En México prevalecen condiciones laborales discriminatorias que afectan a la mayor parte de la población. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aseguran que en nuestro país el color de la piel, el aspecto físico, la lengua y el origen étnico son características que influyen en la posibilidad de obtener un empleo bien pagado.

En el Reporte sobre la Discriminación en México 2012, ambas instituciones destacan que seis de cada 10 mexicanos tienen un empleo informal, mal pagado, sin derechos ni garantías y donde predomina la presencia de mujeres, jóvenes, adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad y de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual.

Pese a ello, aseguran, los sindicatos han sido incapaces de impedir la precarización del trabajo.

Ante este panorama y para reducir la desigualdad de trato en el mercado laboral proponen, entre otras medidas, una reforma laboral que desvincule el empleo de la seguridad social y otras prestaciones sociales, y facilite a los hombres la armonización de su trabajo con las tareas domésticas y de cuidado de los hijos.

En el reporte, que será presentado este miércoles y que fue coordinado por el periodista y analista Ricardo Raphael, se agrega que aunado a ello el sistema educativo facilita la discriminación porque la pedagogía está enfocada a construir “personalidades sumisas y obedientes” y no provee a los estudiantes los conocimientos necesarios que les permitan tener en el futuro una buena calidad de vida.

Ambas instituciones reiteran que la principal tarea para México es el combate a la desigualdad. “Cuando la educación impartida por el Estado no multiplica las oportunidades, cuando la salud es un derecho ejercido por unos cuantos, cuando los tribunales juzgan en función de la apariencia física, la clase social o la edad; cuando el mercado de trabajo deja fuera de la formalidad del empleo a ocho de cada 10 jóvenes, cuando las y los indígenas del país son siempre los grandes perdedores, cuando ocho de cada 10 personas adultas no tienen acceso al sistema financiero tradicional, cuando la sociedad mexicana sostiene un cierre social sistemático para excluir a la mayoría, el problema de la desigualdad deja de ser sólo económico para convertirse en un fenómeno más grave”, advierten los especialistas.

Hace 10 años, la entonces Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, encabezada por Gilberto Rincón Gallardo, elaboró el primer informe integral sobre la discriminación en México. Ahora, el presidente del Conapred, Ricardo Bucio, encargó a especialistas del CIDE la elaboración de este reporte a fin de conocer los avances y retrocesos en la materia ocurridos en la última década, detectar las situaciones que producen mayor discriminación en México y formular recomendaciones.

El reporte abarca los temas de proceso penal y civil, salud, alimentación, trabajo, educación, crédito, derechos políticos, libertad de religión y de expresión y acceso a la información. En lo laboral, se menciona que en una negociación contractual las mujeres difícilmente obtienen mejores salarios y condiciones, y que se abusa de la necesidad de los adultos mayores , pues se les ofrecen empleos precarios y “lastrados por la indignidad”, que nadie más aceptaría.

Falta de oportunidades

La realidad laboral de los jóvenes, en tanto, se caracteriza por la incertidumbre y la ausencia de oportunidades, pero se recrudece, dice el estudio, porque la falta de experiencia los lleva al abuso y a la explotación por parte de los empleadores y porque ya no es cierto que a mayor calificación mejor empleo.

En otros temas, el documento establece que el ámbito de la justicia penal es uno de los campos donde más se discrimina en México porque tanto víctimas como personas sujetas a un proceso asumen que el nivel de ingreso es clave para obtener justicia. Además, discrimina a los sectores más vulnerables como el de las mujeres, a quienes les aplica penas 25% más severas que a los hombres.

En lo civil, indica, 7 millones de mexicanos no tienen acta de nacimiento por el costo que implica obtener copias, por lo alejadas que están algunas comunidades y porque algunos jueces se niegan a registrar a personas con nombres indígenas.

En la salud destaca que, pese a que se ha pretendido ampliar el servicio con programas como el Seguro Popular, este derecho sigue diferenciado, pues la calidad depende del empleo y la seguridad social que se tiene.

Fuente: El Universal