla y Ricardo Monreal, ambos todos procedentes de Zacatecas, México ocupa el primer lugar en la producción de plata, el quinto en plomo, el noveno en oro y el décimo primero en cobre, además de ser considerado como el quinto país con mayor presencia minera dentro de una lista que incluye a 72 países o regiones.

Lo anterior es una clara muestra del dinamismo que el sector minero nacional ha tenido en tiempos recientes y que, de acuerdo a las proyecciones económicas a futuro, seguirá teniendo en los próximos años.

Si bien es cierto que debido a la fluctuaciones constantes de los precios de los metales en el mercado internacional, la boyante situación del sector minero podría transformarse en un panorama menos alentador, tampoco se puede soslayar que durante los últimos años la industria minera ha sido una de las actividades de mayor rentabilidad en México derivado, sobre todo, del ventajoso tratamiento fiscal al que están sometidos actualmente los consorcios mineros.

La legislación minera vigente en nuestro país, así como las disposiciones relativas a la actividad, no producen beneficios a favor de la nación ni de los habitantes originarios de las tierras de donde se extraen los minerales sino que favorecen únicamente a las grandes compañías.

Un ejemplo para ilustrar y redundar en el ejemplo que señalaba el diputado Monreal. Zacatecas, estado que también represento, que también represento en esta Legislatura, se localizan las más importantes empresas mineras productoras en el país de plata, plomo, oro y zinc.

El valor de la producción minera en su conjunto en Zacatecas, asciende en promedio anual a más de 40 mil millones de pesos, que representan aproximadamente el 6 por ciento del total del valor económico de la producción minera en el país.

Los impresionantes volúmenes de producción minera registrados en los más resientes años, han posicionado a Zacatecas en los primeros lugares planetarios  de la industria inflativa global, más de dos mil concesiones para la explotación minera operan en Zacatecas que se distribuyen en casi el 60% del territorio de la identidad, sin embargo, debemos de decir que los beneficios económicos para Zacatecas y los zacatecanos son mínimos.

La riqueza minera del estado, no se ha traducido en el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población y esto se tiene que modificar en forma radical y por razones de justicia social.

Otra vez en el plano nacional, según informes oficiales, los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales propiedad de la nación.

De acuerdo a datos del especialista en temas financieros Calos Fernández-Vega tan sólo en el año 2010 el gobierno federal concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera y los ingresos fiscales derivados de esas concesiones ascendieron, en el mejor de los casos, a unos 20 millones de dólares. En cambio, ese mismo año los consorcios beneficiados tuvieron ingresos por poco más de 15 mil millones de dólares, lo cual resultó en una diferencia de 750 tantos a favor de los segundos.

Hasta hoy en nuestro país las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectáreas concesionadas. La fórmula está basada en la extensión de los lugares en los que se lleva a cabo la explotación y no en el volumen de las ganancias que obtienen por el usufructo de los recursos, es por ello que las aportaciones derivadas de ésta fórmula resultan más bien simbólicas y no reportan mayor beneficio para el Estado.

Es igualmente imprescindible, además de razonable, garantizar que los recursos obtenidos por la reestructuración del régimen fiscal al que las empresas mineras están sometidas en nuestro país, sean destinados a financiar el desarrollo de las comunidades en las que la labor extractiva se lleva a cabo, de manera tal que sus pobladores perciban de forma directa un beneficio producto de la actividad minera.

Por lo anteriormente expuesto, en el grupo parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de establecer el pago de una contraprestación, por parte de las empresas mineras, por el aprovechamiento de la extracción de sustancias minerales en beneficio de los estados y municipios en donde se realice la extracción minera, gracias por su respaldo.

Es cuanto presidente.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO