Ciudad de México • Por unanimidad, con 111 votos a favor, el Senado aprobó la ley contra lavado de dinero, con la que las Secretaría de Hacienda y la PGR podrán monitorear actividades vulnerables para detectar operaciones sospechosas en compra y venta de bienes muebles e inmuebles, que puedan ser utilizadas por el crimen organizado para blanquear dinero en México.
Desde tribuna, las bancadas concluyeron que no hay manera de combatir al crimen organizado si no se golpea su brazo y financiero, por lo que con esta reforma que se discutió durante dos años en el Congreso se dota de nuevas herramientas al Estado mexicano, para combatir de manera efectiva a la delincuencia, sin afectar a los ciudadanos que hagan compras no sospechosas.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita crea una nueva unidad de fiscalización en la PGR, con personal calificado, que tendrá que coordinarse con la Secretaría de Hacienda.
Obliga a diferentes entes privados a informar a las autoridades federales sobre operaciones que deben estar sujetas a supervisión, como son las apuestas de juegos y sorteos, la compra de joyas, aviones, yates, obras de arte; renta o compra de carros blindados; compras con tarjeta de crédito por arriba de 100 mil pesos, bienes muebles de más de 1 millón de pesos, entre otras.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, sostuvo que es fundamental golpear las finanzas de los criminales.
“Es necesario que nuestras fuerzas de seguridad puedan tener un andamiaje jurídico para proteger y perseguir estos ilícitos. En México, las sentencias por investigaciones iniciadas en blanqueo de dinero apenas alcanzan el 2 por ciento y no se cuenta con datos específicos para el secreto bancario”, refirió.
Al urgir a salvaguardar la integridad del sistema financiero y dejar de hacerlo flanco fácil y vulnerable, a sucesos como los referidos.
“No hay forma de ir en contra de la delincuencia organizada sino se lastima las finanzas que las sustentan, en la detección y prevención pero de manera fundamental en el desmantelamiento de las mismas”.
Refirió que según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2 y 5% del PIB global, es decir, entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares.
Mientras que el Congreso en Washington señala que cada año entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales en México.
En el mismo sentido, los presidentes de las comisiones de Justicia, el panista Roberto Gil, y de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, coincidieron en que después de dos años de análisis en el Congreso, esta ley amplía el catálogo de actividades vulnerables para evitar que el crimen organizado busque espacios para eludir este ordenamiento.
“Cerramos un debate legislativo que se extendió por dos años, se dio en particular en la Cámara de Diputados y ahora si no hay pretexto para que las PGR y Hacienda actúen de manera coordinada para desmantelar las redes del narco, esta ley está sujeta a prueba y conocemos la preocupación de sectores de economía como industria automotriz y joyera, pero estamos convencidos que una vez sea sometida a prueba, se le pueden hacer ajustes”, planteó Encinas Rodríguez.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
