CONCRETA EL PARTIDO VERDE SU PROPUESTA INTEGRAL ANTISECUESTRO

• El PVEM presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de siete medidas tendiente a erradicar la incidencia de ese delito
• La propuesta incluye la aplicación de la pena de muerte para los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas y cuando los delincuentes pertenezcan o hayan pertenecido a algún cuerpo de seguridad.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Partido Verde Ecologista de México presento un paquete integral de siete iniciativas tendientes a reducir la incidencia de secuestros en el país, con medidas que incluyen la aplicación de la pena de muerte en algunas modalidades de ese delito.
 

En conferencia previa a la entrega de la propuesta, la coordinadora de los diputados del PVEM, Gloria Lavara Mejía, sostuvo que tan sólo en los primeros cinco meses de este año el índice de secuestros creció 9.1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2007, al pasar de 62.5 a 64.6 plagios mensuales, en promedio.

“Los datos revelan que estamos ante una problemática seria y creciente en materia de inseguridad, que demanda la adopción de medidas urgentes y firmes por parte del Estado para que cumpla con uno de sus fines primordiales: garantizar la seguridad de sus habitantes”, apuntó.

Por ello, dijo, en primer término el Partido Verde propone reformar el artículo 22 constitucional para contemplar la aplicación de la pena capital a los servidores o ex servidores públicos de las corporaciones de seguridad pública que participen en el plagio de una persona, así como a los secuestradores que priven de la vida o mutilen a una víctima durante su cautiverio.

La legisladora federal aseguró que la propuesta se hace con fines disuasivos y pidió que sea interpretada en contexto con las reformas complementarias propuestas por el PVEM; pues “nuestro país vive un momento de crisis en materia de seguridad, en el que la población reclama acciones firmes y decididas que no podemos ignorar”.

Añadió que la pena de muerte deberá verse como una sanción excepcional, como en Estados Unidos, donde desde 1967 se ha realizado una ejecución por cada mil 600 asesinatos, lo que equivale a 0.06 por ciento.

Mencionó que en aquel país alrededor de 5 mil 900 personas fueron sentenciadas a la pena capital, entre 1972 y 1996, pero sólo 358 fueron ejecutadas.

Lavara Mejía estableció que diversos estudios ponen de manifiesto que la pena de muerte disuade la comisión de delitos, puesto que es más temida por delincuentes que la cadena perpetua, y puso como ejemplo el hecho de que en la Unión Americana 99 por ciento de los condenados luchan hasta la fase final de sus juicios por una sanción en vida, no por una sentencia de muerte.

Como segundo elemento de su propuesta integral el Partido Verde planteó reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para que el delito de privación ilegal de la libertad sea de competencia federal, “no sólo por la incapacidad que han demostrado las autoridades locales en su investigación y persecución, sino porque dicho ilícito se ha convertido en un problema de seguridad nacional”, dijo la legisladora.

Asimismo, se pronunció por reformar el Código Penal Federal para definir con detalle los supuestos en los que será aplicada la pena de muerte, con motivo de evitar abusos de autoridad, o la condena injusta de inocentes.

“Nuestra iniciativa establece que serán los jueces quienes dispongan si el castigo aplicable en estos casos es la prisión vitalicia o la pena de muerte y, a fin de evitar injusticias, proponemos que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la encargada de confirmar o revocar tales sanciones a partir de criterios que no dejen lugar a dudas sobre la culpabilidad de un indiciado”, explicó.

Como cuarto precepto el Partido Verde planteó una reforma a la Ley Federal de Seguridad Pública, para que las empresas de seguridad privada se abstengan de intervenir como intermediarios o negociadores durante la comisión de cualquier delito, y en quinto lugar, “buscaremos reformar la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros para impedir a las empresas privadas ofrecer seguros contra secuestros”.

Lavara Mejía expuso que el objetivo de estas dos propuestas es desincentivar que el secuestro sea visto como un negocio para las empresas que intervienen como negociadores.

El sexto punto de la propuesta consiste en reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una Comisión Ordinaria en la Cámara de Diputados, que se ocupe de los asuntos propios de la problemática del secuestro.

“Esta Comisión dará seguimiento al desempeño y resultados de estas iniciativas; tendrá a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio relativas a su materia, y, lo más importante, permitirá que el Congreso de la Unión adquiera el rol que le corresponde en este importante asunto”, comentó.

La diputada Lavara Mejía refirió que el séptimo punto consiste en un proyecto de decreto para expedir la Ley Federal contra el Delito de Secuestro, que constituye el séptimo punto de la iniciativa del Partido Verde, tiene como objetivo establecer las bases para el combate de ese flagelo, integrando las instancias, instrumentos, políticas, servicios, acciones y controles para tal efecto.

“Esta nueva Ley creará el Programa Nacional de Combate al Delito de Secuestro, así como la Policía Federal Antisecuestros, además de establecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en este tema”, enfatizó.

Explicó que ese cuerpo policiaco será el encargado de salvaguardar la libertad de tránsito e integridad de las personas y prevenir la comisión del delito de secuestro.

Opinó que la diversificación de operaciones de los grupos delictivos se ha perfeccionado en los últimos años, de manera que los secuestradores maniobran ahora de una manera más violenta, utilizando organización y tecnologías modernas, ante los cuales el Estado ha quedado impotente.

Por último, la legisladora ecologista reconoció que el conjunto de iniciativas del Partido Verde es estricto, pero aseguró que está a la altura de la magnitud del problema; “nuestra obligación como representantes populares es buscar la canalización de los reclamos de la sociedad a las instituciones encargadas de su análisis. Como legisladores, es nuestro deber debatir de inmediato este controvertido tema, para alcanzar soluciones en beneficio de nuestra Nación”.

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