México, D. F., a 30 de mayo de 2012 Boletín 100/12 

Los mexicanos son deportados y maltratados al no contar con la Carta de Invitación que solicita el gobierno español

El Coordinador Legislativo, Juan José Guerra Abud, presentó punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores lleve a cabo acciones  para proteger y velar por la seguridad e integridad de los mexicanos que viajan a España, ante posibles violaciones a sus derechos.

Explicó, que este documento y otros requisitos son exigidos  por las autoridades migratorias españolas, señaló que el invitante o anfitrión deberá aportar datos personales, además de indicar que no está realizando acciones ilegales y la visita se realiza con fines lícitos.

Mencionó, que esta situación no es nueva, durante varios años se ha exigido dicha Carta, incluso a los pasajeros en tránsito, lo cual ha generado cientos de deportaciones de mexicanos, quienes se ven agredidos y recluidos en áreas de confinamiento de aeropuertos españoles, llamadas salas de detenciones por la Guardia Civil y la Policía Española y tratados como delincuentes, privándolos y separándolos de sus objetos personales.

El representante popular dijo que sin menoscabo del reconocimiento que tienen las acciones de las autoridades españolas en la aplicación de sus leyes, estas no deben ser motivo, de abusos o maltratos a quienes viajan a ese país.

Por eso es importante que el gobierno mexicano adopte los mecanismos necesarios para evitar el maltrato, las medidas arbitrarias y la violencia a los connacionales a su llegada a España.

Esto va contra los derechos humanos de los mexicanos, por lo que será necesario que la SRE analice y considere la oportunidad de implementar medidas de reciprocidad, que se pronuncie en este sentido, emitiendo quejas al gobierno español, a la vez que promueva reuniones binacionales que permitan acuerdos y mejores mecanismos de protección de los mexicanos en ese país.

Finalmente, Juan José Guerra Abud resaltó que es urgente la intervención de las autoridades mexicanas en España con el fin de que se implementen medidas preventivas e informativas además de  salvaguardar la integridad y los derechos de los mexicanos en el extranjero.