La dirigencia local y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México presentaron una denuncia penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República en Querétaro, contra quien resulte responsable de los hechos del 10 de junio pasado, cuando miles de peces aparecieron muertos en el Río San Juan, cuyas aguas presentaron un cubierta aceitosa en un tramo aproximado de un kilómetro.

Luego de realizar un recorrido por el río, como parte de la campaña “Miércoles Verdes”, los dirigentes y legisladores del PVEM clausuraron simbólicamente la empresa Kimberly Clark, en protesta por las descargas de contaminantes industriales que deposita en su cauce, lo que contribuye a que esté considerado entre los más contaminados del país.

Encabezados por el diputado federal, Francisco Elizondo Garrido, y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, Jorge Legorreta Ordorica, los activistas se manifestaron de manera pacífica en defensa del afluente que se vio afectado en el segmento comprendido entre el Puente de los Abuelos y la Carretera Federal México-Querétaro.

En presencia también del presidente de la Asociación Amigos del Río San Juan A. C., Leopoldo Peralta Navarrete, el diputado Elizondo Garrido llamó a las autoridades a esclarecer los hechos y a resarcir a la brevedad el daño provocado, tras hacer hincapié en que si bien diversas empresas realizan descargas al Río San Juan, sólo la planta de Kimberly Clark las efectúa antes del tramo afectado.

Y es que, de acuerdo con los resultados de los análisis químicos elaborados por el laboratorio “Orozco y Asociados “, a petición de la Asociación Amigos del Río San Juan A. C., la contaminación de las aguas de este importante afluente se encuentra por encima de los niveles máximos permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

El legislador federal dijo que los rangos que presenta el río son de 18.8 miligramos de grasas por litro y 24 miligramos de aceites por litro, cuando la norma sólo permite 15 miligramos por litro en cada caso.

Se refirió también a la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) detectada, que permite calcular los efectos de las descargas de los efluentes domésticos e industriales sobre la calidad de las aguas de los cuerpos receptores y, al respecto, se determinó que el agua del Río San Juan presenta entre 94.4 y 154.1 miligramos por litro, cuando la norma permisible es de 60 miligramos por litro.


“Esos indicadores nos dejan ver la gravedad del asunto, sobre todo si se toma en cuenta que esta agua es utilizada para consumo de ganado, e incluso los peces que ahí se reproducen se destinan a la alimentación de los habitantes de la zona”, expuso Elizondo Garrido.
En su momento, el senador Legorreta Ordorica aseguró que el Partido Verde llegará hasta las últimas consecuencias para que las autoridades competentes esclarezcan los hechos, deslinden responsabilidades, sancionen a los culpables y los obliguen a resarcir los daños ambientales causados, sean particulares o funcionarios públicos.

Dijo que además de poner en riesgo la vida y la seguridad de los habitantes, y afectar el potencial turístico que tiene el municipio de San Juan del Río, con las descargas de contaminantes se viola flagrantemente el artículo cuarto de la Constitución, en donde se establece el derecho de todos a tener un medio ambiente limpio y sano.

A su vez, el ingeniero Peralta Navarrete insistió en que las autoridades deben aplicar con rigor el artículo 416 del Código Penal Federal, el cual establece que:

“Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de salario mínimo de multa, a quien ilícitamente descargue, deposite o infiltre, autorice u ordene, aguas residuales, líquidos, químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente”.

Los representantes del PVEM y de la Asociación Amigos del Río San Juan pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que, de conformidad con sus atribuciones, aplique lo establecido en la Ley de Responsabilidad Civil por el daño y el deterioro ambiental provocados en este caso.